nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, de profesión Técnico Superior Universitario en nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De Valparaíso; quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el Acto Ilegal y Arbitrario de 03 de febrero de 2026, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Señala que la recurrente, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Indica que se contactó con el call center de la AFP recurrida el 03 de febrero de 2026, siendo notificada vía telefónica que su solicitud no sería aprobada debido a lo siguiente “No se adjuntó Constancia de afiliación al IVSS apostillada o legalizada.”.

Expresa que si bien la constancia en cuestión no se encuentra legalizada, se debe tener en cuenta que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita dicho trámite. Este hecho es de público conocimiento y constituye una situación objetiva que escapa de la voluntad de la recurrente.

Agrega que la recurrente cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es perfectamente verificable en línea mediante el sitio oficial del IVSS (http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss), ingresando el código de verificación único que figura en la parte inferior del documento: 239599761-2026109. El IVSS permite verificación por cédula de identidad (C.I.: RUT reservado), lo cual proporciona un mecanismo adicional de validación para la autenticidad del documento presentado mediante el siguiente link: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/.

Dicha verificabilidad electrónica, sumada a la legalización consular y ministerial, cumple plenamente con los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, en su artículo 1°.

Menciona que negar la validez de esa constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Añade que la página web de la seguridad social, al momento de emitir una constancia de afiliación, indica el plazo de vigencia, el cual puede ser descargada sucesivamente, es el motivo por el cual, se modifican los códigos alfanuméricos correspondiente a la constancia de mayo con la del mes de junio.

Alega que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, siendo confirmada esta decisión por la repartición pública recurrida.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que SS. estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos.

A folio 5, evacúa informe la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, señalando que la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional, establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Indica que la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Expresa que se tuvo a la vista el certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido el 31 de agosto de 2025 y 16 de febrero de 2026, por cuanto dichos certificados no señalan las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Adicionalmente, hace presente que el certificado emitido el 4 de agosto de 2025 se encuentra vencido. En efecto, el propio documento indica que su vigencia se extendía únicamente hasta el 31 de agosto de 2025.

Finalmente, señala que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 7, evacúa informe la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., señalando en primer lugar que, lo pedido por la recurrente −que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones– no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia.

Además, se desprende que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

Expresa que la recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales, aportando al presente recurso una constancia de cotización SIN FIRMA y una declaración jurada estas no pueden ser consideradas, por no cumplir los documentos presentados con los criterios de aceptación establecidos por la Superintendencia de Pensiones.

Señala que las excepciones contempladas en la Ley N°18.156 requieren el cumplimiento estricto de requisitos legales, siendo de carácter excepcional y por tanto de interpretación restrictiva. Indica que la recurrente no logró acreditar el cumplimiento del requisito del artículo 1° letra a), ya que la constancia electrónica no cumple con la especificidad requerida según Oficio N°20.294 de la Superintendencia de Pensiones, carece de apostilla o legalización conforme Oficio N°25.057, y se encontraba vencida al momento de la solicitud según jurisprudencia administrativa.

Manifiesta que la declaración jurada es insuficiente por ser un documento unilateral que no emana de autoridad competente, y que no concurren los requisitos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues su actuación se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente y jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, siendo la aplicación de estas normas obligatoria para las AFP.

Por estas razones, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentos.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicitó la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que lo autoriza a quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que ella acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social de 4 de agosto de 2025, que sea encontraba vencida al 31 de agosto del citado año, y también acompañó al recurso constancia electrónica de cotizaciones de 16 de febrero de 2026, que venció el 28 de febrero de 2026, pero sin perjuicio de ello, dichos documentos no cumplían con los requisitos de especificidad, legalización y vigencia exigidos por la normativa administrativa, además de una declaración jurada ante notario que resulta insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que, para el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por la actora, es posible constatar que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" carece de la especificidad requerida para demostrar la cobertura previsional por todos los riesgos exigidos, no se encuentra legalizada ni apostillada, sin perjuicio, además, de estar vencida al momento de la presentación de la solicitud (vigencia hasta 30 de abril de 2025), de manera que no es efectivo lo argumentado por el actor, puesto que no cuenta con la documentación pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes establecidos por la Superintendencia de Pensiones, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado, toda vez que, no es posible acceder a la verificación del documento.

Sexto: Que, asimismo, la declaración jurada acompañada por el recurrente constituye un documento unilateral emitido por la propia parte interesada, que no cumple el estándar de exigencias requerido por la Superintendencia de Pensiones, debiendo la acreditación del cumplimiento de los requisitos emanar de la autoridad previsional competente, conforme lo establece la letra b) del N°1 del Título XI, Libro II del Compendio de Normas.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida, tratándose de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1523-2026.