TURRI S.A. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO

Foja: 53 Cincuenta y Tres edp nombre reservado, diecinueve de marzo de dos mil catorce.

VISTO:

A fs. 13 comparece don Paolo Scagliotti Ravera, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de Turri S.A. quien recurre de protección en contra del señor nombre reservado (S), don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que mediante presentación de fecha 19 de diciembre de 2013, su representada solicitó, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, la reconsideración administrativa de la multa impuesta por el recurrido mediante la Resolución N°7841/2013/69.

Añade que la resolución cuya reconsideración administrativa se solicitó fue legalmente notificada a su representada con fecha 7 de noviembre de 2013.

Señala que mediante Ordinario N° 3382 de 23 de diciembre de 2013, el recurrido le informó que no se dio curso a la solicitud de reconsideración de fecha 19 de diciembre de 2013, debido a que ésta “No se presentó dentro de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación” y agrega que no le resulta jurídicamente posible admitir a tramitación la reconsideración de multa, absteniéndose a emitir un pronunciamiento respecto del fondo de la solicitud de reconsideración.

Indica que la decisión adoptada por el recurrido de estimar extemporánea la solicitud de reconsideración es ilegal y arbitraria. Ilegal, porque contraviene lo dispuesto por el artículo 1, inciso 1, 2 y 25 de la Ley 19.880, de acuerdo a las cuales el plazo de 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece la solicitar la reconsideración vencía el 19 de diciembre de 2013, -mismo día en que se presentó la reconsideración- considerando que la resolución de multa se notificó el 7 de noviembre de 2013, ya que se trata de días hábiles.

Señala que el acto es arbitrario, ya que el citado Ordinario se limita a señalar que la solicitud de reconsideración no cumple “…los requisitos legales…”, sin indicar cuáles son.

Expone que se ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que el recurrido, al desconocer el plazo legal en toda su extensión, ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Pide dejar sin efecto el acto ilegal y arbitrario ejecutado por el recurrido, con expresa condena en costas.

A fojas 35, informa doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de nombre reservado, quien luego de efectuar una relación de los hechos que motivaron la fiscalización que culminó con la aplicación de la multa, indica que, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República en esta materia, el plazo que el legislador otorga para ejercer el derecho a reconsiderar administrativamente la multa es de días corridos, por ende, no puede estimarse que el acto recurrido pueda calificarse de arbitrario ni ilegal por la recurrida, ni puede entenderse que haya vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley, puesto que el Servicio tramita todas las solicitudes de igual forma en todo el país, no existiendo un trato discriminatorio como se ha querido plantear y teniendo en consideración que tampoco existe la indefensión planteada debido a que el afectado por el rechazo de su solicitud puede recurrir ante el Tribunal del Trabajo competente, quedando resguardado el debido proceso a través de la revisión jurisdiccional de la decisión administrativa. Agrega que la interpretación antes sostenida resulta obligatoria para la Inspección del Trabajo por tratarse de un servicio sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República quien sustenta un criterio similar.

Por lo que termina solicitando el rechazo del recurso de casación.

A fojas 44 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que se ha recurrido de protección en contra del Sr. nombre reservado (s) nombre reservado, por el hecho de no haber admitido a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa N° 7841/2013/69, de conformidad al artículo 512 del Código del Trabajo, pues a juicio del órgano fiscalizador, la misma fue presentada extemporáneamente, por haber transcurrido más de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Segundo: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción, pues a su juicio la misma es improcedente, por existir otras vías establecidas expresamente por el legislador para proceder a la revisión de la decisión cuestionada, señalando, que, en todo caso, ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, entendiendo que el plazo establecido por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no hábiles, como lo pretende el actor.

Tercero: Que, según reiterada jurisprudencia el recurso de protección es compatible con cualquier otro arbitrio procesal que se contemple en nuestro sistema jurídico para cautelar garantías constitucionales, toda vez que el artículo 20 de la Carta fundamental dispone que él mismo se instituye sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes, constituyendo jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que establecido lo anterior, y en cuanto al fondo de la acción, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte radica en la forma de computar el plazo de 30 días para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, al cual, por tratarse de un recurso administrativo, y no existiendo norma especial que determine si se trata de días corridos o hábiles, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en dichos procedimientos, disposición que establece expresamente que los plazos, son de días hábiles y que se entenderán inhábiles los sábados, domingos y festivos. Así la Excelentísima Corte Suprema en fallo dictado en los antecedentes N° 2836-2013 señaló: “3°) Que en lo que interesa a este análisis cabe tener presente que el plazo de treinta días para presentar la solicitud de reconsideración establecida en el artículo 512 del Código del Trabajo es de carácter administrativo y no judicial, en términos de instancia procesal, aún cuando allí no se especifiquen tales cualidades. La calidad de administrativo del plazo señalado significa que no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establecen en el Código del Trabajo. De lo anterior se desprende que debe recurrirse a la supletoriedad de la Ley N° 19.880, consignada en su artículo 1°, y en consecuencia a las disposiciones de su artículo 25, texto que dispone en lo pertinente: “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”, y “Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.”. 4°) Que, con arreglo a lo expresado no cabe sino concluir que el plazo establecido en el artículo 512 del Código Laboral para solicitar reconsideración de la multa administrativa impuesta por infracción a la legislación laboral o de seguridad social, es de días hábiles, aserto que, por lo demás, resulta de toda lógica si se considera que, en general, los servicios administrativos permanecen cerrados al público durante los días inhábiles y no disponen, también en general, de sistemas de recepción de solicitudes que deban formularse dentro de un lapso determinado.”

Quinto: Que, no existe discusión en orden a que la empresa recurrente fue notificada de la resolución que le impuso la multa el día 7 de noviembre del mismo año y, de los antecedentes agregados a la causa, se desprende que la reconsideración administrativa deducida por el actor fue presentada el 19 de diciembre último (fojas 8), esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde dicha notificación.

Sexto: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario y discriminatorio a la recurrente, por lo que la presente acción debe ser acogida.

No obsta lo antes señalado la circunstancia que la interpretación sostenida por la recurrida se sustente en lo resuelto por la Contraloría General de la República en los dictámenes N°64.985, de 20 de noviembre de 2009 y 4.640 de 24 de enero de 2011, en primer lugar porque tales instrucciones no resultan vinculantes para los Tribunales de Justicia (artículo 1° de la Ley N°10.336) y, en segundo término, en atención a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en sede protección, corresponde a esta Corte de Apelaciones determinar la ilegalidad o arbitrariedad de los actos u omisiones respecto de los cuales se recurre.

Séptimo: Que, asimismo, de la lectura de la resolución recurrida aparece que en ella no se explicitan las razones legales por las cuales se declaró extemporánea la reconsideración contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo, de lo que se desprende que la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado actuó, además, en forma arbitraria, pues su conducta no aparece revestida de la necesaria racionalidad y fundamento.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 13 por don Paolo Scagliotti Ravera en representación convencional de Turri S.A., por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 3382 de 23 de diciembre de 2013, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución N°7841/2013/69.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Droppelmann.

N° Protección- 143-2014.

Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, Sra. nombre reservado, Sr. nombre reservado y el Ministro Suplente Sr. Juan Ángel Muñoz López.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.