nombre reservado con HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, Edison Patricio Orellana Ramos, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, enfermera, y en contra del Hospital Carlos Van Buren, representado por su director nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento del 100% de su remuneración mensual ejecutado en enero de 2026, lo que estima vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente ingresó a trabajar al Hospital Carlos Van Buren el 20 de febrero de 2012, desempeñándose actualmente como enfermera titular, grado 14, en la Unidad de G.R.D. Señala que, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, hizo uso de cuatro licencias médicas por un total de 120 días, motivadas por afecciones de salud mental derivadas de un accidente con riesgo vital sufrido por su hermana y el diagnóstico de TEA y TDAH de su hijo, situaciones que derivaron en un cuadro de estrés postraumático y depresión. Indica que dichas licencias fueron rechazadas por la COMPIN, lo que fue comunicado mediante la Resolución Exenta N° 948 de 18 de febrero de 2025, acto que informaba el derecho a solicitar facilidades de pago ante la Contraloría General de la República bajo apercibimiento de reintegro por un total de $7.525.816. Asevera que, con fecha 5 de diciembre de 2025, se dictó la Resolución Exenta N° 7149 ordenando el reintegro de la citada suma, pero sin especificar una modalidad o plazo de pago, por lo que dicho acto no autorizaba el descuento íntegro del haber mensual.

Argumenta que, tras ser notificada de la deuda el 9 de diciembre de 2025, procedió a presentar una solicitud de condonación y facilidades de pago ante la Contraloría el 15 de diciembre de 2025 (Folio E179125), gestión que se encuentra actualmente en trámite y en conocimiento del recurrido. No obstante, lo anterior, sostiene que el día 23 de enero de 2026 recibió su liquidación de sueldo con un monto líquido a pagar de $0, producto de un descuento por "reintegro licencia médica" ascendente a $1.341.403. Afirma que el acto es ilegal por contravenir la Ley N° 19.880, toda vez que la decisión de dejarla sin remuneración es una vía de hecho que no fue plasmada en un acto administrativo fundado. Aduce además una infracción al Dictamen N° 56.059 de la Contraloría, que obliga a los empleadores a consultar previamente al funcionario si ejercerá el derecho a solicitar facilidades antes de ejecutar retenciones. Sostiene asimismo que se vulneró el artículo 67 de la Ley N° 10.336, que limita los descuentos por beneficios percibidos indebidamente al 50% de la remuneración mensual.

Menciona que el acto impugnado vulnera su integridad psíquica, al provocarle una profunda angustia por la falta de ingresos frente a los gastos escolares de marzo y el desconocimiento de su trayectoria institucional; su derecho de propiedad sobre las remuneraciones que emanan de su vínculo laboral y que integran su patrimonio; y la libertad de trabajo, al verse privada de una justa retribución a pesar de haber desempeñado sus funciones con normalidad.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se dejen sin efecto los descuentos realizados, se ordene la restitución de las sumas que dejaron su sueldo en valor cero y se disponga que cualquier descuento futuro se ajuste al límite legal del 50% mientras se resuelve la solicitud ante la Contraloría, con costas.

A folio 11, evacúa informe nombre reservado, Contralora Regional de Valparaíso. Indica que, de conformidad con el artículo 67 de la Ley N° 10.336, se tramitó la solicitud de la recurrente (referencia E175976 de 2025) para obtener condonación o facilidades de pago respecto del reintegro de $7.525.816, derivado de remuneraciones percibidas por licencias médicas rechazadas entre febrero de 2024 y febrero de 2025. Expone que, tras el examen de las liquidaciones de sueldo de la funcionaria correspondientes a los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, se advirtió que el Hospital Carlos Van Buren ejecutó descuentos por las sumas de $1.341.290, $796.104 y $1.341.403, respectivamente. Señala que solo en febrero de 2026 se puso en conocimiento de la autoridad hospitalaria la existencia de la solicitud de beneficios presentada ante el órgano de control. Informa que, mediante la Resolución Exenta N° RE6450/2026 de 27 de febrero de 2026, se determinó denegar la condonación total o parcial de la deuda por no configurarse una "justa causa de error", pero se resolvió acceder, en subsidio, a que el saldo de la deuda ascendente a $4.047.019 sea solucionado en 24 parcialidades mensuales, equivalentes cada una a 2,4248 UTM al valor vigente al momento del descuento.

A folio 15, evacúa informe Mariam Amira Anais Ledezma, abogada, en representación del Hospital Carlos Van Buren. Expone que la actuación de la institución se ajustó estrictamente al principio de legalidad y a la normativa estatutaria. Sostiene que, mediante la Resolución Exenta N° 948 de 18 de febrero de 2025, se notificó a la recurrente la obligación de reintegrar $7.525.816 por licencias rechazadas, informándole expresamente su derecho a solicitar facilidades ante la Contraloría en un plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de gestionar los descuentos en caso de inacción. Señala que dicho acto administrativo imponía a la funcionaria la carga de acreditar por escrito ante la Unidad de Análisis de Recursos Humanos la presentación de tal solicitud, obligación que no cumplió dentro del término legal. Indica que, ante la extemporaneidad y el transcurso de un plazo prudente, se dictó la Resolución Exenta N° 7149 el 5 de diciembre de 2025 para materializar el cobro.

Argumenta que, jurídicamente, el rechazo de una licencia médica transforma el ausentismo en injustificado, resultando imperativa la aplicación del artículo 72 del Estatuto Administrativo, el cual prohíbe el pago de remuneraciones por tiempo no trabajado y ordena a los habilitados realizar los descuentos mensuales pertinentes. Sostiene que a diferencia del artículo 67 de la Ley N° 10.336 —que rige las facultades de la Contraloría—, el Estatuto Administrativo no establece límites porcentuales para los descuentos derivados de ausencias injustificadas. Aduce que esta interpretación se sustenta en la jurisprudencia administrativa obligatoria, citando el Dictamen N° 7.207 de 2007, que establece que estas deducciones son obligatorias por ley y no se encuentran afectas a ningún límite de monto cuando se ejecutan en la remuneración inmediata siguiente. Asevera que la recurrente presentó su solicitud ante el órgano contralor recién los días 12 y 19 de diciembre de 2025, es decir, diez meses después de la notificación original y de forma absolutamente extemporánea, cuando el proceso de reintegro ya estaba en curso. Finalmente pide el rechazo del recurso, afirmando que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues el nosocomio actuó en resguardo del patrimonio público y conforme a sus potestades de imperio.

A folio 17, evacúa nuevo informe Mariam Amira Anais Ledezma, abogada, en representación del recurrido, dando cuenta del cumplimiento de la orden de no innovar. Señala que, aunque esta Ilustrísima Corte concedió la medida cautelar con fecha 19 de febrero de 2026, estableciendo un límite a los descuentos de solo el 50% de la remuneración, no resultó factible dar cumplimiento inmediato a dicha orden para el proceso de pago de ese mismo mes. Expone al respecto que la cercanía de la fecha de pago de los funcionarios del establecimiento, fijada para los días 24 de cada mes, sumada a los plazos administrativos requeridos para remitir la información de retenciones al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, imposibilitaron el ajuste del descuento de febrero. Sin perjuicio de lo anterior, afirma que con fecha 24 de marzo de 2026 se procedió a la devolución del 50% de lo retenido a la recurrente, lo que asciende a la suma de $705.872, monto que fue enviado mediante transferencia electrónica de fondos, solicitando en consecuencia que se tenga por cumplida la orden de S.S. Iltma.

A folio 18, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el descuento del 100% de la remuneración mensual de la recurrente de enero de 2026 ascendente a $1.341.403, alegando que el hospital recurrido ejecutó la retención sin un acto administrativo que autorizara dicha modalidad y vulnerando el límite legal del 50% de descuento sobre el sueldo mensual, solicitando que se restituyan los montos percibidos en exceso y se ajusten los descuentos futuros al marco legal.

Tercero: Que, el recurrido justifica su actuar en la obligación de descontar el tiempo no trabajado según el artículo 72 del Estatuto Administrativo, mientras que la Contraloría informa que ya regularizó la situación mediante la Resolución RE6450/2026, otorgando 24 cuotas para solventar el saldo de $4.047.019 que resta tras los descuentos ya efectuados, habiendo el Hospital restituido la suma de $705.872 en cumplimiento de la orden de no innovar, por concepto de remuneración de febrero de 2026.

Cuarto: Que, entrando al análisis de la controversia, es un hecho no cuestionado que la recurrente percibió en el mes de enero de 2026 una remuneración líquida de cero pesos, producto de la ejecución íntegra de un descuento por concepto de reintegro de licencias médicas rechazadas. Si bien el Hospital recurrido ampara su decisión en la aplicación del artículo 72 del Estatuto Administrativo y en la naturaleza obligatoria de recuperar fondos públicos por días no trabajados, tal potestad no puede ejercerse de forma aislada, prescindiendo de los límites que imponen la razonabilidad y la justicia social.

Quinto: Que la jurisprudencia ha asentado que la remuneración no representa únicamente un crédito de naturaleza patrimonial para el trabajador, sino que constituye su fuente esencial de manutención. Al privar a la funcionaria de la totalidad de sus ingresos mensuales, el acto administrativo muta desde una legítima pretensión de cobro hacia una medida desproporcionada que anula la dignidad del trabajador, situándolo en una posición de vulnerabilidad al dejarlo sin los medios básicos para proveer a su propia subsistencia y la de su familia.

Sexto: Que, esta protección del salario como sustento vital se encuentra consagrada en el estándar internacional de derechos humanos que integra nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana. En el mismo sentido, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a una remuneración que proporcione condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias.

Séptimo: Que, por consiguiente, aun cuando el recurrido actúe bajo el imperativo de resguardar el patrimonio público, la ejecución de un descuento que absorbe el cien por ciento de la remuneración mensual de la funcionaria deviene en un acto arbitrario por carecer de proporcionalidad, máxime tomando en consideración la finalidad reseñada respecto de la función de la remuneración. La autoridad omitió ponderar el impacto vital de dejar sin ingresos a una servidora pública, desconociendo que cualquier procedimiento de reintegro debe armonizarse con el respeto al mínimo vital, estándar que fue claramente franqueado en la especie.

Lo anterior es de toda lógica, tanto es así que el sistema jurídico chileno en su conjunto protege las remuneraciones de las personas trabajadoras incluso para hipótesis de créditos de gran importancia, como lo es por razón de alimentos en el artículo 7º de la Ley 14.908, o descuentos remuneracionales aplicables en el sector privado, contenido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo.

Octavo: En consecuencia, al haberse acreditado una afectación al derecho de propiedad de la recurrente sobre su justa retribución y una amenaza a su integridad psíquica y sustento básico, la presente acción debe ser acogida para restablecer el equilibrio quebrantado por el acto impugnado.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Hospital Carlos Van Buren, disponiéndose que la institución recurrida proceder a la restitución del 50% de la remuneración mensual correspondiente al mes de enero de 2026, sin que ello signifique condonación de deuda alguna. Dicha suma que deberá ser entregada a la recurrente en el plazo de cinco días hábiles desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1577-2026.