nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA Y OTRA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., y de la Superintendencia de Pensiones, por el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales bajo el amparo de la Ley N° 18.156.

Explica que, la recurrente es de nacionalidad venezolana, prestó servicios en Chile, período durante el cual se le descontaron y enteraron cotizaciones previsionales, no obstante haber manifestado por escrito su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional de su país de origen, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156. Señala que, el 16 de enero de 2026, ingresó solicitud de devolución de fondos previsionales ante AFP ProVida S.A., con preingreso N° 2679, acompañando los antecedentes que estimó pertinentes. Agrega que, el 19 de enero de 2026, la recurrida le comunicó por correo electrónico el rechazo de su solicitud, fundando el mismo en la falta de constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señalando además que el documento aportado correspondía a una constancia de cotización y no al documento requerido. Indica que, ante dicho rechazo, el día 21 de enero de 2026, dedujo reclamo administrativo ante la Superintendencia de Pensiones, acompañando nuevamente constancia de cotización por ser el único documento disponible para acreditar su afiliación al sistema de seguridad social venezolano, junto con carta explicativa que daba cuenta de la imposibilidad material de apostillar el documento en razón del cierre diplomático entre Chile y Venezuela.

Expone que, el 05 de febrero de 2026, la Superintendencia de Pensiones le comunicó que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no bastaba un documento que señalara en forma genérica las coberturas de seguridad social, requiriéndose una certificación de la institución de seguridad social debidamente legalizada o apostillada.

Señala que, la Ley N° 18.156 no contempla en ninguna de sus disposiciones la exigencia de apostilla o legalización consular de los documentos que acrediten la afiliación previsional en el país de origen, por lo que el rechazo basado en dicha formalidad constituye una imposición de requisitos extralegales que vulnera los derechos constitucionales de la recurrente. Añade que, debido al cierre diplomático entre Chile y Venezuela, la recurrente se encontraba en imposibilidad material de obtener la legalización exigida por las recurridas.

Concluye solicitando que tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de AFP ProVida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, declarando que el rechazo de 05 de febrero de 2026 constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República, ordenando a las recurridas reconocer como válida la documentación acompañada, dar curso a la solicitud de retiro de fondos de la recurrente y efectuar la devolución íntegra de los fondos previsionales dentro del plazo que S.S. determine.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Comprobante de solicitud; b) Cédula de identidad para extranjeros de la recurrente; c) Constancia de IVSS mes de enero y febrero de 2026; d) Correo con rechazo de AFP ProVida S.A. de 19 de enero de 2026; e) Reclamo ante la Superintendencia de Pensiones; f) Rechazo de 05 de febrero de 2026; g) Certificado de residencia que acredita domicilio; h) Título profesional apostillado, que acredita profesión y contrato con sus anexos; i) Imágenes que muestran sistema de apostilla y legalización venezolano; j) Oficio de organismo público en Venezuela que no permite apostillas de declaración jurada.

A folio 5, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. Sostiene que, como cuestión previa, la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, toda vez que no existe un derecho indubitado sino uno controvertido, por lo que no resulta procedente la interposición del presente recurso de protección, debiendo la recurrente acudir a un procedimiento de lato conocimiento.

Señala que, AFP ProVida rechazó el 19 de enero y el 5 de febrero de 2026 la solicitud de la recurrente por falta de constancia de afiliación vigente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, añadiendo que el documento aportado correspondía a una constancia de cotización sin firma y no al documento requerido. Indica que para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no basta un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, requiriéndose certificación específica de la autoridad previsional competente debidamente legalizada o apostillada.

Agrega que, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas y que se limiten a mencionar genéricamente las coberturas del sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional exigido en la referida norma, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Precisa, además, que el anexo de contrato de trabajo acompañado, de 1 de diciembre de 2022, da cuenta de una contradicción en la voluntad de la recurrente respecto del régimen previsional al cual deseaba mantenerse afiliada, toda vez que en dicho instrumento se consigna su ingreso a la empresa el 16 de diciembre de 2019 cotizando en el régimen previsional chileno, manifestando recién en 2022 su voluntad de permanecer afiliada al sistema previsional extranjero. Indica que, la recurrente cuenta con residencia definitiva y cédula de identidad chilena permanente, lo que no garantiza su retorno a Venezuela y generaría un riesgo de que sus fondos previsionales deban ser cubiertos con fondos fiscales. Sostiene que su actuación se ha ajustado en todo momento a la normativa legal y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en contra de AFP ProVida S.A., con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Copia del Oficio de la Superintendencia de Pensiones N° 12954-2025 de 17 de julio de 2025; b) Copia del Oficio de la Superintendencia de Pensiones N° 21880 de 17 de noviembre de 2025; c) Copia de personería para actuar en representación de AFP ProVida S.A.

A folio 11, informa la Superintendencia de Pensiones. Sostiene, como cuestión previa, que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, por cuanto la acción de protección tiene por finalidad amparar el ejercicio de derechos indubitados y preexistentes, y no constituye una vía idónea para declarar derechos controvertidos que deben ser determinados en un procedimiento de lato conocimiento.

Señala que, la actora acredita su calidad de técnico extranjero, pero la documentación presentada no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156. Indica que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por la recurrente carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, sin que el código de verificación electrónica sea suficiente para sustituir los requisitos legales vigentes. Agrega que, el anexo de contrato de trabajo de 1 de diciembre de 2022 evidencia una contradicción respecto del régimen previsional en el cual debía cotizar la recurrente, añadiendo que la recurrente no acredita estar cubierta por algún régimen previsional de su país de origen por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Sostiene, además, que la alegación de caso fortuito o fuerza mayor fundada en el término de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela resulta insuficiente, pues la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha precisado que dicha circunstancia dificulta pero no hace imposible el cumplimiento del requisito de apostilla, toda vez que el trámite puede realizarse a través de países que mantienen relaciones con Venezuela o mediante el portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela. Destaca, finalmente, que la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, lo que podría generar una carga fiscal al Estado en el futuro.

Finalmente pide, declarar improcedente el recurso de protección deducido por la parte recurrente en contra de esta Superintendencia, porque la materia por la que se recurre excede el ámbito de la acción de protección y en subsidio, que se rechace el recurso de protección deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, con condena en costas de doña nombre reservado.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A, por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, las recurridas sostienen, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haber acompañado el certificado vigente de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado y además no siendo suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, requiriéndose certificación específica de la autoridad previsional.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, el documento presentado por la actora "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional y para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no bastando un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, requiriéndose certificación específica de la autoridad previsional competente debidamente legalizada o apostillada.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1583-2026.