nombre reservado con nombre reservado

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Que en el folio 1, comparece don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado y en camino a la Planta S/N, sector el Asiento, San Felipe, quien, en su calidad de accionista de la empresa YELLOW RIDGE SPA, del giro de procesamiento de minerales, deduce recurso de protección en contra del Notario Público y Conservador de Minas de San Felipe don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de San Felipe, por haber presenciado, ratificado y protocolizado en su oficio un acto que adolece de nulidad absoluta y que le ha causado un grave perjuicio económico a la empresa, y moral y económico a su persona.

Considera vulnerados los derechos establecidos en el N°2 y N°21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentando el recurso, refiere que es accionista y que fue gerente hasta el 22 de agosto de 2019 de YELLOW RIGDE SPA, compañía que tiene por objeto el desarrollo de actividades relacionadas a la minería, como la explotación y exploración de yacimientos mineros y procesamiento de minerales.

Indica que en marzo tuvo conocimiento por personal del poder de compra Chancón, en la Sexta Región, que dicha empresa del Estado tiene acumulado una cantidad aproximada de 140.000 TNM de mineral de oro, plata y cobre, adquirido a pequeños mineros del país sin procesar. Que la Sra. nombre reservado le indicó que tenía una relación estrecha con el Gerente Comercial y el Sub Gerente de Comercialización de Minerales de Enami, y algunos trabajadores o empleados de ENAMI en los poderes de compra de dicha empresa, en especial en CATEMU y CENIZAS.

Explica que, a fin de ofrecer el servicio de procesamiento de minerales y en compañía de la Sra. nombre reservado, se realizaron diversas reuniones y negociaciones a contar del 18 de abril de 2019, en especial con el Gerente Comercial de la Empresa Nacional de Minería, enviando borrador de carta compromiso para cierre del negocio el 7 de Agosto de 2019 a dicha empresa, de acuerdo a lo conversado.

Señala que para desarrollar este contrato, a requerimiento de ENAMI, le correspondía a su empresa pagar el precio del transporte del material desde las instalaciones de ENAMI desde el poder de compra Chancón VI Región hasta la Planta Bellavista y luego el despacho hasta la planta de fundición Ventanas, por lo que doña nombre reservado manifestó que su hijo nombre reservado podría procurarles el transporte. Que se optó por el transporte de don nombre reservado, por ser hijo de la Sra. nombre reservado y haber señalado que el transporte lo haría con camiones nuevos, lo que generaba una buena impresión y seguridad ante el contratante estatal.

Expone que el 15 de Junio de 2019 y en la renegociación del valor de transporte con el accionista mayoritario Sr. nombre reservado, su mandatario Sr. nombre reservado, el recurrente, la Sra. nombre reservado y el transportista Sr. nombre reservado, insistieron en el precio del transporte, logrando en definitiva que éste se bajara a $13.000 por tonelada. Que, ante su negativa de contratar este transporte, por ser perjudicial para la empresa y no ser la línea de trabajo en su calidad de gerente, logró el descontento de la Sra. nombre reservado, del Sr. nombre reservado y del representante del accionista mayoritario Sr. nombre reservado.

Manifiesta que en la semana del 12 de agosto, recibió una llamada del Sr. nombre reservado y del Señor nombre reservado, indicándole que doña nombre reservado habría recibido un correo del gerente comercial de ENAMI, indicando que el contrato de ENAMI no prosperaría, ya que ENAMI no quería que él fuera el Gerente General de Yellow Rigde SpA y tampoco accionista, y que se sentía más cómodo con que fuera ella o el Sr. nombre reservado. Que la Sra. nombre reservado indicó que esta instrucción venía desde el Sr. nombre reservado; que se había presentado ante esa empresa el gerente de Bellavista Minerals SpA, quien le había manifestado que su empresa mantenía una querella en su contra, lo que no es efectivo, por lo que para seguir adelante con el contrato él debía “desaparecer de la empresa”, esto es, debía vender sus acciones, no seguir siendo Gerente ni tampoco concurrir a la planta.

Agrega que, ante su negativa a cambiar su posición sobre otorgar el contrato de transporte a su hijo, doña nombre reservado junto con el Sr. nombre reservado comenzaron una campaña de desinformación y amedrentamiento en su contra, con la colaboración del Sr. nombre reservado, quien también se encontraba interesado en el transporte por lo lucrativo que le resultaba el contrato.

Indica que el 21 de agosto el Sr. nombre reservado y la Sra. nombre reservado, en ausencia del recurrente, celebraron una junta de accionistas de la empresa en forma ilegal ante el recurrido, el Sr. nombre reservado don nombre reservado, vulnerando lo prescrito en el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre S.A. y los mismos estatutos Sociales de la Empresa, quien, sin explicación, calificó poderes inexistentes y protocolizó dicha acta otorgando repertorio 1680-2019, sin cumplir las formalidades que exige la norma para la validez del acto y con la aprobación del propio notario recurrido, quien pese a los reiterados correos electrónicos que envió para que explicara lo sucedido en su oficio, procedió a calumniarlo, reconociendo que él había estado presente durante toda la sesión del directorio y que calificó los poderes. Que de la lectura del acta se manifiesta el vicio; que la norma exige para auto convocatoria el 100% de las acciones y que en dicho acto sólo estaba presente el 75% por ciento de las acciones y además, se negó a protocolizar la carta que le entregó el abogado de la empresa don Alejandro Delmas Rojas, en la cual se le indicaba el vicio del que adolecía dicha junta extraordinaria de accionista, señalándole expresamente que concurría bajo esa representación y no como representante del recurrido.

Que en virtud del acto viciado de nulidad absoluta presenciado y protocolizado por el recurrido, con este instrumento se procedió a cambiar de los estatutos de la gerencia al recurrente, causando con sus actos un grave perjuicio económico a la empresa, y moral y económico a su persona.

Refiere que estos hechos importan una vulneración al artículo 19 N° 2º de la Constitución Política de La República, la igualdad ante la ley y artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, por cuanto el recurrente debió interrumpir sus actividades y dejar sin efecto una serie de contratos, debido a la imposibilidad de acceder y de hacer uso de su cargo, siéndole imposible cumplir con las obligaciones adquiridas, lo que le significó y está significando importantes pérdidas económicas.

A continuación, se refiere a lo dispuesto en los artículos 399 y 401 N°5, 6 y 7, del Código Orgánico de tribunales, los que transcribe, como así mismo, el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre S.A.

Aduce que se han violado las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política, expresamente protegido por el artículo 20 del mismo texto, y además normas legales también protegidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Solicita, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en las normas que cita, tener por interpuesto el presente recurso de protección de sus derechos constitucionales referidos y, en definitiva, ordene que desglose en virtud del artículo 418 del C.O.T y anule de su repertorio la protocolización de acta de junta de accionistas de YELLOW RIDGE SPA, que protocolizó con el N°1680-2019, bajo apercibimiento de las sanciones disciplinarias que el Código Orgánico de Tribunales establece, tomando las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de su derecho, con costas del recurso.

Al folio 8, evacuando su informe, don nombre reservado, abogado y notario público de San Felipe, manifiesta que la acción cautelar interpuesta resulta absolutamente ilegible e inentendible; que sin embargo refiere una serie de conflictos y dificultades entre los accionistas y/o administradores de carácter societario, económico y/o comercial, absolutamente alejadas de lo que se trata una acción de emergencia constitucional.

Señala que la compañía de que se trata es una Sociedad por Acciones, regida por la Ley 20.190, que incorporó las SpA, al Código de Comercio, agregando los artículos 424 al 446. Que en lo referente a los conflictos o controversias que surjan entre los socios, entre estos y los administradores, liquidadores o la sociedad total, debe ser resuelta a través de arbitraje y no corresponde que aquellas dificultades que relata el recurrente, sean solucionadas por la vía de la protección constitucional.

Aduce que tampoco es esta la vía adecuada para pronunciarse de una cuestión de nulidad absoluta o la herramienta jurídica idónea para la solución de un problema jurídico de tal naturaleza, por lo que la la sanción de nulidad absoluta de que habla el recurrente deberá ser declarada judicialmente, en una litis de lato conocimiento.

Indica que el recurrente confunde la actuación notarial de “protocolización” de un documento con “reducción” a escritura pública. Que el acta de la junta de 21 de agosto de 2019, no se protocolizó, siendo reducida a escritura pública con repertorio 1.680 - 2019, en su protocolo.

Que en cuanto a los actos que se objetan como arbitrarios o ilegales del recurrido, expresa que los notarios, como lo expresa el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales son ministros de fe pública. Que respecto a las arbitrariedades e ilegalidades que el recurrente le adjudica haber cometido en la realización de la junta, como calificación de poderes inexistentes; infringir la ley 18.046 de S.A., haber estado presente en todo el desarrollo de la junta, indica que en esas juntas el notario es un auxiliar de la administración de justicia, investido de fe pública y que ese poder que ejerce no lo convierte en juez o árbitro de las materias, debates u otros acuerdos de las juntas. Que sólo le asiste la función de dar fe y testimonio de lo que presenció.

Agrega que el notario jamás califica poderes. Que el Reglamento de Sociedades Anónimas, contenido en el Decreto N°702 de 2012 del Ministerio de Hacienda, que complemento las disposiciones de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, contempla una nueva regulación para los poderes de representación en junta, en sus artículos 114, 115 y 116.

En cuanto al reproche que se hace consistir en que el recurrido no quiso protocolizar un documento, señala que el 21 de agosto de 2019, en las dependencias del notario, se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “YELLOW RIDGE SpA”, la que fue reducida a escritura pública el 22 de agosto de 2019. Que en la referida junta, con arreglo a las prescripciones estatutarias, artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y Ley 18.046, sobre S.A. y su Reglamento, se acordó, sustancialmente i) modificar los poderes conferidos de administración, ii) modificar el pacto transitorio de aportes de accionistas, y iii) modificar la razón social. Que el abogado Alejandro Delmas Rojas, efectivamente el 21 de agosto de 2019, a la hora fijada para el comienzo de la junta ya señalada, se acercó al mesón del oficio pidiendo que le fuera recibida una carta y que se le colocara cargo de recepción. Ante esta situación, rehusó recibir la nota y fue invitado a participar en la junta, lo que efectivamente ocurrió, expresando que lo hacía en el carácter de abogado de la empresa y en representación del accionista nombre reservado. Que dado la inexistencia de poder o ineficacia del verbal, como se consignó, fue autorizada por los restantes accionistas para participar en la junta.

Agrega que a poco de comenzar la junta, el abogado Alejandro Delmas Rojas, intempestivamente se retiró solicitando al notario que recibiera una carta que señalaba que era de reclamo o que la protocolizara a su solicitud. Que éste nunca presentó documento, carta o nota alguna para ser agregada al protocolo.

En cuanto a los derechos y garantías constitucionales supuestamente vulneradas, expresa que, conforme con el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección constituye una acción cautelar o de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la reseñada disposición enuncia. Que del análisis de los hechos expuestos no se divisa cómo pueden haberse vulnerado, quebrantado o violentado las garantías constitucionales que el recurrente reclama como vulneradas o cómo esos mismos derechos pueden haberse amagados o perturbados en su ejercicio.

Finaliza expresando que la materia escapa al recurso de protección; que existe una notoria falta de idoneidad de la acción que le impide, absolutamente, prosperar; que el recurso interpuesto, encierra una acción declarativa y pide que anule un acto jurídico, celebrado por terceros, no recurridos, asunto que está sometido a una acción diversa, que es la nulidad del acta y eso se hace por vía de juicio ordinario; que la actuación del notario recurrido no es arbitraria, ni ilegal, que formal y sustancialmente se encuentra apegada a la ley.

Al folio 17, el 17 de octubre de 2019, evacuando su informe, comparece don nombre reservado, por sí y en representación YELLOW RIDGE SPA., quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Refiere que el recurrido, durante el primer semestre del año 2017, se contactó con el compareciente y con el señor nombre reservado, a través de la señora nombre reservado, para ofrecerles un negocio consistente en la explotación de una planta de tratamiento de minerales en la localidad de San Felipe; que según el recurrente era un negocio de la sociedad Yellow Ridge SpA., el cual se debía realizar bajo un proceso de confidencialidad y confianza, y que debían confiar en él ya que era un abogado de gran experiencia en materia minera. Que así se cerró el negocio con un pacto de accionista suscrito mediante escritura pública de fecha 04 de julio del año 2019, repertorio 2376, otorgado ante el Notario Público de Iquique don nombre reservado.

Que pese a que la sociedad Yellow Ridge SpA., tenía un capital de dos millones, logró convencer a don nombre reservado, para que aportara la suma de ciento cincuenta millones de pesos, los cuales supuestamente serían girados bajo control de la persona del compareciente, como se había pactado en la escritura pública de 04 de julio del año 2019, repertorio 2376, ya señalada.

Aduce que el 08 de julio de 2019, don nombre reservado, suscribió a través del sistema de empresa la modificación de sociedad, donde se registró como gerente general con poderes amplios e insertó una cláusula de accionista donde obligaba a un solo socio dueño del 50% de la acciones y participación (nombre reservado) a colocar $150.000.000, los cuales no se reflejaban en capital ni participación alguna, pese a que nombre reservado y nombre reservado dueña del 25% cada uno, no aportaron suma alguna. En dicha modificación se fijó que cualquier conflicto entre los socios se debía resolver a través de juez árbitro, el cual será nombrado por los Tribunales ordinarios de justicia.

Que de esta forma el señor nombre reservado entregó a la empresa más de sesenta y cinco millones, de los cuales los últimos 35 millones ingresaron a la cuenta corriente y el señor nombre reservado los giró sin consentimiento ni aprobación de su persona, pese a que se había prometido que los egresos serían realizados conjuntamente. Que además, fueron informados que el señor nombre reservado estaba abultando los gastos en sus rendiciones, razón por la cual decidieron viajar a San Felipe para verificar la situación. Que una vez allá, se percataron que existían graves problemas con la administración de los dineros y el negocio que les habían ofrecido, por lo que se decidió convocar a una junta extraordinaria de accionistas para subsanar todos los vicios detectados en la escritura redactada por don nombre reservado y además, aclarar las irregularidades de la administración.

Que el 16 de agosto del año 2019, se citó a una junta extraordinaria de accionistas, cumpliéndose la formalidad que establece el pacto estatutario para tales comunicaciones, es decir, vía correo electrónico personal de los accionistas. De esta forma quedó debidamente fijada y notificada dicha junta extraordinaria de accionistas, para el día 21 de agosto del año 2019, a las 17:30 hrs., en las oficinas de la Notaría nombre reservado. Que el mismo día 21 de agosto, siendo las 17:30 horas, al iniciarse la junta de accionista, se presentó don Alejandro Delmas Rojas, quien dijo ser abogado de la empresa y representante del accionista nombre reservado, ante lo cual se le invitó a participar en la junta, aceptando su comparecencia personal por todos los demás comparecientes. Que no obstante, dicho profesional no aceptó incorporarse y se retiró del lugar, todo lo que fue debidamente registrado en el acta y se dio continuidad a la junta.

Que en la citada junta extraordinaria de accionistas, los puntos a tratar fueron la corrección de los vicios de los estatutos, las denuncias de irregularidades y necesidad de rendición de cuentas del gerente y la designación de nuevo gerente y sus facultades, donde se negó a comparecer y/o permanecer el señor nombre reservado y/o su abogado representante don Alejandro Delmas Rojas. Finalizada la junta extraordinaria, se levantaron las actas respectivas y luego se redujo a escritura pública, todo ello de conformidad a los procedimientos legales de rigor.

Explica que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la junta de accionistas, se solicitó la rendición de cuenta del ex gerente don nombre reservado, quien se ha negado a cumplir su obligación.

Expresa que las garantías fundamentales a que alude el recurrente, como vulneradas por parte del señor notario nombre reservado son un mal uso o aplicación errónea de la norma legal citada, ya que es imposible concebir una discriminación o limitación de su actividad económica con la relación de los hechos narrados en su escrito.

Agrega que el notario en caso alguno participa en los temas societarios, por lo cual la pretensión del recurrente es improcedente, ya que la junta de accionistas es un acto distinto a la reducción a escritura pública del acta que se levanta para tales efectos. Que una reducción a escritura pública sólo obliga al señor notario a ingresar dicha escritura en los registros públicos respectivos y otorgar repertorio de tal instrumento, pero en caso alguno conlleva obligación del recurrido, de analizar poderes de las convocatorias.

Expresa que en la realización de la junta de accionistas celebrada el 21 de agosto de 2019, y que fuere reducida a escritura pública el 22 de agosto del año 2018, repertorio Nro. 1680-2019, otorgada ante el notario público de San Felipe don nombre reservado, la citación a la junta se realizó vía correo electrónico personal de los tres accionistas, ello de conformidad a lo establecido en los estatutos sociales de Yellow Ridge SpA. Que la constitución de la junta se realiza con el 100% de los accionistas, donde el señor nombre reservado, es representado por nombre reservado y don nombre reservado, por don Alejandro Delmas Rojas, quien verbalmente señala ser representante. Que encontrándose el 100% de los accionistas, se abrió la cesión y que don nombre reservado se retira de la misma, lo cual demuestra que don nombre reservado estaba notificado y sabía de la junta, pero se negó a comparecer personalmente. Que si bien don Alejandro Delmas Rojas -quien representaba al recurrente, el cual posee un 25% de la participación social en la sociedad- se retiró de la junta extraordinaria de accionistas, se desprende del propio escrito del recurrente que sí participó en dicho proceso. Que los acuerdos adoptados en dicha junta fueron lícitos y adoptados por a lo menos el 75% de los accionistas.

Por resolución del folio 20, se trajeron estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el Recurso de Protección es un proceso sumarísimo de tutela urgente de derechos fundamentales, en aquellos casos en que éstos sean vulnerados por actos u omisiones ilegales o arbitrarias de cualquier órgano o persona. En este contexto, para que este recurso pueda prosperar se requiere acreditar en el caso concreto la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria y la privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos constitucionales enunciados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en este caso, los hechos denunciados por el recurrente consisten en la actuación del Notario Público recurrido, don nombre reservado, consistente en haber presenciado y ratificado un acto que considera viciado de nulidad absoluta, como lo fue protocolizar el acta de la junta de accionistas de Yellow Ridge SpA, vulnerando lo dispuesto en los numerales 2 y 21 de la Constitución Política dela República, disposiciones que contienen los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y el derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Tercero: Que, los fundamentos de hecho del recurso, no es posible conocerlos a través de la presente acción constitucional, desde el momento que dicen relación a hechos que en concepto del recurrente adolecen de nulidad absoluta, no siendo ésta la vía propicia para conocer de tal nulidad, razón por la cual la presente acción será desestimada, sin perjuicio de otros derechos que el recurrente pueda hacer valer por la vía que corresponda.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 19 Nº 2 y 21 del artículo 19 y artículo Nº 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 18 en favor de don nombre reservado, en contra del Notario Público y Conservador de Minas de San Felipe don nombre reservado, Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15533-2019.