nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Llg Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. La recurrente impugna el acto que califica de ilegal y arbitrario de 21 de enero de 2026, consistente en el rechazo de su solicitud de Retiro de Fondos para Técnico Extranjero bajo el amparo de la Ley N° 18.156.

Informa la recurrente que solicitó la devolución de sus fondos previsionales acreditando su condición de técnico extranjero afiliado a la seguridad social de su país de origen (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS). Sin embargo, la AFP rechazó la solicitud argumentando que la declaración jurada y el certificado de seguro social no cumplían con los requisitos vigentes, por no haber sido emitidos por la entidad extranjera ni por consulado o embajada, y por carecer de una apostilla facultada para representar al organismo emisor.

La parte recurrente sostiene que dicho rechazo es arbitrario, pues impone requisitos excesivamente formalistas que desconocen la imposibilidad técnica y material de obtener legalizaciones consulares debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras las últimas elecciones presidenciales. Alega que se configura una situación de fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil, lo que obliga a la autoridad a aceptar medios de verificación alternativos.

Argumenta que el certificado del IVSS cuenta con un código de verificación alfanumérico (727f[cuenta reservada]) que permite su validación directa en el portal web oficial del organismo venezolano, trámite que la AFP se negó a realizar. Asevera que la recurrida incorpora requisitos no previstos en la Ley N° 18.156, la cual solo exige que el técnico esté afiliado a un régimen de seguridad social extranjero y manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Invoca infracción a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad (Art. 19 N° 2 y N° 24), citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han ordenado la devolución de fondos en casos similares, señalando que la falta de apostilla no resta mérito a la existencia del vínculo previsional cuando este es verificable por medios tecnológicos.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se reconozca la validez de la documentación acompañada —incluyendo la declaración jurada notariada y el certificado electrónico del IVSS— y se ordene a AFP Modelo proceder con la devolución de los fondos previsionales en un plazo razonable.

A folio 5 AFP Modelo informó que el 16 de enero de 2026, el recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre, por el empleador Operación Clínica Huinganal SpA, RUT N° RUT reservado

La recurrente acompañó a su petición título profesional, declaración jurada de la recurrente ante notario público chileno, contrato de trabajo y anexo suscritos con el empleador Operación Clínica Huinganal SpA, RUT N° RUT reservado

Indicó que la declaración jurada no es un documento apto para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. Adujo que le requirió a la recurrente un anexo de contrato firmado por ambas partes y el certificado del instituto u Organismo de seguridad social y/o previsional extranjero en el que está afiliada. Tal documento le fue exigido notariada y apostillada en Chile. Al transcurrir el plazo de 4 días, se rechazó su solicitud.

Por tales consideraciones, la AFP no ingreso solicitud de devolución de fondos, por no haber acompañado antecedentes requeridos legalmente.

Además, se verificó que la firma electrónica del anexo de contrato que contiene la manifestación de voluntad de mantenerse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile no corresponde a dicho documento, sino que corresponde a otro anexo suscrito con el mismo empleador, pero en el que se modificaba la fecha de vigencia del contrato. Esto se acreditó al momento de escanear al código QR el cual permite la descarga del documento firmado.

Finalmente, se hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario.

Pide que se rechace el recurso de protección.

A folio 6 informa la Superintendencia de Pensiones en relación con el recurso de protección Rol N° 1644-2026, interpuesto por nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A. El organismo fiscalizador solicita tener por evacuado el informe, sosteniendo la legalidad del rechazo de la devolución de fondos previsionales solicitado bajo la Ley N° 18.156.

En lo preliminar, la Superintendencia aclara que la recurrente no registra presentaciones previas ante dicho organismo respecto de esta solicitud. Precisa que la exención de cotizar es un régimen de excepción de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156: calidad de técnico o profesional, afiliación a un régimen de seguridad social extranjero con cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Respecto de la suficiencia de los documentos, el informe ratifica el criterio de la AFP recurrida. Sostiene que la declaración jurada ante notario chileno no es un instrumento idóneo, ya que solo la autoridad previsional extranjera competente tiene la facultad legal de dar fe sobre la situación de seguridad social en su país. En cuanto a la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS de Venezuela, el organismo informa que dicho documento carece de firma, legalización o apostilla, incumpliendo los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

La Superintendencia enfatiza que la jurisprudencia administrativa y judicial ha sido uniforme y consistente en rechazar pretensiones similares de ciudadanos venezolanos. Argumenta que el código de verificación electrónica no sustituye las formalidades legales vigentes en Chile para documentos públicos extranjeros. Además, señala que la interrupción de relaciones consulares con Venezuela no hace imposible el trámite, sugiriendo que la legalización puede realizarse a través de consulados de terceros países como Colombia o Perú.

Finalmente, defiende que la exigencia de estos requisitos busca garantizar que el trabajador haya contado con una cobertura efectiva durante su permanencia en Chile. De lo contrario, el extranjero habría estado protegido por el sistema chileno (accediendo a licencias médicas o pensiones de invalidez), lo que haría improcedente la devolución de los fondos destinados a ese fin bajo el principio de igualdad ante la ley.

Concluye solicitando que se considere que la actuación de la AFP y las instrucciones del órgano fiscalizador se ajustan plenamente a la normativa vigente, no existiendo acto ilegal o arbitrario que afecte el derecho de propiedad de la recurrente.

A fojas 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías preexistentes ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Para su procedencia, se requiere la existencia de un acto ilegal o arbitrario que viole o amenace dichas garantías y que el recurrente sea titular de un derecho indubitado.

Segundo: Que, la controversia se centra en el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156, la cual exime a técnicos extranjeros de las leyes de previsión chilenas siempre que: a) se encuentren afiliados a un régimen de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresen en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Por ser un régimen de excepción, sus disposiciones deben aplicarse de manera restrictiva.

Tercero: Que, la solicitud fue rechazada por no acompañar los documentos presentados, en particular, el certificado de constancia de Cotizaciones del IVSS y el contrato de trabajo.

Cuarto: Que, la declaración jurada notarial no es el instrumento idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. Dicha acreditación debe emanar exclusivamente de la institución de seguridad social competente del país de origen.

Quinto: Que, siendo ambos países parte del Convenio de la Apostilla, los documentos venezolanos deben ser apostillados para producir efectos en Chile, conforme lo ha precisado la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N° 12954 de 2025.

Sexto: Que, el cierre de la Embajada de Venezuela no exime del cumplimiento de los requisitos legales. Además, el portal web venezolano para el servicio de apostilla se encuentra activo, por lo que la imposibilidad invocada no es absoluta. Cualquier mecanismo alternativo de validación excepcional corresponde ser establecido por el legislador y no por la AFP.

Séptimo: Que, no se constata que el actuar de AFP Modelo S.A. haya sido ilegal o arbitrario, encontrándose su decisión sustentada en la ley y en los criterios de la Superintendencia de Pensiones. El rechazo no implica la pérdida de los fondos, sino la improcedencia de este beneficio excepcional.

Octavo: Que, en consecuencia, no verificándose los presupuestos necesarios, se deniega la acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-1644-2026.