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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1604-202131 mar 2021

nombre reservado con COMITÉ DE PROPIETARIOS VILLA PARAÍSO

Fecha
31 de marzo de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 1604-2021, sentencia de 31 de marzo de 2021

Resumen

Se rechaza el recurso de protección porque la situación de hecho alegada por la recurrente está controvertida y no se acreditó perturbación, privación o amenaza a un derecho actual y determinado de los del artículo 20.

Texto íntegro

C.A. de Valparaíso djc Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, y deduce recurso de protección, en su calidad de comunera de la comunidad civil denominada “Fundo Paraíso”, en contra de la organización comunitaria denominada “Comité de Propietarios Comunidad Villa Paraíso” RUT.:RUT reservado, representada legalmente por su Presidenta doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, desconoce profesión u oficio, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por la acción que estima ilegal y arbitraria en que incurrió el 13 de febrero de 2021 e incurre todavía al reasignar porciones de terreno de propiedad de una comunidad civil, mediante el mecanismo de sorteo, excediendo sus facultades de “Organización Comunitaria”, lo que perturba y amenaza el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que la Constitución garantiza en el artículo 19 número 24, en sus derechos respecto del inmueble.

Como antecedentes previos, expone que el 9 de septiembre de 1983, mediante escritura pública repertorio 107, Notaría nombre reservado., Valparaíso, la “Sociedad Cooperativa de Edificación de Viviendas Cirujano Videla Limitada”, representada por su comisión liquidadora, vende, cede y transfiere a 89 personas partes iguales de un bien raíz ubicado en Quilpué, denominado Fundo El Paraíso, cuya extensión es de 207.176,00 metros cuadrados conforme plano archivado bajo el número 287 en el Registro de Documentos del año 1969 de Conservador de Bienes Raíces de Quilpué y cuyo rol es 3507-4, de la comuna de Quilpué.

Refiere que en la escritura pública de compraventa, la comunidad civil, conformada por los compradores, declara en la cláusula cuarta- que, “por ser contrario al derecho chileno el estado de indivisión perpetuo, se iniciará a la brevedad ante el Servicio de Bienes Nacionales las gestiones conducentes a la obtención de un título individual de dominio para cada uno de los comuneros”.

Señala que la comunidad civil -de común acuerdo- dividió el terreno, lo que consta en Plano Catastral Nº V-6- 2925 S.U, archivado bajo el número 98 en el Registro de Documentos del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Quilpué, en 89 unidades, y asignó a cada comunero un sitio, manteniendo el resto de su extensión en indivisión/comunidad. De esta manera, cada comunero, tenía un terreno al que se le asignó un número/rol.

El 27 de julio del año 2000 el Juez de Policía Local de Quilpué, en resolución, dictaminó que -vía consideración del estado económico de la comunidad y por falta de compromiso de más del 30% de sus comuneros que no pagan los gastos comunes- se resuelve que debe venderse toda la comunidad en un plazo de 18 meses a contar de la mencionada fecha de resolución.

Arguye que la enajenación de un inmueble que pertenece a una comunidad requiere de la manifestación de voluntad expresa de cada uno de sus integrantes. Empero, cuatro comuneros, efectivamente, se negaron. Por lo anterior, la administración de la comunidad de aquella época, representada legalmente por nombre reservado, debidamente facultado, reduce a escritura pública “ACTA DE REUNIÓN DE COMUNIDAD PARAÍSO” de fecha 17 de diciembre del año 2000, repertorio 477/01 Notario Público de Viña del Mar, la cual da cuenta de una nueva división de terrenos de la comunidad, formándose 178 unidades junto con un área comunitaria denominada club de campo y/o casona de 6.880 metros cuadrados.

El 3 de febrero del año 2016, la actora infrascrita, compra y adquiere para sí todos los derechos que le corresponden a su vendedor señor nombre reservado sobre el Fundo Paraíso, rol 3507-4, Quilpué, indicando en la cláusula sexta de la escritura pública de compraventa que “Se deja constancia que el uso y ocupación de los derechos que se venden, ceden y transfieren, por este acto, se radican exclusivamente en una porción de terreno denominado lote número ciento treinta y siete – ME, Las Orquídeas, asignado el 17 de diciembre del año 2000, conforme lo expresa la reducción de escritura pública de acta de reunión ordinaria, Comunidad Paraíso, ante notario público de Viña del Mar, nombre reservado bajo reportorio número 477/01”, compraventa inscrita a fojas 2178 número 2005 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Quilpué.

Menciona que ella consciente de la adquisición de derechos comenzó a ejecutar actos posesorios sobre la unidad raíz asignada, esto es, parcela número 137, cercándola y construyendo en él su casa en el año 2018.

Asimismo, conoció la organización de la comunidad - que en el año 2016- presidia el señor nombre reservado.

En marzo del año 2019 y por la conclusión del tiempo estipulado para su mandato el presidente termina su período entregando libro de actas y rindiendo cuenta en una asamblea. Por falta de participación la comunidad civil queda acéfala sin un administrador, ni representante legal.

En cuanto a las acciones ilegales y arbitrarias, sostiene que a propósito de esta circunstancia -una administración acéfala de la comunidad civil- que surge la figura de una organización comunitaria denominada “Comité de Propietarios Comunidad Villa Paraíso”, la cual según certificado 01590/2019 de la Secretaría Municipal de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, su representante legal es nombre reservado.

Manifiesta que el 1 de enero de 2021 la recurrida emite un comunicado en el cual se informa que la Organización Comunitaria está desarrollando un “Proyecto de Urbanización y Regularización” con la supuesta ayuda de la Municipalidad de Quilpué.

El 19 de enero de 2020 (sic) la Organización Comunitaria realizó una “reunión extraordinaria de dueños de derechos sobre la Comunidad Villa Paraíso”, donde se informó lo siguiente: “A) Obtención de una cuenta bi-personal en Banco Estado para el pago de cuotas anuales; B) Información sobre publicación en Diario Oficial El Mercurio con la finalidad de contar con mayor participación y toma de decisiones sobre Proyecto de Urbanización y Regularización de la Comunidad.

Indica que parte del proyecto impulsado por la Organización Comunitaria, considera la re asignación de aquellos sitios, unidades raíces o simplemente lotes cuyos “dueños” están inactivos para proceder a “sortearlos”.

En efecto, así fue informado por la Organización Comunitaria mediante el siguiente comunicado que en lo medular expresa: “Cada Comunero tendrá opción sólo a una asignación. Por cada inscripción del CBR será asignado un lote, esto independiente de las personas que aparezcan en el certificado. Se recepcionarán pagos y documentación como única fecha el 13 de febrero de 2021 desde las 10:00 y hasta las 13:00. Punto pendiente para confirmar en asamblea: Los Terrenos serán escogidos en primera instancia por los 3 representantes de la administración, como forma de retribuir a su trabajo. Cada comunero deberá respaldar su aporte de $3.000.000 por asignación con un mail a correo reservado”.

Refiere que el sábado 13 de febrero de 2021 a las 11:00 hrs., la Organización Comunitaria comenzó, en los hechos, a ejecutar las acciones que anunció - ilegales y arbitrarias- consistentes en un “catastro” solicitando a los vecinos y vecinas una copia de carnet de identidad y una inscripción en el Conservador de Bienes Raíces a fin de detectar aquellas “unidades raíces” que carecen de “dueños” para re-asignarlas mediante un “sorteo”.

El día 19 de febrero de 2021, en área común del inmueble, se pretende realizar un proceso de consulta y votación entre dos opciones: “OPCIÓN 1: re-asignación de lotes sin aportes de dinero.” Sobre esta opción el comunicado puntualiza “se requiere un certificado de dominio vigente actualizado a febrero de 2021 para acreditar ser dueño de derechos de la comunidad; un pago de cuota anual de $30.000 por lote; fotocopia de carnet de identidad (comunero) y un poder notarial.”. Concluye: “OPCIÓN 2: Sin reasignación de lotes.”

Afirma que la acción de la recurrida es antijurídica, consistente, como se ha mencionado, que con fecha 13 de febrero de 2021, comenzó a realizar un catastro con el objeto de identificar aquellas “unidades raíces” que carecen de “dueños” para re-asignarlas mediante un “sorteo”, lo que constituye una acción arbitraria e ilegal de su parte, puesto que tal conducta no encuentra sustento en normal alguna.

Explica que la Organización Comunitaria pudo constituirse legalmente de acuerdo a la Ley 19.418, pero más allá de su denominación (“COMITÉ DE PROPIETARIOS COMUNIDAD VILLA PARAISO”) lo cierto es que su objeto -de acuerdo a su Ley- es representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna y por cierto, sus integrantes, son únicamente los que voluntariamente concurrieron a su constitución o adhieren expresamente a su incorporación con posterioridad.

En consecuencia, la Organización Comunitaria, recurrida de autos, carece de cualquier fundamento o antecedente legal en que los integrantes de la comunidad civil, esto es, los comuneros dueños del inmueble en comento, hayan entregado facultades de representación y/o administración a dicho organismo respecto de sus derechos sobre el inmueble o áreas comunes.

En efecto, la administración de una comunidad civil puede realizarse de común acuerdo entre todos los comuneros o, por intermedio de un Juez, solicitando el nombramiento de un administrador pro indiviso.

Pero una Organización Comunitaria, regida por Ley 19.418, no tiene cabida en la administración de la comunidad civil, irrogarse esa atribución es ilegal.

Por lo anterior la acción de la Organización Comunitaria de solicitar documentos a los vecinos y vecinas, copia de su carnet de identidad y de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, junto con un poder notarial es ilegal, por que dicho actuar no tiene una norma legal que lo sustente, ni en la Ley de Organizaciones Comunitarias, ni el derecho común.

Además, sostiene que la acción es arbitraria, por cuanto es contraria a la razón, ya que el ámbito de aplicación o competencia de una Organización Comunitaria está dado en la Ley 19.418 y, la Comunidad Civil, regulada en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil.

Por lo tanto, concluye que la Organización Comunitaria actúa fuera de Ley y sin razón al no circunscribir sus acciones al ámbito de su competencia.

Estima que la acción arbitraria e ilegal de la Organización Comunitaria le priva, perturba o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad, toda vez que compró derechos sobre un inmueble con pluralidad de titulares donde dos o más sujetos tienen un derecho de idéntica naturaleza sobre la totalidad de un mismo objeto, por lo que el actuar de la Organización Comunitaria, además de antijurídico al atribuirse prerrogativas que no le corresponden según su naturaleza jurídica, perturba o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad, por cuanto según la cláusula sexta de la escritura pública de compraventa adquirió la “porción de terreno denominado lote número 137.-” y la recurrida pretende re-asignar mediante un sorteo “lotes inactivos” sin individualizarlos viéndose afectada, amenazada y perturbada en el uso y goce de la porción de terreno que se le asignó en los hechos (en la escritura) y el cual pretende regularizar ante Bienes Nacionales como título individual de dominio.

Solicita, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, brindándole protección, y se declare que la acción en que ha incurrido y continúa incurriendo la Organización Comunitaria es ilegal y arbitraria por cuanto excede en sus facultades y su actuar le perturba o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que garantiza el artículo 19 N° 24 de la Constitución, con expresa condenación en costas a la recurrida.

Acompaña documentación a su recurso.

A folio 11, rola informe de doña nombre reservado, representante legal del Comité de Propietarios Comunidad Villa Paraíso.

Menciona que la actora, señora nombre reservado tiene una confusión con respecto al comité, ya que en su representación de acuerdo a la organización mencionada, han estado gestionando desde el año 2019 con la Municipalidad de Quilpué, un proyecto de regularización de lotes irregulares para la Comunidad Villa Paraíso, basado en la llamada Ley Fácil, que les permitirá sanear y regularizar las condiciones de urbanización en lotes existentes, para más de 80 familias a través de un procedimiento sencillo en trabajo conjunto con el municipio, para que los dueños de derechos y propietarios de la comunidad puedan contar con la obtención de los títulos de dominio de sus lotes por medio de Bienes Nacionales y la urbanización en el predio (agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y pavimentación).

Agrega que, debido a la gran importancia y necesidad de ese trámite, es que se les entregó el apoyo y la representación en una asamblea de comuneros, a los representantes del comité de propietarios Comunidad Villa Paraíso, que son también dueños de derechos, para poder gestionar y llevar a cabo el proyecto de regularización y posterior urbanización, debido al gran costo que conlleva solucionar estos temas en forma particular, y a la poca organización de los comuneros, puesto que son pocos los que pagan las cuotas permanentemente para cancelar y mantener al día las contribuciones, y también a la falta de interés por la comunidad en participar en la administración del predio se les faculta para representar y poder gestionar con la Municipalidad de Quilpué ese proyecto, ya que son más de 80 vecinos viviendo en el lugar y es de suma importancia entregar las calles para bien de uso público y que pueda ingresar Esval y Chilquinta a su comunidad. Menciona que esto también está documentado como dice la señora nombre reservado en resolución dictada por el juez de policía local de Quilpué, el 27 julio del año 2000, que dictaminó -vía consideración del estado económico de la comunidad y por falta de compromiso de más del 30% de sus comuneros que NO pagan los gastos comunes- se resuelve que debe liquidarse la comunidad entre los comuneros o venderse en un plazo de 18 meses a contar de la fecha señalada de resolución. La venta del predio no se produce por cuatro comuneros en contra y se decide realizar una nueva reasignación a cada comunero con el saldo del fundo Paraíso para liquidar la comunidad, quedan en total 178 lotes más un área de espacio común para los socios de 6.888 metros cuadrados.

Aclara que la razón de no tener otra organización con personalidad jurídica que sea independiente del Comité de propietarios y represente a los comuneros legalmente es que en estos momentos son más de 100 personas dueñas de estos derechos inscritos en el Conservador de Bienes de Quilpué, y debido a que estos derechos vienen del año 1983 se encuentra muy complicado ubicar a todas esas personas para poder gestionar como dice la ley un representante legal para realizar los trámites necesarios al regularizar y urbanizar de forma particular.

Concluye que por esta razón que después de consultar abogados y conversarlo en asambleas se decide optar por esta alternativa que les presenta la Municipalidad de Quilpué, y es encontrada favorable para los propietarios y residentes ya que les proporciona la solución legal al problema, la regularización del loteo y la posterior urbanización del predio con proyectos participativos.

Menciona que una de las formas de financiar la urbanización que se planteó y fue aceptada con unanimidad por la asamblea de comuneros asistentes, fue entregar un aporte de $ 3.000.000 por la asignación de un lote y así poder financiar los proyectos participativos para urbanizar en su totalidad la comunidad y beneficiar a todos los propietarios y residentes, ya que por la gran cantidad de terrenos eriazos existentes no habrán interesados en cancelar la urbanización de ellos. Tema que se debe solucionar por los dueños de derechos, quienes deben tomar decisiones sobre las propiedades existentes en la comunidad, independiente de la gestión que se realiza por el comité de propietarios para ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas familias a quienes les aquejan problemas con la falta de agua potable, alcantarillado y servicio de luz eléctrica, organización necesaria para obtener la ayuda de la Municipalidad ya que es una organización social trabajando a favor de las personas. Luego de la asamblea y debido a los malos comentarios se informó rápidamente a los comuneros vía WathsApp que NO se realizaría la reasignación de lotes y los proyectos se financiarían en su momento por los vecinos de cada calle, para evitar malos entendidos y problemas relacionados con dinero, así cada propietario se hará cargo de la regularización de su lote y la urbanización de él cancelando la cuota correspondiente que decida cada grupo. Se hace referencia que son acuerdos particulares como dueños de derechos los que deben decidir sobre sitios eriazos, nada tiene que ver con la regularización del predio para la urbanización, calles de uso público, áreas verdes y de equipamiento que se requieren legalmente y que es un proyecto en gestión del comité de propietarios Comunidad Villa Paraíso y la Municipalidad de Quilpué. Se informa fecha para asamblea, 20 de febrero de 2021, donde se explicará cómo viene el proyecto según lo informado por los profesionales que lo ejecutan en el municipio y se informará el financiamiento por calles de los proyectos participativos para la urbanización y así no entrar en conflictos con comuneros y realizar por parte del comité de propietarios una labor más transparente.

Finaliza sosteniendo que no se ha incurrido como Comité de Propietarios Comunidad Villa Paraíso en acción que perjudique o amenace a la señora nombre reservado u otra persona, ya que las acciones del comité están protegidas bajo la legalidad de la Ley Fácil que los faculta como propietarios y residentes de un predio irregular para regularizar sus lotes y urbanizar.

Precisa, además, que el Comité no ha realizado ni realizará acción alguna en cuanto a nuevas reasignaciones de terrenos, ya que esto está dentro de las facultades de los dueños de derechos de la comunidad. El financiamiento de los proyectos participativos para urbanizar será como se informó anteriormente, por cada propietario en organización con los vecinos de su calle. No es parte de los proyectos de ese comité enajenar derechos, asignar nuevos lotes o realizar sorteos de lotes.

Acompaña documentación su informe.

A folio 11, informa la Ilustre Municipalidad de Quilpué, quien refiere que la directiva de la comunidad recurrida solicitó acogerse a la Ley de Loteo Irregular, la que según la legislación vigente los títulos otorgados al amparo del DFL 2695 de 1979, sólo generan título en la posesión material, dejando las vías de circulación y el remanente como parte de la propiedad de la comunidad.

En cuanto al recurso propiamente tal, señala que festivamente la recurrida inicio trabajos ante la Secretaria Municipal de Planificación, a fin de acogerse a la Ley de Loteo Irregular 20.812, situación que no pudo concretarse por discrepancias entre los propietarios y comuneros.

Refiere que el saneamiento permitiría establecer con claridad los bienes nacionales de uso público y contar con un diseño de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y pavimentación de vías.

Indica en cuanto a los fondos que se realizó un estudio para la propuesta de loteo a cargo de profesionales de la municipalidad, así como también un proyecto sanitario que fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para varios sectores de la comuna entre los cuales se encontraba la Comunidad Paraíso.

Acompaña documentación.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que a raíz de los mismos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura, y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal, lo que no sucede en la especie al encontrarse controvertida la situación de facto alegada por la recurrente.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del “Comité de Propietarios Comunidad Villa Paraíso”, representado por su Presidenta doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1604-2021.