nombre reservado con MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, venezolano, quien interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la negativa de dicho órgano a reconocer y registrar su título profesional de médico cirujano obtenido en la Universidad Federal do Espírito Santo, Brasil, estimando vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que cuenta con residencia definitiva en Chile desde el año 2020, obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal do Espírito Santo, Brasil, en el año 1979, y que completó su proceso de validación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.

Señala que, en agosto de 2025, solicitó ante el Departamento de Reconocimiento y Registro de Títulos y Diplomas el reconocimiento y registro de su título profesional, atendido lo informado por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web, en el que se indica que el trámite se encuentra disponible para chilenos y extranjeros que hubieren obtenido un título en alguno de los países con los que Chile ha celebrado tratado bilateral o multilateral.

Refiere que inició dicho trámite mediante la solicitud de traducción oficial de documentos emitidos por autoridades brasileñas, las que fueron realizadas y aceptadas por el referido departamento.

Indica que el 7 de enero de 2026 fue informado de la negativa al reconocimiento y registro de su título, fundada en su nacionalidad de origen, motivo por el cual interpuso recurso de reposición, el que fue resuelto el 26 de enero de 2026, rechazándose su solicitud sobre la base de que el convenio aplicable comprende únicamente a personas de nacionalidad chilena o brasileña, precisándose que él posee nacionalidades venezolana y nicaragüense.

Sostiene que dicha decisión vulnera su derecho al trabajo, por cuanto le impide ejercer su profesión de médico cirujano en Chile, siendo éste el último requisito exigido luego de haber aprobado el EUNACOM. Añade que su residencia definitiva lo habilita para desarrollar cualquier actividad lícita, especialmente su profesión.

Afirma que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley N°21.325, los extranjeros gozan de los mismos derechos en materia laboral que los chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones legales en casos determinados, y que tanto el Código del Trabajo como el Estatuto Administrativo y la referida ley establecen igualdad de condición entre chilenos y extranjeros con residencia definitiva en materia laboral, por lo que estima que la negativa del Ministerio constituye un acto arbitrario.

Sostiene, asimismo, que la actuación recurrida vulnera sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, propiedad, libertad de trabajo y derecho a desarrollar cualquier actividad económica, desde que se le priva de la posibilidad de ejercer su profesión, obtener sustento y desarrollar una actividad económica lícita.

Finalmente, expone que también se han vulnerado los derechos que, en su calidad de persona mayor, le reconoce la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, indicando que tiene 71 años de edad y que su interés es ejercer su especialidad en traumatología y pie diabético.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare que la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores de negar el reconocimiento y registro de su título profesional es ilegal y arbitraria, y se ordene a dicha repartición reconocer y registrar su título de médico cirujano otorgado por la Universidad Federal do Espírito Santo, o lo que esta Corte estime pertinente.

A folio 5, informa la Directora General de Asuntos Consulares, Inmigración y chilenos en el Exterior, solicitando el rechazo del recurso. Sostiene, en síntesis, que no existe acto ilegal ni arbitrario por parte de esa autoridad, pues la decisión impugnada se ajustó al marco normativo vigente en materia de reconocimiento de títulos extranjeros.

Expone que, como regla general, la facultad de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero corresponde a la Universidad de Chile, conforme al artículo 6° de sus Estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Agrega que Chile mantiene diversos convenios sobre reconocimiento de títulos, entre ellos un acuerdo bilateral con Brasil, cuyo conocimiento corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señala que las solicitudes de reconocimiento de títulos de competencia de esa Secretaría de Estado se reciben a través de una plataforma en línea, en la cual se publican los requisitos del trámite, debiendo el solicitante acompañar, entre otros antecedentes, el título apostillado o legalizado, certificado de notas, certificado de existencia legal de la institución educacional, documento de identidad y, en su caso, traducciones. Indica que, una vez ingresada la solicitud, ésta pasa por etapas sucesivas de revisión documental, entrevista personal y análisis jurídico, y que, si en esta última etapa se advierte alguna causal de inaplicabilidad del convenio invocado, la solicitud es rechazada.

En cuanto al Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre Chile y Brasil, refiere que fue suscrito en Brasilia el 23 de diciembre de 1976, promulgado en Chile por Decreto N°750/1979 y publicado en el Diario Oficial el 1 de febrero de 1979. Expone que su artículo 1° establece que los Gobiernos de Chile y Brasil se comprometen a promover el intercambio cultural entre chilenos y brasileños, y que su artículo 5° dispone que los diplomas y títulos para el ejercicio de profesiones liberales y técnicas expedidos por instituciones de enseñanza superior de una de las partes contratantes tendrán plena validez en el territorio de la otra, una vez satisfechas las formalidades legales de cada parte. A partir de ello, sostiene que el convenio tiene por finalidad beneficiar a personas de nacionalidad chilena o brasileña.

En relación con la situación del actor, informa que el 8 de octubre de 2025 éste ingresó, a través de la plataforma web del Ministerio, una solicitud para reconocer su título de médico, expedido el 27 de noviembre de 1992 por la Universidade Federal do Espírito Santo, de Brasil. Añade que, en un primer análisis efectuado el 28 de octubre de 2025, se le requirió corregir documentos y acompañar su pasaporte, por cuanto en el formulario había indicado nacionalidad chilena sin adjuntar documento de identidad que permitiera verificarlo.

Sostiene que, el 15 de diciembre de 2025, el solicitante cargó nuevos archivos en la plataforma, acompañando pasaporte de la República de Nicaragua, pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela y cédula de identidad para extranjero de nacionalidad venezolana. Indica que, a la vista de tales antecedentes, el 7 de enero de 2026 la analista derivó la solicitud a consulta jurídica para obtener un pronunciamiento sobre la procedencia de continuar su tramitación y sobre el cumplimiento de los requisitos legales.

Agrega que, en dicha instancia, se verificó que el actor posee nacionalidades nicaragüense y venezolana, por lo que, el mismo día se rechazó su solicitud de reconocimiento de título, por no cumplir con el requisito de nacionalidad exigido para la aplicación del convenio invocado, esto es, ser chileno o brasileño.

Finalmente, sostiene que la acción de protección es improcedente, por cuanto los convenios de reconocimiento de títulos de competencia del Ministerio exigen, para su aplicación, que los estudios se hayan realizado en el país de origen del título y que la nacionalidad del solicitante sea chilena o del país en que aquél fue otorgado. Afirma que tales instrumentos fueron celebrados considerando los sistemas educativos de los países involucrados y con la finalidad de beneficiar únicamente a sus respectivos nacionales. En consecuencia, concluye que el actor no cumple con uno de los factores de conexión necesarios para invocar el convenio entre Chile y Brasil, por lo que no ha existido conducta ilegal o arbitraria de su parte ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho, de modo que la arbitrariedad importa ausencia de razonabilidad en el actuar.

SEGUNDO: Que, en estos autos, el recurrente reprocha al Ministerio de Relaciones Exteriores la negativa a reconocer y registrar su título profesional de médico cirujano, otorgado por la Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil, por estimar que dicha determinación, fundada en su nacionalidad venezolana y nicaragüense, vulnera sus garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sostiene que cuenta con residencia definitiva en Chile, que aprobó el EUNACOM y que la actuación recurrida le impide ejercer su profesión.

TERCERO: Que, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, sosteniendo que actuó dentro del marco normativo aplicable, por cuanto el reconocimiento de títulos extranjeros de su competencia se rige por los tratados internacionales vigentes sobre la materia, y que, tratándose del Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, su aplicación exige, además del origen brasileño del título, que el solicitante tenga nacionalidad chilena o brasileña, requisito que el actor no cumple, desde que posee nacionalidades venezolana y nicaragüense.

CUARTO: Que, en cuanto al régimen jurídico aplicable, cabe tener presente que, de conformidad con el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153 de 1981, de la misma cartera, que aprueba los Estatutos de la Universidad de Chile, a dicha casa de estudios le corresponde la atribución de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, “sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales”.

QUINTO: Que, en la especie, la solicitud del actor fue tramitada al amparo del Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, suscrito en Brasilia el 23 de diciembre de 1976, promulgado en Chile por Decreto N°750/1979 y publicado en el Diario Oficial el 1 de febrero de 1979. Dicho instrumento dispone, en su artículo 1°, que las partes contratantes se comprometen a promover el intercambio cultural “entre chilenos y brasileños”, y establece, en su artículo 5°, que los diplomas y títulos para el ejercicio de profesiones liberales y técnicas expedidos por instituciones de enseñanza superior de una de las partes contratantes tendrán plena validez en el territorio de la otra, una vez satisfechas las formalidades legales correspondientes.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados al proceso aparece que el recurrente ingresó el 8 de octubre de 2025 una solicitud de reconocimiento de su título de médico expedido por una universidad brasileña; que, en el curso de su tramitación, acompañó pasaporte de la República de Nicaragua, pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela y cédula de identidad para extranjero de nacionalidad venezolana; y que, sobre la base de tales antecedentes, la autoridad recurrida concluyó que no cumplía el requisito de nacionalidad que estimó exigible para la aplicación del convenio invocado, rechazando por ello la solicitud el 7 de enero de 2026, decisión posteriormente mantenida al rechazar el recurso de reposición.

SÉPTIMO: Que, en tales condiciones, no se advierte en el actuar de la recurrida un proceder ilegal o arbitrario que habilite la tutela cautelar impetrada. En efecto, la decisión cuestionada aparece fundada en la legítima interpretación y aplicación de la normativa especial que regula el reconocimiento de títulos extranjeros por la vía convencional invocada por el propio solicitante, dentro del ámbito de competencia que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración en esta materia. Así, más allá de la discrepancia que el actor manifiesta respecto del sentido y alcance del convenio aplicable, lo cierto es que el acto impugnado exterioriza un fundamento normativo expreso y una motivación que descansa en antecedentes incorporados al procedimiento, descartándose, por ende, que se trate de una decisión adoptada por mero capricho o al margen del derecho.

OCTAVO: Que, en ese mismo orden de ideas, la acción de protección no constituye una instancia declarativa destinada a dilucidar, con amplitud de cognición, la corrección jurídica de la interpretación administrativa de un tratado internacional ni a sustituir la decisión de la autoridad competente en un procedimiento reglado, sino únicamente un mecanismo cautelar destinado a restablecer el imperio del derecho frente a afectaciones manifiestas de garantías constitucionales, presupuesto que en la especie no concurre, sobre todo teniendo presente que el recurrente mantiene el derecho a solicitar la convalidación de su título profesional conforme a las normativas citadas en el motivo cuarto de esta sentencia.

NOVENO: Que, por lo razonado, al no verificarse un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1561-2026.