nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana , y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero , lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, adjuntando para ello sus contratos de trabajo, título profesional apostillado y constancia de afiliación ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Señala que, mediante comunicación de 21 de enero de 2026, la recurrida rechazó la solicitud alegando que la documentación era "incompleta e insuficiente", exigiendo específicamente un documento apostillado que acredite la afiliación en su país de origen.

Alega que, existe una imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular o apostilla de dichos certificados debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Sostiene que, la autenticidad de la afiliación puede ser corroborada electrónicamente mediante el código de verificación contenido en la planilla del IVSS en su portal web oficial, por lo que la exigencia de formalidades adicionales no previstas en la ley deviene en un actuar caprichoso. Argumenta que, la conducta de la recurrida obstaculiza el ejercicio del derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales y le otorga un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias. Asevera que, se han cumplido íntegramente los requisitos legales, por lo que la retención de los fondos carece de fundamento jurídico.

Concluye solicitando que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que el tribunal estime pertinente.

A folio 5, evacúa informe la abogada Ana María Herrera Brümmer, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. Indica que, el recurso es improcedente por cuanto la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, al existir un derecho controvertido que requiere de un juicio de lato conocimiento. Expone que, su actuar se ha ajustado estrictamente a la normativa legal y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, la cual exige que el certificado de régimen previsional extranjero cuente con los requisitos de legalización o apostilla para tener valor probatorio en Chile.

Sostiene que, los documentos aportados por la actora consisten en una constancia de cotización sin firma, una de afiliación vencida y una declaración jurada ante notario chileno, elementos que no son idóneos para acreditar la cobertura por todos los riesgos exigidos en la Ley N°18.156 durante toda la relación laboral. Argumenta que, el contrato de trabajo original de 2019 no contenía la cláusula de exención previsional, incorporándose esta recién en un anexo de julio de 2025, lo que resulta extemporáneo.

Agrega que, la recurrente posee residencia definitiva en Chile, por lo que autorizar el retiro de fondos sin cumplir los requisitos legales podría generar un perjuicio futuro al Estado al deber cubrir su pensión con fondos fiscales. Refiere que, no existe vulneración al derecho de propiedad, ya que el sistema de capitalización individual establece modalidades concretas para el ejercicio de este derecho, las cuales deben ser resguardadas.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes la acción de protección, con expresa condenación en costas.

A folio 9, evacúa informe la abogada Patricia Alejandra Monjes Mc Hugh, en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción aplicable solo si se cumplen copulativamente los requisitos del artículo 1 de la Ley N°18.156. Indica que, según las instrucciones vigentes (Compendio de Normas y oficios circulares), el trabajador debe aportar una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste específicamente la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asevera que, los documentos que no cuentan con firma de la autoridad emisora ni con la debida apostilla no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero. Refiere que, las declaraciones juradas ante notario no constituyen medios idóneos, ya que la única facultada para dar fe de la afiliación es la autoridad previsional competente del país de origen. Menciona que, en caso de existir manifestaciones de voluntad contradictorias entre mantener la afiliación extranjera y continuar cotizando en Chile, debe primar la regla general de enterar cotizaciones en el lugar donde se prestan los servicios.

Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado e informar el rechazo de la acción de protección.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el acto de la AFP Provida S.A. consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, fundado en la insuficiencia de los documentos de afiliación del país de origen por falta de apostilla, solicitando que se reconozca la validez de la documentación y se realice un nuevo pronunciamiento sobre el retiro de fondos.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que su actuar se ajusta a la Ley N°18.156 y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, las cuales exigen que los certificados extranjeros vengan legalizados o apostillados para tener valor probatorio, careciendo los documentos presentados por la actora de tales requisitos de autenticidad y de la especificación de coberturas exigidas por la normativa sectorial.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal establecido en la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156.

Quinto: Que, de los documentos acompañados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional.

En cuanto a la declaración jurada suscrita por la propia recurrente ante notario público, esta Superintendencia ha señalado expresamente que no constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser la única con facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia. El resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido, puesto que sólo el certificado de afiliación, debidamente formalizado, cumple con los requisitos antes anotados.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales, conforme lo establecen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y considerando además que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado la recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156, en particular el contemplado en su artículo 1° letra a), en relación con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Se previene que el Abogado Integrante señor Morales, concurre al rechazo de la acción teniendo además presente la calidad de la recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1450-2026.