nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTROS

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolana, en contra de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación por esta última de la Resolución Exenta N° 33497 de 16 de septiembre de 2024, la que le fue notificada el 26 de diciembre de 2024, y que rechazó el otorgamiento del permiso de residencia temporal excepcional en el país a la actora, vulnerando así su garantía fundamental de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la actora ingresó a Chile por un paso no habilitado, y que, posteriormente y de manera voluntaria, hizo la declaración de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones, realizando el empadronamiento biométrico.

Expone que, con el objetivo de residir legalmente en Chile, presentó el 18 de junio de 2024 una solicitud de Regularización Extraordinaria ante la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme al artículo 155 N°1 de la Ley 21.325, no obstante, el 26 de diciembre de 2024 fue notificada de la Resolución Exenta N°33497, que rechazó su solicitud por considerar que no aportó antecedentes suficientes para ser evaluada como un caso calificado o humanitario, considerando su situación como genérica y aplicable a muchas personas en condiciones similares.

Sobre el particular, argumenta que el Servicio Nacional de Migraciones debió requerirle antecedentes adicionales, según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880, lo que no ocurrió, configurando así una falta en el procedimiento.

Sostiene que la recurrente cuenta con un núcleo familiar en Chile, compuesto por su madre, nombre reservado, y su pareja, nombre reservado, ambos residentes definitivos. Además, señala que posee recursos económicos suficientes para su manutención, respaldados por una declaración jurada de expensas y una oferta laboral como supervisora de ventas, lo que evidencia que no constituye una carga social para el Estado, sino un aporte a la economía local. Indica que también cuenta con un certificado de antecedentes penales limpio de su país de origen, debidamente apostillado.

Afirma que la resolución impugnada afecta gravemente su situación migratoria y, que la negativa de la autoridad, sin solicitar información adicional ni considerar adecuadamente sus antecedentes personales, resulta genérica y desproporcionada.

Argumenta que ha existido un ejercicio arbitrario de la discrecionalidad administrativa y señala que la Ley N°19.880 establece que, ante solicitudes incompletas, la Administración debe requerir antecedentes adicionales, lo que no ocurrió en este caso, vulnerando también los principios de razonabilidad y debido proceso.

Refiere que el proceso de regularización extraordinaria permite al Subsecretario del Interior resolver solicitudes migratorias considerando factores excepcionales como la reunificación familiar, contribución al país y arraigo social y laboral. En este sentido, afirma que la falta de consideración del arraigo y aporte al país de la recurrente hace que la decisión resulte arbitraria y desproporcionada.

Pide se adopten las medidas pertinentes para que la recurrente pueda demostrar su situación calificada o humanitaria, garantizando así el respeto al debido proceso y al control judicial sobre la discrecionalidad administrativa.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 6, evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones.

Explica que la regularización de la condición migratoria, actualmente se encuentra normada por la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, que otorga a la Subsecretaría del Interior la facultad de establecer mecanismos de regularización para extranjeros en situación irregular. Indica que la resolución impugnada fue emitida por autoridad competente y dentro de su ámbito legal, en ejercicio de una facultad excepcional establecida en el artículo 155 N° 9 de la Ley 21.325, que permite otorgar permisos de residencia temporal en casos calificados o humanitarios.

Afirma que, en este caso, la recurrente ejerció su derecho de petición, pero la carga de aportar antecedentes suficientes para justificar su regularización recae en ella. Añade que la Administración no estaba obligada a solicitar antecedentes adicionales si la solicitud inicial cumplía con los requisitos mínimos legales, conforme al artículo 31 de la Ley 19.880, resultando improcedente cuestionar la falta de requerimientos adicionales.

Finalmente, hace presente que es incompetente para informar sobre los hechos narrados por la recurrente, ya que la solicitud de regularización migratoria en virtud del artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley 21.325 corresponde a la Subsecretaría del Interior y, solicita el rechazo de la acción respecto a su parte, toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal dictado por ésta que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por la requerida A folio 9, evacúa informe la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaria del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, explica la Ley N° 21.325 contempla dos hipótesis de regularización migratoria: una de carácter general, sujeta a procesos reglados y públicos, y otra excepcional, que permite el otorgamiento de permisos de residencia temporal por motivos calificados o humanitarios, a discreción del Subsecretario del Interior. Con la entrada en vigor de la mencionada ley el 12 de febrero de 2022, toda solicitud de regularización migratoria debe resolverse conforme a sus disposiciones, incluso si fue presentada bajo la vigencia del derogado Decreto Ley N° 1.094 de 1975, restringiendo el margen de discrecionalidad de la autoridad, limitando la regularización general a mecanismos previamente definidos, que en la actualidad no se encuentran vigentes.

De ahí que, en la actualidad, sea improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratorias efectuadas por personas extranjeras al alero de lo dispuesto en el artículo 155 N°8 de la Ley N°21.325, por cuanto, no existen procedimientos vigentes de general aplicación que la autoridad haya dispuesto para tales efectos. Por lo mismo, cualquier solicitud que aquellas puedan realizar en estas materias solo pueden tramitarse como solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la misma ley.

Añade que la facultad de otorgar permisos de residencia temporal por parte del Subsecretario del Interior es excepcional y reservada para casos calificados o humanitarios, limitando su uso debido al impacto en diversas políticas públicas y a la necesidad de cumplir requisitos establecidos por la ley para solicitar residencia.

Argumenta que, en este caso, el rechazo de la solicitud de regularización migratoria de la recurrente se fundamenta en que los antecedentes aportados no configuraron un caso excepcional o humanitario, pese a ser considerados efectivos, haciendo presente que es responsabilidad del solicitante aportar pruebas suficientes que justifiquen su petición.

Destaca que las decisiones de la Subsecretaría se ajustan al marco legal y han sido respaldadas por fallos de tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema, que ha establecido que un arraigo familiar o laboral debe ser significativo y acompañado de un arraigo social también relevante, lo cual no se verificó en el caso de la recurrente.

Arguye que la acción debe ser rechazada, y debe condenarse en costas al actor, pues la facultad del Subsecretario es excepcional y no constituye un derecho exigible. La autoridad administrativa concluyó fundadamente, tras evaluar los antecedentes, que no se configuraban condiciones excepcionales, no estando obligada a aceptar solicitudes basadas en circunstancias genéricas ni a requerir antecedentes adicionales si la solicitud inicial cumple con los requisitos mínimos del artículo 31 de la Ley N° 19.880. En este caso, el actor no acreditó un arraigo significativo laboral, familiar o social, requisito esencial para este tipo de solicitudes y así, en vista de que su situación no era susceptible de una consideración especial, no correspondía acogerlo en base a facultades de excepcional aplicación.

Finalmente, alega que, por esta vía jurisdiccional, de naturaleza cautelar y de emergencia, no es pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, concluyendo además que acoger esta acción vulneraría la igualdad ante la ley al otorgar un trato preferente injustificado al actor frente a otros extranjeros en situaciones similares.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por esta vía cautelar se reclama la ilegalidad de la Resolución N°33497, de dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro dictada por el Subsecretario del Interior, mediante la cual se rechazó su solicitud de regularización migratoria extraordinaria de la recurrente, por estimar que no aportó antecedentes suficientes que permitan considerar que se está ante un caso calificado o humanitario.

Tercero: Que, por su parte, las recurridas aludieron a que se trata de una facultad extraordinaria de la Subsecretaria del Interior, que el peticionario no acreditó encontrarse en el supuesto legal, no estando obligada la autoridad a aceptar solicitudes basadas en circunstancias genéricas ni a requerir antecedentes adicionales si la solicitud inicial cumple con los requisitos mínimos del artículo 31 de la Ley N° 19.880.

Cuarto: Que, el artículo 155 de la Ley N°21.325 señala en sus N°8 y 9, que corresponde a la Subsecretaría del Interior, disponer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y, además, disponer en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes acompañados, consta que la actora no tiene antecedentes penales en su país de origen, pudiendo concluir, además, que cuenta con arraigo familiar en el territorio nacional, según se acredita con los certificados de nacimiento de su madre y pareja, ambos residentes definitivos y que acompaña a folio 1 con su recurso. Además, adjunta declaración jurada de expensas, declaración de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y oferta de trabajo, lo que da cuenta de su intención de establecerse laboralmente en el país.

Sexto: Que, lo anteriormente expuesto, y sin desconocer la atribución de la recurrida Subsecretaria del Interior, permite concluir que su decisión ocasionaría un daño a la amparada en su desarrollo como persona y a la integridad de su núcleo familiar, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado otorgarle protección y propender a su fortalecimiento, considerando además que, de conformidad al artículo 7° de la Ley N°21.324, el Estado debe promover que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país; razones por las que se acogerá este arbitrio como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°33497 de dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro dictada por la primera, debiendo dicha autoridad recurrida realizar una nueva revisión de los antecedentes de la solicitante, considerando los documentos acompañados a este recurso y, luego, resolver como en derecho corresponda.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-158-2025.

En Valparaíso, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.