nombre reservado con SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Gonzalo Patricio Arancibia Goldsworthy, en representación de nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber omitido el pago el pago de los saldos remuneratorios adeudados correspondientes a la "asignación de grado efectivo", código H0050, por el período comprendido desde el ingreso del recurrente a la institución hasta el 26 de abril de 2021, lo que considera ilegal y arbitrario y vulnera sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 4 de enero de 1993, acogiéndose a retiro voluntario con el grado de prefecto, el 1 de febrero de 2023. Señala que la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, la cual tiene un incremento cuando algún funcionario se desempeña en regiones con derecho a asignación de zona, como es su caso, ya que prestó servicios desde el 4 de agosto de 2007 al 25 de febrero de 2014 en la ciudad de Copiapó, y desde el 7 de enero de 2015 hasta el 4 de enero de 2020 en la ciudad de Iquique.

Explica que, que en mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225, la PDI informó un mejoramiento en el cálculo de la gratificación de zona, implementándose el pago íntegro de dicha asignación; sin embargo, al mes siguiente suspendió este pago mediante Radiograma N° 285, condicionando su continuidad al pronunciamiento de la Contraloría General de la República, organismo que finalmente, a través del Dictamen N° E98928/2021 del 26 de abril de 2021, confirmó que el cálculo realizado en mayo de 2019 era correcto. Añade que, a pesar de ello, la JENAPERS no comunicó oficialmente esta resolución a los funcionarios ni regularizó los pagos insolutos según lo había comprometido en el Radiograma anterior.

Señala que sólo a raíz de las sentencias de la Corte Suprema en las causas Roles N° 12.008-2022 y 12.465-2022, la PDI comenzó a pagar íntegramente dicha remuneración entre diciembre de 2022 y enero de 2023; no obstante, la regularización fue parcial, pues la institución interpretó erróneamente que el derecho se generaba desde la fecha del Dictamen N° E98928/2021, pagando únicamente desde el 26 de abril de 2021 en adelante, situación que fue definitivamente clarificada por la Corte Suprema en el fallo Rol N° 147.027-2023, donde estableció que el pago debe efectuarse desde el ingreso del funcionario a la institución hasta la fecha del dictamen.

Manifiesta que el 14 de marzo de 2025 tomó conocimiento de la ilegalidad a través de un excompañero de trabajo, quien le informó que otros exfuncionarios de la PDI habían sido favorecidos con fallos que ordenaban a la institución pagar los montos adeudados por asignación de grado efectivo desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021.

Invoca los artículos 97 y 98 del DFL 1/1980 que garantizan el derecho a remuneración íntegra, alegando que la falta de pago de la asignación adeudada vulnera su derecho de propiedad y constituye discriminación arbitraria, pues la PDI, contrariando lo resuelto por la Corte Suprema en causa Rol N° 147.027-2023, ha pagado a otros exfuncionarios, pero no a él.

Pide, se ordene a la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile regularizar el pago por los montos adeudados de la asignación de grado efectivo con gratificación de zona, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es, desde el ingreso del recurrente a la institución hasta la fecha de su retiro efectivo, específicamente hasta el mes de diciembre del año 2019.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 12, comparece la abogada María Inés Wise Díaz de la Vega, quien evacúa informe en representación del Director General de la Policía de Investigaciones.

En primer término, opone la excepción de prescripción de la deuda reclamada, por cuanto, al no consagrar los cuerpos normativos específicos de la PDI un plazo de prescripción para el cobro de asignaciones debe aplicarse supletoriamente el artículo 99 de la Ley N° 18.834, que establece la prescripción del derecho ocurre en seis meses contados desde que se hicieron exigibles. Sostiene que este plazo se cuenta desde que las remuneraciones se devengan conforme al artículo 2.514 del Código Civil, y que la Contraloría General de la República ha confirmado mediante diversos dictámenes que dicho plazo es aplicable al cobro de diferencias por estipendios pagados parcialmente, tanto por error de cálculo como de interpretación normativa, invocando especialmente la reciente Resolución Exenta N° E4997/2025 que ratifica esta interpretación.

En segundo lugar, alega extemporaneidad de la acción, cuestionando que el recurrente afirme haber tomado conocimiento del acto impugnado recién el 14 de marzo de 2025, sin aportar mecanismos fidedignos que acrediten esta fecha, destacando que la declaración jurada acompañada solo demuestra la presencia del declarante en determinado momento, pero no la veracidad de su contenido. Argumenta que, siendo el asunto de público conocimiento en el ámbito policial desde la dictación de sentencias de la Corte Suprema en diciembre de 2022 y 2023 sobre la misma materia, resulta inverosímil el tardío conocimiento alegado por el recurrente, sosteniendo que el plazo debe computarse desde que objetivamente pudo interponerse la acción, pues lo contrario implicaría que el recurso nunca caducaría.

Respecto al fondo del asunto, solicita el rechazo el recurso, con costas, señalando que la Excelentísima Corte Suprema, en recientes fallos de abril a junio de 2025, ha confirmado sentencias que rechazan acciones de protección por los mismos hechos, estableciendo que la pretensión de pago retroactivo de remuneraciones debe ser objeto de pronunciamiento en instancia judicial declarativa correspondiente, toda vez que el derecho a percibir gratificación de zona exige acreditación del desempeño de funciones en lugares sujetos al beneficio mediante procedimiento de lato conocimiento.

Sostiene que el recurso de protección no puede prosperar por no asistir derecho indubitado susceptible de tutela, tratándose de una acción cautelar para asegurar derechos fundamentales y no para perseguir cobro de estipendios, no constituyendo instancia de declaración de derechos individuales sino de protección de aquellos preexistentes e indubitados afectados por acción u omisión ilegal o arbitraria. Añade que la solicitud carece de precisión respecto a montos específicos y método de cálculo, lo que podría generar un vicio de ultra petita en caso de acogerse.

Finalmente, concluye que el recurrente, quien dejó la institución en 2023, no ha especificado los períodos en que presuntamente dejó de percibir montos por concepto de asignación de zona, y que no ha existido acto ilegal o arbitrario que vulnere sus derechos fundamentales, pues la PDI ha realizado todas las actuaciones necesarias para satisfacer el pago a los funcionarios que tienen derecho a la asignación reclamada.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 13, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.-En cuanto a la alegación de prescripción planteada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Primero: Que, basta para rechazar la alegación de prescripción planteada por la recurrida, el hecho de no haberse demostrado que dicho modo de extinguir las obligaciones hubiere sido previamente declarado en sede administrativa o judicial, no siendo procedente tal declaración en esta sede, atento el rol de garante de derechos fundamentales que a esta Corte le compete en el conocimiento de una acción constitucional como la planteada, lo que no permite extenderse a un asunto que es propio de un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

II.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad realizada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Segundo: Que, la alegación de extemporaneidad será desestimada, teniendo únicamente presente que el acto que se califica de ilegal y arbitrario tendría efectos de carácter permanente en el patrimonio del recurrentes, los que se extenderían hasta la actualidad, privándolo de parte de sus remuneraciones que, según su pretensión, debió percibir durante todo el tiempo en que gozó de la gratificación de zona, motivo por el cual el recurso ha sido interpuesto dentro del término de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

III.- En cuanto al fondo del asunto.

Tercero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, a través de esta vía cautelar se pretende que la recurrida regularice los saldos remuneratorios de la "asignación de grado efectivo" código H0050, adeudados al recurrente, por el período que va desde su ingreso a la institución hasta el veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

Quinto: Que, la recurrida informa, en síntesis, que ha actuado conforme a derecho respecto al pago de la asignación de especialidad de grado efectivo, no siendo procedente su cobro por esta vía.

Argumenta que, según el Dictamen N° E98928/2021 de la Contralor a General de la República de 26 de abril de 2021, dicha asignación debe considerarse en la base de cálculo de la gratificación de zona, sin efecto retroactivo. Asevera que no ha existido actuar ilegal o arbitrario que atente contra derechos fundamentales, pues la institución ha realizado todas las actuaciones conforme a las decisiones de la Contraloría, que son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Sexto: Que, en este contexto, y teniendo en consideración lo solicitado en el libelo, el conflicto objeto del recurso no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede la naturaleza y finalidad de la acción de protección, debido a que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados.

Séptimo: Que, en relación con una discrepancia similar de otros funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, se ha establecido í por la Excma. Corte Suprema en el Ingreso Rol N° 14.117-2025, lo siguiente: “QUINTO: Que, como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de la PDI, más allá de abril de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda. En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación de su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la poca en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

SEXTO: Que, por lo explicado en el motivo que antecede, el recurso no podrá prosperar por no asistir un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.”

Octavo: Que, por consiguiente, atendido que el recurso de protección no es la vía idónea para obtener la declaración y el cobro de las pretendidas asignaciones al no constituir un derecho indubitado, la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de prescripción.

II.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad.

III.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1599-2025.