Recurso de protección

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado y don nombre reservado deducen recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado las Resoluciones Exentas nro. NUM000 y nro. NUM001, ambas de fecha 16 de diciembre de 2025, que tienen por desistidas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, estimando que constituyen actos ilegales y arbitrarios que perturban sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, establecidos en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Exponen que ingresaron a Chile por paso no habilitado el 04 de agosto de 2023, fecha en que además realizaron sus declaraciones voluntarias de ingreso clandestino -contando la Sra. nombre reservado con el comprobante pertinente-, añadiendo que salieron forzadamente de su país de origen, Venezuela, ya que fueron víctimas de persecución por parte de agentes del Estado y por integrantes de pranes, lo que los torna en refugiados según prescribe el artículo 2 nro. 1 de la Ley nro. 20.430.

Agregan que el 19 de noviembre de 2025 formalizaron sus solicitudes de reconocimiento de su condición de refugiados, misma fecha en que se dictaron sendas resoluciones en las que se les informó que no cumplen con ciertos requisitos formales, al haber comparecido después de transcurrido el plazo de 7 días hábiles desde su ingreso al país, previsto en el artículo 26 de la ley citada y se les requirieron antecedentes para subsanar aquello, bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos de las peticiones. Se añadió en el dictamen del Sr. nombre reservado, que ingresó por paso no habilitado sin acreditar su presentación ante la autoridad para justificar su entrada.

Señalan que incorporaron sus cartas explicativas subsanando los puntos requeridos, a pesar de lo cual el Servicio Nacional de Migraciones dictó las resoluciones recurridas, teniéndolos por desistidos de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados. Estas actuaciones, prosiguen, les impidieron acceder al procedimiento administrativo y afectaron sus garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso.

Sostienen que las resoluciones son ilegales y arbitrarias. En cuanto a la ilegalidad, aducen que el plazo de siete días hábiles para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones fue establecido por la Ley nro. 21.655, de 20 de febrero de 2024, en circunstancias que los recurrentes ingresaron al país con anterioridad, de modo que es un requisito imposible de cumplir. Por otro lado, aduce el Sr. nombre reservado que la exigencia de presentación ante la autoridad dentro de diez días para justificar el ingreso irregular se encuentra prevista en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo nro. 837, que contiene el Reglamento de la Ley nro. 20.430, por lo que tal exigencia no puede ser tenida en cuenta para examinar la solicitud, pues el nro. 5 del artículo 26 de la ley establece la observancia sólo de sus propios preceptos como punto a considerar para conceder el reconocimiento de la calidad de refugiado, no así de las disposiciones de su reglamento.

Indican, en cuanto a la arbitrariedad, que las resoluciones impugnadas carecen de razonabilidad, ya que no cumplieron la normativa migratoria vigente ni aplicaron los principios generales de todo procedimiento administrativo, en particular el efecto de la ley en el tiempo, pues asignaron un requisito imposible de cumplir y que fue creado posteriormente a su ingreso al territorio nacional.

Aseveran que los actos aludidos afectaron la garantía constitucional del artículo 19 de la Carta Fundamental en su nro. 2, al establecer un trato desigual en comparación con otros administrados a los que se acogió a trámite la petición y en el nro. 3, en cuanto al debido proceso, al resolver sus solicitudes sin el debido fundamento legal.

Luego de citar los principios pro persona y de protección del asilo y refugio, finalizan solicitando que se acoja el recurso, se ordene dejar sin efecto las resoluciones recurridas, que tuvieron por desistidas sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado; se disponga, en cambio, que se las tenga por subsanadas y se instruya la emisión de nuevas resoluciones teniendo por formalizadas las peticiones y reanudando la tramitación, todo ello en un plazo máximo de 30 días, o bien se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que la recurrida señala en su informe que la Ley nro. 21.655 modificó la nro. 20.430, otorgando al Servicio Nacional de Migraciones, en el artículo 28 bis, la facultad de tener por desistidas aquellas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que no cumplan con los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 de la ley y en el artículo 37 del reglamento, a saber, la presentación dentro del plazo de 7 días hábiles desde el ingreso del solicitante al territorio nacional e informar a la autoridad contralora de frontera su intención de solicitar refugio en Chile. De este modo, estima que la modificación legal ratifica sus facultades de exigir el cumplimiento de requisitos formales mínimos.

En cuanto a los hechos, refiere que los recurrentes ingresaron a territorio nacional por paso no habilitado, manifestando su intención de obtener el reconocimiento de la condición de refugiado con fecha 07 de noviembre de 2025, petición a la que la autoridad administrativa, mediante decisión de 19 del mismo mes y año, respondió que no es posible dar curso por el incumplimiento de la presentación ante la autoridad en el plazo legal, otorgándoseles un lapso de 15 días hábiles para subsanar dicha situación, bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos. Añade el servicio que, previa evaluación de los antecedentes aportados, se dictaron las Resoluciones Exentas nro. NUM000 y nro.

NUM001, de 16 de diciembre de 2025, que tuvieron por desistidas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. En torno al recurrente nombre reservado, suma que tampoco presentó los antecedentes que permiten acreditar el cumplimiento de los plazos de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, que contiene el reglamento de la Ley nro. 20.430.

Agrega que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado en la Ley nro. 20.430 y en el Decreto nro. 837, que fija su Reglamento, cuyos artículos 36 y 36 bis disponen que se inicia con la entrega del formulario de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile en cualquier oficina de la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones o de sus Direcciones Regionales, en forma personal y presencial por el interesado, debiendo el Servicio verificar que cumple los requisitos formales establecidos en el artículo 25 de la citada ley, artículos 8, 35, 36 bis y 37 del reglamento, el artículo 31 de la Ley 19.880 y la Ley nro. 21.325.

Señala que se colige de la normativa citada, que quienes ingresan irregularmente al país deben presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción y dar una razón justificada para ello y agrega que el desistimiento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra regulado de forma explícita en la ley.

Relata que el Manual de Procedimiento dictado al efecto establece la entrega de la primera cita para que el solicitante rellene el formulario que da inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, luego de lo cual la autoridad administrativa efectúa la verificación de que se han presentado todos los antecedentes requeridos por la ley, conforme con lo prevenido en los artículos 25 de la Ley nro. 20.430 y 37 de su reglamento. Ante la ausencia de éstos, se debe otorgar al interesado un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitan subsanar tales situaciones. De incumplirse esa obligación, señala, se debe tener por desistido al solicitante, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 31 de la Ley nro. 19.880.

Asegura que no hay negligencia u omisión en torno a la aplicación de la ley en referencia ni su reglamento, de modo que no se presenta ilegalidad ni arbitrariedad que pueda vulnerar las garantías constitucionales de los recurrentes.

Solicita el rechazo del recurso de protección y alega la improcedencia de la imposición de las costas.

Tercero: Que la Prefectura Policial Los Andes de la Policía de Investigaciones, da cuenta de que los recurrentes no registran movimientos migratorios ni medidas cautelares, agregando que el recurrente nombre reservado no tiene declaración voluntaria de ingreso clandestino, ya que no ha sido denunciado al Servicio Nacional de Migraciones.

Cuarto: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 20 de la Constitución Política de la República, como una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, permitiendo a los Tribunales Superiores de Justicia la adopción de medidas de resguardo o providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y para asegurar la debida protección de quien se ve afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías cauteladas.

Quinto: Que, para una adecuada decisión del asunto, es necesario tener presente las siguientes circunstancias fácticas no discutidas: 1.- Que los recurrentes ingresaron al país por paso no habilitado. 2.- Que la actora nombre reservado formuló declaración voluntaria de ingreso clandestino, de la que se acusó recibo mediante correo electrónico de 04 de agosto de 2023. 3.- Que ambos solicitaron el reconocimiento de su calidad de refugiados con fecha 19 de noviembre de 2025, previa citación efectuada por la autoridad migratoria. 4.- Que mediante resolución de 19 de noviembre de 2025 se notificó a los recurrentes que no fue posible dar curso a las solicitudes, por haber excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, en los términos del artículo 26 de la Ley nro. 20.430. 5.- Que en el caso del actor nombre reservado además se dio por no satisfecha la carga de presentar antecedentes que den por cumplidos los plazos de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo nro. 837, teniendo en cuenta su ingreso por paso no habilitado. 6.- Que en las aludidas resoluciones se otorgó a los recurrentes un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes para subsanar tales situaciones, bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos. 7.- Que ambos recurrentes enviaron cartas explicativas para subsanar las inobservancias argüidas por el Servicio. 8.- Que el 16 de diciembre de 2025 se dictaron sendas resoluciones a través de las cuales se tuvo por desistidos a los actores de sus solicitudes, fundadas en que la documentación presentada no permite tener por subsanados los requisitos faltantes.

Sexto: Que, conforme con lo que se ha reseñado, el primer fundamento de las resoluciones reclamadas, cuestionado por ambos recurrentes, tiene relación con el incumplimiento de la exigencia de haber presentado la solicitud de reconocimiento ante el Servicio Nacional de Migraciones dentro de los siete días hábiles siguientes al ingreso a territorio nacional, según ordena el inciso quinto del artículo 26 de la Ley nro. 20.430, precepto que establece los requisitos para la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Dicho inciso fue incorporado a aquella normativa el 20 de febrero de 2024, tras la publicación en el Diario Oficial de la Ley nro. 21.655.

Séptimo: Que lo dicho es suficiente para entender que la exigencia en comento es improcedente, desde que sólo puede ser impuesta a quienes hayan hecho ingreso al territorio nacional con posterioridad a la modificación legal, estando ya plenamente vigente el nuevo texto.

Entenderlo de otro modo significa aplicar, a quienes pretenden acogerse al estatuto de refugiado, una regla sobre la oportunidad para presentar la solicitud que no existía a la época en la que entraron al país, con la intención de acogerse a la protección jurídica que otorga la calidad de refugiado. Como consecuencia de ello, la imposición del plazo para formular la petición deviene en una exigencia imposible de ser cumplida; por una parte, porque no hay elementos en la causa que lleven a concluir que los recurrentes debiesen suponer o avizorar la existencia de una regla como esa y, por la otra, porque en la actualidad se encuentra sobradamente transcurrido el breve término otorgado por la ley para tal solicitud.

En este orden de ideas, es importante precisar que, si bien el recurrente nombre reservado no aporta algún antecedente que otorgue una fecha cierta a su ingreso irregular, la afirmación contenida en el libelo de haber llegado al país el 04 de agosto de 2023 no ha sido controvertida por la recurrida y, además, el hecho de haber realizado esta tramitación administrativa conjuntamente con la Sra. nombre reservado es un indicio suficiente de que entraron juntos al país.

Octavo: Que en el caso del recurrente Sr. nombre reservado, el Servicio estimó como causal de desistimiento, además de la inobservancia de la presentación de la solicitud en el plazo indicado en el motivo precedente, el incumplimiento de los plazos previstos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo nro. 837, que contiene el Reglamento de la Ley nro. 20.430. Cabe tener presente sobre este punto que las normas aludidas, aplicables a los extranjeros que quieran formalizar una solicitud de refugio y hayan ingresado en forma irregular al país, imponen la obligación de presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, oportunidad en que deben alegar una razón justificada para ello. La recurrida vincula dichos preceptos con el artículo 26 de la ley tantas veces citada, en cuyo inciso segundo se fijan una serie de aspectos a analizar para conceder el reconocimiento de la calidad de refugiado, expresando su ordinal 5° que, en caso de ingreso irregular, deben cumplirse los requisitos y plazos fijados en esa ley, pero sin reenviar al reglamento.

Este último punto resulta fundamental, ya que la disposición legal ha delimitado el origen de las exigencias a los solicitantes que hayan ingresado irregularmente al país a lo consignado en sus propios preceptos, sin que sea factible para la autoridad administrativa extender el elenco de condiciones a satisfacer por los extranjeros a circunstancias que no están previstas en la Ley nro. 20.430, sino que en su reglamento, que es una normativa de carácter administrativo, con una jerarquía inferior a la ley y a la que, además, no se efectúa remisión alguna. Ello acarrearía una vulneración al principio de juridicidad.

Noveno: Que, por otro lado, es importante señalar que no es aplicable en este caso el artículo 31 de la Ley nro. 19.880, que regula el desistimiento de la solicitud de iniciación del procedimiento administrativo en caso de no adjuntarse los antecedentes adicionales requeridos por la autoridad, ya que la ley de la especialidad regula expresamente la materia, siendo innecesario acudir al texto supletorio.

Décimo: Que, conforme con lo que se viene señalando, es posible concluir que las resoluciones reclamadas son ilegales, puesto que declaran el desistimiento de las solicitudes de reconocimiento de la calidad de refugiados de los recurrentes aplicando erróneamente la ley; primero, al imponer la exigencia de formular dicha petición dentro de un plazo que no estaba legalmente establecido al momento de su ingreso al país, pues se incorporó a la Ley nro. 20.430 con posterioridad y; segundo, al considerar exigencias contenidas en una norma de carácter reglamentario a las que la ley no reenvía.

La ilegalidad detectada privó a los recurrentes del ejercicio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 nro. 2 de la Carta Fundamental, pues efectuó un distingo impropio en su perjuicio, limitando el acceso al procedimiento para obtener el reconocimiento de la calidad de refugiados, en circunstancias que otros ciudadanos extranjeros que ingresaron antes de la Ley nro. 21.655 no se enfrentaron a la barrera impuesta por la recurrida.

En consecuencia, se hará lugar al recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 26 y 28 bis de la Ley nro. 20.430, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección impetrado por nombre reservado y nombre reservado contra el Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas nro. NUM000 y nro. NUM001, ambas de fecha 16 de diciembre de 2025, que tienen por desistidas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes y se dispone que la autoridad recurrida dicte el decreto que tenga por subsanados los requisitos y de curso a la tramitación como en derecho corresponde, dentro de un plazo de 30 días.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Redactó la ministra titular Nancy Bluck Bahamondes.

N°Protección-150-2026.