nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, siete de mayo de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece la abogada Carolina Hidalgo Fiol quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, lo que considera conculca las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, explica que el 14 de marzo de 2025 su representado presentó solicitud de devolución de fondos previsionales ante la recurrida, en virtud de la exención establecida en la Ley N°18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones enteradas a su nombre, correspondientes a sus ex empleadores Fluycom SPA, TW Logistic SPA y Soprole S.A., y con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales presentó, entre otros: copia de cédula de identidad; título profesional apostillado como técnico extranjero de la Universidad de Zulia, de profesión ingeniero mecánico; contrato de trabajo notariado con las empresas ya individualizadas, que incluye los anexos de disposición de sus fondos en el fondo de pensión de vejez e invalidez en Venezuela; certificado de inscripción en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, debidamente legalizado y con declaración bajo fe de juramento, en torno a que se encuentra cubierto por este en un periodo anterior al de comenzar a cotizar en Chile, validado por la embajada de la República Bolivariana de Venezuela según oficio N°3520 de 5 de abril de 2023 y; manifestación expresa de la intención de continuar cotizando en su país de origen.

Reclama que, la recurrida rechazó la petición, por estimar que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 y en la normativa del Compendio de normas del sistema de pensiones de la Superintendencia de pensiones, cuestión que sólo le ha sido informada telefónicamente, pues se ha negado a dictar la resolución de rechazo, obteniendo el recurrente información informal en torno a que el fundamento del rechazo radicaría en que el certificado de inscripción en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales se encontraría vencido.

Explica, en cuanto al citado documento, que en el pie del mismo se lee: “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve) con el código de verificación N° e60b23827-2023009.”, por lo que no podría refutarse como vencido si cuenta con una verificación electrónica y además se encuentra debidamente legalizado y con declaración bajo fe de juramento de que se encuentra cubierto por éste, en un periodo anterior al de comenzar a cotizar en los fondos de pensiones de AFP de Chile, y habiendo sido validado por la embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

Sostiene que, por lo anterior, el rechazo de la recurrida deviene en arbitrario e ilegal, pues exige la actualización de un documento que cuenta con plena validez, que puede ser verificado electrónicamente y que contiene una información que no va a variar en el tiempo, pues la fecha de afiliación del recurrente será siempre la misma, no existiendo un proceso de desafiliación que vulnere el derecho cubierto en la inscripción en su país de origen, que tiene cobertura -según dicta el mismo certificado- de conformidad a la ley que rige en estos casos y que señala: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso." Manifiesta que la negativa se basa, por tanto, en una exigencia no contemplada en la ley e incluso, de imposible cumplimiento actual, pues es un hecho público y notorio que los venezolanos no cuentan en el contexto actual con representación consular en este país, de manera que exigir una nueva tramitación de esta documentación, no tendría otro fin que el impedir que el recurrente pueda acceder a los fondos a que tiene derecho.

Solicita que se acoja la presente acción, ordenando a la recurrida a acceder a su solicitud de devolución de fondos previsionales, conforme al valor de la cuota al día de su pago efectivo, con costas.

Acompaña documentos.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar, reclama que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues en el presente caso no habría un derecho con carácter indubitado, sino que es de carácter controvertido.

En segundo lugar, en cuanto al fondo, asevera que no ha existido acto ilegal o arbitrario de la recurrida. Refiere que con fecha 2 de abril de presente año, rechazó la solicitud del recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, añadiendo que el certificado hace referencia a otra Administradora de Fondo de Pensiones, a saber, Modelo S. A.

Expone que para efectos de acreditar lo señalado, acompaña copia del Oficio Ordinario N°5621 de 1 de abril de 2025, en el que la Superintendencia de Pensiones, en caso igual a de estos autos, resuelve no acceder a la devolución solicitada por no cumplirse en la especie con los requisitos legales y/o normativos.

Finalmente, hace presente que el actor no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, exponiendo su caso, para efectos de obtener un pronunciamiento del ente regulador.

Finalmente arguye que el comportamiento adoptado por parte de la recurrida no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite.

Acompaña documento.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, el recurrente pretende que se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., que le haga devolución de sus fondos previsionales en calidad de técnico extranjero y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, a su turno, la recurrida sostuvo que la solicitud presentada por el actor fue rechazada debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, debemos tener presente lo previsto en la Ley N°18.156, que “establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705”. La citada ley especial, señala en su artículo 1º los requisitos que deben cumplir los solicitantes que pretendan acogerse al beneficio de exención de cotizaciones previsionales establecidas en la misma, e indica lo siguiente: “Letra a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y Letra b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que el recurrente acompañó en la solicitud presentada ante la Administradora de Fondo de Pensiones, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente autorizada, dicho documento contiene al pie de página la nota: “documento válido por 120 días, solo con sellos y firma del funcionario autorizado”, en consecuencia, se advierte que efectivamente el documento cuestionado por la recurrida se encontraba vencido a la fecha de realización del trámite.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, el actor acompañó en esta instancia el documento nominado “Constancia electrónica de cotizaciones” emitido con fecha 12 de abril del presente año, que da cuenta a dicha fecha, que el recurrente posee 54 semanas cotizadas ante el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S.), siendo su primera fecha de afiliación al Instituto el 22/12/2016, encontrándose actualmente en estatus de asegurado CESANTE en la empresa FESTO C.A. inscrita bajo en Número Patronal Z16027502 con fecha de egreso 12/06/2019 según base de datos de la institución sujeta a revisión de documentos probatorios. Agregándose, que de conformidad con el artículo N°1 de la Ley del Seguro Social aprobada bajo Gaceta Oficial N°5.976 de fecha 24/05/2010, se establece: “La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso”.

Séptimo: Que, sin perjuicio de que el recurrente no demostró haber acompañado el certificado cuestionado con la debida vigencia en el procedimiento seguido ante la institución recurrida, lo acreditó en esta instancia, acompañando la “Constancia electrónica de cotizaciones” emitida con fecha 12 de abril del presente año, dando cuenta con ello, que a la fecha de la solicitud planteada ante la Administradora de Fondo de Pensiones ProVida S.A., cumplía con los requisitos dispuesto en la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en conclusión, la negativa de la recurrida en orden a entregar al actor los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que cumple todas las exigencias que hacen procedente el derecho a obtener su restitución de tales dineros, previstas en los artículos 1 y 7 ° de la Ley N°18.156, por lo que el recurso debe ser acogido en la forma en que se dirá en la parte resolutiva de la sentencia.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y en consecuencia, se ordena a la recurrida proceder a realizar la devolución de los fondos previsionales solicitados por el recurrente en su solicitud de 14 de marzo de 2025.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1632-2025.

En Valparaíso, siete de mayo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.