CORPORACIÓN PRO-DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE VIÑA DEL MAR. con SERVICIO DE SALUD VALPA

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, veintidós de mayo de dos mil veinte.

Visto:

En folio uno, comparece Gabriel Muñoz Muñoz, abogado, en favor de la Junta de Vecinos de Quintay, de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Historico y Cultural de Viña del Mar, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, todos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Comité de Administración de Agua Potable Rural Quintay, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, piso sexto, Valparaíso y de la Administradora Santa Augusta S.A., domiciliada, al igual que su representante, en Fundo nombre reservado, Quintay.

En folio uno, comparece Gabriel Muñoz Muñoz, abogado, en favor de la Junta de Vecinos de Quintay y de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Casablanca, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En ambos recursos, expresa que los recurrentes pretenden que se garantice el derecho de los vecinos de la comuna de Quintay a acceder al agua potable, que estaría siendo perturbado por los recurridos en dos dimensiones, en cuanto a la calidad y a la cantidad del agua.

En relación a la cantidad, expresan que los vecinos de la comuna, no obstante pagan sus cuentas, no reciben la cantidad de agua necesaria que requiere una persona, cuestión que es de responsabilidad del Comité de Administración de Agua Potable Rural Quintay, quien no mantiene en funcionamiento una planta desalinizadora de agua potable, construida justamente para resolver la escases hídrica de la zona. Además, es causa del problema la recurrida Administradora Santa Augusta S.A., quien con la finalidad de regar y mantener la cancha de golf que mantiene en la comuna, ha intervenido y alterado el curso del estero Los Jotes, que es una vital fuente de provisión de agua de la zona y también la Ilustre Municipalidad de Casablanca, porque no ha adoptado medidas suficientes para mitigar el problema, limitándose a instalar algunos estanques de agua.

Respecto de la calidad, refieren que el agua potable que les entrega el Comité es oscura, tiene mal olor y que un informe que encargaron a un laboratorio privado arrojó como conclusión que esta no cumplía con la norma nacional sobre calidad de agua (NCH 409 OF2005), toda vez que tenía, en exceso, cloruros, hierro, manganeso, nitratos y solidos disueltos, lo que podría ser causa de diversas enfermedades. De esta situación, es responsable el Comité de Administración de Agua Potable Rural Quintay, toda vez que tiene a su cargo la distribución de agua potable, la Municipalidad de Casablanca, ya que el agua que distribuye también esta contaminada y la Administradora Santa Augusta S.A., por intervenir el estero Los Jotes, sin perjuicio de la responsabilidad por omisión de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Quinta Región, que adoptado medidas de fiscalización y control para solucionar el problema.

Estiman vulneradas las garantías constitucionales de derecho a la vida e integridad física y psíquica, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de propiedad, contempladas en los numerales uno, ocho y veinticuatro del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicitan:

a) Que declare vulneratorio de los derechos garantizados en los numerales 1°, 8º, y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República por la Omisión, arbitraria e ilegal tanto del APR de Quintay, como por la SEREMI de Salud de Valparaíso, cuya consecuencia es que el agua de Quintay y los recurrentes no sea potable para el consumo humano; como asimismo por la contaminación a los pozos de captación de agua del APR producida por la Administradora y Condominio nombre reservado.

b) Ordene el restablecimiento de los niveles y calidad del Agua, para consumo humano de los recurrentes, fiscalizándose, monitoreándose y eventualmente sancionando por la autoridad competente el agua de Quintay que beben los recurrentes. Asimismo, detener toda contaminación y captación ilegal de agua por parte del recurrido nombre reservado, desde que con ello se afectará de manera grave e irremediablemente el entorno y la salud de las personas, a fin de restablecer con urgencia el imperio del derecho, y decretar el cese de inmediato la conculcación de las garantías constitucionales ya señaladas.

c) Todo lo expuesto con expresa condena en costas.

En folio cuarenta y uno, rola informe del recurrido Comité de Agua Potable Rural Quintay, que solicita el rechazo del recurso, por no haber incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno. Refiere que la zona de Quintay está afectada por una crisis hídrica, que tiene su origen tanto en la escasez de lluvia como también en el crecimiento demográfico, pero que aun así han cumplido con su deber de proveer agua. Explica que el agua que distribuye no está contaminada, sino que tiene minerales que no la hacen apta para el consumo humano, pero sí para el resto de sus usos, como higiene, lavado y regado, es por ello que la Municipalidad se encarga de distribuir agua apta para el consumo, a través de la instalación de estanques y camiones aljibe. Por último, expresa que se han tomado medidas para aumentar la producción de agua, eliminar perdidas y educar a la población. La planta desalinizadora de agua fue reparada, participaron en la elaboración del plan de desarrollo comunal, para imponer límites demográficos, encargaron el diseño y construcción de una planta desalinizadora nueva, con mayor capacidad y también la instalación de un filtro abatidor de hierro y manganeso, según contratos suscritos el 7 de noviembre y 12 de diciembre del año pasado, que permitirán distribuir agua potable durante el año 2020.

En folio cincuenta y cuatro, informa de la recurrida Sociedad Administradora Santa Augusta S.A., quien expresa que el recurso resulta extemporáneo, toda vez que recurrentes expresan que los problemas de escases y calidad del agua datan o empiezan en el año 2016, por lo que habiendo sido interpuesto el recurso en febrero del presente año, lo ha sido fuera del termino de 30 días. Además, expresa que existe falta de legitimación activa, en tanto los recurrentes no describen un acto imputable a una persona determinada que altere el medio ambiente, como lo exige el numeral ocho del artículo 19 de la Constitución y porque la acción la han deducido, entre otros, dos personas jurídicas, que no son titulares del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por último, señalan que son dueños del 25% de los derechos de agua, no del 90% como lo afirman los actores, que no han contaminado ni intervenido el cauce del estero el Jote y que han hecho importantes aportes a la comunidad, puesto que dan trabajo a la gente de la zona y constituyen un atractivo turístico.

En folio cincuenta y ocho y noventa y nueve, rola informe de la recurrida Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, en que se expresa que esta ha cumplido con sus funciones preventivas, fiscalizadoras y sancionatorias. Señala que a partir de denuncias de vecinos por la mala calidad del agua, se ha solicitado en dos oportunidades a la Secretaria Ministerial de Obras Públicas evaluación del Comité de Agua Potable de Quintay, por oficios de 15 de octubre de 2015 y 27 de diciembre de 2019, se han realizado siete fiscalizaciones en terrero respecto de los estanques de agua utilizados por la Municipalidad, lo que dio origen a un sumario sanitario en su contra que se encuentra en tramitación, sin perjuicio que durante su tramitación se acompañaron fotos que demuestran una mejora de sus condiciones. Además, por oficio de 21 de enero del año en curso, se instó a la Municipalidad a distribuir agua mediante un sistema de camiones aljibe. Por último, se han efectuado talleres educativos sobre el abastecimiento y uso seguro del agua, el Comité de Agua Potable informó el cambio de filtros que mejorara la calidad del agua y se está implementando la construcción de una nueva planta desalinizadora, de mayor capacidad, que debería solucionar el problema de escases de agua, incluso en el periodo estival.

En folio ciento cinco, rola informe de la recurrida Ilustre Municipalidad de Casablanca, que señala que, a su respecto, existe falta de legitimación pasiva, toda vez que se le imputa incumplimiento de la obligación de distribuir agua a la población, en circunstancias que no tiene esa obligación legal, sin perjuicio que, actuando coordinadamente con el Comité de Agua Potable Rural, ha instalado cuatro estanques de agua y contratado un camión aljibe para distribuir agua apta para el consumo humano y que si bien se instruyó un sumario sanitario en su contra, por el estado de los estanques, esas deficiencias fueron subsanadas.

En folio treinta y tres, rola oficio evacuado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que indica los proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental, dentro de los cuales no aparece un “proyecto planta desalinizadora ubicado en Quintay”.

En folio treinta y siete, rola informe de la Dirección General de Aguas, que indica que por resolución 901 de 16 de noviembre de 1999, se constituyó un derecho de aprovechamiento de agua en favor de la Administradora Santa Augusta S.A. un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas de ejercicio permanente y continuo, con caudal de 3,6 litros por segundo y que por resolución 400 de 7 de diciembre de 2005, se constituyó un derecho de aprovechamiento de agua en favor del Comité de Agua Potable de ejercicio permanente y continuo de 6 litros por segundo. Además, según el procedimiento del artículo 2° transitorio del Código de Aguas, el mismo Comité solicitó la regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas consuntivo, permanente y continuo de 4 litros por segundo, que fue informado favorablemente y que se encuentra en etapa judicial, sin sentencia.

En folio cincuenta y seis, consta oficio de la Subsecretaria del Medio ambiente, que señala la disponibilidad de agua en la zona de Quintay, los caudales mínimos obligatorios del estero Los Jotes y de las fuentes de agua de Quintay y las presentaciones para generar el estudio de impacto ambiental de la planta desalinizadora de agua del APR de Quintay no son de su competencia, sino de la Dirección General de aguas y del Servicio de Impacto Ambiental. En cuanto a la evaluación de la evaluación ambiental estratégica del plan regulador de la comuna, esta se encuentra totalmente tramitada.

En folio sesenta y uno, rola oficio de la Superintendencia del Medio Ambiente, que señala que con fecha 19 de febrero de 2019 se recibió una denuncia por extracción de agua y funcionamiento de grupo electrógeno, que se encuentra en tramitación y en espera de ser notificada al denunciado, para que aporte los antecedentes necesarios para la investigación.

En folio sesenta y cuatro, rola informe de la Posta Rural de Quintay, que señala que no ha sido necesario la activación de protocolo de epidemiología, puesto que no se producido un brote epidemiológico y que entre junio a diciembre de 2019 27 consultas relacionadas con gastroenteritis, sin relación entre si, porque no obedecen a un mismo alimento.

En folio ochenta y dos, rola oficio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que señala que el Comité de Agua Potable denominado Quintay data de 1989, que cuenta con 393 arranques, que se encuentra inscrito en la Dirección de Obras Hidraulicas y que no se encuentra bajo la fiscalización y control de esa Superintendencia.

En folio ochenta y nueve, rola oficio evacuado por la Dirección de Obras Hidráulicas de Valparaíso, que indica que el Comité Rural de Administración de Agua Potable de Quintay consta con cuatro fuentes, principal, pozo y dos norias, indicando su ubicación, profundidad y caudal, con una producción de agua estimada de 207 metros cúbicos diarios.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I) EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD 1°) Que, sin perjuicio de existir reclamos por la cantidad y calidad del agua, en períodos anteriores, los recurrentes expresan que tienen certeza de la falta de potabilidad del agua que entrega la APR sólo el día 17 de enero de 2020, fecha en que el Laboratorio al cuál le encargaron el análisis del agua, entregó los resultados y, en consecuencia, entre esa data y la de interposición de la presente acción cautelar, no ha transcurrido el plazo de 30 días establecido en el auto acordado que regula la materia, por lo que se rechazará esta petición.

II) EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMIDAD ACTIVA DE “JUNTA DE VECINOS DE QUINTAY”

2°) Que, la materia debatida en estos autos, ataca precisamente a determinadas personas jurídicas que, con sus actos, estarían vulnerando el derecho de las personas que viven en Quintay, a vivir en un medio libre de contaminación, específicamente, a tener acceso a un elemento vital como es el agua, cuya potabilización permita el consumo humano de los residentes de la referida comunidad. Entonces, el reclamo se endereza precisamente a obtener medidas de reparación urgente, de naturaleza general en tanto conciernen a la comunidad social toda y, conforme a ello resulta válido aplicar el criterio del interés legítimo para aceptar la legitimación activa de la Junta de Vecinos de la población afectada, órgano intermedio que puede y debe velar por el interés colectivo de la comunidad que representa.

Así, conforme expresa el profesor nombre reservado, “la tendencia del derecho comparado es la superación de la visión individualista del interés legitimador, circunstancia especialmente sensible en materias como la protección del medio ambiente, y otros. En tanto se interprete el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación según hemos señalado más arriba y tengamos en cuenta el medio ambiente como bien público, creemos que es posible otorgar titularidad a las personas jurídicas respecto de este derecho”. (nombre reservado* Centro de Derecho Ambiental Universidad de Chile Santiago, Chile correo reservado Garantías fundamentales de las personas jurídicas. ¿Titulares del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación?, file:///C:/Users/Administrador/Desktop/39351-1-136191-1-10-20160328.pdf).

3°)

Que, conforme a lo razonado, se rechazará la falta de legitimación pasiva respecto de la Junta de Vecinos de Quintay, promovida por la recurrida Administradora Santa Augusta S.A.

III) EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMIDAD ACTIVA DE “CORPORACION PRO DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE VIÑA DEL MAR”

4°) Que, la Excma. Corte Suprema y esta Corte de Apelaciones han reconocido, como parte, al recurrente individualizado, en acciones que dicen relación con la preservación del medio ambiente y el cumplimiento con la normativa que rige la materia, referente a comunas distintas de Viña del Mar.

5°) Que, así, en autos ROL CS 3918-2012, 47610-2016 y 22221-2019, se ha admitido como parte a la recurrente en examen, señalándose, en la última:

“Duodécimo: Que, en efecto, se ha tenido a la vista la causa Rol Corte Suprema N°3918-2012, donde constan los estatutos de la organización actora, constituida al amparo de la Ley N°19.418.

El artículo 3° de dicho documento expresa como objetivos de la organización “a) Preservar el patrimonio Histórico y Cultural de la Comuna de Viña del Mar y la Quinta Región en especial, y el Cultural en general” y “b) Difundir y preservar la integridad y patrimonio del entorno ecológico, ambiental, los recursos naturales, Flora y Fauna, utilizando para ello los medios conducentes a tales fines, concertando su acción con entidades públicas y privadas”.

Como puede apreciarse, tratándose de una organización comunitaria, esto es, “aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva” (artículo 2° letra d) de la Ley N°19.418), en el presente caso, por disposición expresa de sus estatutos, el campo de acción del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, sin perjuicio de su denominación, extiende sus objetivos a una agrupación de comunas dentro de las cuales, sin duda, se sitúa la de Concón.”

6°) Que, en tal sentido, el interés de la recurrente “CORPORACION PRO DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE VIÑA DEL MAR”, si bien resulta en la escala de cercanía, más lejano que el que puede advertirse en relación con la Junta de Vecinos Quintay, lo cierto es que, por las mismas razones que se esgrimieron para estimar que aquella organización tiene legitimación activa para recurrir, en tanto la doctrina moderna acepta que una persona jurídica pueda accionar, dentro de los fines explicitados en sus estatutos, por personas a quienes podrían afectar los actos denunciados como ilegales o arbitrarios, se rechazará la alegación de la recurrida, Administradora Santa Augusta S.A. quien pretendía la declaración de falta de legitimidad activa de la referida Corporación.

EN CUANTO AL FONDO 7°) Que, en síntesis, los recurrentes estiman que constituyen actos ilegales y arbitrarios aquellos que impiden a los vecinos de Quintay contar con la cantidad y calidad de agua potable necesaria para una debida subsistencia humana.

8°) Que, en el marco señalado, son hechos asentados en la presente acción cautelar, los siguientes:

a) Que existe un Comité de Agua Potable Rural de Quintay, (APR), encargado de la producción y distribución de agua potable para esa localidad, que se creó y opera desde el año 1969, según informa el propio Comité.

b) Que el recurso hídrico que entrega dicho Comité a la población, según señala esta recurrida en su informe, “por ahora, no es consumible, pero sí utilizable en el 95% de sus otros usos”.

c) Que, conforme al Informe de Ensayo de agua de consumo humano, realizado por la SEREMI de Salud, con fecha 17 de febrero de 2020, analizando agua proveniente de la APR Quintay, arrojó valores muy superiores a los límites máximos, según Reglamento de los Servicios de Agua destinada al consumo humano, Decreto N° 375, en los valores de Hierro, Cloruro, sólidos disueltos totales y turbiedad.

d) Que, los resultados anteriores, son compatibles con aquellos presentados por los recurrentes, emanados del Laboratorio Biodiversa, pudiendo advertirse que, además, en él, se consigna un valor más elevado que el permitido por la norma, en Magnesio.

e) Que, la Seremi de Salud, en visita inspectiva de 19 de diciembre de 2019, verifica que la planta de osmosis inversa, no está funcionando. Expresa la fiscalizada que desde octubre han observado turbidez por exceso de hierro y se necesita instalar otro filtro para solucionarlo.

f) Que, tanto en el año 2015, como en diciembre de 2019, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, denunció ante la Seremi de Obras Públicas de la misma Región, la mala calidad del agua proveniente de APR Quintay, iniciando, en el año 2019 un sumario sanitario, tomando muestras de agua para análisis en laboratorio, ya explicado en el punto c) precedente.

g) Que, la I. Municipalidad de Casablanca, conforme queda consignado en los fundamentos de los Decretos Alcaldicios N° 524 y 558, de 24 de enero de 2020, relativos al contrato para el servicio de arriendo de camión aljibe para la localidad de Quintay con la finalidad de abastecer los contenedores municipales instalados en el lugar y aprobación del mismo, utiliza recursos municipales en virtud de lo establecido en los artículos 4, letra c) y 5 de la Ley 18.695.

h) Que el 24 de enero de 2020, la Seremi de Salud, realiza una fiscalización a los estanques de abastecimiento de agua potable instalados en la Plaza de Quintay, abastecidos y de responsabilidad de la Municipalidad de Casablanca, constatándose que los tres estanques se encuentran a ras de suelo, sin protección respecto a la incidencia de sol, sin drenes en la descarga y sin tapa.

i) Que, el 31 de enero de 2020, se realiza por el mismo organismo fiscalizador, una vigilancia sanitaria a los referidos estanques, manteniéndose las malas condiciones anteriores, agregándose que las llaves están en regular estado y no tienen protección para evitar contacto con animales (perros).

j) Que, el día 5 de febrero de 2020, nuevamente se lleva a efecto una vigilancia sanitaria de los estanques de agua, manteniéndose las falencias percibidas en las fiscalizaciones anteriores.

k) Que, la Municipalidad de Casablanca, responsable de los estanques en examen, el día 10 de febrero de 2020 realiza sus descargos ante la Seremi de Salud regional, señalando, en síntesis que el día 6 de febrero habría reparado la mayoría de las observaciones formuladas.

9°) Que, atentos a los supuestos recién enunciados, en adelante, cabe analizar si, conforme a ellos, puede imputarse la existencia de algún acto ilegal o arbitrario a alguna de las recurridas y, en tal caso, deberá determinarse si se han vulnerado alguna de las garantías constitucionales que se dicen trasgredidas, afectando de este modo a las personas en cuyo favor se ha recurrido.

10°) Que, el Decreto 735, Ministerio de Salud, promulgado el 7 de noviembre de 1969, contiene el Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano.

En su artículo 1° dispone “Todo servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena calidad en cantidad suficiente para abastecer satisfactoriamente a la población que le corresponde atender, debiendo además, asegurar la continuidad del suministro contra interrupciones ocasionadas por fallas de sus instalaciones o de su explotación”.

A su vez, en el artículo 2°, expresa que “La Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva deberá aprobar todo proyecto de construcción, reparación, modificación o ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua para el consumo humano, que no sea parte o no esté conectado a un servicio público sanitario regido por el DFL Nº382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, una vez construida, reparada, modificada o ampliada y antes de entrar a prestar servicios, la obra debe ser autorizada por el citado organismo.”

Dicha normativa, en su Artículo 4º, refiere que “Corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva comprobar las condiciones sanitarias de todo servicio de agua potable, vigilar su funcionamiento y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo.

En su Artículo 8º, a su turno, dispone que “El agua destinada al consumo humano no debe contener elementos o sustancias químicas en concentraciones totales mayores que las indicadas a continuación:..”

11°) Que, de las disposiciones trascritas, se puede colegir que, por una parte, debe entenderse por agua potable, aquella destinada al consumo humano y, para cumplir con las exigencias que dispone la normativa, se requiere cumplir con los estándares y valores señalados en el referido artículo 8°.

12°) Que, sin embargo, como ya se analizó en el motivo octavo, examinada el agua proporcionada por APR Quintay, por la Seremi, quedó demostrado que en los parámetros aplicables al Hierro, Cloruro, Sólidos disueltos totales y turbiedad, los valores exceden lo dispuesto en el artículo 8° anterior.

13°) Que, en esta línea de razonamientos, ha quedado demostrado que la recurrida APR Quintay, no cumple con el objetivo que su constitución tuvo en vistas al ser creada puesto que, como dicho ente reconoció en su informe, el agua que proporciona no puede ser consumida, sirviendo, para otros fines más no como agua potable, afirmación que resulta conforme con la prohibición de destinar al consumo humano, agua, con las concentraciones que presenta la distribuida por APR Quintay.

14°) Que, confirma la conclusión anotada, el informe evacuado por la recurrida en el que señala que habría firmado un contrato para la instalación y suministro de Filtro abatidor de hierro y manganeso, todo lo cual implica que, esta parte, reconoce, una vez más, que se encuentra fuera de norma el agua que produce y distribuye.

15°) Que, en consecuencia, resulta meridianamente claro que el Comité APR de Quintay, ha incurrido en un acto ilegal al no proporcionar agua potable, apta para el consumo humano, a la población de Quintay y, en consecuencia, se acogerá la acción cautelar en su contra, de la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

16°) Que, en lo relativo a los actos ilegales atribuidos a la I. Municipalidad de Casablanca, los mismos han quedado fehacientemente acreditados con las fiscalizaciones y posterior sumario sanitario de la que fuera objeto por parte de la Seremi de Salud Regional, toda vez que las deficiencias encontradas en las instalaciones de almacenaje del agua que es transfundida desde camiones aljibes, atentan contra las condiciones de salubridad que deben existir para otorgar un buen servicio al proporcionar agua potable.

17°) Que, sin perjuicio de haber señalado en estrados el abogado que representa a la Seremi recurrida, que dicho ente edilicio habría corregido gran parte de las observaciones que en su momento determinaron el sumario incoado, lo cierto es que el único antecedente que obra en autos son los descargos de la fiscalizada ante la autoridad sanitaria, elemento que impide a esta Corte tener por subsanados todos los puntos objeto de la investigación y, en consecuencia, a su respecto, se acogerá la acción, en los términos que se expresarán en la decisión.

18°) Que, en cualquier caso, no podrá accederse a la proposición del Municipio en orden a que ninguna obligación tiene de proporcionar agua a Quintay y que si, lo hace, es por mero ánimo de ayudar a la comunidad, puesto que, conforme se ha dejado sentado en la letra g), del motivo octavo, al contratar los servicios de camiones aljibes para trasportar agua hacia los estanques que mantiene en Quintay, desembolsó dineros municipales y, para hacerlo, fundó sus decretos en los artículos 4 y 5 de la ley 18.695, desprendiéndose, entonces, que tal conducta la asumió, por encontrarse facultado para ello.

Ahora bien, no cabe duda que, ejerciendo el Alcalde una facultad, dicho acto conlleva deberes aparejados y, si se comprometió a entregar agua potable, debió cumplir con todas las normas que dicha labor apareja, conforme a las disposiciones sanitarias que rigen la materia; obligaciones que incumplió, dando origen, tales incumplimientos, como ya se dijo, a un sumario sanitario.

19°) Que, los actos descritos, resultan ilegales, habiendo vulnerado los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto, las deficiencias anotadas pueden atentar contra la integridad de las personas y, aunque no fue demostrado que el riesgo se hubiera materializado, la amenaza al derecho constituye suficiente vulneración y requiere, por consiguiente, de tutela urgente. Por otra parte, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, también se ha visto amagado por hechos atribuibles a personas determinadas como ha quedado establecido y, en consecuencia, resulta procedente, como se dijo, acoger las acciones deducidas.

20°) Que, con relación a la Seremi de Salud de la V Región, de los antecedentes acopiados a estos autos, es posible colegir que el deber de fiscalización del agua potable, de conformidad con lo dispuesto al Decreto 735, Ministerio de Salud, del año 1969, en especial a sus artículos 2° y 4°, precedentemente trascritos, le corresponde a esta entidad, puesto que esta forma de producción y distribución de agua potable no se encuentra comprendida en el DFL N° 382/88, del MOP.

21°) Que, conforme a los hechos descritos en los literales c), e), f), h), i) y j), del motivo octavo, ha quedado demostrado que dicho organismo ha ejercido su deber de fiscalización y vigilancia tanto respecto a APR Quintay, cuanto a los estanques de almacenamiento de agua de responsabilidad de la I. Municipalidad de Casablanca y, en consecuencia, sin perjuicio de las instrucciones que se le impartirán, en lo resolutivo, a su respecto se rechazará el recurso deducido.

22°) Que, por último, con relación a la Administradora nombre reservado, a quien se le imputa haber intervenido y alterado el curso del estero Los Jotes,amén de haber contaminado los centro de producción de agua de APR Quintay, tales conductas no se han demostrado en esta causa, en modo alguno y, en consecuencia, a su respecto, será igualmente desestimado el recurso.

23°) Que, por último, en lo que dice relación con la cantidad de agua proporcionada a la comunidad de Quintay, si bien de los informes acopiados a estos autos, existe consenso en que la sequía ha disminuido los cauces y napas de agua, no se ha probado, sin embargo, la cantidad de habitantes de la comunidad, la cantidad de litros producidos y entregados a los residentes y los volúmenes que serían necesarios considerando los datos anteriores, debiendo rechazarse, en este punto la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I) Que se rechaza la extemporaneidad.

II) Que se rechaza la falta de legitimidad activa del “COMITÉ APR DE QUINTAY” y de la “CORPORACION PRO DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE VIÑA DEL MAR”.

III) Que se rechaza la acción cautelar interpuesta en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso y de Administradora Santa Augusta S.A.

IV) Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por las personas naturales y jurídicas individualizadas en este fallo, en contra del Comité APR de Quintay y de la I. Municipalidad de Casablanca, sólo en cuanto:

a) Se ordena al Comité APR de Quintay, realizar en el más breve plazo, que no podrá exceder de seis meses contados desde la fecha del presente fallo, la instalación de Filtro Abatidor de Hierro y Manganeso y de la Planta de Osmosis Inversa que le permitirá obtener 400.000 litros de agua al día.

b) Se ordena, asimismo, a dicho Comité, que dentro del plazo señalado, con independencia de la instalación de las obras aludidas en el punto anterior, deberá proveer agua potable a la comunidad de Quintay, ajustada a la norma contenida en el Decreto 735, Ministerio de Salud, la que deberá ser apta para el consumo humano.

c) Se ordena a la I. Municipalidad de Casablanca, que ajuste las instalaciones de sus estanques a la normativa vigente, debiendo dar cumplimiento, de inmediato, a las observaciones que emanen de la Seremi de Salud, con la finalidad de proveer de agua potable a la comunidad de Quintay quien, por el momento, no cuenta con ninguna otra fuente de agua consumible.

V) Sin perjuicio de lo resuelto, se instruye a la SEREMI de Salud de la V Región, que deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones fiscalizadoras que emanan del Decreto 735, del Ministerio de Salud y mientras no rija la Ley 20.998, sobre Servicios Sanitarios Rurales, en forma periódica, eficaz y oportuna, atendida la deficiencia sanitaria que se advierte en la comunidad de Quintay.

Comuníquese lo resuelto a todas las partes del presente recurso.

Regístrese y archívese.

Sentencia redactada por la Ministra señora Silvana Donoso Ocampo.

N°Protección-1375-2020.