nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de junio de dos mil veinte.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, por sí, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por doña nombre reservado, o por quien detente dicha representación, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber retenido en forma ilegal y arbitraria el día 24 de abril de 2020, la devolución de sus retenciones de honorarios correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, lo que afecta las garantías contemplada en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, a fin se declarando que la actuación de la recurrida consistente en la retención efectuada con fecha 24 de abril de 2020 de la suma de $ 460.414, por concepto de devolución autorizada legalmente al suscrito, es ilegal y/o arbitraria, y como medida de protección decida vuestro Ilustrísimo Tribunal que dicha actuación quede sin efecto, ordenándose que la suma señalada debe ser inmediatamente devuelta al suscrito mediante transferencia bancaria a la cuenta que figure en las registros del Servicio de Impuestos Internos.

Señala que en el marco del denominado Plan Económico de Emergencia del gobierno, generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile, a través del Ministerio de Hacienda, con fecha 30 de marzo de 2020, se dicta el Decreto Supremo N° 420, modificado por Decreto Supremo N° 553 de fecha 18 de abril de 2020, norma que dispone en su artículo 1° numeral 7, instruye al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, entre otros, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, es decir, los honorarios profesionales percibidos.

Agrega que por tal concepto en los meses de enero y febrero de 2020, se efectuó una retención del 10,75 % sobre el honorario bruto percibido, por un total $ 460.414. Sin embargo, con fecha 24 de abril del presente año pudo advertir que la recurrida había procedido a efectuar una retención de la misma suma, por concepto de “retención universitaria”.

Sostiene que si bien en virtud de la Ley 19.989 y su reglamento, la recurrida podría encontrase facultada para retener montos, esto sólo debía hacerse de su devolución anual de impuestos a la renta, proceso que concluye luego de la declaración de renta en el mes de abril, determinándose la devolución de excedentes en el mes de mayo de cada año.

Alega que las devoluciones que fueron autorizadas por el Decreto 420 de 2020 y por la resolución exenta N° 40 del SII, y no corresponden a la devolución anual de impuesto a la renta del año tributario 2020, sino a una condonación y devolución de la retención efectuada en las boletas de honorarios correspondientes a los meses de enero y de febrero de 2020, cuyas rentas se tributarían recién en el año 2021.

Refiere que lo anterior constituye una ilegalidad manifiesta, al tratarse de una norma de excepción, cuya aplicación debe ser interpretada restrictivamente, por lo que al aplicarla la recurrente a supuestos no establecidos por la norma, siendo además dicha conducta absolutamente arbitraria toda vez que no se funda en antecedente alguno y además la recurrida aplica la retención prácticamente de forma automática, sin efectuar análisis alguno, lo que ahonda aún más su contrariedad a derecho, más aún cuando precisamente la finalidad de la medida de devolución de retenciones de enero y febrero tienen como preciso objetivo apoyar a los trabajadores independientes que prestan servicios profesionales y que emiten las correspondientes boletas de honorarios.

Indica que lo anterior afecta la igualdad ante la ley, por cuanto la actuación de la recurrida constituye una abierta discriminación arbitraria, toda vez que sin fundamento alguno hace aplicable una norma excepcional y restrictiva para un supuesto no contemplado en la misma, infringiendo con ello el objetivo del Decreto Supremo 420 de 2020, el cual en parte alguna realiza algún tipo de distinción o diferencia respecto de contribuyentes que pudiesen tener algún tipo de deuda universitaria o de otra índole.

Expone que también se vulnera su derecho de propiedad, porque finalmente se ha efectuado por parte de la recurrida una retención sobre ingresos que le corresponden y que forman parte de su patrimonio.

Acompaña documentación consistente en: 1.- Copia simple de cédula de identidad del suscrito. 2.- Copia de resumen de información del suscrito del portal web del Servicio de Impuestos Internos, respecto de la retención objeto de estos autos. 3.- Copia de información del suscrito del portal web de la Tesorería General de la República, respecto de la retención objeto de estos autos. 4.- Decreto Supremo N° 420 de fecha 30 de marzo de 2020 y resolución exenta N° 40 de fecha 13 de abril de 2020 del Servicio de Impuestos Internos.

A folio 9, informa la recurrida, quien expone que efectivamente en el marco de la contingencia sanitaria se dictaron una serie de medidas entre ellas la indicada por el actor, no verificándose la devolución respecto de este, puesto que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo de la Ley 19.989 retuvo la totalidad de la devolución a que tenía derecho en virtud de los informado por el administrador del crédito universitario.

Alega que el presente arbitrio es inadmisible, atendido que su actuar se enmarca en la Ley y procedió a retener de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, no concurriendo uno de los requisitos, este es, que el acto impugnado emane del recurrido, careciendo por tanto de legitimación pasiva.

En cuanto al fondo, señala que no ha existido ningún actuar arbitrario o ilegal, puesto que de acuerdo a la normativa, resulta evidente que el monto retenido constituye una retención anticipada de la devolución de impuestos del año tributario 2021, resultando en consecuencia aplicable lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 19.989.

Agrega que conforme al procedimiento aplicable al caso, los deudores tienen la oportunidad de presentar descargos y hacer valer los medios de defensa ante el Administrador del Fondo, limitándose a hacer uso de una facultad legal.

Sostiene en cuanto a la igualdad ante la ley, que su actuar se aplica a todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación, de manera que no vulnera tal garantía.

Señala respecto al derecho de propiedad, que la devolución de impuestos no es un derecho absoluto sino que de un derecho eventual o condicionado, que se hace efectivo al cumplirse con los requisitos de procedencia, entre los cuales se encuentra, la ausencia de causa legal de retención.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, es un hecho no discutido que la recurrida en virtud de la Ley 19.989, procedió a la retención de honorarios del recurrente y que el actor sostiene que dicha retención es ilegal y arbitraria en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 420 de fecha 30 de marzo de 2020.

Segundo: Que, en este orden de ideas, lo que se pretende a través de esta acción cautelar extraordinaria, es determinar la preponderancia de la norma que debe aplicarse y la interpretación de la Ley 19.989, lo que escapa a la finalidad del recurso, cual es la de reaccionar contra una situación anormal que amenace o perturbe una garantía constitucional, lo que no se da en la especie.

Tercero: Que en el informe de folio 9 se desprende que la recurrida no hizo más que dar aplicación a la norma que señala, no divisándose ilegalidad o arbitrariedad en la actuación impugnada.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto el contra del Ministro Sr. García, quien estuvo por acoger el presente arbitrio por estimar que se trata de una retención anticipada de un impuesto que se deberá declarar el próximo año, cuya devolución es incierta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15421-2020.