SOCIEDAD EDUCACIONAL CHARLES DICKENS Y CIA LTDA. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA MARGA

Foja: 43 Cuarenta y Tres Eaam C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar los abogados don Aldo Fendez P., 10 minutos por el recurso, y don nombre reservado, 10 minutos, contra el recurso, quienes hicieron uso de su derecho a estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, a veinte de mayo de dos mil quince.

nombre reservado

Relator Valparaíso, veinte de mayo de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 11 comparece doña nombre reservado, socia de empresa, en representación de Sociedad Educacional Charles Dickens y Cía. Ltda., ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, representada por Carlos Montero Saavedra, Inspector Provincial del Trabajo, funcionario público, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Recurre en contra del Ordinario N° 152 de 31 de marzo de 2015, emanado de la recurrida, notificado a su parte con esta misma fecha, por el cual se consideró que la reclamación administrativa intentada contra la resolución que le aplicó una multa, fue interpuesta de manera extemporánea.

Indica que el 10 de diciembre de 2014, su representada fue objeto de una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Revisada la documentación y antecedentes requeridos por el fiscalizador actuante, se constató una deficiencia muy discutible que dio lugar a la aplicación de una multa, la que le fue notificada con fecha 16 de diciembre de 2014. Agrega que su parte impugnó la multa mediante el procedimiento administrativo el día 16 de enero de 2015, es decir, dentro del plazo que señala el artículo 512 del Código del Trabajo, a saber, 30 días de notificada la resolución, plazo que, según el artículo 25 de la Ley N° 19.880, es de días hábiles.

Indica que a la solicitud de reconsideración de la multa N° 7751/14/101 fue recepcionada por la Inspección del Trabajo el día 16 de enero de 2015, la cual fue resuelta el día 31 de marzo siguiente. A través de dicha resolución la recurrida no dio curso a la reconsideración presentada en razón que “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.”(SIC)

Expone que la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario, atentando contra el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que rechazó la solicitud de reconsideración por extemporánea, lo que manifiesta la ilegalidad de la actuación por violar abiertamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880. Invoca jurisprudencia que sostiene su alegación.

Por lo anterior, solicita se acoja la presente acción cautelar y se ordene a la recurrida resolver la solicitud de reconsideración administrativa conforme el mérito de los antecedentes, con costas.

A fojas 32 rola informe de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Alegan primeramente, que la acción de protección no puede ser utilizada como sustituto jurisdiccional, toda vez que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo. Asimismo, expone que desde el 31 de octubre de 2008, el actor cuenta con un procedimiento rápido y expedito para conocer de la materia, por lo que, existen vías administrativas y judiciales para conocer de este tema, sin que sea procedente el recurso de protección, atendida la naturaleza del acto recurrido.

En cuanto al fondo, señala que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente a los procedimientos establecidos en la legislación vigente; el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la solicitud de reconsideración debe presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución que se impugna, en el caso de autos la resolución que se impugna fue notificada el 16 de diciembre de 2014, por lo que el plazo para interponer la solicitud vencía el 15 de enero de 2015, y al ser interpuesto el reclamo el 16 de enero siguiente, este fue rechazado, por extemporáneo, ya que el plazo para la interposición había vencido un día antes.

Hace presente que en el formulario en el cual se solicita la reconsideración, se señala claramente que la solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de multa. En ese sentido, existe una Circular de la Dirección del Trabajo que indica que el plazo para solicitar los recursos es de 30 días corridos, además de citar los artículos 48 y 49 del Código Civil.

A fojas 42 se trajeron estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo trascrito, que es requisito sine que non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas, y que afecte una o más de las garantías constitucionales perseguidas.

SEGUNDO: Que el acto impugnado cuya arbitrariedad y/o ilegalidad ha sido sometida a la decisión de esta Corte radica en la forma de computar el plazo de 30 días para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, toda vez que, a juicio del recurrente, ello debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 19.880, por tratarse de un recurso administrativo y, en consecuencia, los plazos en este tipo de tramitaciones son de días hábiles, debiendo considerarse como inhábiles los sábados, domingos y festivos.

TERCERO: Que en este punto, resulta procedente tener presente que el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la solicitud de reconsideración administrativa “debe presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”, sin distinguir si se trata de un plazo de días hábiles o corridos. Que así las cosas, no existiendo claridad respecto del cómputo de este plazo, y tratándose de un procedimiento administrativo es necesario recurrir a la normativa establecida supletoriamente por el legislador, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

CUARTO: Que en el presente caso, el recurso de reconsideración en sede administrativa fue presentado el 16 de enero del año en curso, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación, que fue practicada el 16 de diciembre de 2014. Se arriba a esta conclusión, ya que, como se ha dicho, al no distinguir el Código del Trabajo la forma de computar el plazo de interposición del antes citado recurso, es procedente sujetar dicho cómputo a la forma establecida en el artículo 25 de la antes citada ley. Que de esta forma, la actuación de la recurrida ha devenido en ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley, el cual fue presentado dentro del plazo legal.

QUINTO: Que con este proceder, la recurrida ha amenazado la garantía constitucional invocada por el recurrente, esto es, el derecho de propiedad consagrado por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, siendo procedente acoger la presente acción, en los términos que se señalará en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas el recurso de protección deducido a fojas 11 por don nombre reservado en representación de Sociedad Educacional Charles Dickens y Cía. Ltda., por lo que se deja sin efecto el Ordinaria N° 152 de 31 de marzo de 2015, debiendo la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución N° 7751/14/101.

Acordado con el voto en contra de la Ministro Sra. Inés María Letelier Ferrada, quien fue de parecer de rechazar el recurso de protección así fundado, teniendo en consideración para ello que el hecho que el procedimiento recursivo de tipo administrativo previsto por el Código del Trabajo, establece un plazo de “treinta días”, sin indicar si se trata de días hábiles o corridos.

Que, en este caso, resulta necesario tener presente que la Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, como organismo perteneciente a la administración pública, debe sujetar su actuar a las interpretaciones entregadas por la Contraloría General de la República, contenidas en los Dictámenes, las cuales son vinculantes y obligatorias a su respecto, siendo necesario tener presente en este punto el Dictamen N° 85.946 de 2013, el cual mantiene el criterio ya contenido a su vez en el Dictamen N 64.985 de 2009, en el sentido que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado explícitamente, debiendo entenderse por tanto, que la norma que predomina en este caso es el artículo 50 del Código Civil, en consecuencia, habiendo actuado de conformidad a lo dispuesto por el órgano contralor administrativo, su resolución no resulta ser arbitraria.

Que, por otra parte, en parecer de esta sentenciadora, no resultaría tampoco aplicable supletoriamente la norma del artículo 25 de la Ley N° 19.880, toda vez que la misma tiene por finalidad regular los vacíos de la ley, sin que se advierta en el caso del Código del Trabajo, que ello sea necesario. Que así las cosas, no se advierte tampoco la ilegalidad denunciada, desde que la recurrida se ha ajustado a derecho en la dictación de la resolución materia del presente recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1436-2015.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. Inés María Letelier Ferrada, Sr. Alejandro García Silva y el abogado integrante Sr. Leslie Tomasello Hart.

En Valparaíso, veinte de mayo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.