nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución notificada el 2 de abril de 2025, que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero, identificada con los números 2603881, 2603883 y 2603884, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Señala que, dicha solicitud fue presentada el 28 de marzo de 2025 y rechazada el 2 de abril del mismo año, bajo el argumento de que la documentación aportada para acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano era insuficiente. Indica que, la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue desestimada por la recurrida, quien indicó que no constituía un certificado de afiliación válido al no estar firmado, apostillado o legalizado. Agrega que, la recurrida también cuestionó los anexos de contrato de trabajo donde manifestaba su voluntad de mantener la afiliación al sistema venezolano, alegando contradicciones.

Sostiene que, la recurrida actuó de manera ilegal y arbitraria al incorporar requisitos no contemplados en la Ley N°18.156, desconociendo que la constancia electrónica puede ser verificada a través del portal web oficial del Instituto Venezolano mediante un código de verificación o con el número de cédula del recurrente. Asevera que, este tipo de documentación ha sido aceptada por otras administradoras, como Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, para autorizar solicitudes similares.

Argumenta que, la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela configura un caso de fuerza mayor que hace imposible obtener documentos con mayores formalidades, situación que ha sido reconocida por la jurisprudencia. Manifiesta que, el rechazo vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Solicita que, se reconozca como válida la documentación presentada y se ordene a la recurrida efectuar la devolución de los fondos previsionales, reestableciendo así el imperio del derecho.

A folio 7, informa Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima. Expone que, el recurrente presentó tres solicitudes el 1 de abril de 2025 correspondientes a cotizaciones realizadas por diferentes empleadores entre mayo de 2019 y febrero de 2025. Indica que, tras analizar los antecedentes, rechazó las solicitudes mediante Memorándum N°12661, fundamentando su decisión en que la documentación presentada no cumplía con los requisitos legales.

Manifiesta que, la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no satisface las exigencias normativas al no estar apostillada o legalizada, no especificar las prestaciones cubiertas y no contar con firma de emisor. Agrega que, por otra parte, los contratos de trabajo contenían cláusulas contradictorias, pues el recurrente manifestaba mantener su afiliación al sistema venezolano pero simultáneamente autorizaba el descuento de cotizaciones en Chile.

Sostiene que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, particularmente los Oficios N°21.480, N°3141, N°12088, N°27.587 y N°3213, cuando existen manifestaciones contradictorias debe primar la obligación general de cotizar en el país donde se prestan servicios. Argumenta que, ha actuado en estricto cumplimiento de la normativa vigente, en su calidad de entidad fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones.

Concluye que, no existe actuación arbitraria ni ilegal que justifique el recurso de protección, solicitando su rechazo con costas.

A folio 11, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Expone que, la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida fundamentó su rechazo en que el recurrente no acreditó el cumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la ley, específicamente no demostró contar con cobertura efectiva contra los riesgos establecidos. Agrega que, la Superintendencia ha mantenido una jurisprudencia administrativa constante que exige para la aplicación de este beneficio excepcional la acreditación fehaciente de la afiliación previa a un régimen previsional extranjero que otorgue coberturas por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la prestación de servicios en Chile.

Expone que, se requiere además una manifestación inequívoca de voluntad del trabajador de mantener su afiliación al sistema extranjero, sin contradicciones en los documentos contractuales. Manifiesta que, estos criterios se fundamentan en el espíritu de la ley y en los principios constitucionales de igualdad ante la ley y derecho a la seguridad social.

Concluye señalando que, conforme a los antecedentes disponibles, no es posible determinar que el recurrente cumpla con las exigencias legales para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 12, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la Resolución notificada el 2 de abril de 2025, que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjeros, identificada con los números 2603881, 2603883 y 2603884.

Tercero: Que, el recurrido informa en síntesis que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se produjo por los siguientes motivos: (i) La constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos formales al no estar debidamente legalizada o apostillada, y no especificar las coberturas exigidas por la ley, y, (ii) Los anexos de contrato de trabajo contienen cláusulas contradictorias, donde el recurrente manifestó mantener su afiliación al sistema venezolano pero simultáneamente autorizó el pago de cotizaciones en Chile. Asevera que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha ajustado a la lo previsto en la Ley N°18.156 y a la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Por su parte la Superintendencia de Pensiones, indicó que la solicitud de devolución de fondos previsionales deducida por el recurrente, fue correctamente rechazada por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, puesto que no acreditó adecuadamente contar con cobertura previsional en su país de origen durante todo el periodo trabajado en Chile, ni manifestó inequívocamente su voluntad de mantener afiliación al sistema extranjero, requisitos copulativos establecidos en la Ley N°18.156 para la procedencia de este beneficio excepcional.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N°18.156, establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”. A su turno, el artículo 7°, prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”.

Quinto: Que, respecto a la primera causal invocada por la recurrida para desestimar la solicitud de devolución de fondos previsionales del extranjero recurrente, cabe señalar que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado por éste carece de firma autorizada y no cuenta con la legalización o apostilla requerida por el ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, en cuanto a la segunda causal de rechazo, relacionada con la manifestación de voluntad del trabajador exigida por la letra b) del artículo 1 de la Ley N°18.156, del análisis de los anexos de contrato de trabajo aportados por el recurrente se desprende la existencia de cláusulas contradictorias. En efecto, los referidos documentos consignan: "(...)El Trabajador nombre reservado, Rut: RUT reservado, manifiesta en este acto, la voluntad de mantener su afiliación al Sistema de previsión Social de su país de origen: Venezuela, dicho sistema de previsión es el Instituto Venezolano de los seguros sociales IVSS. Lo anterior manifestado, no implica suspender la obligación que mantiene actualmente con el pago de sus cotizaciones previsionales en Chile". (sic).

Octavo: Que, la declaración contenida en los anexos de contrato no satisface el requisito establecido en la letra b) del artículo 1 de la Ley N°18.156, por cuanto si bien el recurrente expresó su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional venezolano, tal manifestación queda desvirtuada por la declaración inmediatamente posterior, mediante la cual se obliga a continuar pagando sus cotizaciones previsionales en Chile. Esta contradicción impide considerar que exista una voluntad inequívoca de mantener exclusivamente la afiliación al régimen previsional extranjero, presupuesto esencial para la procedencia de la exención contemplada en la normativa invocada.

Noveno: Que, adicionalmente, del análisis de los anexos de contrato acompañados se desprende que el recurrente se desempeñó como recepcionista en la Clínica Dental Arauco, función que no corresponde a la categoría de "personal técnico extranjero" a que se refiere el artículo 1 de la Ley N°18.156. En efecto, dicha normativa establece expresamente que la exención del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas se aplica exclusivamente a "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero", requisito de especialización que constituye un presupuesto esencial para la procedencia del beneficio solicitado. Al no cumplir el recurrente con la calidad de técnico extranjero exigida por la ley, carece del derecho a solicitar la devolución de fondos previsionales contemplada en el artículo 7 del mismo cuerpo legal, motivos por los cuales la acción de protección intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado contra la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1501-2025.