nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Se interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, venezolana, cédula N°RUT reservado, contra AFP Habitat S.A., por rechazar arbitraria e ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, exigiendo requisitos de formalización documental no contemplados en la normativa vigente, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y pronunciarse nuevamente conforme a derecho.

La actora solicitó mediante el portal web de AFP Habitat la devolución de fondos previsionales según la Ley N°18.156, adjuntando la documentación requerida. Mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2025, la administradora rechazó la solicitud indicando que la documentación no cumple con los requisitos de legalización exigidos, específicamente respecto del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, requiriendo validación consular actualmente imposible de cumplir.

La recurrente expone que la Ley N°18.156 en su artículo 1° establece que el personal técnico extranjero estará exento del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. El artículo 7° dispone que trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos depositados cumpliendo los requisitos del artículo 1°. Acompañó contrato de trabajo, anexo con cláusula previsional, certificado electrónico de afiliación al IVSS, declaración jurada autorizada ante notario público, y título profesional apostillado.

Argumenta que la administradora obstaculiza el proceso dando interpretación formalista y restrictiva de la norma, desatendiendo su objetivo de permitir al extranjero disponer de sus fondos previsionales. Sostiene que existe imposibilidad técnica y material de obtener legalización consular por el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, dejando sin representación consular a los venezolanos. Invoca el artículo 45 del Código Civil sobre fuerza mayor o caso fortuito, argumentando que nos encontramos ante una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente obtener la declaración jurada que se obtenía anteriormente desde la embajada. Presenta el documento con verificación electrónica y declaración jurada ante notario público, que reviste debida formalidad y debe tener la misma naturaleza probatoria. Cualquier interesado puede verificar la existencia de la afiliación mediante código en http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss.

Enfatiza que el legislador ya estableció los requisitos para la devolución de fondos, no siendo pertinente que las AFP establezcan requisitos adicionales, cuando la intención del legislador es corroborar que el trabajador se encuentra afiliado a algún sistema de previsión social, más allá del formalismo documental. En cuanto a la vulneración constitucional, sostiene que la conducta vulnera el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, dándole trato desigual respecto de otros solicitantes que en iguales circunstancias han obtenido respuestas favorables, requiriéndole una formalidad adicional no contemplada en la ley. Asimismo, vulnera el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al impedirle disponer de sus fondos previsionales sin justificación legal.

Cita jurisprudencia de Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Concepción que han acogido recursos similares, señalando que los documentos acompañados acreditan cumplimiento de requisitos, que no hacer devolución es ilegal y vulnera el derecho de propiedad, y que interpretación excesivamente literal y formalista desatiende la finalidad de la ley, importando retención injustificada de fondos.

Informa la Superintendencia de Pensiones solicitando el rechazo del recurso, sosteniendo que la decisión de AFP se ajusta a derecho, toda vez que la documentación acompañada no acredita el cumplimiento de los requisitos copulativos del artículo 1°, particularmente la cobertura previsional en el extranjero. Señala que la Ley N°18.156 es norma excepcional que debe interpretarse restrictivamente. La letra a) exige que el trabajador se encuentre afiliado a régimen de previsión fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Su jurisprudencia administrativa ha sido uniforme en exigir que el trabajador acredite haber contado con seguro que cubra todos los riesgos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. El documento debe ser emitido por la entidad competente del país respectivo y acompañarse debidamente legalizado o apostillado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Respecto del caso específico, sostiene que la declaración jurada suscrita el 18 de noviembre de 2025 ante notario de La Reina no resulta idónea para acreditar la cobertura previsional, toda vez que la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente, única entidad que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia. Las AFP no pueden aceptar como documento suficiente la declaración jurada otorgada por el propio trabajador ante notario público. Respecto del certificado electrónico emitido por el IVSS, señala que no indica coberturas específicas, no se encuentra firmado y carece de apostilla o legalización. Por tanto, no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional.

Destaca que los Tribunales Superiores han rechazado reiteradamente recursos de protección de trabajadores venezolanos en situaciones similares. La Corte Suprema en sentencia rol N°17.866-2025 señaló que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, y que si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero. En fallo rol N°33.946-2025, la Corte Suprema enfatizó que no basta la mera existencia material de la afiliación, sino que debe demostrarse mediante medios probatorios idóneos y formalmente válidos en Chile, y que la dificultad por interrupción de relaciones consulares no hace imposible el trámite, ya que la apostilla puede realizarse a través de consulados de terceros países o mediante plataformas oficiales habilitadas. Mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, la Superintendencia ratificó que certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no sirven como medio de prueba.

Informa AFP Habitat solicitando rechazo del recurso con costas, fundamentando que la acción cautelar resulta improcedente, que no existe acto arbitrario ni ilegal, que la documentación no cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio excepcional, y que la exigencia de apostilla constituye un imperativo legal insoslayable. Argumenta que el cierre de la Embajada de Venezuela no configura caso fortuito ni fuerza mayor que exima del cumplimiento de formalidades de legalización.

Expone que el recurso de protección constituye acción cautelar destinada a salvaguardar derechos preexistentes e indubitados. En la especie, la recurrente no ha sufrido privación, perturbación ni amenaza de derecho alguno, sino que pretende ejercer un derecho cuyas condiciones de procedencia no ha acreditado cumplir. Relata que el 27 de noviembre de 2025 presentó solicitud de devolución de fondos, rechazándose el 1 de diciembre de 2025 porque la apostilla del título universitario resultaba ilegible y porque la constancia electrónica del IVSS carecía de firma responsable y de la debida legalización. Si bien el certificado indica poder validarse mediante código en la página web del IVSS, tal validación solo resulta efectiva dentro de Venezuela, no constituyendo el mecanismo de legalización que establece la legislación chilena.

Explica que la Ley N°18.156 constituye norma especial y excepcional que debe interpretarse restrictivamente. La Superintendencia de Pensiones ha emitido normas precisas estableciendo que la documentación debe presentarse debidamente legalizada. Los artículos 345 y 345 bis del CPC establecen que instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados. Ambos países son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, por lo que documentos venezolanos que deban producir efectos en Chile requieren ser apostillados.

En relación con el argumento sobre imposibilidad de cumplir con la exigencia de apostilla por el cierre de la Embajada, sostiene que tal circunstancia no constituye caso fortuito ni fuerza mayor del artículo 45 del CC. No existe imposibilidad absoluta, toda vez que el requisito puede satisfacerse mediante obtención del documento directamente ante el IVSS utilizando mecanismos presenciales o remotos, procediendo posteriormente a su legalización o apostilla. La supresión de un canal de tramitación no extingue la posibilidad jurídica ni material de obtener el certificado, configurando únicamente mayor dificultad práctica, insuficiente para eximir del cumplimiento de la obligación legal.

Respecto a las garantías constitucionales, rechaza que se haya afectado el derecho a la igualdad ante la ley. La negativa a efectuar la devolución no constituye acto arbitrario, sino mero cumplimiento del mandato legal, siendo la revisión de antecedentes efectuada de manera objetiva para todos los afiliados. En cuanto al derecho de propiedad, la totalidad de los fondos previsionales se encuentran en su cuenta individual de capitalización, siendo de su exclusiva propiedad. Dichos fondos, en caso de no cumplirse los requisitos para acogerse a la Ley N°18.156, podrán utilizarse conforme al D.L. N°3.500 al cumplir los requisitos para pensionarse, sin que tales fondos hayan sido desconocidos o retenidos arbitrariamente. El no cumplir con los requisitos no implica arbitrariedad, sino solamente que no procede un beneficio excepcional, dejando indemne el ejercicio de los derechos previsionales del sistema general.

Refuerza sus argumentos con jurisprudencia confirmada por la Corte Suprema, que ha establecido uniformemente que la exigencia de legalización o apostilla de documentos extranjeros no constituye requisito adicional impuesto arbitrariamente, sino el cumplimiento de normas generales sobre valor probatorio. Solicita rechazar el recurso con costas, toda vez que no existe acto arbitrario ni ilegal, que la administradora ha dado estricto cumplimiento a la ley, y que la recurrente puede subsanar las deficiencias acompañando la documentación debidamente apostillada.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., de 10 de diciembre de 2025, que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley 18.156, sosteniendo la actora haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada en autos no cumple con dichas exigencias por no estar firmada, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo. Asimismo, señaló que una declaración jurada del propio afiliado ante notario no es documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

A su vez, AFP Habitat sostiene que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Señala que la certificación que emitía la Embajada de Venezuela en Chile era una facilidad permitida por la Superintendencia, pero no el único mecanismo válido, existiendo siempre la alternativa de obtener el certificado del IVSS apostillado directamente en Venezuela. Agrega que la verificación electrónica en línea no es el mecanismo de validación que establece la legislación chilena respecto a documentos emitidos en el extranjero, y que afiliados venezolanos cuya devolución fue aprobada presentaron la constancia IVSS debidamente legalizada en Venezuela con apostilla validada.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse copulativamente para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica respecto del requisito de la letra a): "El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte".

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, máxime cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya.

Asimismo, dicho documento no permite determinar con claridad las coberturas previsionales con que cuenta el recurrente, ni el período específico de cobertura, limitándose a una descripción genérica del sistema previsional venezolano, sin que conste certificación específica respecto de la cobertura efectiva en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Del mismo modo, la declaración jurada ante notario presentada por el propio afiliado no constituye medio de prueba idóneo para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe provenir de la autoridad previsional competente del país correspondiente, única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Sexto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio conforme al literal i) del artículo 3° del DFL N°101 de 1980, al N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, y al N°3 del artículo 94 del DL N°3.500.

Asimismo, es necesario tener presente que el principio de base de la Ley 18.156 conforme al cual se autoriza la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros es la doble cobertura previsional, y no autorizar un mecanismo de ahorro de libre disponibilidad para determinados extranjeros.

Como lo ha señalado la Superintendencia de Pensiones, en la legislación de seguridad social chilena la regla general está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en Chile de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, debiendo el entero de imposiciones entenderse en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

Séptimo: Que, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha sido uniforme en exigir el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales. En tal sentido, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante sentencia de fecha 12 de mayo de 2025, en autos Rol N°1431-2025, rechazó el recurso de protección interpuesto por una afiliada venezolana en contra de AFP Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, quien planteó una situación similar a la descrita en autos y pretendió acreditar la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 sobre la base de una certificación electrónica emitida por el IVSS, sin apostilla.

Este fallo fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 26 de junio de 2025, en autos Rol N°17866-2025, señalando que "la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos", y que "el documento presentado por la actora, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional", concluyendo que "no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida ni de la Superintendencia de Pensiones, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero".

Octavo: Que por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure la vulneración de las garantías constitucionales invocadas. Como lo señaló la Superintendencia de Pensiones en su informe, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional y considerando que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-155-2026.