nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora conforme a lo previsto en la Ley N° 18.156.

Sostiene que dicho rechazo, comunicado el 26 de enero de 2026, incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, específicamente la exigencia de apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente realizó la solicitud a través del portal web de la AFP recurrida adjuntando los antecedentes requeridos, no obstante, lo cual fue notificada del rechazo fundado en que el documento aportado corresponde a una "constancia de cotización" y no al documento solicitado, además de carecer de la debida apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aduce que este actuar es arbitrario e ilegal, pues la recurrida desconoce que la autenticidad del certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) puede ser verificada directamente en el portal oficial de dicha institución mediante un código de validación. Aduce, además, que la exigencia de apostilla constituye una barrera formal imposible de superar debido a la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurando un caso de fuerza mayor.

Afirma que se cumplen íntegramente los requisitos de la Ley N° 18.156, ya que la actora posee la calidad de profesional y mantiene su afiliación en el extranjero, por lo que la retención de los fondos lesiona su derecho de propiedad. Pide se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a la devolución de los fondos.

A folio 5 evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas. Indica que el rechazo se ajusta estrictamente a la legalidad, por cuanto la recurrente no acompañó una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, aportando en su lugar una constancia de cotización que no permite acreditar de forma específica las coberturas de seguridad social exigidas por la ley.

Enfatiza que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse legalizados según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no son medios de prueba idóneos.

A folio 6 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de estos hechos.

Explica que la Ley N° 18.156 es una normativa excepcional que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente y debidamente apostillada conforme al Convenio de la Haya.

Refiere que las constancias electrónicas venezolanas que carecen de firma y apostilla no cumplen con los estándares de autenticidad establecidos por la ley chilena.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la presente acción constitucional denuncia como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia electrónica de afiliación previsional emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y declaración jurada validada ante notario; Título universitario debidamente apostillado; y Contrato laboral— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado o legalizado-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al informar, señaló no registrar reclamo administrativo de la recurrente, precisando que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1°, mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Ratificó que la jurisprudencia administrativa y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, han desestimado la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el IVSS.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de seis de febrero de dos mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1429-2026.