nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolano, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 15 de diciembre de 2025, emitida por la recurrida, que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que esta Corte estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley.

Señala que, mediante correo electrónico de la fecha señalada, se le informa que no se dio lugar a su solicitud, desde que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales se encuentra vencida, habiendo sido emitida el 22 de mayo de 2023, lo que no permite verificar que el solicitante se encontraba cubierto por un régimen de seguridad social en el extranjero al momento de la solicitud de devolución de fondos.

Indica que ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con un obstáculo en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Señala, asimismo, que el contenido y validez del certificado acompañado puede ser fácilmente validado vía web, haciendo presente que el mismo se encuentra, además, debidamente legalizado.

A folio 7, evacua informe afp Provida, solicitando el rechazo del recurso; señalando en primer lugar que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento de carácter contradictorio, como sucede en la especie, en que se busca el reconocimiento de un derecho discutido, esto es, la procedencia del retiro de fondos conforme a la Ley N°18.156.

En cuanto al fondo, indica que, mediante la comunicación atacada, no se dio lugar a la solicitud del recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada al efecto se encontraba vencida; indicando, además, que la constancia electrónica de cotizaciones y declaraciones juradas efectuadas por el mismo trabajador, presentadas en la especie, no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. Además, con los antecedentes a la vista, se constató que la recurrente no expresó su voluntad de mantener su afiliación a un Sistema Previsional Extranjero, en su contrato de trabajo de 15 de febrero de 2021, cuestión que se formalizó únicamente con un anexo de 4 de abril de 2023. Asimismo, señala que el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, lo cual, como ha señalado la Superintendencia de Pensiones, “no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.” A este respecto es necesario hacer presente que el recurrente, además, es propietario de un inmueble en Chile, según aparece de los antecedentes que tiene a la vista.

Conforme a lo anterior, indica que no se dio lugar la solicitud debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, vigente y debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, y que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, el recurrente no pudo acreditar que, mientras su relación laboral se encontraba vigente, haya manifestado su voluntad de acogerse al régimen previsional establecido por la Ley N°18.156.

En este sentido, indica que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte, desde que ha cumplido con toda la normativa y las instrucciones de la superintendencia del ramo sobre la materia.

A folio 10, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando, en primer lugar, que el recurrente no registra reclamo alguno ante la Superintendencia por los hechos aludidos.

Señala que, en relación con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del D.L. N°3.500, corresponde a la Superintendencia de Pensiones fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y fijar la interpretación de la normativa previsional, con carácter obligatorio para todas las Administradoras.

Prosigue indicando que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Indica que de conformidad al N°7 del artículo 47, de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, de manera tal que, en ejercicio de dicha facultad legal, es que este Organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la ley N°18.156, y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Al respecto, hace presente que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Ahora bien, en el caso de autos, el recurrente manifestó que acompañó a su solicitud de retiro de fondos ante la AFP recurrida, una Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (“IVSS”) debidamente legalizada. No obstante, según se desprende del documento adjuntado en autos, tal constancia fue emitida el 22 de mayo de 2023, con una vigencia por 120 días, es decir, su plazo de vigencia expiró en septiembre de ese año, mientras que la presentación de la solicitud de retiro se habría ingresado el segundo semestre de 2025. En consecuencia, a la fecha en que el recurrente ingresó su solicitud de retiro de fondos en calidad de técnico extranjero ante la AFP recurrida, la constancia de afiliación al IVSS se encontraba vencida; por lo tanto, no es posible para la AFP o para esta Superintendencia tener por vigente un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, se encontraba vencido a la fecha de su presentación.

Adicionalmente, para acreditar el requisito de cobertura antes mencionado, señala que el recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada suscrita por él, mediante la cual manifiesta que la constancia acompañada indica que se encuentra afiliado a un sistema previsional extranjero y da cumplimiento a lo preceptuado a la normativa aplicable en la especie. Al respecto, manifiesta que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Conforme con la mencionada normativa y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya, que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente en su escrito no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado, como exige el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente arbitrio, se impugna la comunicación de 15 de diciembre de 2025, emitida por la recurrida, en que se le informa al actor el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la ley N°18.156, en su artículo 7°. Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Segundo: Que, al informar la recurrida, señala que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero, en el caso de Venezuela, acompañado por la solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo carece de la apostilla procedente para su valor en Chile, a más de no encontrarse vigente.

Tercero: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que la actora presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N°18.156, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil; ni tampoco se encuentra vigente, desde que el mismo señala, en su cuerpo, tener una vigencia de 120 días desde su emisión, largamente transcurridos a la fecha de su presentación.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Cuarto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Quinto: Que, en este orden de cosas, careciendo el documento acompañado de valor probatorio, en razón de las circunstancias anotadas en el considerando precedente, lo cierto es que no se cumplen los requisitos de la Ley N°18.156 para la procedencia del retiro de fondos solicitado, de lo que se sigue que el presente arbitrio debe ser desechado.

Sexto: Que, sin perjuicio de que el rechazo sostenido por la recurrida se funda en la insuficiencia de los documentos acompañados a su solicitud, en el caso de autos aparece que el recurrente no se encuentra en la hipótesis contemplada en el artículo 7° de la Ley N°18.156, toda vez que del mérito de la copia de la cédula de identidad acompañada al recurso aparece que tiene permanencia definitiva, lo que contraría la lógica de la ley referida a trabajadores extranjeros que en Chile desempeñan labores remuneradas por un período de tiempo acotado o de manera transitoria. Por otro lado, tampoco se acreditó el ejercicio de las labores técnicas exigidas en el cuerpo legal referido.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1 en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-156-2026.

En Valparaíso, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.