nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A."

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien, representado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, presentada con fecha 31 de marzo de 2025, bajo el amparo de la Ley N°18.156.

Expone que, en su calidad de técnico extranjero, solicitó el retiro de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, acompañando los antecedentes requeridos, entre ellos, certificado de afiliación al régimen de seguridad social de su país de origen (Venezuela), contrato de trabajo, anexos con expresión de voluntad de mantener dicha afiliación, título profesional apostillado y declaración jurada ante notario.

Refiera que el 9 de abril de 2025 fue notificado del rechazo de su solicitud, mediante correo electrónico, fundado exclusivamente en que no acompañó certificado de régimen previsional debidamente legalizado o apostillado, aun cuando, según afirma, dicho documento puede verificarse en línea a través de la página oficial del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), acompañando capturas de pantalla del sitio web oficial que acreditan la autenticidad del certificado y su código único de verificación.

Sostiene que la exigencia de legalización o apostilla no se encuentra establecida expresamente en la Ley N°18.156, ni en el artículo 7 de la misma, que faculta la devolución de fondos, y que la recurrida ha realizado una interpretación excesivamente formalista de la norma, desatendiendo su finalidad y vulnerando el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversos pronunciamientos y compendios normativos que reconocen que el requisito sustantivo es la afiliación a un sistema que otorgue cobertura en los casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que, afirma, cumple en su totalidad, dado que se encuentra afiliado al régimen venezolano de seguridad social y su certificado es electrónicamente verificable.

Manifiesta, además, que otros afiliados en igual situación han obtenido resolución favorable, incluso ante otras AFP, lo que evidencia un trato discriminatorio injustificado en su contra, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2 CPR).

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, y que en un nuevo pronunciamiento resuelva conforme a derecho la solicitud de devolución, dentro de un plazo razonable, procediendo a efectuar la devolución de los fondos previsionales.

A folio 7, evacuó informe AFP Habitat S.A., representada por la abogada Nicole Jedinger Canales, quien solicita que se tenga por evacuado el informe y se rechace íntegramente el recurso de protección, con costas.

En primer lugar, señala que el recurso de protección es inaplicable en este caso, por cuanto se pretende usar esta vía cautelar para obtener la devolución de fondos previsionales, sin ajustarse a los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Sostiene que el actor no ha sido privado, perturbado ni amenazado en el ejercicio de sus derechos fundamentales, y que su solicitud no reúne los requisitos de urgencia ni emergencia que justifican la procedencia del presente recurso. Añade que, de existir controversia, esta debe ventilarse en un juicio de mayor conocimiento.

En segundo lugar, expone la cronología de los hechos: con fecha 31 de marzo de 2025, el recurrente presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Con fecha 9 de abril de 2025, la AFP respondió rechazando la solicitud por “no acompañar certificado de régimen previsional de su país de origen, vigente, firmado y debidamente legalizado o apostillado”. Se indicó al solicitante que el documento presentado no cumplía los requisitos legales ni las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

En tercer lugar, detalla que el recurrente adjuntó un certificado electrónico de cotizaciones del IVSS (Venezuela), sin firma responsable ni apostilla, además de otros documentos como título universitario apostillado, anexo de contrato de trabajo y manifestación de voluntad de mantener afiliación al sistema previsional extranjero. Aduce que ninguno de esos antecedentes permite tener por acreditada la doble cobertura previsional exigida por la Ley N°18.156, ni en su forma ni en su contenido.

Asimismo, enfatiza que la verificación electrónica sugerida por el recurrente no reemplaza el requisito de apostilla, y que conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados en el extranjero deben estar debidamente legalizados para tener valor probatorio en Chile.

Señala también que la cobertura alegada no incluye prestaciones de salud, requisito que —según las instrucciones de la Superintendencia— debe estar presente en todo el período de trabajo en Chile, lo cual tampoco ha sido acreditado.

Por último, refiere que existen múltiples fallos de distintas Cortes de Apelaciones que han desestimado recursos similares, entre ellos: Santiago (causas Roles 62688-2019, 62673-2019, 77494-2019, 77517-2019, 55152-2020), Concepción (15957-2019), Iquique (314-2019) y Valdivia (1801-2019), todos los cuales han concluido que no existe vulneración de garantías constitucionales cuando la solicitud de devolución se rechaza por no cumplir con la normativa aplicable.

Concluye que la AFP actuó dentro del marco legal, respetando la igualdad ante la ley, sin desconocer la titularidad de los fondos del actor, y que este podrá renovar su solicitud en cualquier momento, acompañando los documentos que cumplan las exigencias legales correspondientes.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra el recurso de protección como una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, con ocasión de un acto u omisión arbitrario o ilegal, se ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales aseguradas por la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano extranjero, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a los dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el documento presentado por el actor, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Quinto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Habitat S.A. al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de AFP Habitat S.A Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1611-2025.