SOCIEDAD DE COBRANZA PAYBACK S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO VALPARAÍSO

Foja: 54 Cincuenta y Cuatro Llg C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 12 comparece don Hernán Marcelo Albornoz Serrano, abogado, en representación de Sociedad de Cobranzas PAYBACK S.A., RUT Nº RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por el Inspector Provincial, doña nombre reservado o quien la subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone que con fecha 16 de enero de 2017 el fiscalizador de la recurrida, dictó la Resolución de Multa Administrativa Nº 6093/17/4, notificada a su parte personalmente el 17 de enero de 2017. En contra de esta Resolución, con fecha 17 de febrero de 2017, presentó una solicitud de reconsideración administrativa ante la recurrida, conforme a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo; sin embargo, con fecha 20 de febrero pasado, se le notificó el Ordinario N°405 de dicha Inspección, resolviendo la inadmisibilidad de dicha solicitud, por cuanto fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de las multas.

Alega que la decisión de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, es un plazo de días hábiles, pues la reconsideración es una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, y éstos tienen una norma especial que los regula y que es la Ley 19.880, la que deberá ser aplicada en forma supletoria y que, en su artículo 25, prescribe que los plazos del procedimiento administrativo que son de días hábiles, entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos. Cita jurisprudencia al respecto.

Sostiene que la actuación denunciada vulnera la garantía de igualdad ante la ley e igual protección en el ejercicio de los derechos, consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando el derecho de acceder a una instancia de reclamación administrativa; y también vulnera la garantía del artículo 19 Nº 3.

Solicita, se acoja el presente recurso, dejando sin efecto la resolución impugnada, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por su parte, con costas.

A fojas 26 se concedió la orden de no innovar solicitada.

A fojas 40 informa la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

Luego de efectuar una síntesis de los hechos que dieron lugar a la fiscalización y a la dictación de la Resolución de Multa Nº 6093/17/4, indica que ésta fue notificada el 17 de enero de 2017. En contra de dicha Resolución, la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa, con fecha 17 de febrero de 2017, esto es, fuera del plazo de 30 días corridos exigidos por la ley, por lo que la Inspección Provincial de Valparaíso, dictó el Ordinario Nº 405, de fecha 20 de febrero, en que se le informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración, por extemporánea.

Alega la improcedencia de la presente acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa de multa; decisión en contra de la cual el ordenamiento jurídico laboral contempla diversas instancias y recursos específicos para impugnarla, no siendo el recurso de protección la vía idónea para reclamar de ésta. En efecto, el ordenamiento jurídico otorga para su impugnación, un procedimiento de reclamación tanto judicial como uno administrativo: el primero, ante el Juez de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo; y el segundo, ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, pudiendo reclamarse judicialmente del resultado de dicha reconsideración ante el Juez de Letras del Trabajo competente, según lo dispone el artículo 512 inciso 2º del citado Código.

Advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal por su parte, que atente contra la garantía de igualdad ante la ley, ya que, por una parte, la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, a los procedimientos establecidos por la Dirección del Trabajo, y al principio de juridicidad previsto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política; y porque, por otra parte, dicha resolución ha sido dictada con fundamento razonable, una vez comprobado que el término de 30 días corridos para deducir la reconsideración administrativa, se encontraba vencido; no existiendo en consecuencia un tratamiento desigual respecto de la recurrente, en tanto ésta será siempre la respuesta que la recurrida dará a cualquier infractor en similares condiciones. Así las cosas, explica que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por los funcionarios de su dependencia, debiendo dicha solicitud efectuarse por escrito y dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución que se impugna; cuestión que, en este caso, no se ha cumplido, dado que notificada la resolución de multa a la recurrente el día 17 de enero de 2017, ésta presentó la solicitud de reconsideración administrativa, el día 17 de febrero del presente, esto es, encontrándose ya vencido el término legal de 30 días corridos con que contaba para hacerlo. Si bien la disposición del artículo 512 del citado Código no señala expresamente si dicho plazo es de días corridos o de días hábiles, para tales efectos debe tenerse a la vista lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Código Civil, los que aplicados en forma armónica con lo previsto en el derecho administrativo, permiten concluir que el referido plazo es de días corridos, lo que resulta reforzado con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 11.764, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público, debiendo el Presidente de la República fijar el horario y establecer sus excepciones en casos calificados. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que en el mismo Formulario Nº 10, de solicitud de reconsideración de multa administrativa, consta, dentro de sus notas importantes, que el plazo para su presentación es de 30 días corridos desde la notificación; además de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que cita al efecto; y las propias Circulares Nº 73, de fecha 8 de junio de 2012, y Nº 96, de fecha 23 de septiembre de 2009, ambas de la Dirección del Trabajo.

Agrega que tampoco existe un acto arbitrario que atente contra el derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que en ningún momento se le ha negado al recurrente el acceso ante la autoridad administrativa y eventualmente judicial, sino que sólo se ha hecho valer un plazo establecido por la ley y no por el Servicio. Así, la recurrida no ha vulnerado el ejercicio de los derechos del recurrente, ya que se limitó a la aplicación de la ley.

Por resolución de fojas 44 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario N° 405, de fecha 20 de febrero de 2017, la recurrida se negó a dar tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa deducida en contra de la resolución de multa Nº 6093/17/4, de fecha 16 de enero de 2017, y notificada a su parte, con fecha 17 de enero del presente año, en atención a que dicha solicitud no había sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 3 de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos, entendiéndose como inhábiles los días sábado, domingo y festivos; de modo tal que la solicitud de reconsideración administrativa ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

TERCERO: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando, en primer término, que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que, en cuanto al fondo de recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; precisando al respecto que a falta de regla en el artículo 512 del Código del Trabajo, que determine expresamente si dicho plazo es de días corridos o hábiles, debe estarse a las disposiciones comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole a aquel término la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de las garantías que se reclaman conculcadas por la actora.

CUARTO: Que si bien el recurrente tiene otras vías jurisdiccionales para impugnar el acto administrativo contra el que recurre, no es menos cierto que la propia Constitución autoriza a deducir la presente vía, sin perjuicio de otros derechos, de manera que debe desestimarse la inadmisibilidad planteada por la recurrida a este respecto.

QUINTO: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

SEXTO: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedentes allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue presentada por la recurrente, el día 17 de febrero de 2017, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 17 de enero del presente año, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

SEPTIMO: Que la indicada actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona que deduce el recurso dentro de plazo para que se reconsidere la aplicación de la multa administrativa como la impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho. Criterio que esta Corte ha sostenido en los Roles N° 7294-2016, N° 146-2017 y N° 785-2017.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 12 por don Hernán Marcelo Albornoz Serrano, en representación de Sociedad de Cobranzas PAYBACK S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Valparaíso, y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 17 de febrero de 2017, deducida por la recurrente en contra de la Resolución de Multa Administrativa Nº 6093/17/4, de fecha 16 de enero de 2017.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 1594-2017.