nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, por haber rechazado, en esa misma fecha, su solicitud de retiro de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, en cuanto la recurrida exigió que el certificado de seguridad social venezolano se presentara debidamente legalizado o apostillado, requisito no contemplado en la normativa especial y de cumplimiento materialmente imposible dado el cierre de la representación diplomática venezolana en Chile, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

La recurrente presentó ante AFP Modelo, el 1 de septiembre de 2025, una solicitud de devolución de fondos acompañando, entre otros documentos, una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), instrumento verificable en línea mediante código de verificación único o cédula de identidad venezolana N°RUT reservado. La AFP rechazó la solicitud argumentando que dicha constancia no se encontraba legalizada ni apostillada, exigencia que la recurrente no puede satisfacer por el cierre total de la Embajada de Venezuela en Chile.

Sostiene que la Ley N°18.156 no exige en ninguno de sus preceptos que la certificación de afiliación sea presentada legalizada o apostillada, bastando acreditar que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen previsional extranjero que cubra vejez, invalidez, enfermedad y muerte. Al imponer una exigencia adicional, la recurrida realiza una interpretación restrictiva que contraría el espíritu de la norma. Invoca además el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor, la Circular N°10 del Servicio Nacional de Migraciones —que admite documentos venezolanos sin legalización cuando existan medios alternativos de verificación—, y jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones en causas similares —entre otros, Roles N°96.380-2021 y N°7254-2025 de la Corte Suprema, y Roles N°247.104-2023 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, N°325-2024 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y N°241-2025 de la Corte de Apelaciones de Concepción—.

Indica que el actuar de AFP Modelo vulnera el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al imponerle una exigencia adicional no contemplada en la ley que no se aplica igualmente a todos los solicitantes; y el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al retener injustificadamente fondos previsionales de su exclusiva propiedad. Indica asimismo que dicha conducta infringe el artículo 19 N°26, al imponer condiciones que impiden el libre ejercicio de sus derechos fundamentales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a AFP Modelo reconocer como válida la documentación acompañada y efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, adoptando las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Que AFP Modelo S.A., representada por don nombre reservado, abogado, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas. En cuanto a los hechos, señala que la recurrente presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2025 acompañando una Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS que no cumple con las exigencias normativas, por cuatro razones: no constituye un certificado de afiliación propiamente tal; describe genéricamente las coberturas del sistema venezolano sin individualizarlas respecto de la recurrente; carece de firma del emisor; y no se encuentra legalizada ni apostillada. Informada la recurrente de estas observaciones mediante respuesta al ticket N°2670440, de 14 de octubre de 2025, no presentó documentación corregida.

En cuanto al derecho, sostiene que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción de interpretación restrictiva que exige el cumplimiento copulativo de todos sus requisitos. El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones —Libro II, Título XI, N°2 letra b)— dispone expresamente que la documentación debe presentarse debidamente legalizada. En el mismo sentido, los Oficios N°21.480 de 2017, N°3141 de 2024 y N°12954 de 2025, todos de la Superintendencia de Pensiones, reiteran que las certificaciones electrónicas del IVSS sin firma, legalización ni apostilla no sirven para acreditar la cobertura previsional exigida, y que dicha acreditación debe ser específica para el trabajador y el período de prestación de servicios en Chile. Invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya sobre la Apostilla, siendo ambos países signatarios. Cita jurisprudencia favorable en causas análogas: Roles N°22142-2024 de la Corte de Apelaciones de Santiago —confirmado por la Corte Suprema en Rol N°13722-2025—, N°2023-2025 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso —confirmado en Rol N°18581-2025— y N°1763-2025 de la Corte de Apelaciones de Concepción —confirmado en Rol N°23218-2025—.

Que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°3695 de 20 de febrero de 2026, suscrito por la Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, doña nombre reservado, informa que la recurrente no ha formulado reclamo ante dicho Organismo por los hechos que motivan esta acción. En cuanto al fondo, reitera que la ley N°18.156 es una norma de excepción de aplicación restrictiva, que exige acreditar cobertura previsional específica —no genérica— para todos los riesgos legales durante todo el período de servicios en Chile. Señala que la Constancia Electrónica del IVSS aportada no cumple dichos estándares, en cuanto carece de firma, no ha sido apostillada ni legalizada, no acredita coberturas individualizadas de la recurrente ni un período determinado de cobertura. Invoca la jurisprudencia de esta misma Corte en Rol N°1431-2025, confirmada por la Corte Suprema en Rol N°17866-2025, que en caso análogo rechazó la acción de protección. Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que la recurrente cumple las exigencias de la Ley N°18.156, sin acompañar documentos adicionales.

Se trajeron los autos en relación Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Modelo S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por la recurrente, fundando la acción en que sí cumplió con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley N°18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde al documento solicitado (es una constancia de cotizaciones), no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, el periodo de cobertura y no se encuentra apostillado o legalizado. Además, afirma que el certificado de cotizaciones si bien se encuentra legalizado, este ha perdido su vigencia de 120 días, pues su legalización data de 1 de abril de 2024, habiendo caducado en el mes de noviembre.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley N°18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprender los á riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la AFP recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa aplicable al caso. En efecto, la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no permite acreditar que la actora se encontraba protegida por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa ALPHELO CA inscrita bajo el Número Patronal F26128921 con Fecha (sic) de egreso 03/10/2006 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que el actor se encontraba cubierto por el seguro social.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero, situación que también debió cumplir el certificado de cotizaciones, el que si bien se encuentra legalizado, ha perdido su vigencia de 120 días contenido en el mismo documento, a la fecha de presentación de la solicitud de retiro de fondos.

Quinto: Que, además, tampoco ha acreditado ante esta Corte el requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile.

Sexto: Que, en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar la existencia del impedimento, como también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas.

En el caso de autos, no se ha demostrado que el recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal, y tal es así, que, en innumerables recursos presentados por nacionales de Venezuela ante esta Corte, se presentan documentos debidamente apostillados.

Séptimo: Que, además, conforme a los antecedentes acompañados, el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria la decisión ni sus fundamentos, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1493-2026.