nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio 1, comparece Fabiola Vilches Salinas, abogada, en favor de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, kinesiólogo y en contra de nombre reservado, neurólogo, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado y en Anabaena 336, nombre reservado.

Funda su arbitrio señalando que nombre reservado, es kinesiólogo de profesión y forma parte de la Sociedad Prolife Limitada, la cual tiene convenios con varias entidades.

La Sociedad Prolife, tiene varios profesionales que prestan servicios en diversas formas de contratación. En la actualidad no tienen incumplimientos laborales, societarios o contractuales. Se rigen por convenios debidamente redactados y adecuados.

Expone que uno de los socios de la empresa es don nombre reservado, quien se encuentra fuera de la empresa como socio y no cumple funciones en su calidad de kinesiólogo sino meramente administrativas. Esto por cuanto fue condenado por un delito de abuso sexual a una menor de 14 años, que en la actualidad tiene 19. La menor en su tiempo sufrió un enamoramiento de nombre reservado, manteniendo un acercamiento poco prudente, el que fue develado cuando ya estaba en los 18 años, y fue condenado. Dentro de las prohibiciones que estableció la sentencia fue impedir que realizara labores profesionales en establecimientos educacionales y o tuviera contacto en sus labores con menores de edad, igualmente se estableció la prohibición de acercarse a la victima de nombre nombre reservado. Cuestión que se ha cumplido a cabalidad.

Indica que en la actualidad nombre reservado, se encuentra fuera de su trabajo como tal cumpliendo labores administrativas y de hecho con licencia médica por un diagnóstico de depresión mayor.

Señala que es del caso, que el recurrido es padre de doña nombre reservado, de actuales 19 años de edad. En la sentencia, nunca se condenó a la Empresa Prolife, sociedad a la cual pertenece. La situación es que el recurrido, se ha dedicado de manera continua y recurrente a llamar a las instituciones con las que tienen convenios, amenazarlos con funa y generando descrédito a la empresa, sosteniendo que uno de los socios es pedófilo, lo que no se condice con la verdad.

Refiere que es así que el día 22 de febrero del 2024, llegó un correo de la organización Raymar SpA con la que tienen convenio el cual señala que da por terminado el convenio entre el Centro de Kinesiología, Traumatología y Osteopatia Prolife Limitada y el club Raymar SpA. Buscando explicación a esta situación, les explicaron que el recurrido, vía instagram les envió el siguiente mensaje: “Estimados: He visto en las redes sociales que hicieron un convenio con Prolife, cuya propiedad es de un pedófilo llamado nombre reservado, quien se encuentra CONDENADO por abuso sexual infantil, esta en el registro de pedófilo y tiene prohibición de ejercer en cualquier actividad que involucre menores. Si ustedes aceptan a este degenerado, entonces yo también iré tras el club. Ojala tengan coherencia”

Mencionan que sospechan que lo mismo hizo con el club Triatlon Tricostas, quienes el 20 de febrero del 2024, cerraron igualmente el convenio con la Empresa Profile Ltda.

Considera que el acto arbitrario e ilegal que implica que el requerido realice actos de amenaza a terceros con quienes tienen convenio, implica vulnerar las garantías fundamentales del artículo 19 N° 4, 15, 16 y 21.

Agrega que lo insólito de esta situación es que la propia víctima, de actuales 19 años de edad, por la que se condena a nombre reservado, es quien va al centro, se acerca y hasta hace ejercicios a las afueras del local, cuestión que ha sido captada por las cámaras del edificio, se acerca al representante legal de la empresa y hasta lo saluda.

Reclama que nombre reservado, tiene derecho a la intimidad, tiene derecho a continuar con su trabajo dentro de los requerimientos y cumplirlos dentro del ámbito que impuso la sentencia condenatoria.

Pide se ordene al recurrido abstenerse de efectuar cualquier tipo de publicación por redes sociales u otros, de efectuar amenazas a sus colaboradores, socios o clientes, a menos que vea un incumplimiento a alguna resolución judicial, por quien se vea instado al cumplimiento de ella, con costas.

A folio 5, comparece Jaime Andrés Vera Vega, abogado, en representación de don nombre reservado.

Señala que en el mes de febrero de 2021, su representado y la madre de nombre reservado, doña nombre reservado, interpusieron una querella ante el Juzgado de Garantía de nombre reservado por delito reiterado de abuso sexual en contra de nombre reservado, dando inicio a un proceso penal que se tramitó bajo el RUC 2110007384-3, RIT 1545-2021.

El Ministerio Público de nombre reservado, específicamente la fiscal Carolina Monsalve, desarrolló la investigación respectiva y una vez cerrada, dedujo acusación en contra de nombre reservado, a la cual adhirieron los querellantes. La causa se elevó a juicio oral tramitado ante el Tribunal de Jucio Oral en lo Penal de nombre reservado, causa RIT 435-2022, audiencia juicio oral que se celebró entre los días 22 y 23 de mayo de 2023, dictándose veredicto condenatorio en contra del acusado nombre reservado.

la sentencia definitiva se pronunció con fecha 29 de mayo de 2023 y según consta de su considerando 5º, en ella se dieron por establecidos los siguientes hechos: “En fecha indeterminada, durante el año 2018, nombre reservado De La nombre reservado quien se desempeñaba como kinesiólogo de la menor nombre reservado C. D. L., nacida el 29 de septiembre de 2004, en el centro Prolife, ubicado en José Manuel Balmaceda 183, local 1, nombre reservado, efectuó actos de relevancia y connotación sexual que afectaron el cuerpo de la menor consistentes en tocar su trasero y glúteos; pedir a ella que lo besara en el cuello a lo que la niña accedía, abrazarla y acariciarla haciéndole sentir que tenía una relación de pareja sentimental, además, de pedirle una foto desnuda en una oportunidad, a lo que ella se negó”.

En virtud de lo expresado, consta en la sentencia referida que el tribunal impuso a nombre reservado las siguientes penas:

A) Cuatro años de presidio menor en su grado máximo; y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Dicha pena fue sustituida por libertad vigilada intensiva.

B) La pena accesoria especial de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos en que la ley designa y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, consistiendo esta sujeción en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual.

C) La pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

D) Que, asimismo, en los términos del artículo 17 de la Ley 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, se dispuso, además, la incorporación de su huella genética en el Registro de Condenados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º de la citada ley.

Respecto de dicha sentencia, la defensa interpuso recurso de nulidad el que fue desestimado en forma unánime por la Segunda Sala de este Ilustrísimo Tribunal con fecha 10 de julio de 2023, quedando firme y ejecutoriada la condena precedentemente referida.

Indica que es una verdad procesal irrefutable que el recurrente nombre reservado fue condenado por un delito de abuso sexual infantil cometido en perjuicio de la hija de su representado, quien a la fecha de los hechos era menor de 14 años, fallo que fue refrendado por dos tribunales de la República.

Sostiene que su representado no niega la remisión del mensaje que dio origen a la interposición del recurso de protección, sin embargo, entiende que la determinación de la naturaleza de la información contenida en aquel, debe llevar a concluir que no ha existido de su parte un acto ilegal o arbitrario que justifique el amparo requerido mediante una acción cautelar de emergencia como es el recurso de protección. En efecto, la información proporcionada es completamente veraz, pues se trata de la comunicación a un tercero de una condena que se ha sido impuesta en forma válida por los tribunales de justicia competentes en nuestro país para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de las personas. Más aun, aunque sin especificar los detalles del proceso, es una cuestión consentida por la propia recurrente que el señor nombre reservado fue condenado por los hechos que se transcribieron precedentemente.

Además, la información entregada tiene un carácter público, pues tiene relación con lo dispuesto en una sentencia firme pronunciada por un tribunal de la República, esto es, por un Poder del Estado. En tal sentido, se trata de información que puede ser imbricada en los supuestos establecidos en el artículo 8º inciso 2º de la Constitución. No existe una ley de quorum calificado que disponga el secreto de información contenida en una sentencia judicial en materia penal, incluso en casos en que existan personas menores de edad involucradas. Lo anterior se ve ratificado por lo dispuesto en el artículo 9º del Código Orgánico de Tribunales que también consagra la publicidad de las actuaciones judiciales, salvo lo establecido por la ley. Como se puede desprender de las normas antes señaladas, la información comunicada por su representado tiene el carácter de absolutamente veraz y pública.

Estima que considerando la naturaleza de la información remitida su representado está actuando en el ejercicio del derecho fundamental de libertad de información.

Indica que el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”. Como complemento del reconocimiento del derecho fundamental señalado, el artículo 1° de la Ley N° 19.733 dispone que la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituye un derecho fundamental de todas las personas.

Agrega que el recurrido ha actuado por la salvaguarda de intereses legítimos. En efecto, tal como puede visualizarse en sus redes sociales Raymar SpA, entre otras actividades, mantiene un club de natación en la que participan menores de edad.

Aduce que contrariamente a lo sostenido por la recurrente, los hechos materia del recurso no constituyen una “funa”, y tampoco puede estimarse que origine un supuesto de doxing. En efecto, la información materia del mensaje no es personal y tampoco fue puesta en circulación.

Concluye que no ha existido una afectación de la honra del recurrente, el mensaje remitido no contiene referencias que puedan entenderse como atentatorias de dicho derecho. En segundo lugar, en lo que respecta al derecho de asociación, este tampoco puede verse amenazador siquiera, porque el recurrente, así como todos sus socios y colaboradores mantienen una libertad plena para ejercer este derecho, pudiendo relacionarse también libremente con otras personas naturales o jurídicas. En tercer lugar, en cuanto a la libertad de trabajo, está garantía sólo se protege en lo relativo a al derecho a su libre elección y libre contratación, que en ningún caso se ven afectados en la especie. Por último, en cuanto al derecho a realizar una actividad económica, este derecho fundamental también permanece incólume. Sin perjuicio de ello, el mismo numeral 21 del artículo 19 señala que esta garantía tiene límites impuestos por la ley.

A folio 6, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el actor denuncia como ilegal y arbitrario la publicación efectuada por el recurrido en la red social “Instagram”, en la que afirma que la empresa recurrente es propiedad de un pedófilo llamado nombre reservado, quien se encuentra condenado por abuso sexual infantil, lo que vulneraría sus garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 4, 15, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, el actor acompañó como prueba documental una impresión de pantalla en la que se puede apreciar la publicación aludida, en la que se lee en la cuenta “nombre reservado”, el siguiente mensaje: “Estimados: He visto en las redes sociales que hicieron un convenio con Prolife, cuya propiedad es de un pedófilo llamado nombre reservado, quien se encuentra CONDENADO por abuso sexual infantil, está en el registro de pedófilo y tiene prohibición de ejercer en cualquier actividad que involucre menores. Si ustedes aceptan a este degenerado, entonces yo también iré tras el club. Ojalá tengan coherencia”.

Tercero: Que, de acuerdo al antecedente acompañado y lo reconocido por el propio recurrido en su informe, es posible establecer la efectividad del mensaje enviado a través de “Instagram”, que en el recurso se indica que fue enviado al Club Raymar.

Cuarto: Que, en cuanto a la calificación o apreciación de las expresiones vertidas en contra del recurrente en el señalado mensaje y determinar si son agraviantes a sus derechos constitucionales, debe tenerse presente que se trata de una misiva privada que da a conocer información de carácter público, como lo es la dictación de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nombre reservado, por el delito de abuso sexual infantil, dictada en su contra y, en tales términos, constituye el legítimo ejercicio de la libertad de expresión amparada por la Constitución, debiendo precisarse que tal acción no puede ser calificada de funa.

Quinto: Que, en mérito de lo anterior, corresponde desestimar el presente recurso como se dirá a continuación.

Sexto: Que, si bien la última frase del mensaje precitado, “Si ustedes aceptan a este degenerado, entonces yo también iré tras el club. Ojalá tengan coherencia”, podría constituir un delito de acción privada, tal expresión en todo caso afectaría a un tercero, el que no ha concurrido a la presente acción.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1 por doña Fabiola Vilches Salinas, abogada, en favor de don nombre reservado, y en contra de don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-1480-2024.

Sujeta a anonimización.

En Valparaíso, seis de mayo de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.