Protección contra Sociedad Educacional nombre reservado

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis. Vistos:

A folio 1, Luis Correa Bluas, abogado, en representación convencional de don nombre reservado y de doña nombre reservado, deduce acción de protección en favor de sus hijos menores de edad, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, y en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado (sostenedora del Colegio nombre reservado), representada legalmente por doña nombre reservado. Se impugna como acto ilegal y arbitrario la negativa de matricular a los menores para el periodo escolar 2026, fundada en los conflictos judiciales vigentes y la situación económica derivada de los mismos, lo que vulneraría las garantías del artículo 19 N°1, 2, 3, 10 y 24 de la Constitución Política de la República, y diversas normas internacionales de Derechos Humanos.

En cuanto a los fundamentos de hecho, la recurrente estructura la impugnación en dos circunstancias precisas:

Bloqueo técnico y administrativo: Expone el bloqueo intencional del acceso al sistema de matrícula "Webpay Plus", plataforma obligatoria para la formalización del proceso, cuya operatividad no estaría regulada en el Reglamento Interno de Educación (RIE). Aduce que la administración y cobranza del colegio ha omitido responder comunicaciones electrónicas y llamadas telefónicas destinadas a regularizar dicho bloqueo, impidiendo el ejercicio del derecho a la educación por razones económicas.

Hostigamiento y Cláusulas Contractuales: Señala que durante el año 2025 la familia fue objeto de hostigamiento para suscribir un contrato de prestación de servicios que incluía la Cláusula Décima, la cual condiciona la renovación de matrícula a la ausencia de morosidad.

Califica dicho pacto como una cláusula abusiva impuesta bajo presión.

Contextualiza el conflicto en una represalia directa por la judicialización de controversias previas, específicamente la causa rol C-3199-2025 (1° Juez Civil de Viña del Mar) y la demanda por indemnización de perjuicios por maltrato estudiantil rol C-136-2026 (2° Juez Civil de Viña del Mar), fundadas en vulneraciones a la integridad física y psíquica de los menores por parte de directivos y docentes. Denuncia intimidación por parte de la comunidad y entorno escolar, refiriendo advertencias explícitas de que el colegio "no se las perdonaría" y buscaría perjudicar la trayectoria académica de los niños. Argumenta que la negativa de matrícula constituye una discriminación arbitraria que utiliza una posición de poder para castigar a los alumnos por las acciones legales de sus padres, contraviniendo el interés superior del niño y la doctrina de la Excelentísima Corte Suprema sobre el uso de la matrícula como mecanismo de apremio.

Concluye solicitando que se ordene a la recurrida proceder a la inmediata matrícula de los menores para el año académico 2026, adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su educación y el cese de cualquier represalia.

Para acreditar sus dichos acompañó: a) Copia de demanda civil rol C- 3199-2025; b) Demanda civil por maltrato rol C-136-2026; c)

NFORMES:

A folio 12, evacúa informe José Luis Luengo Mai, abogado, en representación convencional de Sociedad Educacional nombre reservado.

Como cuestión previa, solicita el rechazo de la acción por improcedencia formal, fundado en: 1) Extemporaneidad, alegando que el recurrente no precisa la fecha exacta del acto vulneratorio para el cómputo del plazo de 30 días; y 2) Ineptitud de la vía, por tratarse de materias de lato conocimiento, toda vez que existen litigios civiles vigentes (causas roles C-3199-2025 y C-136-2026) donde se discute la validez de las cláusulas contractuales.

Respecto al fondo, argumenta la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, aseverando que su representada actúa en ejercicio de la libertad de enseñanza (art. 19 N°11 de la CPR) y la autonomía de la voluntad. Indica que los recurrentes mantienen un incumplimiento grave y reiterado de la obligación de pago del arancel 2025. Sostiene que la cláusula décima del contrato, aceptada voluntariamente, establece que la matrícula solo se formalizará si el sostenedor se encuentra al día. Precisa que no ha operado una medida disciplinaria ni de expulsión durante el año lectivo, lo que sí prohibiría el artículo 11 de la LGE, sino una decisión de no renovar el vínculo para un periodo futuro (2026). Refuta la alegación de discriminación, indicando que la exigencia de solvencia rige para todos los apoderados. Finalmente, invoca jurisprudencia de los tribunales superiores que valida la no renovación de matrícula por morosidad en colegios particulares pagados una vez concluido el año escolar.

Pide el rechazo total del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En apoyo a su informe acompañó: a) Copia de escritura pública de mandato judicial; b) Certificado de deuda de la familia nombre reservado periodo 2025; al 10 de marzo de 2026: El Sr. nombre reservado, mantiene una deuda impaga de Colegiaturas de marzo 2026 a diciembre 2026 por 600 UF.

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.

Viña del Mar, 10 de marzo de 2026c) Correos electrónicos de febrero de 2026 informando la facultad de no renovación.

A folio 14, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una vía cautelar de urgencia destinada a restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten las garantías fundamentales taxativamente señaladas por el constituyente.

Segundo: Que, en la especie, el acto impugnado consiste en la negativa de la Sociedad Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, de renovar la matrícula para el año académico 2026 de los menores nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, fundada en la morosidad persistente de los recurrentes y la existencia de litigios civiles pendientes entre las partes.

Tercero: Que, para resolver la controversia, es menester analizar el marco normativo contenido en el artículo 11 de la Ley 20.370, Ley General de Educación. Dicha norma prohíbe la cancelación de matrícula o expulsión por no pago de obligaciones pecuniarias durante la vigencia del respectivo año escolar o académico. Como ha señalado la jurisprudencia asentada en la materia, lo que el legislador busca es evitar la interrupción del proceso educativo una vez iniciado, pero dicha limitación no es absoluta ni se extiende indefinidamente hacia periodos escolares futuros.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados, particularmente del certificado de deuda y las certificaciones de enero de 2026, consta que los recurrentes mantienen un incumplimiento grave y reiterado de su obligación principal de pago, adeudando la totalidad de las colegiaturas del año 2025 y montos de arrastre que superan los dieciocho millones de pesos. Este incumplimiento no ha sido controvertido sustancialmente por los actores, quienes centran su alegación en un bloqueo de sistema que, a la luz de la magnitud de la deuda, aparece como una consecuencia de la morosidad previa y no como un acto caprichoso de la institución.

Quinto: Que, el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito libremente por las partes en marzo de 2025, estipula en su cláusula décima que el colegio se reserva el derecho de no renovar la matrícula para el año siguiente si el apoderado se encuentra moroso. Al respecto, debe recordarse que la educación en establecimientos particulares pagados emana de un vínculo contractual de naturaleza privada, donde la libertad de enseñanza consagrada en el artículo 19 número 11 de la Carta Fundamental y la autonomía de la voluntad facultan al sostenedor para decidir la no suscripción de un nuevo contrato ante el incumplimiento esencial de la contraparte, siempre que ello se verifique al término del año escolar.

Sexto: Que, acorde a los criterios interpretativos sostenidos por el Máximo Tribunal en el Rol número 20.793-2025, los establecimientos educacionales particulares pagados poseen la facultad de oponerse a la renovación de los contratos de prestación de servicios para el año académico siguiente ante el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones pecuniarias por parte de los apoderados, toda vez que el pago del arancel constituye una obligación esencial y sinalagmática del vínculo contractual. En la especie, consta que el Colegio nombre reservado permitió que los menores alumnos finalizaran íntegramente su año escolar 2025, resguardando con ello su trayectoria educativa y dando cumplimiento a la limitación temporal que impone el artículo 11 de la Ley General de Educación. Por consiguiente, al haberse ejercido la prerrogativa de no renovación una vez concluido el periodo académico y encontrándose esta fundada en una morosidad persistente y judicializada, se descarta la ilegalidad o arbitrariedad en la conducta de la recurrida, ajustándose su actuar al marco normativo vigente y a las estipulaciones contractuales que rigen a las partes.

Séptimo: Que, respecto a la arbitrariedad alegada, no se advierte que la decisión del colegio sea fruto de un mero capricho o una represalia infundada. Por el contrario, se sustenta en un criterio objetivo: la morosidad masiva y judicializada en la causa Rol C-3199-2025. Si bien se invoca el Interés Superior del Niño, este principio no puede ser instrumentalizado para validar el incumplimiento sistemático de obligaciones contractuales de los padres, ni para obligar a una institución privada a prestar un servicio oneroso de forma gratuita ante una ruptura de la confianza contractual derivada de litigios cruzados.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado un acto ilegal ni arbitrario, al existir una justificación razonable para la no renovación, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA la acción de protección deducida a folio 1 por don nombre reservado y doña nombre reservado en contra de Sociedad Educacional nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1557-2026.

En Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.