Protección contra Instituto de Previsión Social

Foja: 47 Cuarenta y Siete eaam C.A. Valparaíso.

Valparaíso, veintiuno de julio de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 11 comparece don nombre reservado, cientista político, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción constitucional a favor y en nombre de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, abogado, del mismo domicilio, en contra del Instituto de Previsión Social, por haber dictado la Resolución de Reliquidación N°AP-373 de fecha 12 de marzo de 2014, de la División de Beneficios, Sub Departamento Operaciones de reparto, de Santiago de Chile; la cual fue conocida por la afectada mediante liquidación de pago de fecha 15 de mayo de 2014.

Expone al efecto que en la resolución recurrida se señala que su representada ha jubilado a través de la CANAEMPU con menos años de servicio de los que la ley señala para estos efectos, que exige como mínimo 30 años, perjudicándola económicamente por descuentos ilegales, los que ya comenzaron a regir según consta en liquidación de pago acompañada en el recurso; ello no obstante que en la toma de razón de la Contraloría General de la República se señala expresamente que la afectada llevaba cumplidos 43 años, 1 mes y 26 días de servicio ininterrumpido al momento de jubilar, siendo la fecha de jubilación el 1° de diciembre de 2013, y todo ello en Resolución N° AP-373, agregando el recurso que la afectada sobrepasaba con creces el mínimo de jubilación indicado para estos efectos. Sostiene que el Instituto de Previsión Social no puede ni debe desconocer los documentos emanados de la Contraloría General de la República, puesto que son necesarios para viabilizar el proceso de jubilación, y que resulta extraño que después de la toma de razón de dicho organismo, se haya esperado 5 meses para dictar una resolución que revierta la que un organismo de mayor jerarquía jurídica dictó previamente.

Refiere el recurso que consecuencialmente, de todo lo planteado se pueden ver vulnerados derechos fundamentales entre los que se encuentran los establecidos en el artículo 19 N°2, N°3, N°7 y N°24 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de sus artículos 6 y 7. Solicita, en definitiva, que se acoja la acción constitucional contra la resolución referida, que reduce de forma ilegítima la pensión de la recurrente, y se le declare ilegal o arbitraria.

A fojas 35, informa don nombre reservado, en representación del Instituto de Previsión Social, que sostiene que el recurso adolece de requisitos de forma y en cuanto al fondo que el libelo es infundado.

Así, en cuanto a la forma, alega:

1.- Incompetencia relativa de esta Corte.- Señala que de acuerdo al N°1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, éste se debe interponer ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria. En el caso de autos, expresa que la resolución por la que se recurre fue dictada en la ciudad de Santiago, ya que ese es el domicilio de la División Beneficios del I.P.S., por lo que la Corte competente es la de Santiago y no la de Valparaíso. En segundo lugar, y en relación al domicilio legal del I.P.S., sostiene que la Corte también es incompetente por cuanto la Ley N°20.255, en su artículo 54, dispone que se le aplicarán las normas propias del Instituto de Normalización Previsional (en lo no regulado), y en ese sentido, conforme el artículo 1° del D.F.L. N°17, el domicilio del Instituto será la ciudad de Santiago para todos los efectos legales y judiciales. Y por su parte, el artículo 3° indica que la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo la tendrá el Director. Por dichos argumentos, el domicilio de la recurrida es el de sus oficinas centrales ubicadas en Libertados Bernardo O´Higgins N°1552, piso 8, Santiago, en cuya Corte debió interponerse el recurso.

2.- El recurso sería extemporáneo: Sostiene el informe que como se acredita de los documentos que se acompañan, la Resolución recurrida es de fecha 12 de marzo de 2014, y fue notificada a la recurrente mediante carta fechada el 8 de abril de 2014. En consecuencia, debe entenderse que el recurrido es del 12 de marzo, o en el peor de los casos, del 8 de abril del presente año, y el recurso fue interpuesto fuera del plazo de 30 días. El Auto Acordado indica que el término fatal corre desde la ejecución del acto que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, o “desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”, y habiéndose deducido el recurso el 6 de junio de 2014, es claramente extemporáneo.

3.- Improcedencia del recurso de protección: Al efecto sostiene el recurrido que del tenor del recurso es claro que estamos en presencia de una controversia de naturaleza estrictamente previsional, en que inciden cuestiones de hecho y de derecho que escapan evidentemente al ámbito constitucional y en especial a los objetivos que tuvo en vista el constituyente al establecer el recurso de protección. Sostener lo contrario, agrega, implicaría desnaturalizar el recurso de protección. La interpretación de la ley previsional, así como las reclamaciones en contra de las resoluciones dictadas por los órganos pertinentes, son materias de lato conocimiento que la ley entrega a los tribunales laborales. El Código del Trabajo, en su artículo 420, letras c) y e), establece que estas materias son competencia de los Tribunales de Letras del Trabajo y lo reafirma el artículo 446 del mismo Código.

En cuanto al fondo del asunto, indica que la recurrente solicitó pensión de Vejez Canaempu (Caja Nacional de Empleados Públicos) con fecha 30 de junio de 2013, en la Sucursal I.P.S. de Valparaíso. Por resolución AP N°1341, de 20 de agosto de 2013, se concedió el beneficio requerido por un monto inicial de $1.376.993.- a contar el 1° día del mes siguiente a su total tramitación. La pensión se otorgó conforme a lo establecido en el D.F.L. 1340 bis de 1930, D.L. 970 de 1975 y artículo 132 del D.F.L. 338 de 1960. Por ORD. S/N de 15 de octubre de 2013, se notifica a su empleador, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con copia a la recurrente, respecto de la Resolución de Jubilación, en cumplimiento al artículo 125° del D.F.L 338/60, modificado por el artículo 6° del D.L. 3537/81. Por oficio N° 002685, de fecha 28 de octubre de 2013, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Zonal Valparaíso, dirigido a la recurrida, se indica que la recurrente dejará de pertenecer al Poder Judicial a contar del 1° de diciembre de 2013. Por lo antes mencionado, y por ser el beneficio una pensión calculada con última renta, con un tope de 60 U.F., se realiza la liquidación de la Resolución de Pensión antedicha y se dicta la Resolución recurrida por un monto de $1.391.209.- correspondiendo dicho monto a las 60 U.F. al 31 de octubre de 2013 y no al 31 de mayo de 2013, como se calculó en la Resolución inicial de forma provisoria.

Agrega que como se puede ver, en ningún caso se ha rebajado la pensión de la recurrente al conceder la reliquidación, como lo expresa el recurrente. Por el contrario, de un monto inicial de $1.373.993 de la primera resolución, pasó a $1.391.209 con la reliquidación. Tampoco fue rebajado el tiempo consumido en el beneficio, pues en ambas resoluciones se indica que fue considerado todo el tiempo que la recurrente mantenía en la Ex Caja CANAEMPU, que son 43 años 1 mes y 26 días de servicios efectivos y un tope máximo de 30 años de servicios computables como lo establece el artículo 119° del D.F.L. 338 de 1960. Actualmente la pensión asciende a $1.424.181.- Y el cálculo se efectuó sobre la última renta, con el tope de las 60 U.F. En este caso, agrega, se cobra íntegro de imposiciones, toda vez que las últimas 36 rentas son superiores a la última renta en cuanto a la cotización y que cuando se calculó sin cese de funciones, el íntegro a cobrar fue de $244.591, como consta en la Resolución AP-1341 de fecha 20 de agosto de 2013. Después, ya con el cese de funciones, el monto de la pensión fue mayor, como se explicó, y por ende el íntegro también aumentó a la suma de $274.660, que era el monto definitivo. Por tal razón, se descontó en la liquidación de mayo de 2014 (y por una sola vez) la diferencia entre los $274.660 y los $244.591, lo que arrojó un total de $30.069. En consecuencia, el actuar el I.S.P. se ajusta a derecho, por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional, con costas.

A fojas 44 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de aquél que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que se desestimará la alegación de incompetencia que plantea la recurrida, por entender esta Corte que si bien la Resolución de Reliquidación N°AP-373 de fecha 12 de marzo de 2014, fue dictada por el Instituto recurrido en la ciudad de Santiago, lo cierto es que encontrándose domiciliada la recurrente en la ciudad de Quilpué, a cuyo respecto la referida resolución producirá todos sus efectos desde el momento que dice relación con el monto de la pensión mensual de jubilación que tiene derecho a percibir, esta Corte es competente en razón del territorio, y así ha sido resuelto, por lo demás, por la jurisprudencia de la E. Corte Suprema a propósito de recursos de la misma naturaleza que el de estos autos.

TERCERO: Que, asimismo, se desestimará la extemporaneidad en la presentación de este recurso que también ha alegado la recurrida, toda vez que el acto impugnado es una resolución administrativa que produce efectos permanentes en el patrimonio de la recurrente, quien percibe mensualmente su pensión de jubilación, de manera que no se advierte que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo.

CUARTO: Que sin perjuicio de lo que se resolverá sobre el fondo del recurso, tampoco se acogerá la pretensión de la recurrida de declararlo inadmisible fundado en que la resolución impugnada es susceptible de otras acciones jurisdiccionales, en razón de que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 20, hace procedente el recurso de protección sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes.

QUINTO: Que en cuanto al fondo de la acción cautelar deducida, y antes siquiera de entrar a decidir si se han vulnerado las garantías que el recurso estima infringidas, es menester determinar si el acto impugnado, la Resolución de Reliquidación N°AP-373 de fecha 12 de marzo de 2014, es contraria a la ley o ha sido dictada arbitrariamente.

SEXTO: Que, al respecto, se advierte del mérito de los antecedentes y de la propia Resolución impugnada, corriente a fojas 4, ponderados conforme a las reglas de la sana crítica, que el supuesto fáctico sobre el cual descansa el recurso no es efectivo toda vez que dicha resolución reconoce expresamente el tiempo servido por la recurrente en la Caja Nacional de Empleados Públicos por el lapso de 43 años, un mes y 26 días, y habiendo explicado el Instituto recurrido la razón de los descuentos efectuados a la pensión a que ella tiene derecho, los que no tienen el carácter de permanentes, la Corte estima que el Instituto recurrido no ha incurrido un acto ilegal o arbitrario al dictar la mentada resolución por lo que se desestimará el recurso por infundado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechazan las alegaciones de incompetencia y de extemporaneidad sostenidas por el Instituto recurrido, y se niega lugar al recurso de protección deducido en lo principal de fojas 11, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección- 1345-2014 No firma la Fiscal Judicial Sra. Latham, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por el Ministro Sr. Alejandro García Silva, la Fiscal Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida y el abogado integrante Sr. Julio Reyes Madariaga.

En Valparaíso, veintiuno de julio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.