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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1477-202621 abr 2026

nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha
21 de abril de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 1477-2026, sentencia de 21 de abril de 2026

Resumen

Se rechaza la protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y la COMPIN, al no ser arbitrarios ni ilegales los rechazos de licencias: se fundan en la naturaleza crónica de la patología y en la incompatibilidad con la pensión de invalidez del titular.

Texto íntegro

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado, trabajador dependiente, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Valparaíso -Subcomisión Viña del Mar - Quillota, por los actos que califica de arbitrarios e ilegales consistentes en el rechazo del pago del subsidio correspondiente a las licencias médicas que indica y en la negativa de justificación del reposo, mediante: 1) la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-156483-2025, de 14 de noviembre de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de la licencia médica folio N°RUT reservado, extendida por 60 días a contar del 22 de septiembre de 2025; y 2) las resoluciones dictadas por la Subcomisión Viña del Mar- Quillota de la COMPIN Región de Valparaíso, que rechazaron las licencias médicas folios N°s RUT reservado, extendida por 60 días a contar del 21 de noviembre de 2025, y RUT reservado, extendida por 60 días a contar del 20 de enero de 2026, todas por diagnóstico de úlcera de decúbito (código L89); lo que estima vulneratorio de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 9, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, relata que es trabajador conserje desde el 4 de marzo de 2024, con contrato indefinido y que a principios del año 2025 debió someterse a una intervención quirúrgica mayor por úlcera de decúbito y por área de presión en la zona sacra, con reconstrucción mediante colgajo, procedimiento cuya recuperación se ha extendido más allá de lo habitual en razón de su condición de diabético, lo que dificulta la cicatrización y ha motivado sucesivas intervenciones quirúrgicas y una seguidilla de licencias médicas por la misma patología.

Agrega que cuenta con credencial de discapacidad en razón de las secuelas de su hospitalización en el año 2020, entre las que se encuentra la amputación de los dedos de los pies, motivo por el cual recibe una pensión de invalidez que no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas ni las de su grupo familiar, lo que lo ha obligado a trabajar como conserje; y que el no pago de las licencias le ha impedido costear el arriendo y los traslados a sus curaciones, que se practicaban tres veces por semana.

Sostiene que el acto impugnado es ilegal y arbitrario por cuanto las recurridas rechazaron las licencias médicas sin una adecuada fundamentación, limitándose a emplear fórmulas genéricas y a invocar la existencia de una incapacidad permanente previamente declarada, sin considerar que las patologías que motivan las licencias reclamadas son de carácter recuperable y distintas de aquellas que dieron origen a la pensión de invalidez, y sin ponderar debidamente los antecedentes clínicos acompañados, particularmente los informes del médico tratante que dan cuenta de la evolución favorable del cuadro y del pronóstico de reintegro laboral.

Denuncia una infracción de los artículos 11, 16, 40 y 41 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, y del artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que exigen la debida motivación de los actos administrativos que afectan los derechos de los particulares.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de las recurridas y, en consecuencia, se ordene la aprobación y pago de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, disponiendo las recurridas el otorgamiento del subsidio por incapacidad laboral correspondiente, con costas.

Acompaña a su presentación, entre otros antecedentes: la Resolución Exenta R-01-UNRA-156483-2025; la resolución de la Subcomisión Viña del Mar respecto de la licencia N°RUT reservado; el formulario de apelación en contra del rechazo de la licencia N°RUT reservado, de 21 de enero de 2026; la licencia médica electrónica folio N°RUT reservado; el listado maestro de licencias médicas; el certificado médico emitido por el Dr. nombre reservado CESFAM Belloto Sur, de 3 de noviembre de 2025; seis protocolos quirúrgicos del Hospital de Quilpué de fechas 10 de marzo, 24 de marzo, 9 de abril, 16 de abril, 2 de mayo y 12 de mayo, todos del año 2025; el informe complementario del médico tratante Dr. nombre reservado, de 19 de noviembre de 2025; y el certificado del Dr. nombre reservado, de 5 de febrero de 2026.

A folio 8, evacúa informe doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien solicita, en primer término, la declaración de improcedencia de la acción, por estimar que la materia debatida corresponde al derecho a la seguridad social, garantía establecida en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no amparada por el artículo 20 de la misma Carta Fundamental.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción por estimar que su representada actuó dentro del marco de sus atribuciones legales y que los rechazos se sustentaron en la insuficiencia de los antecedentes clínicos para justificar el reposo prescrito más allá del tiempo previamente autorizado por la misma patología.

Expone que, conforme al Dictamen N°006.7448/2021 de 20 de octubre de 2021, ejecutoriado el 20 de noviembre de 2021, de la Comisión Médica Regional de la Superintendencia de Pensiones, al recurrente se le ha reconocido un 91% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordándose invalidez definitiva total, y que de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 12 del Decreto Ley N°3.500 y el artículo 75 del Decreto Supremo N°57, de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las pensiones de invalidez son incompatibles con los subsidios por incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez. Agrega que, al momento de resolver, constaban 363 días de reposo previamente autorizado por la misma patología y que los informes médicos de sus especialistas -en particular, el informe del profesional nombre reservado de 16 de diciembre de 2025- concluyeron que la patología del recurrente impresiona irrecuperable.

Concluye la inexistencia de un derecho indubitado sobre los subsidios por incapacidad laboral y la ausencia de vulneración de garantías constitucionales.

Acompaña, entre otros antecedentes: la Resolución Exenta R-01-UNRA-156483-2025, de 14 de noviembre de 2025; la Resolución Exenta R-01-DC-12376-2026, de 28 de enero de 2026, que rechazó la reposición y confirmó el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado; los expedientes administrativos R-189416-2025 y R-198352-2025, y la ficha médica correspondiente al caso.

A folio 11, evacúa informe don Claudio Felipe Pablo Cruz Tapia, abogado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, quien solicita, asimismo, el rechazo del arbitrio.

Alega la extemporaneidad de la acción respecto de la resolución dictada por la Superintendencia de Seguridad Social.

En cuanto al fondo, sostiene que la licencia médica constituye un instrumento cuya finalidad es la recuperación de la salud del trabajador, de modo que, tratándose de patologías crónicas no susceptibles de mejoría mediante reposo, no corresponde su aprobación.

Invoca la existencia de pensión de invalidez total y definitiva reconocida al recurrente por Dictamen de la Comisión Médica Regional de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de octubre de 2021, bajo diagnóstico de “DMIR con amputación, E10” esto es, diabetes mellitus resistente a la insulina con amputación, y afirma que la úlcera de decúbito que motiva las licencias reclamadas es consecuencia de dicha patología de base, razón por la cual operaría la incompatibilidad prevista en los artículos 12 inciso segundo del Decreto Ley N°3.500 y 75 del Decreto Supremo N°57, de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Añade que la Contraloría Médica de la COMPIN dispuso la medida contemplada en la letra d) del artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, esto es, la solicitud de antecedentes clínicos complementarios al profesional emisor, dando así cumplimiento a la exigencia del artículo 3° del Decreto Supremo N°7, de 2013, del Ministerio de Salud.

Acompaña copia de las resoluciones dictadas por la Subcomisión Viña del Mar - Quillota de la COMPIN Región de Valparaíso respecto de las licencias médicas folios N°s 4-22292980, 4-22720035 y 4-23085804, en las que consta que el rechazo se fundamenta en la causal R-40: Patología crónica, cuyo reposo no cumple rol terapéutico.

A folio 12, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la alegación de improcedencia:

Primero: Que, la Superintendencia de Seguridad Social ha sostenido, en forma previa a su defensa de fondo, que la acción de protección resulta improcedente por cuanto versaría sobre materias propias del derecho a la seguridad social, consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía no comprendida entre aquellas amparadas por el artículo 20 de la misma Carta Fundamental. Sin embargo, lo que se denuncia por esta vía es la afectación de la integridad física y psíquica del recurrente y de su derecho de propiedad, derechos consagrados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución, ambos expresamente amparados por el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, la acción resulta procedente y la alegación será desestimada.

II. En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Segundo: Que, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso estiman, asimismo, que la acción cautelar ha sido interpuesta fuera del plazo de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, alegación que será desechada.

Tercero: Que, en efecto, consta en el expediente administrativo acompañado que la Resolución Exenta R-01-UNRA-156483-2025, de 14 de noviembre de 2025, fue objeto de un recurso de reposición interpuesto el 19 de noviembre de 2025, el cual fue resuelto mediante la Resolución Exenta R-01-DC-12376-2026, de 28 de enero de 2026. De otra parte, las resoluciones dictadas por la Subcomisión Viña del Mar — Quillota respecto de las licencias médicas folios N°s RUT reservado y RUT reservado, según consta de los respectivos formularios, fueron dictadas el 16 de febrero de 2026. Habiéndose interpuesto el presente arbitrio constitucional el día 12 de febrero de 2026, debe concluirse que la acción fue deducida dentro del plazo establecido en la normativa que rige la materia.

III. En cuanto al fondo del asunto planteado a esta Corte:

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Quinto: Que, se impugna la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-156483-2025, de 14 de noviembre de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de la licencia médica folio N°RUT reservado, extendida por 60 días a contar del 22 de septiembre de 2025, así como las resoluciones dictadas por la Subcomisión Viña del Mar — Quillota de la COMPIN Región de Valparaíso, que rechazaron las licencias médicas folios N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por 60 días cada una, todas bajo diagnóstico de úlcera de decúbito (código L89) y rechazadas por la causal R-40: Patología crónica, cuyo reposo no cumple rol terapéutico.

Sexto: Que, el pronunciamiento sobre el rechazo de licencias médicas por parte de la Superintendencia de Seguridad Social y de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez tiene fundamento legal en los artículos 2° letra c), 3° y 27 de la Ley N°16.395, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, y en los artículos 16, 21, 25, 43, 44 y 45 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional. Dichas normas confieren a los referidos organismos la potestad técnica para pronunciarse sobre la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas, y para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, pudiendo conocer y resolver los reclamos que se deduzcan en relación con dichos pronunciamientos.

Séptimo: Que, en ese marco, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica constituye el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por médico cirujano, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Institución de Salud Previsional según corresponda, siendo un presupuesto esencial para su autorización la finalidad terapéutica del reposo, esto es, la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere su capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. En consecuencia, cuando la Administración constata que el reposo prescrito ha perdido dicha finalidad terapéutica, por tratarse de una patología de curso crónico no susceptible de modificarse mediante el reposo, el rechazo de la licencia médica se ajusta al marco normativo antes señalado.

Octavo: Que, en la especie, consta del listado maestro de licencias médicas acompañado y de los informes evacuados por las recurridas que, con anterioridad a los rechazos impugnados, la Subcomisión Viña del Mar — Quillota había autorizado al recurrente un total de 363 días de reposo por la misma patología — úlcera de decúbito, código L89 —, extendidos sucesivamente durante los años 2024 y 2025. Los informes técnicos acompañados por la Superintendencia de Seguridad Social, en particular el emitido por el profesional nombre reservado el 16 de diciembre de 2025, concluyen que el paciente, con 363 días de reposo ya autorizado, “impresiona irrecuperable, a pesar de múltiples cirugías con colgajo y aseo quirúrgico se mantiene en curaciones”, dando cuenta de una condición de curso prolongado con persistencia sintomática a pesar del tratamiento.

Noveno: Que, a lo anterior, se agrega que mediante el Dictamen N°006.7448/2021, de 20 de octubre de 2021, ejecutoriado el 20 de noviembre de 2021, de la Comisión Médica Regional de la Superintendencia de Pensiones, al recurrente se le reconoció un 91% de menoscabo de su capacidad de trabajo, declarándose en su favor invalidez definitiva total, condición con fundamento en la cual percibe pensión de invalidez desde el 2 de noviembre de 2021, circunstancia reconocida por el propio recurrente en su libelo.

Décimo: Que, tratándose de personas afiliadas al Sistema del Decreto Ley N°3.500, de 1980, a quienes las Comisiones Médicas respectivas les han fijado un grado de incapacidad que les da derecho a pensión de invalidez, el inciso segundo del artículo 12 del mismo Decreto Ley dispone que las pensiones de invalidez establecidas por dicha ley son incompatibles con los subsidios por incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 75 del Decreto Supremo N°57, de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reglamento del citado Decreto Ley N°3.500. De tal suerte, a partir de la ejecutoria del dictamen de invalidez, no procede autorizar licencias médicas posteriores por el mismo cuadro clínico que dio origen a la invalidez definitiva total, salvo aquellas que se encontraren en curso al momento de quedar ejecutoriado el dictamen.

Undécimo: Que, en este punto, consta de los antecedentes administrativos acompañados que la invalidez definitiva total reconocida al recurrente fue decretada bajo el diagnóstico “DMIR con amputación, E10”, esto es, diabetes mellitus resistente a la insulina con amputación. A su vez, de la cartola médica y de los antecedentes clínicos evaluados por la Superintendencia de Seguridad Social aparece que el recurrente presenta entre sus antecedentes médicos de relevancia la referida diabetes mellitus, bajo tratamiento con insulinoterapia, condición que está expresamente consignada en las epicrisis y en la historia clínica que sirvió de base al pronunciamiento administrativo. En ese marco, ha sido la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso la que, en su informe de folio 11, sostiene que la patología de úlcera de decúbito que motiva las licencias reclamadas constituye una consecuencia de la diabetes que originó la invalidez, y es sobre la base de esa apreciación técnico-clínica, formulada por el propio órgano que tiene competencia legal para evaluar la procedencia del reposo, que se invoca la regla de incompatibilidad referida en el motivo precedente, apreciación que, por tratarse del ejercicio de una potestad técnica entregada a la Administración, no corresponde ser revisada en esta sede cautelar.

Duodécimo: Que, en cuanto a la alegación del recurrente en orden a que los actos impugnados carecerían de motivación suficiente, ella no puede prosperar. La Resolución Exenta N°R-01-UNRA-156483-2025 de la Superintendencia de Seguridad Social y la Resolución Exenta N°R-01-DC-12376-2026, que la confirma en sede de reposición, expresan con claridad los fundamentos técnicos y legales del rechazo. Por una parte, la naturaleza crónica y no modificable con el reposo de la patología, a partir de los 363 días ya autorizados; y por otra, la existencia de pensión de invalidez total y definitiva desde el 2 de noviembre de 2021, invocando el inciso segundo del artículo 12 del Decreto Ley N°3.500 y del artículo 75 del Decreto Supremo N°57, de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Las resoluciones de la Subcomisión Viña del Mar — Quillota, a su turno, invocan la causal R-40 del Decreto Supremo N°3, de 1984, relativa a patología crónica cuyo reposo no cumple rol terapéutico, fundamento que debe leerse en conjunto con los antecedentes técnicos que constan en las cartolas médicas, donde se deja expresa constancia del estudio efectuado por la Contraloría Médica y de las razones clínicas tenidas a la vista.

Decimotercero: Que, en consecuencia, las resoluciones impugnadas no adolecen de ilegalidad ni de arbitrariedad. Las recurridas actuaron dentro del ámbito de sus atribuciones legales, fundaron su decisión en el mérito de los antecedentes técnicos recabados y en la normativa que rige la materia, y aplicaron una regla legal de incompatibilidad expresamente establecida por el ordenamiento previsional. Tales circunstancias impiden tener por configurado el presupuesto básico que justifica brindar protección constitucional por esta vía, esto es, la existencia de un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, motivo por el cual el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad opuesta por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso.

III.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Subcomisión Viña del Mar- Quillota de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1477-2026