nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO:

Que, a folio uno, comparece nombre reservado, profesora, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Instituto Previsional Social de Valparaíso, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en aplicar descuentos por diferencia de cotizaciones en su pensión con más de 10 años de desfase. Solicita la caducidad de la acción y/o en subsidio la prescripción extintiva de la acción de cobro, además que se declare que el acto es ilegal y arbitrario, ya que se aplicó un descuento intempestivo, injustificado y extemporáneo y que se ordene restituir íntegramente los dineros que resulten descontados de su pensión más el interés legal corriente y reajustes correspondientes dentro del décimo día desde que quede ejecutoriada la sentencia, con costas.

Expone que el 24 de noviembre de 2009, mediante resolución exenta N° 58.857 de la Superintendencia de Pensiones resolvió su desafiliación al Sistema de Pensiones D.L. 3500 de 1980, por cumplir con el requisito de la letra b del artículo 1 de la Ley N° 18.225 y, posteriormente, el 31 de marzo de 2011, se le informó por el Instituto de Previsión Social, la liquidación de deuda por desafiliación, por la suma de $3.107.102, eligiendo en aquella oportunidad la modalidad de pago 3.2 con cargo al desahucio o indemnización “en el caso de que su monto no alcance a cubrir en su totalidad la deuda reajustada con el I.P.C. correspondiente, el saldo se descontara de la pensión con un máximo del 20% mensual de esta”.

Indica que el 11 de noviembre de 2011, mediante resolución N° 6150 del Instituto de Previsión Social, cuyo monto inicial fue de $460.896, rigiendo desde el 10 febrero de 2001. Agrega que con fecha 23 de noviembre de 2011, mediante liquidación de pensiones, Expediente N° 02-RUT reservado, da cuenta de su pensión de vejez y del pago acumulado por la cantidad de $ 3.630.159. Luego el 14 de diciembre de 2011, pagó por concepto de abono la suma de $986.317 y otros descuentos, que en total suma $1.331.528.

Concluye que el 18 de enero de 2021, la recurrida realiza el descuento del 20% que depone el inciso 9 del artículo 2 de la Ley N° 18.225, lo que es extemporáneo, arbitrario e ilegal, pues atendido al tiempo la acción caduco ipso iure y prescribió, contraviniendo los artículos 1 y 3 de la Ley 18.631 en relación al artículo 2 de la Ley 18.225 y 1470 numerales 2 y 3 del Código Civil. Agrega que tampoco fue emplazada en relación a valor del saldo remanente, no realizando ningún tipo de acción en el tiempo intermedio entre diciembre de 2009 y 18 de enero de 2021.

Expone que a partir de enero del año 2021, se le descuenta una deuda con cargo a su pensión de la ex caja de Previsión Empart, la que fue adquirida en el mes de diciembre de 2009, por el monto de $3.002.406, registrando un abono en noviembre de 2011 por la suma de $986.317 Indica que el 12 de febrero de 2021 tomó conocimiento del acto, mediante comprobante de atención de Chile Atiende, y que en el mes de enero de 2021 se comenzó a descontar la deuda.

Refiere que dicho actuar afecta su derecho a la vida e integridad física y psíquica y su derecho a la propiedad.

Que, a folio catorce, evacua informe el Instituto de Previsión Social, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

En primer lugar, sostiene la falta de idoneidad del recurso de protección para conocer la materia de autos, ya que requiere un procedimiento de lato conocimiento, en el que las partes puedan hacer sus alegaciones y defensas, presentar sus pruebas y hacer valer los recursos propios que establece el “debido proceso”. Sumado, a que el conflicto pertenece al ámbito del derecho de la Seguridad Social, que debe necesariamente debe ventilarse en un juicio declarativo, puesto que dicha garantía no es protegida por la acción de protección. Agrega que en la controversia planteada no existe un derecho indubitado que amparar, sino que más bien lo que se requiere es la declaración del mismo. Hace presente, que el art. 420 del Código del Trabajo en su letra e) señala que el Juzgado del Trabajo es competente para conocer de las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.

En cuanto a fondo del asunto, indica que por Resolución Exenta N°58857, de fecha 24 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Pensiones autorizó su desafiliación del Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1989, y determinó que quedara afecta a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas (CANAEMPU), originándose una deuda por la diferencia de tasa impositiva entre ambos regímenes, que ascendía a la suma de $3.107.102 y, luego, el 31 de marzo de 2011, la recurrente optó por pagar con cargo al desahucio- que tenía derecho- y en caso de no cubrirse el saldo, que se descontara un 20% de cada mensualidad de la respectiva pensión. Posteriormente, por Resolución Exenta N°AP-6150, de fecha 11 de noviembre de 2011, se concedió la pensión de vejez bajo el régimen de la ex CANAEMPU, por un monto de $460.896, a contar del 10 de febrero de 2011, beneficio que fue reliquidado por Resolución Exenta N°AP-289, de fecha 13 de enero de 2012, por un monto de $500.970.

Señala que en el pago de la primera mensualidad correspondiente a noviembre de 2011, se le descontó únicamente la suma de $986.317 por concepto de deuda de desafiliación, sin que haya aplicado consecutivamente el descuento del 20% a las siguientes mensualidades.

Refiere que según Auditoría N°10/2020, de fecha 24 de septiembre de 2020: “Existencia de 2141 pensionados sin gestión de cobranza por deuda de desafiliación”, indica que efectivamente en enero del 2021 se aplicó un descuento por la suma de $136.050 en el pago de la mensualidad de su pensión, con el objeto de saldar la deuda originada de la referida desafiliación, y por la suma de $136.236 en el mes de febrero.

Respecto de la materia analizada, la Superintendencia de Pensiones en Of. Ord. N°22.881, de fecha 05 de octubre de 2017, ha determinado que la exigibilidad de la deuda por diferencia de tasa impositiva causada por la desafiliación del Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500 se produce desde la concesión de la respectiva prestación, época en que se hizo exigible la deuda, comienza a transcurrir los plazos de prescripción para el cobro.

Agrega que efectivamente, por una inadvertencia administrativa, se aplicó el referido descuento del 20% de la pensión de la recurrente por los meses de enero, febrero y marzo. Sin embargo, el 17 de febrero de 2021, se suspendió la aplicación del descuento, acto que se hará efectivo a contar del mes de abril, debido a que ese descuento se envía con dos meses de anticipación. Además que las sumas descontadas serán devueltas a la brevedad posible a la recurrente, dando así cumplimiento con la jurisprudencia administrativa del organismo supervisor.

Señala que no existe vulneración de garantías constitucionales. En efecto, no se ha infringido la garantía de la integridad psíquica, puesto que se dispuso sólo el cobro de una deuda que sí existe, y tampoco el derecho de propiedad, ya que ha actuado al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 incisos 8 y 9 de la Ley N° 18.225.

Finalmente sostiene la improcedencia de la condena al pago de las costas, puesto que no ha actuado de mala fe y es una entidad de derecho público, sin fines de lucro, que tiene por objeto materializar las políticas de seguridad social del Estado, y, por tanto, no busca lucrar con sus decisiones. Haciendo presente que es el continuador legal del Servicio de Seguro Social, que goza de privilegio de pobreza, de acuerdo al artículo 183 del decreto N° 615, en relación al decreto ley 3.502.

Acompaña la copia de Liquidación de Pago correspondiente al mes de abril de 2021, de la recurrente, donde no aparece el descuento por deuda diferencia de tasa impositiva, ley 18.225.

Que, a folio diecisiete, informa la Superintendencia de Seguridad Social, quien indica que no dispone de antecedentes, debido a que las materias que se conocen no son de su competencia, sino del Superintendente de Fondos de Pensiones.

Que, a folio veinticuatro, evacua informe la Superintendencia de Fondos de Pensiones, indicando que no cuenta con antecedentes respecto del caso, puesto que no se realizó ninguna solicitud. Sin embargo, señala que efectivamente existe una diferencia de tasa impositiva entre el sistema de capitalización individual y el antiguo sistema previsional, y que el cobro cumple con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 18.225 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el Libro I Título II Desafiliación Capítulo VI, por lo que no existe acto arbitrario e ilegal.

Que, a folio veintiséis, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que lo que se busca mediante la presenta acción cautelar, es que se declare la caducidad y/o prescripción del cobro de deuda generada por su desafiliación al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1989 y posterior inclusión a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, efectuada en el año 2009. Asimismo, se restituya los dineros descontados de su pensión, más intereses y reajustes.

Tercero: Que la recurrida indica que por “inadvertencia administrativa” se descontó de las liquidaciones mensuales de la recurrente, la deuda generada por el cambio de régimen impositivo realizada en el año 2009, procediendo a la devolución de los dineros y paralización del cobro señalado.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados, especialmente la liquidación de pago de mayo de dos mil veintiuno, se desprende que ha cesado el descuento realizado en las liquidaciones mensuales de la recurrente, generado por su cambio de régimen previsional, e incluso se ha reintegrado dicho cobro a su pensión mensual, por lo que el recurso ha perdido oportunidad, no existiendo medidas que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Instituto Previsional Social de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1620-2021.