nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Maite Tamara Annahi Marín Ramírez, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros conforme a la Ley N°18.156, notificado mediante correo electrónico de 9 de febrero de 2026, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente, de nacionalidad colombiana y de profesión técnica en secretariado, se encuentra afiliada a la recurrida desde mayo de 2018. Indica que, ha solicitado reiteradamente la devolución de sus fondos conforme a la Ley N°18.156, cumpliendo con los requisitos legales de detentar la calidad de técnica, encontrarse afiliada a un régimen de seguridad social en su país de origen “Colpensiones” y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Alega que, la recurrida ha rechazado sus solicitudes mediante fundamentos genéricos y arbitrarios, tales como la supuesta falta de documentación o la imposibilidad de contacto telefónico, lo cual no constituye una causal legal de denegación. Sostiene que esta conducta se traduce en una retención injustificada de sus ahorros, privándola de su derecho de propiedad y dándole un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes en iguales condiciones.

Concluye solicitando que se deje sin efecto el acto impugnado, se reconozca la validez de los certificados de afiliación extranjeros y se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho o proceder a la devolución de los fondos.

A folio 4, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que, tras analizar el título de "Técnico en Secretariado Gerencial, Ejecutivo, Contable Sistematizado" otorgado por el Instituto Técnico Panamericano, se constató que este fue autorizado bajo la modalidad de "Educación No formal" por la Secretaría de Educación de Colombia. Argumenta que, por tratarse de un programa de educación no formal, el certificado no da cuenta de un título de educación superior y, en consecuencia, no permite a la recurrente acreditarse en Chile como técnico para los fines de la Ley N°18.156. Refiere que la institución no cuenta con antecedentes que permitan concluir que la señora nombre reservado cumple con las exigencias legales para la devolución de fondos.

A folio 8, evacúa informe nombre reservado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Asevera que el rechazo no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el cumplimiento de la normativa que rige el sistema de pensiones y las instrucciones de la Superintendencia del ramo. Argumenta que la recurrente no acredita el cumplimiento de los requisitos copulativos de la Ley N°18.156, pues el certificado de Colpensiones no garantiza una cobertura de salud integral y a todo evento, requiriéndose adicionalmente un certificado de una Entidad Promotora de Salud colombiana que acredite prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad común durante todo el periodo laborado en Chile.

Aduce, además, que la actora es socia dueña del 100% del capital de la empresa empleadora "Tu Derecho Legal SpA", detentando facultades de administración total, lo que excluye el vínculo de subordinación y dependencia necesario para ostentar la calidad de trabajadora técnica bajo la normativa citada. Añade que el título presentado corresponde a educación no formal en Colombia, no siendo equivalente a un título técnico de nivel superior reconocido.

Sostiene que no existe vulneración al derecho de propiedad, ya que los fondos permanecen en la cuenta individual de la afiliada para los fines previsionales generales. Finalmente pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales por la Ley N°18.156, fundado en la supuesta arbitrariedad de exigir documentos adicionales y la falta de fundamentación del acto, solicitando que se reconozca la validez de los antecedentes presentados y se ordene un nuevo pronunciamiento o la devolución de las cotizaciones.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la denegación se ajusta a la legalidad vigente, toda vez que la recurrente no acredita cobertura de salud integral en su país de origen ni detenta la calidad de trabajadora dependiente al ser la controladora total de la sociedad empleadora. Asimismo, cuestiona la suficiencia técnica del título profesional acompañado por corresponder a programas de educación no formal.

Cuarto: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Quinto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sexto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, ya citado.

Séptimo: Que, la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad colombiana, con título de Técnica en Secretariado Gerencial, Ejecutivo, Contable Sistematizado, que se encuentra afiliada a la AFP recurrida desde mayo de 2018.

2° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición mediante correo electrónico de 9 de febrero de 2026, fundado en la falta de documentación y la imposibilidad de contacto telefónico.

3° La recurrente es titular del 100% del capital social y detenta facultades de administración total de la empresa empleadora "Tu Derecho Legal SpA".

Octavo: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1 de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Noveno: Que, analizados los antecedentes del proceso, particularmente la documentación acompañada por la recurrente y los informes evacuados por la Superintendencia de Pensiones y la AFP recurrida, esta Corte advierte la concurrencia de diversos elementos que impiden tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

En primer término, en relación con la calidad de técnica de la recurrente, si bien obra en el expediente un certificado de estudios del Instituto Técnico Panamericano debidamente apostillado, la Superintendencia de Pensiones informó que dicho título corresponde a un programa de "Educación No Formal" autorizado por la Secretaría de Educación de Colombia, lo que no permite acreditarse en Chile como técnico para los fines de la ley especial. Esta circunstancia constituye un obstáculo relevante, pues la normativa exige que se trate efectivamente de personal técnico, lo cual debe ser acreditado mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados.

En segundo lugar, respecto del requisito de subordinación y dependencia laboral, la recurrida acompañó la escritura de constitución de la sociedad "Tu Derecho Legal SpA", de la cual se desprende que la recurrente es titular del 100% del capital social y detenta facultades de administración total. Esta circunstancia resulta incompatible con la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia propio de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, elemento esencial para que opere la excepción prevista en la Ley N°18.156, cuya finalidad es proteger a trabajadores extranjeros que prestan servicios bajo dependencia, no a quienes ejercen control absoluto sobre la entidad empleadora.

En tercer término, si bien la recurrente acompañó certificación de Colpensiones apostillada que acredita su afiliación al sistema colombiano desde 2019 con cobertura de vejez, invalidez y sobrevivencia, la recurrida advirtió que dicha certificación no garantiza una cobertura de salud integral y a todo evento durante el período laborado en Chile, requiriéndose adicionalmente un certificado de una Entidad Promotora de Salud colombiana que acredite prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad común. Esta circunstancia resulta relevante, pues la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156 exige expresamente que el régimen extranjero otorgue prestaciones "a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte", debiendo constar de manera específica que el trabajador contó efectivamente con dicha cobertura durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Décimo: Que, adicionalmente, cabe señalar que el rechazo comunicado por la recurrida mediante correo electrónico de 9 de febrero de 2026 no se fundó exclusivamente en razones formales o genéricas, sino en la ausencia de documentación específica que permitiera acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Si bien la recurrente califica dicho rechazo como arbitrario, lo cierto es que la AFP recurrida se encuentra sujeta a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y debe verificar el cumplimiento de los presupuestos de excepción antes de autorizar la devolución de fondos, atendido el carácter restrictivo de la normativa aplicable.

Undécimo: Que, en la especie, no aparece acreditado que la recurrente cumpla copulativamente con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, particularmente: (i) la calidad de técnica extranjera acreditable mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales; (ii) la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia laboral incompatible con la titularidad del 100% del capital social de la empresa empleadora; y (iii) la cobertura previsional integral en el país de origen, incluyendo prestaciones de salud, durante todo el período laborado en Chile.

Décimo segundo: Que, a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad de la recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1422-2026.