nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, licenciada en educación, quien deduce recurso de protección en contra Administradora de Fondos PROVIDA en contra del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, comunicado mediante notificación de 21 de enero de 2026.

Sostiene que, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo ciertas condiciones.

Agrega que, se contacta con el call center de la AFP recurrida el 21 de enero de 2026, siendo notificada vía telefónica que su solicitud no sería aprobada debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe estar apostillada.

Sostiene que, si bien la constancia en cuestión no se encuentra legalizada, se debe tener en cuenta que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita dicho trámite. Este hecho es de público conocimiento y constituye una situación objetiva que escapa a su voluntad.

Del mismo modo, indica la recurrente que cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual es perfectamente verificable en línea mediante el sitio oficial del IVSS y adicionalmente, se permite verificación por cédula de identidad lo cual proporciona un mecanismo adicional de validación para la autenticidad del documento presentado.

Añade que, esta verificabilidad electrónica, sumada a la legalización consular y ministerial, cumple plenamente con los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, en su artículo 1°, que establece: “Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile (…)”.

Agrega que, negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Destaca que la propia Administración del Estado a través del Servicio Nacional de Migraciones ha debido flexibilizar formalidades documentales para los ciudadanos venezolanos, precisamente por la imposibilidad material de obtener documentos legalizados en el Consulado o Embajada de Venezuela en Chile.

Así lo reconoce expresamente la Circular N°10 del Servicio Nacional de Migraciones, en su punto “4. No requerimiento de la legalización de documentos”, donde el Servicio señala que no es procedente exigir legalización consular en aquellos trámites migratorios en los cuales dicha exigencia se hace imposible, debido al cierre total de la representación diplomática venezolana en Chile. En ese sentido, se instruye a los funcionarios a aceptar documentos emitidos por autoridades venezolanas sin legalización consular, siempre que exista algún medio alternativo razonable de verificación o este criterio administrativo dictado por un órgano especializado en la materia y plenamente consciente de las dificultades reales que enfrentan los ciudadanos venezolanos constituye un reconocimiento explícito de que exigir legalización consular es desproporcionado, irrazonable y jurídicamente improcedente en el contexto actual.

En consecuencia, si el propio estado chileno ha adoptado un estándar flexible para trámites migratorios de alta relevancia, con mayor razón resulta arbitrario e ilegal que una administradora de fondos de pensiones mantenga una interpretación formalista y rígida que desconoce la realidad internacional y la imposibilidad absoluta de los ciudadanos venezolanos para obtener certificados legalizados o apostillados en Chile.

Finalmente, estima que la conducta de la recurrida es ilegal y arbitraria ya que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrado en los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, siendo confirmada esta decisión por la repartición pública recurrida.

Solicita en definitiva, tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA de 21 de enero de 2026, por el acto ilegal y arbitrario, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero lo que impide la devolución de fondos previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la Ley N°18.156, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada.

En cuanto a las consideraciones de derecho, el recurrente esgrime que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en la notificación de 21 de enero de 2026, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP PROVIDA, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la Ley N°18.156 y modificada Ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario.

Acompaña jurisprudencia en que apoya su recurso y documentos.

A folio 7, informa AFP PROVIDA.

Sostiene que, la controversia se origina a raíz de la solicitud de devolución de fondos previsionales realizada por la recurrente en su calidad de técnica extranjera, bajo el amparo de la Ley N°18.156.

Agrega que, el motivo del rechazo es debido a que la recurrente no presentó el Certificado de Afiliación vigente y debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que solo acompañó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual carece de firma, no especifica las coberturas de salud, ni cuenta con la debida apostilla.

Argumenta que las declaraciones juradas ante notario no son medios idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, ya que solo la autoridad previsional del país de origen tiene la facultad legal para dar fe de dicha circunstancia.

Destaca que, que la recurrente posee residencia definitiva y es propietaria de un inmueble en Chile. Esto, según la Superintendencia de Pensiones, pone en riesgo que el Estado deba cubrir su pensión con fondos fiscales en el futuro si se permite el retiro de sus ahorros.

En cuanto los fundamentos de derecho, la AFP se basa en que su actuación ha sido legal y que la vía elegida por la recurrente no es la adecuada para resolver este conflicto en cuanto sostiene que esta acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de "lato conocimiento" o con carácter contradictorio, donde no existe un derecho indubitado. El recurso busca proteger derechos constitucionales ante actos ilegales urgentes, no declarar derechos discutibles.

Ampara su negativa en el DL 3500 y enfatiza que los fondos previsionales tienen como destino único y exclusivo el otorgamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Las AFP están impedidas por ley de otorgar beneficios distintos a los expresamente reconocidos.

En cuanto los requisitos de la Ley N°18.156, esgrime que la ley es de carácter excepcional y exige el cumplimiento copulativo de tres requisitos:

Tener la calidad de técnico acreditada con títulos legalizados.

Estar afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera.

Subraya que, la AFP debe seguir estrictamente el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que exige que los documentos extranjeros estén apostillados o legalizados conforme al Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, solicitando en definitiva el rechazo en todas sus partes del recurso de protección interpuesto, con costas.

A folio 5 informa la Superintendencia de salud.

Sostiene que, la AFP rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente bajo la Ley N°18.156 argumentando que su "Constancia de afiliación al IVSS debía estar apostillada.

Agrega, que la recurrente no registra reclamos previos ante ellos por estos hechos. Además, el certificado presentado por ella es una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" que carece de firma, no está apostillada ni legalizada, y solo menciona coberturas de forma genérica, por lo que no cumple con los requisitos legales de la ley antes citada.

Asevera que, en Chile, todo trabajador, incluidos extranjeros deben cotizar para su seguridad social. La Ley N°18.156 es una norma de excepción que permite la devolución de fondos solo a técnicos o profesionales extranjeros que cumplan requisitos copulativos, por lo que debe interpretarse de forma restrictiva.

Asimismo, en cuanto los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe estar afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que el contrato de trabajo exprese la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera.

Arguye que, la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia exige que el certificado de la institución extranjera esté debidamente legalizado o apostillado para tener valor probatorio en Chile y que no basta con una mención genérica del sistema extranjero; el documento debe acreditar que el trabajador contó efectivamente con protección específica por los cuatro riesgos mencionados durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

En el presente caso, una declaración jurada no es un instrumento idóneo para probar la cobertura, ya que solo la autoridad previsional extranjera competente puede dar fe de ello. Asimismo, los códigos de verificación electrónica no sustituyen la exigencia legal de legalización o apostilla.

Cita fallos de esta Iltma. Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, que valida el rechazo de solicitudes similares cuando los documentos del IVSS carecían de apostilla, estableciendo que dicha exigencia no es ilegal ni arbitraria.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP PROVIDA comunicada el 21 de enero de 2026 que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, no estar firmada por la autoridad emisora, y no consignar cobertura efectiva y específica en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y realiza una interpretación restrictiva de la norma legal vigente.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Quinto: Que, de los documentos acompañados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. En cuanto a la declaración jurada suscrita por la propia recurrente ante notario público, esta Superintendencia ha señalado expresamente que no constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser la única con facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia. El resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido, puesto que sólo el certificado de afiliación, debidamente formalizado, cumple con los requisitos antes anotados.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales, conforme lo establecen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado la recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156, en particular el contemplado en su artículo 1° letra a), en relación con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese N° Protección-1343-2026.

En Valparaíso, once de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.