Protección contra Caja de Compensación Los Andes

Foja: 42 Cuarenta y Dos S.f.g.

C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunció para alegar el abogado Sr. Pablo Pizarro, 15 minutos, contra el recurso, quien hizo uso de su derecho en estrado, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil catorce.

nombre reservado.

Relator Concursante Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 3, comparece doña nombre reservado, empleada bancaria, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra la Caja de Compensación Los Andes, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por vulneración en su actuar a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Expone que la Caja de Compensación recurrida ha procedido a notificar a su actual empleador BANCO DE CHILE, para que proceda a efectuar un descuento de sus remuneraciones por un crédito que al día de hoy se encuentra prescrito y porque nunca se le persiguió judicialmente.

Refiere que el día 03 de abril del año 2007, la Caja de Compensación Los Andes le otorgó un crédito código 361164446-8 por un monto de $2.500.000. Se pactó que serían pagados en 36 meses mediante igual número de cuotas de $96.036, cada una. Que esto ocurrió en su antiguo trabajo, cuando desarrollaba funciones para Banco Santander Banefe, en la ciudad de Valparaíso. Que mientras trabajo para banco Santander canceló, mediante descuento en Planilla de remuneraciones 18 de las 36 cuotas señalas. No obstante, cuando fue desvinculada por Santander Banefe, en agosto de 2008, no se le hizo el descuento total desde su finiquito del saldo de la deuda insoluta. Tampoco en forma posterior se le persiguió judicialmente el cobró del pagaré. En el mes de diciembre de 2013 la Caja de Compensación Los Andes envió una nómina al Banco de Chile de Valparaíso para descontar de su remuneración mensual la deuda que tendría la recurrente. Sin embargo, no consta que se haya iniciado algún juicio en su contra para el cobro de la deuda, respecto de la cual la institución acreedora asegura que no se pagaron 16 cuotas acordadas en la operación.

Que de acuerdo a lo referido, a juicio de la recurrente, cabe concluir que la decisión de la institución acreedora es arbitraria, puesto que el acto de requerir directamente a la empleadora el descuento en su remuneración de las cuotas adeudadas no se aviene a las circunstancias evidentes de que había transcurrido un excesivo lapso de tiempo desde la fecha en que se había dejado de pagar la deuda, y todo ello, sin discusión previa sobre las circunstancias de la obligación cuya solución se persigue.

El actuar de la recurrida -según la recurrente- afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, términos que se produce una privación en el derecho de propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones que le corresponde percibir.

A fojas 30, evacua informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por Ángel Hernández Muñoz, abogado, con domicilio en domicilio reservado.

Expone, que la propia recurrente reconoce que el referido crédito se le otorgó con fecha 3 de abril del año 2007, bajo el número de código 361164446-8, por un monto de $2.500.000.-, el que se pactó se pagaría en 36 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $96.036. Tal cual la recurrente señala, ella sólo pagó las primeras 18 cuotas, adeudando las 18 restantes.

Refiere que la institución de la prescripción, consagrada en el artículo 2492 del Código Civil, no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada por quien pretende aprovecharse de ella, es más, el juez no puede declararla de oficio. Razón por la que tanto la deuda, como la acción de cobro que tiene su representada respecto de lo adeudado por la recurrente en razón del crédito social referido, no se encuentran prescritos, pues no ha sido alegado por la recurrente, ni se ha declarado judicialmente en una sentencia dictada en un proceso de lato conocimiento, no siendo la vía de la acción de protección la indicada para obtener la declaración de prescripción.

Además, refiere que el descuento que se realiza directamente en las remuneraciones de la recurrente, no constituye en caso alguno un acto ilegal y arbitrario. El ordenamiento jurídico contempla un mandato legal e irrenunciable, para que las Cajas de compensación procedan a requerir los descuentos de las cuotas de crédito social a las entidades empleadoras, arbitrio consagrado en el artículo 58 inciso primero, del Código del Trabajo, artículo 22 de la Ley N° 18.833 y artículo 22 de la Ley N° 17.322.

Que el ordenamiento jurídico nacional, ha concebido el crédito social como una prestación de la seguridad social y ordenado que su cobro se rija por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

Por otra parte, expresa la recurrida que según el tenor de los dispuesto en el pagaré firmado por la recurrente, está tomó conocimiento al momento de suscribir dicho instrumento mercantil, de la facultad que le compete a su representado, de solicitar los respectivos descuentos a su empleador, con el objeto de pagar las cuotas morosas del crédito social otorgado.

Por tanto, a juicio de la recurrida, no existe una afectación arbitraria ni ilegal al derecho de propiedad del recurrente, solicitando negar con costas el recurso de autos.

A fojas 42, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ello frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que del mérito de los antecedentes, y en especial del informe de la recurrida rolante a fojas 30 y siguientes, fluye que, no siendo un hecho discutido la efectividad de que la recurrida otorgó en abril del año 2007 un préstamo por la suma de $2.500.000.-, las alegaciones referidas a una eventual prescripción extintiva de aquella deuda por la falta o dejación en el cobro (judicial o extrajudicial) que se reprocha al reclamado, son argumentos que desde luego deben ser ventilados ante el Tribunal ordinario respectivo en el cual la sentencia firme dictada por el Juez competente establecerá, con el mérito de las probanzas incorporadas al efecto, al efectividad de estar prescrita la deuda, respecto del referido crédito otorgado al actor, motivo por el cual la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 3, por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 135-2014.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones integrada por la Ministro Srta. Eliana Quezada Muñoz, la Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide y el Abogado Integrante Sr. Pedro Arraztoa Ancizar.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.