nombre reservado con AFP PROVIDA Y OTRA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de mayo de dos mil veinticinco.

Visto:

Que, a folio uno comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme lo previsto en la ley N°18.156, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó el 21 y 26 de marzo de 2025 ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, siendo rechazadas de forma verbal. Señala que ante lo anterior, acudió a la Superintendencia de Pensiones, quien mediante comunicación de 2 de abril de 2025 le comunicó que uno de los requisitos para la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, de la Ley N° 18.156, es tener afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse mediante certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente apostillado, y en consecuencia, para que la Administradora de Fondos de Pensiones pueda verificar que cumple con los requisitos establecidos en la ley N° 18.156, los documentos emitidos por la entidades competentes deben estar apostillados o legalizados, según corresponda, legibles y "vigentes" a la fecha de su solicitud. A lo anterior añade que una declaración jurada adjuntada por la actora no permite corroborar su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social. Para aquello debe aportar la Constancia de Afiliación en el IVSS, vigente a la fecha de su solicitud ante la AFP, añadiendo que no les corresponde pronunciarse acerca de la situación de la embajada venezolana en Chile, cuestión esgrimida por la recurrente.

Alega que ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Reclama que las recurridas incorporan requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal, puesto que el certificado de afiliación que adjuntó puede ser validado a través del sitio web del Instituto Venezolano de Seguridad Social, a través del link contenido en el documento.

Que, a mayor abundamiento, la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, mediante la consulta del número de documento de identidad de la recurrente, en virtud del cual se puede corroborar la información requerida.

Previas citas legales, pide que se acoja el presente recurso y ordenando a los recurridos que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Acompaña al recurso: 1. Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado 2. Comprobante electrónico de recepción de solicitudes de retiro de fondos de nombre reservado 3. Notificación de rechazo de la AFP Provida de nombre reservado 4. Declaración jurada ante notario público 5. Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado 6. Título profesional apostillado, que acredita profesión 7. Contratos y anexos de contratos de trabajo que manifiesta la voluntad del recurrente de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen 8. Cédula de identidad venezolana de nombre reservado 9. Carta de aprobación de AFP Cuprum, que autoriza retiro de fondos de pensiones cumpliendo con los mismos requisitos que el recurrente de marras.

Que, a folio siete evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Explica que las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la ley N°18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución.

Seguidamente, señala que de conformidad al N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L.N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, de manera tal que en ejercicio de dicha facultad legal, es que este organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la ley N°18.156, y por ende de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal.

Precisado lo anterior, la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 señala que, para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicable a los técnicos extranjeros, se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asimismo, conviene informar que, según la letra b) del artículo 1° de la ley N°18.156, para invocar los beneficios de la citada ley, se ha de acreditar la voluntad del trabajador en orden a mantener su afiliación a su país de origen, mediante la inclusión de una cláusula en tal sentido en el respectivo contrato de trabajo, siempre y cuando se halle vigente la relación laboral de que se trata.

A su vez, se debe hacer presente que, el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Hace presente que en el caso de autos se ha revisado el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia, verificándose que la recurrente acompañó para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 una copia de la Declaración Jurada suscrita con fecha 18 de marzo de 2025 ante Notario Público Gonzalo Hurtado Morales de la 1° Notaría de las Condes, por la cual manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), que le otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso; documento que no resulta idóneo para probar la mencionada exigencia, toda vez, que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Agrega que, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

Asevera además que la ley N°18.156 es una norma de excepción, por lo que debe ser interpretada de manera restrictiva y aplicada únicamente en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal. En consecuencia, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma en que la ley prevé que los documentos emitidos en el extranjero, y considerando que tanto nuestro país como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no cabe hacer lugar a la pretensión de la actora.

Que, a folio once, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, instando en el rechazo del recurso. Primeramente sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, en cuanto al fondo, sostiene que el actuar de AFP ProVida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, cuestión que por lo demás fue confirmada por la Superintendencia de Pensiones mediante la respuesta a la cual se ha referido precedentemente.

Que, a folio trece, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a los dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por las recurridas, la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el documento presentado por la actora, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Quinto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida ni de la Superintendencia de Pensiones, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1431-2025.