nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicado el 6 de febrero de 2026, estimando vulneradas las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor solicitó ante la AFP recurrida, la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, invocando su calidad de trabajador extranjero afiliado a un sistema de seguridad social en su país de origen, sin embargo, su petición fue el 6 de febrero del presente año, fundado en la falta de constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, agregándose que el documento acompañado correspondería a una constancia de cotización, mas no al documento requerido.

Sostiene que dicha decisión desconoce la normativa especial aplicable, por cuanto la propia recurrida admitiría que el actor se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen, rechazando, sin embargo, la solicitud por no acompañarse el documento con apostilla o legalización. Añade que ello importaría exigir un requisito no contemplado expresamente en la Ley N°18.156, particularmente en relación con sus artículos 1 y 7, conforme a los cuales bastaría que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y haya manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación.

Refiere que acompañó una constancia electrónica de afiliación emitida por el organismo previsional venezolano, cuya autenticidad puede ser verificada por medios electrónicos, mediante un código de validación incorporado en el propio documento o a través del sitio web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Agrega que la AFP recurrida contaría, por tanto, con mecanismos suficientes para comprobar la afiliación invocada, sin necesidad de acudir a formalidades adicionales.

Afirma, asimismo, que la exigencia de apostilla o legalización resulta particularmente gravosa en atención a la imposibilidad práctica de los ciudadanos venezolanos de obtener tales formalidades, atendido el contexto actual de las relaciones diplomáticas, lo que transformaría la exigencia en un obstáculo imposible de cumplir. En este contexto, reprocha a la recurrida haber efectuado una interpretación formalista y restrictiva de la normativa, apartándose de su finalidad y agregando exigencias que no se encontrarían expresamente previstas en la ley.

Sobre esa base, sostiene que la mencionada negativa importaría un acto ilegal y arbitrario, por cuanto rechaza la solicitud sin verificar adecuadamente la documentación acompañada y sobre la base de requisitos no contemplados en la normativa especial, afectando con ello la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente sobre sus ahorros previsionales.

En razón de lo expuesto, solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, conforme a derecho y que, dentro de un plazo razonable, proceda a realizar la devolución de los fondos previsionales del actor, o bien se adopten las medidas que esta Corte estime pertinentes.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones. Señala, en primer término, que el recurrente no registra reclamo previo ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción, por lo que no existirían antecedentes administrativos específicos sobre su situación.

Sin perjuicio de ello, expone que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción en materia previsional, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros que cumplan copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°, particularmente: encontrarse afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Añade que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe acompañar una certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar las referidas prestaciones. Agrega que la jurisprudencia administrativa del servicio exige, además, que el documento dé cuenta de manera específica de que el trabajador contó efectivamente con dicha cobertura durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, no siendo suficiente una referencia genérica a las coberturas del sistema previsional extranjero ni una cartola o constancia de cotizaciones.

En relación con los antecedentes acompañados por el recurrente, indica que la declaración jurada no sería documento idóneo para acreditar cobertura previsional en el extranjero, por cuanto tal certificación debe emanar de la autoridad previsional competente. Asimismo, sostiene que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el actor no serviría para acreditar el cumplimiento del requisito legal, por cuanto no se encontraría firmada, apostillada ni legalizada, y además no señalaría las coberturas específicas del recurrente ni permitiría establecer un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma general las prestaciones del sistema previsional venezolano.

Sobre esa base, concluye que no cuenta con antecedentes que permitan afirmar que el recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 7, evacúa informe la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, sostiene que la presente acción cautelar no constituiría la vía idónea para resolver una controversia de lato conocimiento, por cuanto lo debatido dice relación con el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, materia que estima controvertida.

En cuanto al fondo, reconoce el rechazo de la solicitud del actor, indicando que ello obedeció a que faltaría una constancia de afiliación vigente, debidamente apostillada o legalizada, y a que el documento acompañado correspondería a una constancia de cotización, mas no al certificado exigido.

Expone que, conforme a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de dicho organismo, para acreditar el requisito de afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero no basta con una constancia genérica de cotizaciones, sino que debe acompañarse una certificación emitida por la autoridad previsional competente, debidamente apostillada o legalizada, que dé cuenta de manera específica de las coberturas exigidas por la ley.

Añade que la constancia electrónica acompañada por el actor no cumpliría tales exigencias, por cuanto carecería de firma, no se encontraría apostillada ni legalizada, y no acreditaría en forma suficiente y específica la cobertura previsional requerida. Del mismo modo, sostiene que la declaración jurada acompañada tampoco sería un medio idóneo para tales efectos, por no emanar de la autoridad previsional competente.

Agrega, además, que el recurrente contaría con cédula de identidad chilena y residencia permanente, circunstancia que -según refiere, con cita de pronunciamientos administrativos y judiciales- reforzaría la necesidad de observar estrictamente los requisitos legales antes de autorizar el retiro de fondos previsionales.

Sobre esa base, afirma que la actuación de la AFP se ajustó a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, negando haber incurrido en conducta ilegal o arbitraria, y concluye que no se verifica vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión y circunstancias laborales no fueron acreditadas en esta sede, y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que el actor no cumple con las exigencias necesarias para acceder a su petición, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones Previsionales adjunta carecería de firma, no se encontraría apostillada ni legalizada, y no acreditaría en forma suficiente y específica la cobertura previsional requerida. Del mismo modo, sostiene que la declaración jurada acompañada tampoco sería un medio idóneo para tales efectos, por no emanar de la autoridad previsional competente.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, sin perjuicio que en esta sede no se acreditó que el actor detente la calidad de técnico o profesional extranjero ni tampoco las condiciones laborales exigidas por la normativa especial para acceder al beneficio reclamado, corresponde tener presente que el reparo específico formulado por la recurrida para rechazar la devolución solicitada se centró en la forma de acreditación de la afiliación previsional extranjera, al estimar que la documentación acompañada carecía de aptitud suficiente por cuanto no se encontraba apostillada ni legalizada, no estaba firmada y no daba cuenta, en forma específica, de las coberturas previsionales exigidas por la Ley N°18.156.

En relación con dicho punto, y de acuerdo con los documentos que obran en la carpeta electrónica, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada por el recurrente no reviste utilidad suficiente para tener por cumplida la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, desde que dicho instrumento se limita a dar cuenta, en términos generales, de la afiliación del actor al sistema previsional extranjero y de su calidad de asegurado, sin consignar de manera específica que cuenta con cobertura por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que prestó servicios en Chile, ni precisar el alcance de dichas prestaciones. A ello se suma que el documento carece de firma, no se encuentra apostillado ni legalizado, y su eventual valor probatorio no puede suplirse por la sola posibilidad de verificación electrónica invocada por la recurrente, máxime si se trata de acreditar un presupuesto de excepción cuyo cumplimiento debe constar en forma fehaciente, y sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Por otra parte, la declaración jurada acompañada tampoco resulta idónea para estos efectos, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen, única habilitada para certificar la efectiva cobertura previsional exigida por la ley. De este modo, aun ciñéndose al motivo concreto de rechazo invocado por la recurrida, no aparece acreditado que el actor haya cumplido suficientemente con el requisito relativo a la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero en los términos exigidos por la normativa aplicable.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1431-2026.