AGRÍCOLA AYUN SPA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO CASABLANCA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

A folio 1, comparece Marcelo Gallardo Camus, abogado, en representación de Sociedad Agrícola Ayun SpA, del giro de su denominación, deduciendo acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca, persona jurídica de derecho público, representada por su Jefe Comunal don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal ligado a la dictación de la Resolución Ordinaria N° 1, de fecha 8 enero 2021.

Indica que con fecha 9 de noviembre del año recién pasado, tomaron conocimiento que la recurrida habría cursado 2 multas a su representada, por la suma de $503.720, cada una. En efecto, mediante carta certificada, de fecha 15 septiembre 2020, la Tesorería General de la República, notificó y requirió de pago a su representada, respecto al cobro de las multas indicadas. Precisando que dicha carta fue arrojada debajo de la puerta, posiblemente porque el día viernes (6 noviembre 2020) en la tarde, día en que presumen fue dejada, la oficina se encontraba cerrada.

Señala que con ocasión de la recepción de la referida carta, tomaron conocimiento por primera vez de tales multas, toda vez que nunca llegó a sus manos ni de un dependiente de la empresa, la respectiva notificación de la resolución que debe contener las sanciones supuestamente impuestas por la Inspección del Trabajo, entidad a la cual compareció en el mes de marzo a presentar una serie de antecedentes laborales en el marco de una fiscalización de la cual fue objeto la empresa.

Refiere que la razón por la que puede asegurar que no tomaron conocimiento de la resolución que contiene las multas, es porque sus oficinas administrativas, ubicadas en la comuna de Providencia estuvieron cerradas y desocupadas pocas semanas antes de tomar conocimiento de las multas, por lo que malamente alguien podría haber recibido alguna notificación de parte de la Inspección del Trabajo. De esta forma, alega que es evidente que por un hecho que no le es imputable, como es el decreto sanitario de cuarentena, dicha notificación no pudo llegar a sus manos.

Al respecto, precisa que en la ciudad de Santiago, en donde se encuentra el domicilio de su oficina, se ha llevado a cabo un plan de confinamiento dinámico. En el caso específico de Providencia, se decretó cuarentena en dos oportunidades: primero, el día 25 de marzo, cuarentena que se extendió hasta el día 13 de abril y, segundo, el día 15 de mayo , la que se extendió hasta el día 10 de agosto.

Indica que no obstante lo anterior y pese al levantamiento de la cuarentena en la comuna, siguiendo las recomendaciones que la misma autoridad sanitaria realizó, su oficina, lugar donde solo se realizan funciones administrativas, se mantuvo cerrada hasta la segunda semana del mes de octubre y se tomó la decisión de mantener la modalidad de teletrabajo de manera voluntaria y preventiva, para no exponer a los trabajadores Alega que atendido el escenario descrito, es del caso que, una vez habilitadas sus oficinas administrativas, no se encontró ninguna notificación relativa a las multas cursadas por la Inspección del Trabajo de Casablanca. Por lo que al tomar conocimiento de las multas, se dirigieron, específicamente el día 13 de noviembre a dicha Inspección, para dar cuenta y saber qué había ocurrido con la resolución; informando asimismo que ya se habían puesto en marcha las capacitaciones, con el fin de solicitar la sustitución de las multas una vez que fuera notificada la resolución.

Explica que en dicha oportunidad, funcionaria de dicha Inspección, les entregó un formulario de recurso administrativo y con fecha 11 de diciembre 2020 se presentó dicho formulario de solicitud de recurso administrativo con el fin de acceder a la sustitución de la multa, acompañando anexo dando cuenta de las circunstancias de hecho que la imposibilitaron de tomar conocimiento oportuno de la notificación de la resolución de mulas cursadas a su parte, en conjunto con toda la documentación que acredita que ya se había corregido la infracción cometida.

Menciona que no obstante las circunstancias descritas, con fecha 14 enero 2021, mediante carta certificada, se les notificó del Ordinario N° 1, a través del cual no se dio lugar a la sustitución de la multa, señalando para tal efecto: “No se presentó dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación.”

Denuncia que la resolución recurrida, resulta ilegal y del todo arbitraria. Al respecto, indica que la ley otorga a los empleadores, en caso de micro y pequeñas empresas, un plazo de 30 días para solicitar la sustitución de multas conforme al artículo 506 ter del Código del Trabajo y, ya es discusión zanjada, que dicho plazo se cuenta en días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábados, domingos y festivos. Y, por otro lado, es un hecho público y notorio, que la actual pandemia mundial ha provocado una serie de dificultades y entorpecimientos en el ejercicio de acciones, derechos y actuaciones, tanto judiciales como administrativas; esto es tan así, que se dictó la Ley N° 21.226, en la cual se han contemplado una serie de medidas, a fin de resguardar el ejercicio de acciones y derechos como, por ejemplo, la prescindencia de algunas exigencias administrativas, como es el caso de la reclamación y la conciliación ante la Inspección del Trabajo del artículo 497 del Código del Trabajo.

Expresa que dado lo anterior, habiendo tomado conocimiento de las multas cursadas, recién con la notificación de la resolución de la Tesorería General de la República, de fecha 6 de noviembre 2020, la solicitud de sustitución de multas se encuentra realizada plenamente dentro del plazo legal para hacerlo, resultando del todo arbitraria e injustificada la resolución recurrida; lo que ha traído aparejado la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción, declarando que la recurrida debe acoger a trámite la petición de sustitución de la multa planteada respecto de la Resolución N° 3720/2020/07, por haberla efectuado esta última dentro del plazo legal, con costas.

A folio 6, evacua informe la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que con fecha 4 de febrero 2020 se efectúa denuncia en contra del recurrente por incumplimiento a normas de protección de la vida y salud de los trabajadores, motivo por lo que se constituye la comisión inspectiva N° 0510/2020/22; constituyendo los hechos una infracción al artículo 21 DS 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con relación al artículo 184 del Código del Trabajo y a los artículos 33 y 506, del mismo cuerpo normativo, motivo por el cual se cursa la sanción N° 3720/2020/07-1-2, por 10 UTM cada una.

Informa que las multas señaladas fueron notificadas mediante carta certificada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, en el cual se establece que la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito. En razón de aquello, precisa que las multas fueron remitidas con fecha 14 de mayo 2020 al domicilio de la empresa (casa matriz) ubicada en domicilio reservado, bajo código de envío de correo N° 1180163257394, por tanto, conforme al artículo 508, se entiende que éstas fueron notificadas el día 25 de mayo 2020. Luego, la recurrente solicitó la reconsideración administrativa de las multas, lo que fue declarado inadmisible mediante el Ord. N° 01 de fecha 8 enero 2021, toda vez que fue presentada fuero del plazo legal de 30 días hábiles dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, cuyo vencimiento fue el 6 de julio 2020, siendo la presentación totalmente extemporánea.

Seguidamente, alega la improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, cuyo derecho y procedimiento se encuentra regulado en el Código del Trabajo, cuerpo normativo que regula la apelación de multas administrativas y su impugnación a través de recursos administrativos y judiciales; no siendo procedente por tanto la presente acción, la que no puede ser utilizada como un sustituto jurisdiccional.

Asimismo, refiere que en ningún caso el ordinario recurrido es ilegal ni arbitrario, por el contrario, se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo el término expreso de 30 días hábiles administrativos para interponer el recurso administrativo de reconsideración de multa, la recurrente solo lo hizo con más de 100 días de expirado el plazo. Existiendo además, respecto de la dictación de la resolución recurrida, un irrestricto cumplimiento al principio de legalidad por parte de la Dirección del Trabajo.

Finalmente, refiere la improcedencia de la alegación de fuerza mayor, pues habiendo procedido a hacer un seguimiento de envío, pudo constatar que el día 30 de junio 2020 a las 14.59 horas don nombre reservado recibió en el domicilio de la empresa las multas, notificándose personalmente; situación que derriba la presunción del artículo 508 del Código del Trabajo, encontrándose notificada la recurrente entonces el día 30 de junio 2020 y no el 25 de mayo 2020, existiendo una diferencia de 5 días. Razón por la cual no cabe sino concluir que las multas se encontraban notificadas en dicha fecha que la solicitud de reconsideración se encontraba fuera de plazo legal.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que por la vía del recurso de protección se cuestiona la legalidad de la resolución Ordinaria N° 01, de 08 de enero de 2021, que no dio curso por extemporáneo a un recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución N° 3720/2020/07, de 7 de mayo 2020, que impuso a la parte recurrente dos multas, argumentándose que ésta no se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles, contados desde su notificación.

Segundo: Que la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para cuestionar la resolución recurrida, según corresponda. Asimismo, refiere que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, señalando que el plazo establecido para solicitar reconsideración es de 30 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la multa, el que se habría encontrado vencido al momento de la presentación de reconsideración de la recurrente, según prescriben los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo.

Tercero: Que el artículo 512 del Código del Trabajo establece que el escrito de reconsideración de una multa administrativa deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, plazo que de acuerdo al Dictamen N° 25.891, de la Contraloría General de la República, de fecha 16 de octubre 2018, es de días hábiles administrativos.

Cuarto: Que a su vez, el artículo 508 del Código del Trabajo, en su parte final, señala que las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo, por carta certificada, se entenderán practicadas al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.

Quinto: Que de acuerdo a los documentos acompañados por la recurrida, la resolución que impuso la multa fue remitida al recurrente por correo certificado de 14 de mayo de 2020, de manera que se le debe tener por notificada al sexto día hábil, según el artículo 508 del Código del Trabajo, ya referido en el considerando anterior, que corresponde al día 25 de mayo del mismo año. Ahora bien, el plazo de treinta días hábiles contado según lo ya razonado, vencía el 06 de julio 2020, por lo que si el recurrente interpuso su reconsideración el 11 de diciembre del año 2020, según lo reconocen ambas partes, lo ha sido fuera del plazo legal.

Sexto: Que además, de acuerdo al documento denominado “seguimiento en línea”, de Correos de Chile, acompañado por la recurrida, consta que la carta certificada fue entregada en el domicilio de la recurrente con fecha 30 de junio 2020, siendo recibida por don nombre reservado; por lo que aún, si se contara el plazo de 30 días desde esa fecha, la presentación de reconsideración sigue siendo extemporánea.

Séptimo: Que así, a la luz de lo razonado, es posible estimar que las garantías alegadas como vulneradas no han sido afectadas por la recurrida, a raíz que su actuar no ha sido ilegal o arbitrario, toda vez que no dio tramitación, por extemporánea, a la reconsideración administrativa presentada por el recurrente, en virtud de lo establecido en los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo, por lo que corresponde rechazar la presente acción constitucional.

Octavo: Que finalmente y, a mayor abundamiento, la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, no siendo la vía idónea para conocer y resolver materias propias de un juicio de lato conocimiento, en donde, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir todas las pruebas que estimen convenientes para lograr el establecimiento de sus pretendidos derechos.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 2 y 20 del Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1, por la Sociedad Agrícola Ayun SpA, del giro de su denominación, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1357-2021.- En Valparaíso, diez de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.