nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto:

En folio 1, se deduce recurso de protección por los abogados Sergio Cea Cienfuegos y Claudio Herrera Aguayo, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, representado por su director nacional José Ignacio Palma Sotomayor, que por resolución TRA N°253/93/2019, de 30 de julio de 2019, dispuso la vacancia del cargo que servía el actor, por salud incompatible, al adolecer de nulidad, solicitando se la deje sin efecto y se ordene su reincorporación a las labores que desempeñaba antes de la separación, con el pago de las remuneraciones que debió recibir por el tiempo que no cumplió sus labores, manteniéndose las mismas condiciones que existían antes de la separación, con costas.

Se indica que el recurrente ingresó al Servicio de Aduanas con fecha 26 de mayo del 2008 como administrativo, luego con fecha 01 de julio del 2010 fue nombrado Fiscalizador asimilado grado 15 E.S.F., desempeñándose en tal cargo de manera ininterrumpida hasta la declaración de vacancia de su cargo.

Refiere los antecedentes familiares que provocaron que se le diagnosticara un trastorno depresivo, que motivó la presentación de diversas licencias médicas, derivadas de la enfermedad de su madre y fallecimiento de su hermana, por lo que estuvo con licencia médica de manera ininterrumpida desde el 27 de diciembre de 2018 al 11 de abril de 2019, retomando sus funciones desde el 12 de abril de 2019, sufriendo luego un accidente automovilístico de trayecto a sus labores el 15 de mayo de 2019, por lo que tuvo dos licencias médicas entre el 16 al 23 de mayo del mismo año, retornando luego a sus funciones desarrollándolas normalmente.

La recurrida solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación de salud del recurrente, lo que consta en Resolución Exenta N°102 del 08 de julio de 2019, decretando que su estado de salud es recuperable.

A continuación la recurrida, con fecha 30 de julio de 2019, dicta la Resolución TRA N° 253/93/2019 que declara vacante su cargo por salud irrecuperable, de la que la Contraloría General de La República tomó razón el 08 de agosto de 2019, de lo que tomó conocimiento el 12 del mismo mes mediante carta certificada remitida a su domicilio.

En cuanto a esta resolución objeto del recurso, reclama, en síntesis, que contiene los fundamentos de derecho, pero que no precisa los antecedentes de hecho que permitan establecer que el recurrente se encuentra dentro de las hipótesis que contempla la citada norma, lo que resulta necesario para establecer el cumplimiento del deber de motivación del acto administrativo y así conocer su finalidad. Alude que las situaciones de hecho que indica son vagas e imprecisas y no indica cómo se llega a la conclusión que el recurrente se encuentra en la hipótesis del artículo 151 incisos primero y tercero del Estatuto Administrativo, concluyendo que carece de salud compatible para el cargo, no cumpliendo con el estándar mínimo de este tipo de actos administrativos, omitiendo indicar los períodos de licencia médica afectos por este acto, o indicar que estaba dentro de la nómina elaborada por el Departamento de Personal, o si las licencias médicas se referían al artículo 115 del Estatuto Administrativo o al Código del Trabajo, adoleciendo en consecuencia de motivación el acto administrativo.

Señala que si bien se trata de una facultad discrecional, se deben analizar los antecedentes que permitan establecer la concurrencia de los elementos reglados de la potestad discrecional, y justificar razonablemente la aplicación de dicha facultad, lo que considera no ocurre en la especie.

En otro aspecto, refiere que se ha vulnerado el principio de confianza legítima, ya que el recurrente se reincorporó a sus funciones el día 12 de abril de 2019 y se le asignaros diversas funciones, por lo que la decisión de declarar su cargo vacante lo tomó por sorpresa, añadiendo que contaba con destacadas evaluaciones de su desempeño.

Considera que la resolución ha vulnerado sus garantías constitucionales previstas en los numerales 1, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la forma que detalla en su recurso.

En síntesis, respecto del derecho a la integridad psíquica, se ha visto perturbado porque luego de retornar de las licencias médicas debidas a la enfermedad de su madre y fallecimiento de su hermana, recibe un normal trato en su lugar de trabajo, que significaba para él una terapia para reponerse y hacer desaparecer los síntomas de su diagnostico, al cabo de tres meses se declara vacante su cargo.

Respecto de la igualdad ante la ley, referida a que a la autoridad administrativa le está vedado realizar discriminaciones arbitrarias entre personas que se encuentren en igual situación, señala que respecto de otros funcionarios del Servicio, en igual o peor situación que la suya, no fueron sujetos a esta misma medida, añadiendo que se adoptó sólo respecto de funcionarios con licencia psiquiátrica.

En cuanto a la libertad de trabajo y su libre elección, aduce que al recurrente se le discrimina por el ejercicio de una facultad discrecional inmotivada de la recurrida, que lo privó de su fuente laboral, en cuyo desempeño había sido ejemplar.

Pide, en definitiva, tener por interpuesto recurso de protección en contra de la resolución, que declara la vacancia del cargo del recurrente por salud incompatible, adolece de nulidad, por lo tanto, dejarla sin efecto y ordenar a la recurrida la reincorporación del recurrente a las labores que desempeñaba antes de separarlo de sus funciones, y el pago de las remuneraciones que debía percibir durante todo el tiempo que estuvo sin realizar sus labores, y que se mantengan las mismas condiciones que existían al momento en que el recurrente cesó en sus funciones, todo ello con costas.

En folio 8, se evacua informe por el abogado Ignacio de Pablo Figueroa, en representación del Servicio Nacional de Aduanas, quien solicita el rechazo de la acción cautelar.

Expone el procedimiento conforme al cual se adoptó la resolución objeto de este recurso, precisando que conforme a las facultades que el artículo 151 del Estatuto Administrativo confiere al Jefe del Servicio, se efectuó un levantamiento de información respecto de los funcionarios que habían presentado licencias, agrupándolos en tres categorías.

En el caso del recurrente, mantenía licencias médicas reiteradas, no disponiendo de antecedentes que permitieran establecer su reinserción próxima, por lo que se solicitó su evaluación al Compin, que emitió su informe con fecha 08 de julio del presente.

Expone que el recurrente ingresó al Servicio con fecha 26 de julio de 2008, cumpliéndose con el supuesto previsto en la norma, pues había hecho uso de licencias médicas desde el 2017 al 2019 por un lapso continuo o discontinuo por más de seis meses. Añade que el recurrente desde su ingreso hizo uso de diversas licencias médicas, sumando 929 días en total, entre los años 2009 y 2019, tomándose en consideración para ejercer la facultad legal del artículo 150 y 151 del Estatuto Administrativo, sólo los últimos años.

Refiere que una vez que la Compin emitió su informe, se dictó la resolución que declaró vacante el cargo, pues el Servicio Nacional de Aduanas requiere atender las necesidades de fiscalización y el principio de servicialidad de la Administración.

Por otra parte, estima que el recurso de protección debe ser rechazado, por no ser un medio idóneo, dado que lo que se pide en el recurso, es que se declare la nulidad de la resolución que declaró su cargo vacante, lo que debe ser ventilado en un proceso de lato conocimiento.

Argumenta que el acto se encuentra ajustado a derecho, pues la Contraloría General de la República tomó razón de la resolución TRA N°253/93/2019 de 08 de agosto pasado y que se condice con los dictámenes que ha emitido el órgano contralor sobre la materia, los que cita.

En cuanto a la fecha en que fue adoptada la resolución, indica que el recurrente volvió a sus funciones el día 12 de abril de 2019, y que la resolución que dispuso la vacancia del cargo, fue dictada en julio de este año, pues en el intertanto se estaba efectuando la evaluación de la salud del recurrente por la Comisión citada.

Refiriéndose a la ilegalidad o arbitrariedad, concluye que se trata de una resolución adoptada por autoridad competente, dentro de las facultades que le otorga el artículo 151 del Estatuto Administrativo y siguiendo el procedimiento establecido en el mismo artículo citado. Señala que entonces no sería procedente sostener que se hayan afectado los derechos constitucionales que invoca el actor, solicitando el rechazo de la acción.

Se adjuntó documentación por ambas partes, en apoyo de sus pretensiones.

Por resolución de 02 de octubre del presente año, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la consideración de esta Corte, consiste en determinar si la dictación, por parte del Servicio Nacional de Aduanas, de la Resolución TRA N°253/93/2019, de 30 de julio de 2019, que dispuso la vacancia del cargo que servía el actor por salud incompatible, cuya toma de razón por la Contraloría General de la República se efectuó el 08 de agosto de 2019, constituye un acto ilegal o arbitrario, según alega el recurrente.

CUARTO: Que, sin embargo, la petición concreta del recurrente es la declaración de nulidad de la Resolución que impugna, se ordene la reincorporación del reclamante y el pago de remuneraciones que pudieran corresponderle al período en que estuvo separado de sus funciones; cuestiones que exceden con creces la presente acción cautelar de urgencia, por no ser una materia que corresponda ser dilucidada por su intermedio, al no constituir ésta una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados. Tales presupuestos en la especie no concurren, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo antes señalado, en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad acusada, debe considerarse que el acto impugnado fue dictado por la autoridad competente en el marco de sus potestades legales, esto es, los artículos 150 y 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Dispone el artículo 151 “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

A su turno el artículo 150, dispone que “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

SEXTO: Que, es el propio recurrente quien no desconoce cumplir con el requisito objetivo establecido en dicho cuerpo legal, en cuanto acumulaba más de seis meses de licencias médicas en los últimos dos años, obstando a la arbitrariedad reclamada el prolongado tiempo que permaneció sin trabajar.

Lo anterior ameritaba que el jefe superior del servicio, previo informe de la Compin, hiciera uso de su facultad privativa, la que en este caso ejerció fundadamente, como revela el “Informe de Ausentismo Detallado” del funcionario, que revela su alejamiento laboral por el lapso legal, considerado entre marzo de 2017 a marzo de 2019, que excede los seis meses.

Frente a lo que se sostiene, no es atendible su argumentación sobre la falta de motivación de la mentada Resolución, fundamentos que además hace calzar como basamento de la nulidad que pretende, insostenible con la presente acción.

SÉPTIMO: Que, tampoco es posible considerar que en la especie, luego de retornar sus funciones el 12 de abril de 2019, retomando las tareas que le fueron encomendadas en razón de su cargo, tal situación le haya podido generar la confianza legítima de que la causal invocada para poner término a su vínculo laboral no sería hecha efectiva, desde que la Resolución TRA N°253/93/2019 es de fecha de 30 de julio del mismo año, debiendo entenderse, a falta de otros antecedentes hechos valer por la recurrente, que en tal lapso de cerca de tres meses, la recurrida debió iniciar y concluir las diligencias que le permitieran o no hacer uso de su facultad legal.

OCTAVO: Que, conforme lo que se sostiene, la resolución reprochada fue emitida por autoridad competente, dentro de las atribuciones que le confiere una norma legal expresa, de manera que no es dable objetar su legalidad, máxime que medió la pertinente toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, sin que tampoco se vislumbre arbitrariedad alguna a su respecto, dado el tiempo prolongado que la recurrente permaneció sin trabajar y que excede con creces el término legal, todo lo cual descarta las transgresiones constitucionales que invoca.

NOVENO: Que, además, respecto de vulneración a la igualdad ante la ley, por existir una situación análoga en que el Servicio hizo uso de su potestad dejando luego sin efecto la vacancia de cargo ya decretada, respecto de la funcionaria nombre reservado, para lo cual adjuntó la recurrente la Resolución Afecta N°000104 de 09 de octubre de 2019, si bien ella da cuenta de una escenario similar al propio, no es posible sólo con el mérito de la antes referida Resolución hacer un símil de tal entidad, que baste para estimar transgredida a su respecto la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de La República.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Aduanas y, como consecuencia de tal decisión, déjese sin efecto la orden de no innovar decretada.

Redacción de la ministra interina María Cruz Fierro Reyes.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-14463-2019.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por las Ministras Srta. Eliana Quezada Muñoz, Sra. Rosa Herminia Aguirre Carvajal y la Ministra Interina Sra. María Cruz Fierro Reyes.