nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

Que, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, técnico superior universitario en informática, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, se interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal y arbitrario de fecha 20 de enero de 2026 que rechaza su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la ley N°18.156, al exigirle formalidades documentales no contempladas en dicha normativa, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que al consultar el estado de su solicitud vía call center, fue informado que esta no sería aprobada por falta de constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) apostillada o legalizada. Señala que dicha formalidad resulta materialmente imposible de cumplir, pues la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y sin funciones consulares, circunstancia de público conocimiento que escapa a su voluntad. Sostiene que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS es verificable en línea mediante el sitio oficial del organismo (código cbdf99663-2026109 o C.I.: RUT reservado), lo que satisface plenamente el requisito del artículo 1° letra a) de la ley N°18.156. Agrega que la Circular N°10 del Servicio Nacional de Migraciones flexibilizó las exigencias documentales para ciudadanos venezolanos, aceptando documentos sin legalización consular cuando existan medios alternativos de verificación, criterio que, a mayor razón, debiera aplicar la recurrida.

Sostiene que la normativa especial no exige apostilla ni legalización, limitándose a requerir afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que el documento electrónico acredita. Añade que imponer exigencias adicionales importa una interpretación formalista contraria a la finalidad de la norma. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema (roles N°96.380-2021 y N°7254-2025) y de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta (Rol N°247.104-2023), Valparaíso (Rol N°325-2024) y Concepción (Rol N°241-2025), que en casos análogos acogieron el recurso reconociendo la suficiencia de la documentación venezolana aportada.

En cuanto a las garantías vulneradas, el recurrente sostiene que el rechazo de AFP Provida afecta el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al imponerle exigencias adicionales no contempladas legalmente que no se aplican a otros solicitantes en igualdad de condiciones; y el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la misma Carta, al retener injustificadamente fondos que le pertenecen, privándolo del ejercicio de facultades esenciales del dominio sobre bienes incorporales de su exclusiva titularidad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a AFP Provida reconocer como válida la documentación aportada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos conforme a derecho y proceder a su devolución dentro de un plazo razonable, adoptándose todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Que AFP Provida S.A., evacuó el informe requerido solicitando el rechazo total del recurso con costas, fundado en dos razones: la improcedencia formal de la acción cautelar y la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Respecto de la improcedencia formal, sostiene que el recurso de protección es una acción cautelar de emergencia destinada a amparar derechos indubitados, y no a resolver controversias de lato conocimiento sobre derechos controvertidos. En la especie, la materia debatida —el cumplimiento de los requisitos del artículo 1° de la ley N°18.156— constituye un derecho dubitado cuya determinación exige un procedimiento contradictorio que no puede sustituirse por esta vía cautelar, invocando en apoyo un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 6 de enero de 2025 (Rol N°19.583-2024).

En cuanto al fondo, la recurrida reconoce haber rechazado la solicitud por no acompañarse certificado de afiliación vigente apostillado o legalizado, señalando que la constancia electrónica no lo reemplaza. Explica que la ley N°18.156 es norma de excepción de interpretación restrictiva, y que conforme al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se exige certificación de la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizada, que consigne en forma específica la cobertura efectiva del trabajador durante todo su período de servicios en Chile. La constancia electrónica adolece de deficiencias insalvables: carece de firma del emisor, menciona genéricamente las coberturas del sistema venezolano sin individualizarlas respecto del afiliado, y no está apostillada.

La declaración jurada tampoco es idónea, pues solo la autoridad previsional competente puede dar fe de la cobertura extranjera. Precisa además que el contrato de trabajo original de mayo de 2021 no consignó voluntad de mantenerse afiliado al sistema venezolano, haciéndolo solo mediante un anexo de julio de 2025, lo que configuraría una manifestación extemporánea. Agrega que el recurrente posee residencia permanente e inmueble en Chile, circunstancias relevantes conforme a la jurisprudencia de la Superintendencia. Apoya su defensa en sentencias de la Corte Suprema que rechazan devoluciones en casos análogos, en particular los roles N°20.366-2025, N°11.330-2025 y N°17.866-2025.

Por estas razones, solicita el rechazo íntegro del recurso con costas.

Informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente no registra reclamo administrativo ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que la ley N°18.156 es un régimen de excepción de interpretación restrictiva, aplicable solo a técnicos extranjeros que acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1°. Conforme al Compendio de Normas y a su jurisprudencia administrativa uniforme, el trabajador debe acreditar cobertura efectiva y específica para los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad —incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias— durante todo el período de servicios en Chile, mediante certificación legalizada de la autoridad previsional competente. La constancia electrónica del IVSS aportada no satisface dichas exigencias, al carecer de firma, no individualizar coberturas específicas del afiliado y no contar con apostilla, siendo Chile y Venezuela ambos Estados Parte de la Convención de La Haya. La declaración jurada del propio afiliado es igualmente inidónea. Concluye que no existen antecedentes que permitan establecer que el recurrente cumple los requisitos legales, citando como precedente aplicable el fallo de esta Corte Rol N°1431-2025 y su confirmación por la Corte Suprema Rol N°17.866-2025.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional denuncia como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia electrónica de afiliación previsional emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y declaración jurada validada ante notario; Título universitario debidamente apostillado; y Contrato laboral— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado o legalizado-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al informar, señaló no registrar reclamo administrativo de la recurrente, precisando que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1°, mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Ratificó que la jurisprudencia administrativa y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, han desestimado la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el IVSS.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.

Séptimo: Que, a mayor argumentación, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1522-2026.

En Valparaíso, veinte de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.