nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, formulada al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que es Licenciado en Educación, mención Matemática y Física, y que desde su ingreso a Chile en el año 2018 ha mantenido trabajo estable, registrando cotizaciones previsionales enteradas en la AFP recurrida. Señala que cumple, a su juicio, con los requisitos contemplados en la Ley N° 18.156 para solicitar la devolución de sus fondos previsionales, esto es, su calidad de profesional extranjero, su afiliación a un sistema de seguridad social en su país de origen y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación.

Refiere que obtuvo un certificado de cotizaciones previsionales emitido a través de la Embajada de Venezuela en Chile, documento que fue certificado y legalizado, el que recibió el 29 de agosto de 2024. Indica que ese mismo día ingresó una primera solicitud de retiro, la que fue respondida señalándose que el formulario no había quedado bien ingresado. Añade que efectuó un segundo intento el 16 de septiembre de 2024, siendo informado al día siguiente que no habían podido procesar su solicitud por no tener forma de validar el código QR de la certificación del IVSS, y luego un tercer intento el 27 de septiembre de 2024, que habría recibido igual respuesta.

Sostiene que, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela luego de las elecciones presidenciales de este último país, la embajada cerró y no existe forma de validar los documentos, lo que -según afirma- ha impedido a los ciudadanos venezolanos acceder a este beneficio por causas ajenas a su voluntad. Agrega que en Venezuela no existiría forma de legalizar ni apostillar este tipo de documento, por lo que estima improcedente exigir una formalidad imposible de cumplir.

Señala que el 25 de julio de 2025 falleció su padre y que, un mes y cinco días después, falleció también su suegro, situaciones que habrían generado gastos funerarios que afectaron gravemente la economía familiar, indicando que vive con su esposa y dos hijas menores, contexto que lo llevó a intentar nuevamente el retiro de fondos. En ese marco, refiere que el 30 de enero de 2026 realizó una cuarta solicitud, la que fue respondida el 4 de febrero de 2026, primero mediante llamada telefónica y luego por correo electrónico, indicándosele que no podía ser procesada porque la constancia del IVSS se encontraba vencida y que debía acompañar un documento vigente, legalizado o apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Afirma que cuenta actualmente con una constancia nueva y vigente, que contiene los mismos datos de la previamente legalizada ante la embajada, y que hoy dichos documentos pueden validarse digitalmente a través del sitio web del IVSS, utilizando el código de verificación del documento. En razón de ello, sostiene que la AFP recurrida podría utilizar esa vía para confirmar la autenticidad del antecedente que acredita su afiliación al sistema de seguridad social venezolano.

Estima que el actuar de la recurrida es arbitrario, por cuanto acompañó oportunamente un documento vigente y con medios de verificación, y porque actualmente existirían mecanismos digitales para validar la información contenida en la constancia del IVSS. Añade que la negativa resulta además injusta e ilegal, al verse afectado por decisiones gubernamentales de su país de origen que le impiden tramitar o renovar documentos, acceder a legalizaciones o apostillas, salvo en el caso de antecedentes penales con apostilla electrónica.

Concluye que la actuación de la AFP Plan Vital S.A. vulnera su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales y la igualdad ante la ley, garantías que entiende consagradas en el artículo 19 N° 24 y N° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando que se le permita retirar sus fondos conforme a la ley, atendida además la urgencia económica derivada de las circunstancias familiares relatadas.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando en primer término, que el recurrente no registra presentaciones ni reclamos ante dicho organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que el régimen contemplado en dicha ley es de carácter excepcional y exige el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en su artículo 1°, especialmente la acreditación de afiliación a un sistema previsional extranjero con cobertura efectiva -enfermedad, invalidez, vejez y muerte- durante todo el período en que el trabajador prestó servicios en Chile, mediante certificación emanada de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada.

En cuanto al caso concreto, indica que el propio recurrente reconoce haber acompañado a su solicitud una constancia de afiliación al IVSS que se encontraba vencida al momento de su presentación, por haber sido emitida con vigencia de 120 días y presentada más de un año después de su expiración, por lo que no resulta idónea para acreditar el requisito legal exigido.

Agrega que la constancia electrónica de cotizaciones tampoco sirve para dichos efectos, por cuanto no acredita que el actor haya contado con cobertura efectiva y a todo evento respecto de los riesgos exigidos por la ley durante todo el tiempo trabajado en Chile, ni cumple con las exigencias formales de legalización o apostilla.

Asimismo, sostiene que, aun de los contratos acompañados, la manifestación de voluntad del actor en orden a mantener su afiliación al sistema previsional extranjero aparece, a lo menos, equívoca o inexistente, al constar también su afiliación y cotización al sistema previsional chileno, lo que impide tener por cumplido el requisito del artículo 1° letra b) de la Ley N° 18.156.

Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan establecer que el recurrente cumple las exigencias legales para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada, y que el actuar de la Administradora se ajusta a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por dicho organismo.

A folio 7, informa la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

Expone que la gestión presentada por el actor el 30 de enero de 2026 no fue admitida a tramitación, por no acompañarse antecedentes suficientes para acreditar los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, precisando que ello no importó un rechazo definitivo, sino la posibilidad de subsanar y reingresar la solicitud.

En cuanto al requisito de afiliación y cobertura previsional en el extranjero, sostiene que la constancia consular presentada, de 30 de mayo de 2024, se encontraba vencida al momento del ingreso, por tener una vigencia de 120 días, de modo que no servía para acreditar cobertura efectiva durante todo el tiempo trabajado en Chile. Añade que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” tampoco era idónea, pues carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada y sólo contiene referencias genéricas al sistema previsional venezolano, sin acreditar cobertura real y efectiva por todos los riesgos exigidos en la ley durante todo el período laborado en Chile.

Respecto del requisito relativo a la voluntad de mantener afiliación al sistema previsional extranjero, señala que los antecedentes laborales acompañados tampoco lo satisfacen de manera clara e inequívoca. Indica que en algunos contratos no existe cláusula alguna en ese sentido; en otros, el actor aparece afiliado a AFP PlanVital y sujeto a descuentos previsionales en Chile, mientras que un anexo posterior expresa voluntad de mantener afiliación extranjera, lo que califica como una manifestación ambigua o contradictoria; y en un tercer vínculo laboral sólo se acompañó finiquito, sin contrato ni anexo, por lo que tampoco se acreditaría dicha exigencia.

Estima que no ha existido actuación ilegal ni arbitraria, sino la aplicación estricta de la Ley N° 18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, agregando que el actor no tiene un derecho indubitado y que conserva la posibilidad de subsanar los defectos observados y volver a presentar su solicitud.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de licenciado en educación, y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con Panadería Huanhualí y Compañía Limitada el 1 de junio de 2023, firmado ante Notario Público, para desempeñarse hasta el 30 de junio de ese año, en funciones de encargado de local comercial u otro trabajo o función similar que tenga directa relación con el cargo antes indicado, consignándose en su cláusula cuarta que el trabajador acepta y autoriza al empleador para que haga las deducciones que establecen las leyes vigentes. Por anexo de contrato simple, de 1 de julio de 2023, se acordó la renovación de dicho contrato hasta el 31 de agosto de 2023, y por anexo de contrato de 1 de septiembre del mismo año, se estipuló que el contrato pasaba a tener carácter indefinido.

3° Asimismo, el actor celebró contrato de trabajo con domicilio reservado de julio de 2024, para desempeñarse como conserje-vigilante hasta el 30 de agosto de 2024, consignándose en la cláusula novena que el trabajador declara que, a la fecha de firma de dicho contrato, se encontraba afiliado en A.F.P. Plan Vital y en el sistema de salud Fonasa. Por anexo de contrato de 18 de julio de 2024, suscrito con el mismo empleador, se convino una cláusula previsional en la que el trabajador declara su calidad de profesional extranjero y el hecho de encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que -según se indica- le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, manifestando su voluntad de mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión en el extranjero. Mediante finiquito de trabajo suscrito el 30 de agosto de 2024, se dejó constancia de que el actor dejó de prestar servicios para Condominio Eco Valle III en esa misma fecha.

4° El actor prestó también servicios para Maletas Chile SpA desde el 25 de noviembre de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2025, según da cuenta finiquito suscrito el 24 de febrero de 2025, consignándose en su apartado cuarto que las imposiciones se encuentran enteradas en las respectivas instituciones de previsión dentro de los plazos legales, declarando el trabajador haber sido informado y acreditado por parte del empleador del pago de sus cotizaciones previsionales.

5° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida no dio curso a tal petición, fundada en que no se acompañó una constancia de afiliación vigente, debidamente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señalando que el documento acompañado correspondía a una constancia de cotizaciones y no al certificado exigido para tales efectos. Añadió, además, que no se acreditaba suficientemente la cobertura previsional exigida por la ley y que la manifestación de voluntad de mantener afiliación previsional extranjera no constaba originariamente en la documentación laboral, sino que fue incorporada con posterioridad mediante anexo, en circunstancias que el actor aparecía previamente afiliado al sistema previsional chileno.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerado como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha, en lo sustancial, que la documentación acompañada para acreditar la afiliación y cobertura previsional extranjera no satisface las exigencias previstas en la Ley N°18.156 y en la normativa administrativa aplicable, tanto por su insuficiencia material como por sus defectos formales.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurado del recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones observa también que la manifestación de voluntad exigida por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 no aparece expresada en términos inequívocos, desde que el contrato de trabajo consignaba originalmente la afiliación de la recurrente al sistema previsional chileno, y solo con posterioridad, mediante anexo, se incorporó una cláusula relativa a la mantención de afiliación previsional extranjera, lo que impide tener por acreditado en forma clara y suficiente dicho requisito en los términos exigidos por la normativa aplicable.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1558-2026.