nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. debido a que mediante comunicación de fecha 28 de enero de 2026 se rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales como trabajador extranjero, configurándose un acto arbitrario e ilegal al exigir requisitos no contemplados en la Ley N°18.156 y negar la devolución de sus fondos, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley) y N°24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República.

El recurrente señala que es trabajador de nacionalidad venezolana y solicitó a la AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, mediante la plataforma web habilitada para tales efectos, adjuntando toda la documentación requerida, entre ellos su contrato de trabajo, anexo de contrato, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), título profesional y declaración jurada ante notario.

Indica que la AFP rechazó la solicitud argumentando que la constancia de afiliación al sistema previsional venezolano no se encontraba legalizada ni apostillada, pese a que se trata de un documento oficial emitido electrónicamente por el IVSS y verificable en línea mediante código de validación, además de haber sido complementado con una declaración jurada suscrita ante notario en Chile.

Agrega que actualmente existe imposibilidad material de obtener legalización consular de dichos documentos debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito o fuerza mayor, por lo que exigir tal formalidad resulta desproporcionado. Asimismo, señala que otras administradoras de fondos de pensiones, como AFP Cuprum, han aceptado documentos con las mismas formalidades para autorizar el retiro de fondos, evidenciando un trato desigual.

Sostiene que cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, que permiten a trabajadores extranjeros retirar los fondos previsionales depositados en una AFP cuando acreditan afiliación a un sistema de seguridad social en su país de origen, por lo que la negativa de la recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal que impide disponer de sus propios ahorros previsionales.

Solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a la AFP recurrida reconocer la validez de los documentos presentados y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho respecto de su solicitud de devolución de fondos previsionales, dentro del plazo que el tribunal estime pertinente, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, Informa la Superintendencia de Pensiones indicando que el recurrente no registra reclamo alguno ante la Superintendencia de Pensiones respecto de los hechos que motivan la acción constitucional, por lo que dicho organismo no cuenta con antecedentes administrativos relativos al caso que permitan pronunciarse sobre la situación particular del afiliado.

Explica además que, conforme a la legislación chilena, la regla general es que todo trabajador que presta servicios en Chile debe cotizar en el sistema previsional nacional, siendo la Ley N°18.156 una norma de excepción, aplicable únicamente a trabajadores técnicos extranjeros que acrediten copulativamente encontrarse afiliados a un sistema previsional en su país de origen y haber manifestado en su contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Agrega que, de acuerdo con la normativa administrativa vigente y la jurisprudencia de la propia Superintendencia, para acreditar la cobertura previsional en el extranjero se requiere un certificado emitido por la autoridad previsional competente, debidamente legalizado o apostillado, que indique expresamente la cobertura frente a contingencias como enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que el trabajador prestó servicios en Chile.

Indica que los documentos acompañados por el recurrente consistentes en una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada no cumplen con dichos requisitos, por cuanto no se encuentran firmados ni apostillados, ni acreditan de manera específica la cobertura previsional exigida por la ley, por lo que no constituyen medios idóneos para acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable.

A folio 6, informa la recurrida AFP Modelo S.A, solicitando el rechazo del recurso. Señala que el recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales invocando el beneficio previsto en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para dicho beneficio.

Expone que el actor acompañó como antecedente una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el sistema previsional venezolano, documento que no cumple con las exigencias normativas, por cuanto no constituye un certificado de afiliación, no especifica las coberturas previsionales del trabajador, carece de firma de la autoridad emisora y tampoco se encuentra debidamente legalizado o apostillado. Agrega que la normativa exige acreditar, mediante certificación válida de la institución de seguridad social extranjera, que el trabajador cuenta con cobertura previsional en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que en la especie no se verificó. Por lo anterior, sostiene que la administradora actuó conforme a la normativa aplicable y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en acto ilegal ni arbitrario.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1578-2026.

En Valparaíso, once de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.