nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad “venezolana” (sic), en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que la recurrida rechazó su solicitud por estimar que la documentación acompañada no era válida para acreditar la afiliación al régimen previsional extranjero, objetando, en lo sustancial, la falta de apostilla o legalización del certificado respectivo y su supuesta falta de vigencia.

Reclama que la administradora desestimó la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pese a que -según sostiene- puede verificarse en línea mediante el código de validación contenido en el propio documento o a través de la cédula de identidad venezolana del actor.

Refiere que tal rechazo sería ilegal y arbitrario, por cuanto importaría exigir formalidades no contempladas en la Ley N°18.156, mediante una interpretación excesivamente formalista de dicha normativa, desconociendo la finalidad de ésta, cual sería permitir a los trabajadores extranjeros disponer de sus ahorros previsionales cuando acreditan estar afiliados a un sistema de seguridad social fuera de Chile y manifiestan su voluntad de mantener dicha afiliación. Agrega que, atendida la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, existiría una imposibilidad material de obtener la legalización consular en la forma que antes se realizaba, circunstancia que estima ajena a su voluntad.

Sostiene, asimismo, que acompañó declaración jurada ante notario chileno, constancia electrónica de cotizaciones vigente, título profesional apostillado y contratos de trabajo, estimando que tales antecedentes resultan suficientes para acreditar los presupuestos exigidos por la ley. Agrega que otras administradoras habrían admitido documentación semejante en casos análogos.

Concluye que el actuar de la recurrida vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedirle disponer de fondos que estima propios mediante la imposición de exigencias que reputa improcedentes, por lo que solicita se ordene tener por válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud y disponer la devolución de sus fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones. Señala que el recurrente no registra reclamo previo ante dicho organismo respecto de los hechos materia del recurso.

En cuanto al fondo, expone que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos previstos en su artículo 1°, en relación con el artículo 7°.

Respecto del caso concreto, indica que la documentación acompañada por el recurrente no resulta idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra firmada por la autoridad emisora ni debidamente apostillada o legalizada, no señala las coberturas específicas exigidas por la ley y solo contiene referencias genéricas al sistema previsional extranjero, sin acreditar que el actor haya contado efectivamente con cobertura durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Agrega que la declaración jurada acompañada por el recurrente tampoco constituye un medio idóneo para acreditar dicho requisito, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Concluye que, atendido que no se acreditó en la forma exigida la cobertura previsional extranjera, no se verifica el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 9, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales el 23 de enero de 2026, pretendiendo acogerse al régimen de la Ley N°18.156, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo con su respectivo anexo.

Expone que, analizados los antecedentes, la Administradora determinó no dar curso a la solicitud, por no cumplirse los requisitos legales, en particular, por no acompañarse un documento idóneo para acreditar afiliación y cobertura previsional en el extranjero, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones no constituye certificado de afiliación, no consigna las coberturas específicas del caso, sino referencias genéricas al sistema previsional, no se encuentra firmada por la autoridad emisora y tampoco legalizada o apostillada, por lo que no cumple con las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Añade que, en tales condiciones, no resultaba procedente ingresar la solicitud de devolución de fondos, conforme a la normativa aplicable, que exige documentación debidamente legalizada que acredite el cumplimiento de los requisitos copulativos de la Ley N°18.156.

Concluye que su actuación se ajustó a la ley y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, estimando que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte.

A folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad colombiana, cuya profesión acreditada es la de Licenciado en Administración de Empresas.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con Pricewaterhousecoopers Consultores, auditores y compañía Ltda., el 4 de mayo de 2023, firmado ante Notario Público, para desempeñarse en funciones de consultor senior del Departamento de Advisory, bajo un contrato de duración indefinida, consignándose en su cláusula décimo tercera que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes.

3° Por anexo de contrato de trabajo firmado ante notario el 23 de octubre de 2025, las partes acuerdan modificar el contrato de trabajo suscrito en el sentido de eliminar las cláusulas previsionales del régimen previsional y cláusula décimo tercero, y en su lugar se estipula que el trabajador declara estar afiliado en su país de origen a un régimen de seguridad social que proporciona cobertura en las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte. Por tanto, solicita mantener la afiliación a dicho régimen.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no cumple las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las cobertura con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerado como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurada de la recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1413-2026.