nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado el 9 de febrero de 2026, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, el 9 de febrero de 2026, la recurrida comunicó el rechazo de dicha solicitud, fundándose en la ausencia de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales apostillada o legalizada. Sin embargo, el recurrente alega que cuenta con una constancia electrónica vigente emitida por el IVSS, verificable en línea mediante el sitio oficial de dicho organismo, ingresando el código de verificación N°53d299640-2026109, o bien mediante cédula de identidad venezolana N°RUT reservado.

En lo que respecta a los fundamentos jurídicos invocados, el recurrente sostiene, en primer lugar, que la Ley N°18.156 solo exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, sin imponer formalidades adicionales relativas a la legalización o apostilla de los documentos acreditativos. En segundo lugar, señala que la imposibilidad de obtener documentación consular legalizada constituye un caso de fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil, dado que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, hecho de público conocimiento. En tercer lugar, aduce que el propio Estado chileno, a través del Servicio Nacional de Migraciones, ha flexibilizado las exigencias documentales para ciudadanos venezolanos mediante la Circular N°10, reconociendo expresamente la imposibilidad de obtener documentos legalizados. En cuarto lugar, invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país que han resuelto, en casos análogos, que la negativa de las AFP a devolver fondos previsionales bajo interpretaciones excesivamente formalistas constituye un acto ilegal y arbitrario.

Pide, se ordene a la AFP PROVIDA reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, proceder a la efectiva devolución de los fondos previsionales del recurrente.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 5, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver lo debatido, por tratarse de un asunto lato conocimiento y carácter contradictorio, y no existir derecho indubitado.

En cuanto al fondo, la recurrida sostiene que su actuar se ajusta estrictamente a la normativa vigente, toda vez que la documentación aportada por el recurrente no cumple con las exigencias de la Ley N°18.156, pues la constancia electrónica de cotizaciones carece de firma, no especifica coberturas y no está apostillada ni legalizada, siendo además la declaración jurada un medio inidóneo según instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Añade que la residencia permanente del recurrente en Chile constituye un factor adicional de improcedencia, pues podría comprometer recursos fiscales ante una eventual pensión básica solidaria.

Respecto al derecho, invoca el artículo 23 del DL N°3.500 y el artículo 64 de su Reglamento, que reservan los fondos previsionales exclusivamente al financiamiento de pensiones. Sustenta además su posición en reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema —causas Rol N°238.255-2023, N°6932-2025, N°11330-2025 y N°20.366-2025, entre otras— que ha concluido uniformemente que las exigencias de Provida se ajustan a derecho y no vulneran garantía constitucional alguna.

Acompañó documentos a su informe.

A folio 6, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, alegando preliminarmente, la improcedencia del recurso de protección, fundada en que la situación reclamada excede el ámbito de esta acción cautelar.

En cuanto a los hechos, refiere el recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Respecto de la documentación aportada, la Superintendencia concluye que las dos constancias electrónicas de cotizaciones del IVSS y la declaración jurada notarial acompañadas por el recurrente no resultan idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Las primeras, por cuanto no especifican las coberturas del recurrente, carecen de firma y no se encuentran apostilladas ni legalizadas conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil; la segunda, por cuanto dicha acreditación debe emanar exclusivamente de la autoridad previsional competente del país de origen.

Agrega que el requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 tampoco se encuentra satisfecho, pues ambos contratos de trabajo contienen manifestaciones de voluntad contradictorias respecto de la afiliación previsional, lo que conforme al Principio de Territorialidad determina que el recurrente quedó sujeto a la legislación previsional chilena.

Por último, señala que todo lo anterior se encuentra respaldado por la jurisprudencia administrativa de la propia Superintendencia y por reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que ha rechazado uniformemente acciones análogas, concluyendo que constancias electrónicas sin firma ni legalización y declaraciones juradas del propio afiliado no constituyen medios probatorios suficientes para acreditar los requisitos legales exigidos.

A folio7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley y una declaración jurada que no cumple con los requisitos legales.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de veintiocho de febrero mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1521-2026.

En Valparaíso, veinte de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.