nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT SOCIEDAD ANÓNIMA
- Fecha
- 20 de marzo de 2026
- Sala
- Quinta
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 1533-2026, sentencia de 20 de marzo de 2026
Resumen
Se rechaza la protección contra la AFP Habitat: exigir apostilla o legalización del certificado previsional extranjero no es ilegal ni arbitrario, pues aplica la normativa general sobre documentos otorgados fuera de Chile.
Texto íntegro
Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de marzo de dos mil veintiséis.
Visto:
A folio 1 comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de, de nacionalidad venezolana, Ingeniero Civil, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A, por el acto ilegal nombre reservado y arbitrario de 20 de enero de 2026, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.
Da cuenta que el recurrente, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, sin embargo, el 20 de enero de 2026 es notificación vía correo electrónico del rechazo, indicándole: “Debe acreditar que se encuentra afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que le cubre prestaciones en caso de salud. Enfermedad, invalidez, vejes y muerte, por el periodo respecto del cual solicita la devolución de cotizaciones. […] ”
Indica que la recurrida desconoce el documento acompañado a la solicitud denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, donde se certifica que el recurrente se encuentra afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) desde el 21 de noviembre de 2012, cumpliendo así con lo solicitado, además, certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado, puede ser verificado y validado mediante internet.
Agrega que negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.
Hace presente lo dispuesto en los artículo 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que la recurrente cumple con los requisitos allí establecidos, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación supralegal de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.
Solicita se acoja la presente acción constitucional, ordenando que el recurrido debe efectuar la entrega de los fondos de pensión solicitados.
A folio 7 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, da cuenta que no registra ante dicho Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.
Expone la normativa jurídica aplicable a la solicitud de la recurrente, haciendo un análisis de lo establecido en el ley N°18.156, haciendo presente que se establece un régimen excepcional, sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo.
A folio 9 evacua informe don Roberto Díaz Bravo, abogado en representación de la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A.
En primer término hace presente que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende, imponiéndole el cumplimiento de requisitos claros y objetivos, que no acredita haber cumplido.
En cuanto a los hechos, expone que el 15 de julio de 2025 el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales acompañando la documentación laboral, y la Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida por la embajada de Venezuela en Chile de 3 de febrero de 2023, con plazo vencido y otra de 22 de junio de 2025, sin firma responsable ni apostilla, solicitud que fue rechazada el 17 de octubre de 2025, indicando que debe acreditar que se encuentra afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que le cubre prestaciones en caso de salud, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por el periodo respecto del cual solicita la devolución de cotizaciones, debe legalizarse la firma de quien lo suscribe en el país de origen (apostilla).
Hace presente que recibió la solicitud del afiliado sin ninguna legalización, la estudió y conforme no se acreditó la doble cobertura previsional mediante documentación vigente y fehaciente, no concedió el beneficio y así se le informó al recurrente detalladamente. Este beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales regulado en la ley 18.156, puede solicitarse por el recurrente en el momento que lo estime conveniente presentando la documentación que acredite y pruebe en Chile la afiliación y cobertura previsional, debidamente apostillada, como cualquier trabajador técnico extranjero.
Finalmente, indica que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, su representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.
A folio 7 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos, declaración jurada y título profesional— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria.
Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.
Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado o legalizado-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.
Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al informar, señaló no registrar reclamo administrativo del recurrente, precisando que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1°, mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Ratificó que la jurisprudencia administrativa y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, han desestimado la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el IVSS.
Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".
Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida, se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.
Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.
Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.
Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
N°Protección-1533-2026.
En Valparaíso, veinte de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.