Protección contra Servicio de Salud Viña de Mar -Quillota

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.

Visto:

Que, comparece Ricardo Vicente Encina Herrera, abogado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Viña de Mar -Quillota, representado legalmente por su Directora doña nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la Resolución TRA N° 120950/273/2019 dictada por la recurrida, en virtud de la cual se declaró vacante por salud incompatible el cargo de la recurrente, el que a su juicio lesiona sus garantías constitucionales consagradas en el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado en sus numerales 1°, en lo relativo a la integridad física y psíquica, 2°, igualdad ante la ley y 24, el derecho a la propiedad en sus diversas formas A fin de fundamentar su recurso, expone el articulista, que su representada doña nombre reservado, es ex funcionaria Técnico Paramédico, del Servicio Médico Quirúrgico del Hospital de Quilpué, que por problemas de salud, que incluyeron reposo por licencias médicas otorgadas por el IST por un accidente laboral, licencias que se extendieron desde el 07 de Diciembre del 2018 al 04 de Marzo del 2019 fecha en que fue dada de alta. Sin embargo, debió seguir a un tratamiento médico particular a fin de poder le reincorporarse a su trabajo, cosa que realizó en e1 día 2 de Junio del año 2019. No obstante ello, se solicitó una evaluación al Compín sobre la salud de la recurrente. Es así que con fecha 8 de febrero de 2019, el Compín emite la Resolución Exenta N° 8, mediante la cual se declara que la salud de la actora es recuperable, atendido la existencia de acciones terapéuticas pendientes, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes. Todo ello resultaba compatible con el regreso de la misma funcionaria a cumplir sus labores a su unidad. Asimismo, lo eran también los tratamientos que ella realizaba para recuperarse de la afección que la complicaba. En efecto, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, frente a los diagnósticos de las consecuencias y Síndrome asociado a fractura de la base 2°, 3° y 4° metatarsiano padecido en diciembre del año 2018, calificado como accidente laboral por el IST, es decir, establece que sus afecciones no comprometen su desempeño laboral en forma permanente e irreversible, razón por la cual, la Resolución Rechaza la solicitud de salud irrecuperable, ya que la recurrente, adolece de un estado de salud recuperable, dado la existencia de acciones terapéuticas pendientes, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes.

Que, por las razones señaladas precedentemente, no resulta comprensible para la recurrente la resolución que se le notifica el día 08 Agosto del presente año, Resolución TRA N° 120950/273/2019, de fecha 20 de Junio del 2019, en virtud de la a cual se declara vacante el cargo por salud incompatible con el ejercicio del cargo.

Estima la recurrente que dicha resolución, que invoca las normas de los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, es infundada ya que no da cuenta de las circunstancias de hecho que expliquen la aplicación de la medida adoptada. Que tal medida, claramente a la luz de los antecedentes de la vida funcionaria resulta desproporcionada, convirtiéndose por tanto en una medida arbitraria.

Solicita la actora, que en definitiva se acoja el presente recurso, declarándose que la Resolución TRA N° 253/91/2019 dictada por la recurrida adolece de nulidad, dejándola sin efecto en consecuencia y ordenando su reincorporación de la recurrente al Servicio a las labores que desempeñaba y al pago de las remuneraciones, feriados y bonos que debía percibir durante todo el tiempo que estuvo sin realizar sus labores, con costas.

Que, al informar al tenor del arbitrio la recurrida, Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota, señala:

I. Que cuanto a los antecedentes del término de la relación contractual de la recurrente:

1. Que, la recurrente fue efectivamente funcionaria a contrata del Hospital de Quilpué hasta el día 7 de agosto de 2019, fecha en la que se le notifica la resolución que resuelve la vacancia de su cargo, tomada razón por la Contraloría General de la República el día 25 de junio de 2019.

2. Que, el fundamento de la declaración de vacancia de la funcionaria es “haber hecho uso de licencia médica por un lapso contínuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

3. La causal de término, dice relación con lo dispuesto en los Artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, el primer precepto describe las causales por las que procede la declaración de vacancia, y en su número uno indica a la vacancia como una de ellas, por su parte el Artículo 151, señala la forma en que se declara la vacancia, estableciendo los requisitos de procedencia, dichos requisitos son: a) hacer uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos dos años, en este cómputo, no se consideraran las licencias otorgados en los casos del Artículo 115 del Estatuto Administrativo (accidente laboral) y del Título II, Libro II, del Código del Trabajo (protección a la maternidad); b) que no medie declaración de salud irrecuperable, para lo cual el Jefe Superior del Servicio deberá requerir previamente a la Comisión de medicina Preventiva e Invalidez, la evaluación del funcionario.

4. Que, el primer requisito se acreditó con el cómputo de las licencias médicas de la recurrente desde el día 22 de abril de 2017, al 25 de abril de 2019, que suman en total la cantidad de 331 días, lo que correspondería aproximadamente de 11 meses de licencia, e indica además que la recurrente estuvo casi la mitad del período de 2 años, haciendo uso de licencia médica, ello sin considerar el período en el cual la funcionaria hizo uso de licencias médicas por accidente del trabajo, de trayecto. Se indica además, que los períodos de ausentismo eran extensos, debido a que desde la primera licencia desde el 22 de abril hasta el 14 de julio de 2017, la funcionaria se ausentó por un período de 3 meses, y no se extendió más, debido a que la última licencia presentada desde el día 15 al 24 de julio fue rechazada por el COMPIN. A las anteriores le siguen más licencias de larga duración como las del período del 5 de octubre al 8 de diciembre de 2017, otras desde 9 de junio de 2018 a 10 de septiembre de 2018, y la última que se inicia el 13 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019. Hace presente que todas las licencias presentadas han sido calificadas de enfermedad común.

5. Que, conforme lo dispone el artículo 151 del Estatuto Administrativo, el jefe superior del servicio, solicita al COMPIN la calificación de la enfermedad de la recurrente, la respuesta a la consulta consta en la Resolución del COMPIN N°8 de fecha 20 de febrero de 2019 de la Comisión de medicina Preventiva e Invalidez, que indica que doña nombre reservado adolece de un estado de salud recuperable, dado la existencia de acciones terapéuticas pendientes.

6. En atención a que se cumplían los requisitos legales establecidos en el Artículo 150 y 151 del Estatuto Administrativo, la directora del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota, dicta la resolución TRA N° 120950/273/2019, que declara la vacancia del cargo de doña nombre reservado a contar de la notificación de la total tramitación del acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, la resolución antes señalada, cumplió con el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, el día 25 de Junio de 2019, y notificada a la recurrente el día 7 de agosto de 2019.

II. Que respecto de la Supuesta Vulneración de Garantías Constitucionales a la integridad física y psíquica de la recurrente, al derecho de igualdad ante la ley y de propiedad alegada por la articulista, en virtud de la dictación de la Resolución N°120950/273/2019, que declara la vacancia en el cargo, señala la recurrida:

a. En cuanto a antecedentes de hecho, afirma la recurrente haber sufrido un accidente laboral que la mantuvo con licencias por el período comprendido entre el 7 de diciembre de 2018, al 4 de marzo de 2019, acompañado de un tratamiento médico que le permitió reincorporarse a su trabajo el 12 de junio de 2019. En respuesta a dicho antecedente, expresa la recurrida que para los efectos del cómputo de días para la declaración de vacancia, no se consideraron las licencias por accidente del trabajo, por trayectoria de la recurrente, ya que sólo se consideraron las licencias otorgadas por enfermedad común. Asimismo, hace presente la recurrida, que la funcionaria se encontraba con alta médica del accidente del trabajo, al momento de la declaración de vacancia, y que el tratamiento entregado era de terapia kinesiológica y puede seguirse sin necesidad de hacer uso licencia médica.

b. Sostiene de igual manera la recurrida, que la actora argumenta que el acto en cuestión es ilegal, ello toda vez que, haciendo una interpretación de las normas legales citadas, se concluiría que el Artículo 151 del Estatuto Administrativo, impone a la autoridad el deber de fundamentar el acto, lo que no sería efectivo ya que la norma citada fija requisitos claros y precisos que deben concurrir para la declaración de vacancia.

c. Para la declaración de vacancia, se establece que previamente el COMPIN debe hacer una evaluación del estado de salud de la funcionaria, para descartar la situación de salud irrecuperable, debido a que en ese evento se aplica el trámite contemplado en el Artículo 152 del Estatuto Administrativo, y no señala expresamente que se deba indicar una razón diferente a la establecida por ley.

d. Sostiene asimismo la recurrente, que el acto es arbitrario, debido a que alega que no ha cumplido con los principios de publicidad, transparencia, proporcionalidad y dignidad de la persona; y con el deber de motivación de la resolución, contemplado en el Artículo 11 inciso segundo de la Ley 19.880, lo que a criterio de la recurrida, no es efectivo, debido a que no es exigible expresar los motivos de la declaración de vacancia si se cumplen con los requisitos establecidos por ley para tal declaración.

Expresa a mayor abundamiento, que el tiempo en que la recurrente hizo uso de licencias médicas en el período de dos años, lo que corresponderá aproximadamente a 331 días, esto es, casi el doble del tiempo requerido por ley, circunstancia que parece suficiente para demostrar la proporcionalidad de la medida tomada.

Finalmente señala que la recurrente expresa que la referida resolución, ataca los derechos a la integridad física y psíquica, debido al sentimiento de impotencia, de injusticia que quebrantó su integridad psíquica; el derecho de igualdad, toda vez, que se le otorgó un trato desigual respecto de colegas que, en las mismas condiciones, fueron sometidos a una mesa de ausentismo, compuesta por autoridades y representantes de los funcionarios que analizan cada caso; y finalmente se afectó el derecho a la propiedad sobre la estabilidad del cargo de la recurrente En cuanto a la alegación, de que si existió o no una mesa de ausentismo que revisara el caso de la articulista, manifiesta la recurrida que si existió y ésta fue la que determinó la declaración de vacancia en el evento de que la recurrente ampliara su licencia desde el 12 de abril de 2019, lo que finalmente aconteció y justificó la imposición de la citada medida.

Hace presente además que la situación de la recurrente se repite en otros 4 casos de funcionarios que se encontraban en igual situación, esto es, cumpliendo con las condiciones para declaración de vacancia.

En conclusión, afirma la recurrida que no es efectivo que la dictación de la Resolución N°120950/273/2019, que declara la vacancia en el cargo de la recurrente, dictada por la Directora del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota, constituya una acción u omisión ilegal o arbitraria que vulneren el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, el derecho a la igualdad o el de la propiedad.

Solicita el Servicio de Salud, en definitiva, su total rechazo por los fundamentos señalados precedentemente, con expresa condenación en costas a la contraria, por ser infundados los argumentos planteados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso o acción de protección de garantías constitucionales establecido en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, el recurso de Protección es una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, establecidos en el citado Artículo. Por tanto, su objeto es protegerlos frente a posibles “privaciones, perturbaciones o amenazas” de los mismos, y no destinada al conocimiento de asuntos que no persigan tal objetivo, vale decir que sean de lato conocimiento.

Que, el presente recurso de protección cumple todo los requisitos necesarios para ser considerada una acción cautelar, y no de lato conocimiento. En efecto, las medidas cautelares o de tutela permiten asegurar la protección provisional de derechos cuya apariencia es fuerte, sin necesidad de esperar el completo desarrollo del juicio, evitando que su necesaria ritualidad y formalismo termine por privar de la debida protección a los mismos derechos que se busca proteger.

Por tanto, la lógica de las medidas cautelares, dentro de las cuales está la acción de protección supone: 1. Que de los antecedentes analizados se pueda suponer que tras lo protegido hay al menos algo que tiene la apariencia de un derecho 2- Que existe un riesgo o peligro que justifica su adopción, y ciertamente, que la medida considerada sea apta para contrarrestar ese riesgo. 3.- Que la urgencia que justifica una medida cautelar supone una flexibilidad procesal y probatoria bastante mayor que la exigida en un proceso ordinario de lato conocimiento.

Tercero: Que en el caso en revisión, la recurrente pretende por esta vía, que no es efectivamente la idónea, lograr la declaración de nulidad de un acto administrativo, y el pago de remuneraciones adeudas. Acto administrativo emanado de la recurrida el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, mediante el cual y siguiendo todo el procedimiento establecido, ésta dictó la resolución recurrida TRA N° 120950/ 273/ 2019, a través de la cual se declaró vacante por salud incompatible el cargo desempeñado hasta esa fecha por la actora.

Que, los antecedentes del recurso, en particular su parte petitoria, dan cuenta que lo solicitado por la recurrente, es un asunto cuyo análisis requiere de un lato conocimiento, dada naturaleza declarativa de lo requerido, de allí entonces que el presente recurso no sea el camino adecuado para los fines perseguidos por la recurrente, ya que el presente recurso, es por su naturaleza, cautelar, es decir, breve de rápida tramitación y sin mayor formalismo, entendiendo que se encuentra en riesgo un derecho indubitado que debe ser protegido de inmediato. Además, haciendo un análisis de los antecedente del referido acto administrativo, que se tradujo en la dictación de la resolución recurrida, se puede concluir que el acto reclamado por la actora como ilegal y arbitrario, no es tal, es decir, no es ilegal ni arbitrario, ya que a juicio de estos sentenciadores se ajusta plenamente a derecho, siguiendo rigurosamente las exigencias establecidas en la ley, especialmente en el Art. 151 del Estatuto Administrativo, que faculta a la Directora de Salud Viña del Mar -Quillota, a declarar vacante un cargo por salud incompatible, siempre que no medie por parte del COMPIN una declaración de salud irrecuperable .

Cuarto: Que, en efecto, la citada Directora del Servicio, previo a la declaración de vacancia del cargo, necesita obtener del COMPIN la declaración de salud recuperable de la funcionaria. Sólo una vez cumplido con todos los presupuestos previstos en la referida norma estatutaria, la referida Directora de Salud, queda facultada para declarar vacante el cargo, sin más trámite, por salud incompatible con el mismo. Condiciones que en el caso en revisión se cumplieron a cabalidad y como consecuencia de aquello la Directora del Servicio de Salud Viña del Mar –Quillota, dictó la resolución recurrida.

Quinto: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la recurrente al haber cumplido con todos los requisitos previstos en el Art. 151 del Estatuto Administrativo, permitió a la mencionada Directora del Salud, efectuar válidamente la declaración de vacancia del cargo, por tanto, no se han vulnerado las garantías constitucionales reclamadas por la recurrente, toda vez que el acto en referencia está ajustado plenamente a derecho. Que, asimismo, la mencionada resolución administrativa TRA N° 120950/ 273/ 2019, estuvo sujeta, además, al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General De la República, cuya finalidad es efectuar un examen de la legalidad del acto administrativo, por lo que resulta contradictorio estimar que éste, sea un acto ilegal y arbitrario, toda vez, que se ha sometido a todo y cada uno de los presupuestos previsto por el legislador para ser válido y eficaz a la luz del derecho.

Que, así las cosas, y de conformidad a lo indicado en los considerandos precedentes, se desestimará la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el Artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Excelentísima Corte Suprema, sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-13256-2019.

Redactada por la abogada integrante doña Amalia Cavaletto Flores.

No firma la Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.