nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio 1, se deduce recurso de protección en favor de Paulina Andrea Cánepa Beltrán, abogada, en contra de la Ilustre Municipalidad de Concón, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Registrado N° 2543-2022, de fecha 18 de octubre de 2022, del cual la recurrente señala haber tomado conocimiento con fecha 25 de octubre de 2022, que dispuso la remoción de la actora del cargo de Directora de Seguridad Pública, vulnerando la garantía del artículo 19 N° 2, 3° y 24 de la Constitución Política de la República. Solicita que se deje sin efecto el acto impugnado, disponiendo la reincorporación de la actora a sus labores y el pago de las remuneraciones adeudadas.

Como antecedente preliminar del acto impugnado, explica que por medio en del recurso de protección Rol 128.924-2022, la actora recurrió en contra del Alcaldicio N° 1780-2022, de fecha 12 de julio de 2022, que declaró vacante, por pérdida de confianza, el cargo de Directora de Seguridad Pública, que detentaba la recurrente, siendo acogido por sentencia de 29 de septiembre de 2022, en virtud de que, por ley expresa, el cargo que detentaba la actora, en definitiva no era de exclusiva confianza del Alcalde, disponiendo que “se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1780-2022 de fecha 12 de julio de 2022, así como la consecuente declaración de vacancia del cargo, debiendo la autoridad dictar el acto que en derecho corresponda según el mérito de los antecedentes”, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada.

Indica que la recurrida señalando dar cumplimiento a lo ordenado por esta Iltma. Corte, dicta el Decreto Alcaldicio Registrado número 2543 – 2022, contra el cual ahora recurre, el cual resuelve y dispone la remoción de la recurrente, del cargo de Directora de Seguridad Pública, nuevamente de manera ilegal y arbitraria, faltando a la verdad en la narración de los hechos que fundamentan el decreto, sin motivación ni expresión de causa y no ajustándose al mérito del proceso como lo exigió el fallo en causa Rol N°128.924-2022, así, por ejemplo, se asevera la existencia de mal ambiente laboral y unas supuestas denuncias de otros funcionarios, sin que se hubiera verificado un procedimiento que acredite responsabilidad administrativa mediante la instrucción de investigación o sumario alguno, ni mucho menos notificación con los resultados sobre los avances de mismo.

Alega además, que a la fecha de interposición del recurso, a la recurrente no se le había efectuado el pago de sus remuneraciones correspondientes al julio-octubre de 2022.

Respecto de la fecha que tomó conocimiento del acto recurrido, señala que si bien la emisión a correos de Chile es de fecha 16 de octubre de 2022, recién pudo tomar conocimiento de aquel con fecha 25 del mismo mes, toda vez que durante el 20 al 24 de octubre se encontraba en otra ciudad.

Solicita, en definitiva, acoger el recurso y que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio impugnado, ordenando la reincorporación de la actora a sus labores, y ordenar el pago de las remuneraciones y demás asignaciones durante el período que va desde julio a octubre de 2022 y las que se decreten durante el tiempo que medie entre la dictación del decreto que se recurre y la sentencia de SSI., con costas.

A folio 13, evacúa informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Concón, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que en cumplimiento de lo dispuesto por esta Corte en causa protección Rol IC 128.924-2022 de esta Iltma. Corte, se dictó el decreto que ahora se recurre, que dejó sin efecto sin efecto la resolución anterior y removiendo a la recurrente de su cargo de directora de Seguridad Pública, en conformidad a lo señalado en el mencionado decreto y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 bis de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

De forma previa, alega la extemporaneidad del recurso, fundando en que con fecha 19 de octubre de 2022 se procedió a notificar el acto administrativo recurrido fue notificado por carta certificada, siendo recibido el mismo día en las oficias de correo, y siendo entregadas al día siguiente, esto es el 20 de octubre de 2022, en los cuatro domicilios de la recurrente. Y que de conformidad al artículo 46 de la Ley 19.880, que dispone que las notificaciones realizadas por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos, la fecha en que se entendería practicada la notificación de autos sería el 24 de octubre de 2022. Consta que con fecha 24 de noviembre de 2022, esto es, 31 días corridos desde la notificación del acto administrativo recurrido se interpone la presente acción, siendo extemporánea y solicitando su rechazo.

En segundo lugar, alega la improcedencia de la acción cautelar, ya que se debe pronunciar sobre aspectos de fondo, que son objeto de procedimientos de lato conocimiento, no teniendo la recurrente un derecho fundamental preexistente e indubitado que le favorezca ni siendo el recurso de protección la vía idónea para evaluar el mérito de las decisiones de la autoridad administrativa, en atención a que la recurrente manifiesta desacuerdo con los motivos por los cuales se decreta su remoción del cargo, calificando a los mismos como falaces y faltos a la verdad.

En cuanto al fondo, argumenta que no existe acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales por parte de la recurrida, por cuanto el artículo 16 bis LOCM autoriza expresamente al alcalde a remover al director de seguridad pública, sin perjuicio del resto de causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal. Aduce que la remoción no es una sanción, como tampoco requiere previamente de la tramitación de un sumario, sino que es otra forma que fija la ley para propender al buen gobierno y gestión de los municipios.

En efecto, refiere que en el Derecho Municipal existen dos cargos de la administración, que, si bien no son de confianza exclusiva, por no estar incorporados en el artículo 47 de la LOCM como tales, tienen una forma especial de dar término al vínculo entre el funcionario y la entidad municipal, mediante el instituto de la remoción. Estos cargos son el Administrador Municipal y el director de Seguridad Pública.

En cuanto a los fundamentos del acto administrativo recurrido, señala que, dentro de los considerandos, se menciona expresamente la facultad que los alcaldes tienen para remover al director de seguridad pública, sin perjuicio de las demás causales de cesación de los funcionarios municipales. Posteriormente, se señala que, mediante decreto alcaldicio N° 1031, de 14 de abril de 2020, se aprobó el reglamento de organización interna, que establece en su artículo 64 y siguientes, las funciones y atribuciones de la Dirección de Seguridad Pública Luego, el acto recurrido, señala que durante el tiempo que la recurrente estuvo en su cargo, se generó al interior de dicha repartición un mal ambiente de trabajo, el que fue denunciado en diversas ocasiones. En efecto, diversos funcionarios municipales ingresaron denuncias de malos tratos y acoso laboral por parte de la recurrente, por lo que se concluyó, y así aparece en el considerando 12 del decreto recurrido, que la actora tuvo un manejo deficiente de equipo y un defectuoso liderazgo que ha perjudicado la coordinación y la acción eficiente de las labores de seguridad y emergencia en la comuna.

Agrega que, en el considerando 13 del decreto N° 2543, se señala, además, que la gestión de postulación de proyectos ha sido deficiente, en tanto sólo se ha adjudicado la postulación al proyecto código RNSP21-REP-0007, el que no ha podido ser ejecutado.

Señalando que no hay ni falsedad, ni falta a la verdad en los fundamentos del decreto señalado, y que no existe afectación a las garantías fundamentales denunciadas, ni un derecho indubitado de la recurrente. Solicitando el rechazo del recurso, con costas.

A folio 14, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- Respecto de la alegación de extemporaneidad:

Primero: Que la recurrente ha alegado la extemporaneidad de la presente acción fundado en que el decreto recurrido fue notificado por carta certificada, y que de conformidad al artículo 46 de la Ley N° 19.880 se entendería practicada el 24 de octubre de 2022, y que la interposición del recurso aparece 31 días corridos contados desde aquella fecha.

Segundo: Que si bien el artículo 46 señalado por la recurrida dispone que las notificaciones realizadas por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos, esta norma debe ser interpretada conforme al principio de realidad, y no existiendo claridad de la fecha específica en que la recurrente tomó conocimiento del acto recurrido, por haber alegado la misma encontrarse fuera de su domicilio y ciudad en la fecha que podría presumirse su notificación, constando una copia de domicilio reservado de octubre de 2022 en horas de la noche, y habiéndose interpuesto el presente recurso con fecha 25 de noviembre de 2022, se rechazará esta alegación.

II.- Respecto del fondo del recurso:

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que la actora fue previamente desvinculada de su cargo, por pérdida de confianza, interponiendo acción de protección, la que fue acogida por sentencia de fecha 29 de septiembre de 2022, en causa Rol IC N° 128.924-2022, estableciendo que el cargo que detenta la recurrente de Directora de Seguridad Pública no es de aquellos que la ley califica de exclusiva confianza y en tal sentido dispuso que “se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1780-2022 de fecha 12 de julio de 2022, así como la consecuente declaración de vacancia del cargo, debiendo la autoridad dictar el acto que en derecho corresponda según el mérito de los antecedentes”.

Quinto: Que, el acto recurrido en estos autos corresponde al Decreto Registrado N° 2543-2022, de fecha 18 de octubre de 2022, que dispuso la remoción de la actora del cargo de Directora de Seguridad Pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 bis de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dispone que “El director de seguridad pública será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal”. Estableciéndose por el legislador la remoción de dicho cargo como una facultad del alcalde, la que debe ser ejercida de manera fundada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880.

Sexto: Que, del análisis del Decreto recurrido aparece que se encuentra fundado en la normativa legal aplicable y correspondiente al cargo que detenta la recurrente, a saber, el mencionado artículo 16 bis de la Ley N° 18.69, además del Decreto Alcaldicio N° 1031 de fecha 14 de abril de 2020, que establece, en su artículo 64, las funciones y atribuciones de la Directora de Seguridad Pública. Por otra parte, se le imputan dos incumplimientos a sus deberes, primero, un deficiente manejo de equipo, defectuoso liderazgo y falta de habilidades de dirección, a raíz de una serie de denuncias que darían cuenta de un mal ambiente de trabajo generado por la actora; y, segundo, deficiente gestión de proyectos, por cuanto solo ha realizado una postulación en el área que no ha comenzado su ejecución, afectando el buen gobierno y gestión de los municipios.

Séptimo: Que, conforme se ha establecido en el considerando anterior, el acto recurrido se encuentra suficientemente fundado, no siendo esta la vía idónea para cuestionar el mérito de tales fundamentos, y que ha sido expedido por la autoridad edilicia dentro de sus facultades, de lo que se concluye que no existe acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, razones por las cuales corresponde desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, la alegación de extemporaneidad y se rechaza el recurso de protección deducido a favor de Paulina Andrea Cánepa Beltrán, en contra de la Ilustre Municipalidad de Concón.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-161306-2022.