nombre reservado con CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado, quien interpone acción de protección, en contra de la CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS, representada legalmente por su presidenta, doña nombre reservado; por las acciones ilegales y arbitrarias que concluyeron con su expulsión de la referida corporación sin fines de lucro el pasado 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, que tanto en su proceso, viciado y espurio, como en su acto final que concluyó la concatenación de vulneraciones; afectó mis garantías fundamentales consagradas en los número 2, 3, 4, 12, 15 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile; esto es, la igualdad ante la ley; el derecho a un debido proceso y a ser juzgado por tribunales que establezca el ordenamiento jurídico; el derecho a la honra; la libertad de opinión; y el derecho de asociación; solicitando desde ya, que se acoja, con costas.

Señala en primer lugar, respecto del plazo para recurrir, que el último hito de la concatenación de vulneraciones que ha sufrido se materializó el pasado 24 de septiembre de 2022, fecha en que la recurrida resolvió rechazar el recurso de apelación que interpuso frente a la decisión del tribunal de honor de expulsarlo de la asociación, y que en definitiva, confirmó dicha decisión notificándoseme en el acto, de forma personal, de lo resuelto; y en consecuencia, corresponde al acto contra el cual se reclama.

Indica que los hechos se han sucedido y producido sus efectos en la ciudad de Valparaíso.

Expresa que con fecha 24 de septiembre de 2022, la asamblea ordinaria de socios de la recurrida, adoptó la decisión de expulsarlo como socio de la institución, sirviéndose de un proceso disciplinario ilegitimo y arbitrario, la asamblea rechazó en aquella oportunidad el recurso de apelación, que dentro de lo que el procedimiento permite, interpuso en contra del fallo que en primera instancia pronunció el Tribunal de Honor, que estuvo por declarar que “causó grave daño a los intereses de la corporación”, y que los orígenes del ilegal y arbitrario proceso sancionatorio, se encuentran en la denuncia efectuada por 2 socios de la corporación, quienes enarbolando consignas sembradas de críticas injustas y desproporcionadas, han pretendido concentrar en su persona el repudio y la oposición que les provoca que la misma asamblea ordinaria de la recurrida haya decidido en el año 2008, concesionar la dirección del primer equipo de la institución en manos de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional Club De Deportes Santiago Wanderers, entidad creada para este propósito y de la que es accionista como persona natural y en la cual, fue presidente entre el 27 de febrero de 2018 y el 18 de agosto de 2021, y en la que en la actualidad, ejerce la vicepresidencia.

Indica que la oposición a su persona que comenzó como una natural y hasta necesaria discrepancia deportiva por la conducción de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional en los tiempos que ejerció como presidente del directorio societario, alcanzó de forma imprevista en unos cuantos meses ribetes violentos, que por desgracia, cada día resultan más naturales a nuestro acontecer nacional.

Menciona que durante el año pasado, domingo a domingo, cada mal resultado deportivo del equipo significó que fuera víctima de hechos de violencia, que transitaron de las palabras y afrentas públicas, hasta la detonación de un artefacto explosivo en su domicilio particular provocando un amago de incendio, que en la actualidad se encuentra en investigación ante el Ministerio Público, con 2 imputados formalizados como coautores; y que aún que resulte incomprensible, buscaba obtener su renuncia como presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional Club De Deportes Santiago Wanderers.

Con todo, a lo meses renunció a su presidencia, tras un largo proceso de reflexión, sin embargo, los ataques personales no cesaron; y fue en este escenario, que por cargos levantados a raíz de su gestión como presidente del directorio de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, decidió enjuiciarlo públicamente ante un Tribunal de Honor de la institución, disponiendo mi expulsión como resultado de un proceso lleno de vicios.

Señala que la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers, en adelante, la “CORPORACIÓN”, constituida jurídicamente como asociación civil sin fines de lucro en el año 1920, dotó de personalidad jurídica al club de deportes que nació el 15 de agosto de 1892.

Indica que en el año 2008, luego de la entrada en vigencia de la ley 20.019, la Corporación celebró un contrato de concesión con la sociedad Joya Del Pacífico S.A, actualmente Sociedad Anónima Deportiva Profesional Club De Deportes Santiago Wanderers, en adelante la “SOCIEDAD ANÓNIMA”, para que se hiciera cargo de la gestión y explotación de la rama profesional, por un plazo de 30 años, por lo que se recurre en contra de la Corporación; a la que ha pertenecido como socio durante 30 años; y que de forma ilegal y arbitraria, acordó su expulsión.

Expresa que comenzó a prestar servicios profesionales para la Sociedad Anónima Deportiva Profesional Club De Deportes Santiago Wanderers, de la que se convirtió en accionista y finalmente, alcancé su presidencia en el periodo señalado, pero comenzaron las acciones en su contra debido al rechazo que les provoca que la recurrida en el año 2008 concesionaran la administración del primer equipo profesional.

Señala que recurre en contra de la decisión contenida en la sentencia de segunda instancia, dictada en la asamblea ordinaria de la recurrida de fecha 24 de septiembre del presente año, que conociendo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia pronunciada por el Tribunal de Honor, de fecha 5 de agosto de 2022, y que le fue notificada con idéntica fecha, que estuvo por rechazar la apelación deducida, confirmando su expulsión como socio de la institución.

Indica que respecto a las arbitrariedades e ilegalidades que se manifestaron con el pronunciamiento de la sentencia confirmatoria de segunda instancia, expresa lo impropio de enfrentar una sentencia que no proporciona fundamento alguno y que resulta de una votación pública, más cercana a un tribunal de carácter popular que a un órgano que ha jurado ceñirse al Debido Proceso.

Menciona que la asamblea de socios tuvo una duración aproximada de 4 horas, lo que llevó a que muchos socios que inicialmente se registraron, se tuvieran que retirar; mientras que otros, ingresaron justo al momento de la votación del recurso de apelación, por lo que se desconoce si todas las personas presentes en el momento de la votación eran socios, pues para ello se tendría que certificar por el secretario de la Asamblea si los votos emitidos corresponden exclusivamente a socios y qué socios estaban en el lugar, lo que da cuenta de la arbitrariedad del acto contra el cual se recurre, como es la imposibilidad de acreditar si las personas presentes al momento de la votación del órgano de segunda instancia eran socios o no, y si votaron más de una vez al efectuarse a mano alzada.

Respecto de las ilegalidades y arbitrariedades que se manifestaron en el inicio y tramitación del proceso disciplinario, y específicamente respecto de los vicios procedimentales, que vienen en directa contravención a lo preceptuado en el inciso final del artículo 64 del capítulo VIII, que hace referencia al que el Tribunal de Honor deberá ajustarse a las normas del debido proceso establecidas en la Constitución Política de la República, resalta la sentencia del órgano de primera instancia, que omite todo el análisis de la defensa del suscrito, subordinando su fundamento a la postura de los denunciantes, sin efectuar una valoración o análisis de los medios de prueba que permitan acreditar una conducta imputable y que genere un daño a la recurrida.

Indica que el Tribunal de Honor, realizó una arbitraria omisión al momento de relatar a la Asamblea de Socios, las etapas del proceso de primera instancia, sin señalar los fundamentos de la apelación, impidiendo que dicha Asamblea se pudiera pronunciar respecto al recurso en concreto y sus causales.

También la decisión de primera instancia es arbitraria, puesto que, emana de un Tribunal integrado por miembros que adolecían de causales de inhabilidad para conocer de la controversia. Causales que omitieron informar a las partes del proceso, careciendo de absoluta imparcialidad.

Expresa que el actuar de los denunciantes y de parte de los miembros el Tribunal de Honor es arbitrario, pues uno de los denunciantes avaló y justificó la violencia como forma de solucionar los conflictos, específicamente, respecto de los artefactos explosivos detonados en la puerta de su hogar, ya que cabe hacer presente uno de los integrantes de dicho órgano de primera instancia es abogado de los imputados por dichos delitos.

Respecto de las arbitrariedades o ilegalidades que dicen relación con el fondo del asunto, el fundamento del Tribunal de Honor para sancionarlo es ilegal por cuanto, si hubiera actuado en contra de la entidad que presidió, podría llegar a constituir el delito de ”negociación incompatible” (Artículo 240 N°7 del Código Penal), por lo que se le expulsa por no cometer un delito contenido en materia de Gobiernos Corporativos en una Sociedad Anónima Deportiva Profesional; el fundamento de la sanción, y por tanto la ilegalidad y arbitrariedad, está en exigir un comportamiento contrario a derecho.

Alega, en primer lugar que la recurrida es incompetente para conocer de los hechos denunciados, y se arroga facultades jurisdiccionales, porque los principales hechos por los cuales se le sanciona, esto es, haber practicado un informe profesional denominado “socios independencia”, generar las condiciones para una supuesta “precarización del fútbol femenino” y “cerrar la rama del futsal”, obedecen a gestiones fueron desarrolladas en la Sociedad Anónima Deportiva Profesional y no en la recurrida.

Indica que en la acusación, fue denunciado por el presunto incumplimiento de un mandato entre el anterior accionista SPORT ENTERTEIMENT INTERNATIONAL, y el suscrito, el cual en caso de existir debería ser analizado por los Tribunales Ordinarios de carácter civil, y su legitimación activa corresponde al presunto mandante.

En segundo lugar, alega que los miembros del tribunal de honor carecen de imparcialidad y se encuentran legalmente implicados, por cuanto el socio, señor nombre reservado, integrante y secretario del Tribunal de Honor, ha intercedido en el ejercicio de la profesión de abogado, a favor de los 2 formalizados de los delitos que atentaron con explosivos en contra de su domicilio particular, solicitando la aplicación de medidas alternativas.

Señala que resulta altamente cuestionable que el único medio de prueba con el cual el Tribunal de Honor da por acreditado el cargo referido a la “precarización del fútbol femenino”, sea un documental producido por una Comisión de Género, en la cual participaba o participa doña nombre reservado, quien desempeña el rol de presidenta del Tribunal de Honor y también doña nombre reservado, quien actualmente es secretaria segunda del Tribunal de Honor, y a la vez fue fundadora de dicha comisión de género.

Alega, en tercer lugar, que el reglamento del tribunal de honor no se encuentra aprobado por la asamblea, por cuanto no se puede observar o determinar en qué momento fue aprobado el reglamento del Tribunal de Honor, que establece el procedimiento que se ha seguido en este caso.

Según los estatutos vigentes, corresponde al mismo Tribunal de Honor dictar esa normativa, lo que lleva a la paradoja que el Tribunal de Honor actúa como un órgano legislativo y judicial al mismo tiempo. Además, al no ser aprobado por la Asamblea de Socios, difícilmente, se puede sostener que es una norma de aplicación general para los mismos, al emanar de un órgano de inferior grado o jerarquía.

En cuarto lugar alega que la sentencia del tribunal de honor no da cuenta de los medios probatorios en que funda su fallo, y solo se limita a sancionar al suscrito, y de la sola lectura de la sentencia no se logra visualizar de qué modo los medios de prueba que se incorporaron en su “audiencia de juicio” lograron acreditar cada uno de esos hechos.

Que la sentencia del tribunal de honor resuelve limitar su derecho a emitir opinión profesional y como socio, pretendiendo restringir el ejercicio de la profesión de abogado al no poder emitir informes en Derecho y tener opinión sobre el texto de un contrato.

Que el recurso de apelación contemplado en el procedimiento disciplinario presenta errores en su naturaleza jurídica, por cuanto el suscrito advirtió que el reglamento del mencionado Tribunal establece una “copia” del recurso de nulidad en materia laboral, desnaturalizando completamente el recurso de apelación.

A su vez, alega que no existe reglamentación para la vista del recurso de apelación, el cual adolece de elementos básicos de conocimiento de parte de los socios, para adoptar una decisión tan drástica como era la de ratificar la expulsión de uno de sus miembros, al confirmar o revocar la sentencia de primera instancia.

Que los miembros del tribunal de honor participaron de la vista del recurso de apelación en el órgano de segunda instancia, exponiendo a los socios su trabajo, y las etapas que éste tuvo, pero omitiendo los argumentos de su parte. La única salvedad que se puede hacer presente es que se inhabilitaron para votar, pero solo luego que el suscrito lo dijera y solicitara expresamente.

Que los denunciantes y testigos del proceso disciplinario, participaron de la vista del recurso de apelación, votando por su expulsión, y estuvo integrada por los mismos socios que hicieron las denuncias: nombre reservado e Io Leiva, es decir, actuaron como “Juez y parte”, y los testigos que comparecieron en primera instancia por los denunciantes, también estuvieron en el quórum que rechazó el recurso, como por ejemplo, don nombre reservado y don nombre reservado.

En cuanto a las garantías, alegada conculcado el derecho de asociarse sin permiso previo (artículo 19 Nº15 de la Constitución de la República), el cual se encuentra vulnerado con el acto ilegal y arbitrario que significó su expulsión como socio de la recurrida, resolución tomada en un proceso viciado, cuya sentencia carece de fundamentación, y que pone término a una afiliación de 30 años.

Que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, Artículo 19 N°3 inciso cuarto de la constitución, y en este caso los hechos principales por los cuales se le sancionan, obedecen a gestiones desarrolladas en la Sociedad Anónima Deportiva Profesional en la cual detentaba el cargo de presidente y no en la recurrida.

Expresa que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, artículo 19 Nº3 inciso quinto de la Constitución, en el cual el proceso desarrollado en su contra adolece de una multiplicidad de vicios, que afectaron su derecho de defensa y a un debido proceso.

Respecto a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, indica que la recurrida le ha dado un tratamiento arbitrario y diferenciado, por el hecho de haber expresado una opinión profesional y distinta a la oficial que en ese momento declaraba la recurrida.

En cuanto al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales, el tratamiento y protección de esos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley, artículo 19 Nº4 de la Constitución, ya que el juicio al que se ha tenido que enfrentar ha llevado una alta expectación mediática, habiéndose realizado por ejemplo, publicaciones en medios de prensa locales como “El Mercurio de Valparaíso” y “La Estrella de Valparaíso”, además de la difusión en distintos portales de internet y redes sociales.

Respecto a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado, del artículo 19 Nº12 de la Constitución, por cuanto uno de los fundamentos que ha tenido la recurrida para sancionarlo, es la opinión profesional en calidad de abogado en ejercicio de mi función, que expresé al momento de elaborar un informe para el directorio del Club de Deportes, sobre la creación del denominado “socio independencia”, por cuanto este informe iba dirigido una persona jurídica distinta a quien hace la acusación y respondiendo a una solicitud de su directorio y lo hizo en el ejercicio de su profesión de abogado de esta, en relación al contenido de un contrato, independientemente de su calidad de socio de la recurrida.

Pide en definitiva, que: 1.- Se declare que su expulsión de la recurrida, corresponde a un acto ilegal y arbitrario, que atenta contra las garantías constitucionales señaladas; 2.- Que la recurrida ordene la reincorporación inmediata de su persona, a su registro de socios, a fin de reestablecer el imperio del derecho; 3.- debe ajustar su proceso disciplinario a un estatuto que observe y respete las garantías del debido proceso; y 4.- Que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 4, informa la recurrida CORPORACION CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS, quien señala que no resulta efectivo afirmar que el recurrente haya sido expulsado “de la asamblea de socios”.

Indica que el recurrente, fue sometido a un procedimiento disciplinario regido por los Estatutos y Reglamentos de la Corporación que culminó con una resolución tomada en asamblea que confirmó lo resuelto por un órgano interno de la Corporación llamado Tribunal de Honor y en virtud de ello, el litigante resultó excluido de la Corporación como socio, y ningún caso de la asamblea celebrada el día 24 de septiembre de 2022.

Expresa que el procedimiento reglamentario dio inicio de conformidad a dos acusaciones impetradas por socios o socias de la Corporación, las cuales dieron nacimiento a dos procesos disciplinarios paralelos identificados como Rol A-1-2021 y Rol A-2-2021 respectivamente.

Con fecha 6 de diciembre de 2021 se acreditó en el procedimiento Rol A-1-2021, la notificación conforme lo exige el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos ante el Tribunal de Honor de la Corporación Santiago Wanderers, en adelante el “Reglamento”. El 23 de diciembre de 2021 (Folio 6 del proceso) el recurrente contestó la acusación en el proceso reglamentario de marras, solicitando rechazar la acusación en todas sus partes. El 24 de diciembre de 2021, a Folio 7 de los autos disciplinarios, se proveyó la contestación a la acusación.

Por otro lado, en el procedimiento disciplinario Rol A-2-2021 se notificó debidamente el libelo acusador con fecha 31 de diciembre de 2021, a Folio 5 de los autos. La contestación al libelo acusador se presentó por el recurrente a Folio 6 de dichos autos disciplinarios, con fecha 4 de enero de 2022 y con fecha 11 de enero de 2022, a Folio 7 de esos mismos autos, se tuvo por contestada la acusación y además, el órgano interno de la Corporación denominado por los estatutos de ella como Tribunal de Honor, resolvió, previa petición de la parte acusadora, acumular ambas causas disciplinaria, facultad de acumular por parte del Tribunal de Honor expresamente concedida en el Reglamento.

Indica que todas las partes del proceso aceptaron al menos tácitamente la acumulación decretada, no objetando por medios idóneos esa resolución del Tribunal de Honor. Además, cada parte aportó indicando un correo electrónico para las notificaciones a que hubiere lugar en la causa ahora acumulada.

Con fecha 21 de enero de 2022 se remitió a las parte la resolución que contenía el enlace a reunión, por aplicación ZOOM, para comparecer a la audiencia preparatoria fijada en los autos disciplinarios. La audiencia preparatoria se celebró con fecha 27 de enero de 2022, advirtiéndose un error de escritura en el acta respectiva que la fecha en el año 2021. Dicha acta consta a Folio 14, y en dicha ocasión, el recurrente no se presentó ni personal ni debidamente representado a la audiencia, no ofreciendo ningún medio de prueba que apoyara sus excepciones y defensas. Con fecha 10 de marzo de 2022, a Folio 17, se notificó por correo electrónico a las partes, la resolución que invita a los litigantes a la audiencia de juicio, siendo la nueva fecha y hora para el día 21 de abril de 2022. Con fecha 18 de abril de 2022, y a Folio 24 de autos, se notificó por correo electrónico a las partes, la resolución que invita a los litigantes a la audiencia de juicio. A folio 28, con fecha 21 de abril de 2022, se celebró la audiencia de juicio, en la cual consta que el recurrente no compareció a la audiencia de marras y que ésta se desarrolló sin mayores inconvenientes, incorporándose las pruebas y solicitándose hacer efectivos los apercibimientos que el reglamento vigente permite.

La sentencia definitiva se dictó con fecha 5 de agosto de 2022, la cual debidamente notificada a las partes en esa misma fecha. Con fecha 16 de agosto de 2022, el recurrente presentó un escrito de apelación en contra de la sentencia definitiva, para ante la Asamblea Ordinaria más próxima, y con fecha 16 de agosto de 2022, la apelación interpuesta fue proveída, resolviendo el Tribunal de Honor dar lugar a ésta y elevar los autos conforme lo ordena el Reglamento.

Con fecha 24 de septiembre de 2022 se celebró la Asamblea General Ordinaria de socios y socias de la Corporación, oportunidad en la cual se resolvió mediante votación de los socios presentes, respecto de si confirmar, revocar o confirmar con declaración la sentencia apelada. Finalmente por una votación de 38 votos de rechazo y 18 por acoger el recurso interpuesto, se confirmó la sentencia apelada, comunicando esa decisión soberana de la asamblea de socios y socias al Tribunal de Honor el día 11 de octubre de 2022 mediante remisión de correo electrónico con copia del acta de la asamblea respectiva.

Con fecha 11 de octubre de 2022 se certificó la ejecutoria de la sentencia, por lo que la recurrida procedió a ejecutar la orden emanada del Tribunal de Honor, atendido el “cúmplase” dictado en los autos disciplinarios con fecha 11 de octubre de 2022.

Respecto de las cuestiones planteadas por el recurrente, en primer lugar, señala que en ninguna parte del proceso disciplinario se menciona o debate respecto de las condiciones o hechos que concurrieron en su oportunidad para concesionar la dirección del fútbol profesional del Club en el año 2008.

Especular sobre que ese sería el motivo por el cual el recurrente fue acusado por dos socios diferentes, supone dar por ciertas acusaciones o motivos sin realmente probar o acreditar dichas afirmaciones. En el recurso no se acompaña ninguna prueba que respalde tales aseveraciones, así como vincular el proceso disciplinario con la supuesta violencia en el contexto nacional sin explicar cómo esto estaría unido o sería expresión de aquello.

Indica que no es efectivo que la Corporación haya querido iniciar un juicio disciplinario en contra del recurrente, fueron dos socios quienes iniciaron el proceso a través de dos acusaciones distintas, por lo que la recurrida no ha hecho, ni hace juicios públicos, ni funciona como tribunal popular, como afirma en reiteradas oportunidades el recurrente.

Indica que no existe ni existió un proceso lleno de vicios, ni un trato “antiigualitario”, una falta de debido proceso, ni menos lesión o puesta en peligro de la dignidad, honra o la libertad de expresión, ni de la libertad de asociación del recurrente. Tampoco la expulsión o exclusión del recurrente, como socio de la Corporación, es un acto ilegal o arbitrario.

En lo que sí resulta acuerdo con el recurrente es que, al momento de verificarse la votación a mano alzada, con las partes del procedimiento presentes, más los socios o socias de la institución también comparecientes en la instancia, se procedió a decidir acerca del recurso de apelación presentado por el recurrente. La cantidad de 56 personas que decidieron el asunto es, entonces, un hecho no debatido.

Menciona que ninguna persona del Directorio, ningún socio o socia de la Corporación, ha detonado, ni detonaría un artefacto explosivo en la residencia del recurrente, ni en ningún otro sitio o lugar, menos con fines de amedrentamiento. La Corporación no acepta estas graves imputaciones sin respaldo que formula el recurrente.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario contra el cual se recurre, expresa que la sentencia del Tribunal de Honor, que sancionó al recurrente, se dictó y notificó el día 5 de agosto de 2022, por lo que el recurso de protección en contra de esa resolución sería extemporáneo y debería ser rechazado de plano, sin embargo, la apelación disciplinaria ventilada en la Asamblea Ordinaria de socios y socias de la Corporación se verificó el día 24 de septiembre de 2022, y es justamente contra esa resolución de la Asamblea, la que se dirige el libelo pretensor.

Expresa que la Asamblea Ordinaria de fecha 24 de septiembre de 2022 funcionó con absoluta normalidad y con estricto apego a los Estatutos. En efecto, el artículo 39 del mismo cuerpo estatutario, dispone entre otras cuestiones que deberán dejarse constancia en las actas: las materias tratadas los extractos de las deliberaciones, la redacción precisa y clara de los acuerdos adoptados y el universo de votos por cada moción que se presente, si el acuerdo se resuelve por votación o aclamación, en su caso.

Indica que el Reglamento es claro respecto de la tramitación de la apelación en la Asamblea respectiva, por lo que el único caso en que se exige quórum a la asamblea para resolver es a propósito de la revocatoria del mandato de un Director de la Corporación, conforme lo determina el artículo 67 de los estatutos, y así fue cómo justamente se resolvió por la asamblea la apelación del recurrente. Con pleno respeto a los estatutos y reglamento vigentes y sin diferencias en cuanto a los resultados de esa votación, puesto que tal y como afirma el recurrente la votación resultó en 38 votos por rechazar la apelación y 18 votos por acoger el libelo impugnatorio.

Menciona que el recurrente omite o no considera que la Corporación es una persona jurídica autónoma creada de conformidad a la ley, y en el caso del recurrente existió y se tramitó íntegramente, un procedimiento disciplinario y luego se verificó un proceso de segunda instancia ante la Asamblea Ordinaria de socios y socias en la que se dispuso concretamente la exclusión del socio recurrente en autos.

Respecto de la petición del recurrente en orden a obligar a que la Corporación ajuste su “proceso disciplinario a un estatuto que observe y respete las garantías del debido proceso”, parece que corresponde a una petición impropia para esta clase de acciones constitucionales, toda vez que para ello existe la autonomía de las corporaciones, que resultan ser parte de las garantías fundamentales que como grupo intermedio se poseen y también que dichos asuntos son, en consecuencia, materias de lato conocimiento que deberán ser ventilados, si procede, en los tribunales que la ley determina, especialmente recordando lo prevenido en el artículo 548-4 del Código Civil.

Señala que en la tramitación disciplinaria se aplicó de modo estricto los Estatutos y Reglamentos vigentes, sin arbitrariedades, ni actuaciones ilegales y que en ningún caso la exclusión del recurrente obedece a una vulneración de derechos constitucionales.

Solicita, se rechace el recurso interpuesto en todas sus partes, con costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 5, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando I. En cuanto a la extemporaneidad:

Primero: Que la parte recurrida, alega en su informe que el presente recurso sería extemporáneo, atendido que la acción cautelar se interpone en contra de la Asamblea Ordinaria de Socias y Socios, realizada con fecha 24 de septiembre del presente año, debiendo interponerse el presente recurso en contra de la sentencia del Tribunal de Honor, de fecha 5 de agosto de 2022, que fue la resolución que dispuso la aplicación de la sanción de pérdida de calidad de socio del actor.

Segundo: Que, por su parte el recurrente alega que la presente acción ha sido interpuesta dentro de plazo, atendido que la citada Asamblea fue quien rechazó los descargos del actor, respecto de la resolución del Tribunal de Honor, por lo que la acción cumple en la especie con el requisito de temporalidad exigido por el Auto Acordado que regula la acción cautelar.

Tercero: Que, teniendo presente que el procedimiento establecido en los propios estatutos de la Corporación recurrida, específicamente en su artículo 66, que establece la posibilidad de recurrir de apelación en contra de sanciones impuestas por el Tribunal de Honor, y considerando esta Corte que la resolución recurrida de fecha 24 de septiembre del año en curso, efectivamente es la que pone termino al procedimiento disciplinario incoado en contra del actor, se rechazará la alegación de extemporaneidad como se dirá en lo resolutivo del fallo.

II. En cuanto al fondo:

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que lo que se impugna a través del presente recurso por el actor, corresponde a lo resuelto en Acta de Asamblea Ordinaria de Socias y socios de fecha 24 de septiembre de 2022, en la cual dicho organismo decidió rechazar la reclamación efectuada por el actor, en contra de la resolución del Tribunal de Honor de la recurrida, que aplico la sanción de perdida de la condición de socio del actor.

Sexto: Que la recurrente argumenta que con dicha decisión, no solo se avalaron las transgresiones de una serie de garantías constitucionales ocurridas en el proceso que procedió a dicho fallo, esto es, las infracciones al debido proceso, la igualdad ante la ley, la libertad de emitir opinión y su derecho a la honra, sino también como acto final y en consecuencia, contra el cual se acciona de protección, significó la vulneración a su derecho de asociación.

Séptimo: Que la recurrida, al evacuar su informe, pide se rechace la acción de protección, por cuanto la decisión adoptada por la asamblea y que consta en la resolución recurrida, funcionó con estricta normalidad y apego a los Estatutos que rigen a la Corporación deportiva.

Que en relación a lo denunciado y solicitado en el recurso, no resulta ser efectivo afirmar que el recurrente haya sido expulsado “de la asamblea de socios” como se afirma. Lo cierto es que el recurrente fue sometido a un proceso disciplinario regido por los Estatutos y reglamentos de la Corporación que culminó con una resolución tomada en Asamblea que confirmó lo resuelto por un órgano interno de la Corporación llamado Tribunal de Honor y en virtud de ello, el litigante resultó excluido de la Corporación como socio y en ningún caso de la Asamblea celebrada el día 24 de septiembre de 2022.

Que esta sede de tutela proteccional no es la instancia procesal idónea para discutir el fondo de un Estatuto y sus reglamentos. Podrá no compartir la solución estatutaria y reglamentaria en orden a resolver por votación o aclamación y a que no se exija quórum en estos casos (sino que solo la mayoría de los presentes), pero de la sola diferencia de opinión jurídica al momento de valorar el estatuto y sus reglamentos, propios de la autonomía de las asociaciones o corporaciones como es la recurrida, no se colige que debe entenderse que la aplicación de estos estatutos supongan necesariamente, ni menos en la especie la vulneración o amenaza ilegal o arbitraria de derechos fundamentales Octavo: Que, respecto a la garantía del debido proceso que se señala vulnerada, se debe consignar que el recurrente fue procesado de acuerdo a los Estatutos y reglamentos de la Corporación dictados y promulgados con anterioridad a las actuaciones presentadas por el recurrente, y conocidos del mismo, habiendo sido notificado de todas las actuaciones en las distintas etapas del proceso disciplinario llevado a efecto.

Noveno. Que, respecto al derecho a ser juzgado por los tribunales que establezca el ordenamiento jurídico, es menester tener en consideración que dentro de la autonomía de los grupos intermedios se admite el poder de juzgamiento disciplinario de dichos grupos para la toma de ciertas decisiones relevantes para la vida institucional de dichos grupos. De esta manera, el juzgamiento de las personas integrantes de dichos grupos es un asunto válido reconocido por el ordenamiento constitucional y así también se lo ha reconocido a nivel legal, como dispone el legislador en el artículo 554 del Código Civil cuando dispone: “Toda Corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía correccional que sus estatutos le confieran, y ejercerán este derecho en conformidad con ellos”. Todo ello es sin perjuicio del debido control que los tribunales de justicia puedan realizar de dichos juzgamientos y la tutela jurisdiccional que el ordenamiento jurídico le pueda brindar a los ciudadanos sobre dichas acciones grupales, en la forma que defina el propio ordenamiento jurídico.

Es por dicha razón que los grupos intermedios, como la Corporación de marras, está habilitada para realizar un enjuiciamiento a sus miembros en tal calidad por las acciones u omisiones que tengan relación con dichos grupos y que estén establecidos en sus estatutos.

De esta manera, los juicios de la Corporación de autos que reclama el solicitante de protección en la medida que han versado respecto a un miembro de la Corporación como es don nombre reservado, aun cuando lo haga en otro contexto, y que digan relación directa con la propia Institución, y afecten su imagen, patrimonio, miembros, etc., forman parte de la esfera propia de interés y legítimo sobre el cuál pueden pronunciarse. En este sentido, la calidad de miembro de la institución al cual pertenece lo sigue, particularmente si debe decidir sobre cuestiones que afectan a la propia institución, aún cuando actúa en otro contexto privado (como socio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderes),que tomaba decisiones acerca de la suerte de ciertos intereses que implicaban a la Corporación como se desprende de la propia discusión de autos), y la Corporación está legitimada para juzgar su comportamiento en relación con sus intereses propios directos, como lo ha realizado la recurrida al pronunciarse sobre el caso. Por dicha razón es que no puede prosperar dicha reclamación.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, de lo que se reclama como infracción al debido proceso, es necesario señalar, que el accionante de protección fue debidamente notificado de todas las actuaciones desarrolladas en las diversas etapas del proceso disciplinario llevado en su contra, y no participó en la fase probatoria ni de juicio ante el tribunal de honor, por lo que mal puede reclamar que no han sido escuchadas sus razones —probatorias—, esenciales para considerar que las conductas han sucedido de otra manera que las expresadas en su juicio por la Corporación.

Undécimo: Que, asimismo, es menester considerar las reclamaciones respecto de las decisiones en la Asamblea en apelación. Si bien es cierto que hay acuerdo en denominársele apelación, por la naturaleza del órgano al cual se le otorga competencia dentro de la Corporación -la Asamblea-, éste no puede evaluarse con parámetros propios de un órgano jurisdiccional, toda vez que se trata de un grupo no letrado, reunido en condiciones de asamblea, esto es masiva y e informal, como es propio de ciertos grupos deliberativos masivos, de manera que si bien es cierto que era exigible que no participaran en la votación los miembros implicados en la decisión del “Tribunal de Honor” de la Corporación, dicha condición se cumplió como reconoce el propio recurrente, razón por la cual no aparece mayor infracción.

Duodécimo: Que, respecto a la garantía que dice relación con la honra de la persona, es dable tener presente, que es propio de todo juzgamiento disciplinario, como el caso de marras, pronunciarse respecto de la conducta de sus miembros, por lo que lo relevante es evaluar la posible existencia de una ilegalidad que afecte directamente la garantía del honor. Que de acuerdo con lo señalado por el recurrente al denunciar la vulneración a la mencionada garantía no se aprecia cómo se habría vulnerado por la recurrida la mentada garantía, más aún, los hechos descritos por el recurrente son propios de actos a los que se enfrentan sujetos que ejercen una función pública como el recurrente, razón por la cual este tribunal no vislumbra vulneración a la garantía señalada.

Decimotercero: Resulta procedente tener en consideración que de conformidad a los antecedentes allegados en autos, específicamente de los Estatutos Club de Deportes Santiago Wanderers, el cual en sus artículos 61 y siguientes regula a la entidad denominada Tribunal de Honor, quien de conformidad al procedimiento allí establecido, tomó conocimiento de las acusaciones formuladas en contra del recurrente, resolviendo con fecha 5 de agosto de 2022, la aplicación de la sanción disciplinaria pertinente, por lo que la asamblea respectiva, conoció del recurso de apelación interpuesto por el recurrente en contra de la citada resolución, de conformidad al procedimiento reglado en los estatutos ya individualizados, todo lo anterior con pleno respeto a la normativa que regula a la institución recurrida.

Decimocuarto: A mayor abundamiento, establecido ya la normativa que se aplicó al procedimiento en cuestión, es importante tener en consideración que lo conocido en autos corresponde a un procedimiento corporativo, que rige a una institución de carácter deportivo, diverso del debido proceso penal o administrativo, a los cuales le rigen estándares distintos a la materia sometida al conocimiento de esta Corte.

Decimoquinto: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones de la recurrida que deban y puedan ser subsanadas mediante las facultades que el conocimiento de esta acción otorga a esta Corte, la acción deducida no podrá prosperar, toda vez que ésta garantiza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando éstos sean vulnerados-privados, perturbados o amenazados-mediante actuaciones positivas o abstenciones que sean ilegales o arbitrarias.

Decimosexto: Que conforme a lo razonado precedentemente, el acto impugnado se encuentra ajustado a derecho, sin que se advierta ilegalidad y/o arbitrariedad del mismo, como lo pretende el recurrente, por lo que corresponde rechazar la presente acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, ejecutoriada, archívese en su oportunidad.

N°Protección-133328-2022.

Redacción de la Ministro señora Rosa Aguirre Carvajal.