nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece, nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representada por Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpuso acción constitucional de protección, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el rechazo a la solicitud de devolución fondos previsionales de la actora de 6 de febrero de 2026, por no acompañar certificado de afiliación a un sistema de previsión o seguridad social extranjero debidamente apostillado o legalizado.

Fundó su impugnación en la imposibilidad material de obtener dicha apostilla, atendida la ausencia de representación consular venezolana en Chile, configurándose a su juicio un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil. Agregó que su afiliación activa al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es verificable electrónicamente a través del sitio oficial de dicha institución, y que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada acredita fehacientemente su cobertura previsional vigente en Venezuela. Señaló que la conducta de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo expuesto, solicita, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, y disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos conforme a derecho, dentro de un plazo de cinco días o el que el tribunal estime pertinente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Comprobante de llamada que acredita el rechazo de la solicitud; 2) Cédula de identidad de la recurrente; 3) Contrato de trabajo y anexos respectivos con cláusula conforme a la Ley N°18.156; 4) Título Profesional debidamente apostillado; y 5) Constancia Electrónica de Cotizaciones, actualizada.

A folio 5, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En cuanto a la forma, sostuvo que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y carácter contradictorio, toda vez que lo pretendido por la recurrente importaría una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, excediendo la finalidad de la acción constitucional. Afirmó que, en autos no existe un derecho indubitado sino uno controvertido, cuya determinación corresponde a un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, señaló que el 6 de febrero de 2026, AFP ProVida rechazó la solicitud de la recurrente, por no acompañarse el certificado de afiliación a una institución de seguridad social extranjera debidamente apostillado o legalizado, conforme a lo exigido por la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Sostuvo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS aportada carece de firma, no se encuentra apostillada ni legalizada, y no especifica las coberturas de salud con prestaciones pecuniarias y médicas, razones por las cuales resulta insuficiente para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la referida ley. Agregó que la exigencia de apostilla emana de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla, del que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte. Añadió que el contrato de trabajo de fecha 5 de septiembre de 2019 nada señala respecto de la afiliación a un régimen previsional extranjero, incorporándose dicha manifestación de voluntad recién en un anexo de fecha 21 de abril de 2025, lo que a juicio de la recurrida resulta extemporáneo. Finalmente, destacó que la recurrente cuenta con residencia permanente en Chile y es propietaria de un inmueble en el país, circunstancias relevantes en el contexto del sistema previsional chileno.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 17 de julio de 2025; y 2) Oficio N°21.880 de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 17 de noviembre de 2025.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones. n primer término, que la parte recurrente no registra ante dicha institución reclamo alguno relacionado con los hechos que motivan la presente acción cautelar. Sin perjuicio de ello, expuso el marco normativo aplicable, señalando que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción únicamente aplicable a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales, quienes deben acreditar copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal. En particular, indicó que para acreditar el requisito de la letra a) de dicha norma, el trabajador debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo dicha cobertura ser efectiva y específica durante todo el período en que el trabajador prestó servicios en Chile.

Precisó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS aportada no satisface tales exigencias, por cuanto no ha sido firmada, apostillada ni legalizada, y tampoco especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones pecuniarias y médicas. Hizo presente que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de la Apostilla, por lo que resulta improcedente prescindir de dicho requisito formal. Indicó además que, de manera consistente y reiterada, los tribunales superiores de justicia, incluyendo la Excelentísima Corte Suprema, han rechazado recursos de protección interpuestos por trabajadores venezolanos en situaciones análogas a la de autos.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida, sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N° Protección-1624-2026.