nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de respuesta y el posterior rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros de acuerdo con la Ley N° 18.156, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad salvadoreña, se encuentra afiliado al sistema de pensiones chileno administrado por la recurrida. Señala que, en su calidad de técnico profesional y cumpliendo lo dispuesto en la Ley N° 18.156, solicitó durante el mes de enero de 2026 la devolución de sus fondos acumulados. Indica que para ello acompañó: título profesional de Licenciado en Economía y Negocios debidamente apostillado, contrato de trabajo con la cláusula de exención previsional y certificados de afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Argumenta que la recurrida ha actuado de forma caprichosa al omitir una respuesta formal, limitándose a comunicaciones genéricas. Refiere que, ante la imposibilidad de tramitar directamente por encontrarse fuera de Chile y tener su cédula de identidad vencida —pese a contar con pasaporte vigente—, otorgó mandato especial a un tercero, el cual fue desconocido por la AFP. Sostiene que esto constituye una interpretación formalista y restrictiva, produciendo una retención injustificada de sus ahorros.

Concluye solicitando que se ordene a la recurrida reconocer la documentación y realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho.

A folio 8, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, a través del Oficio Ordinario N° 3379 (OF-FIS-26-1199) suscrito por nombre reservado, Jefa del Departamento Derecho de Seguridad Social. Expone que el señor nombre reservado no registra reclamos ante dicho organismo fiscalizador. Sostiene que la exención y devolución de fondos de la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción de interpretación restrictiva, aplicable solo si se cumplen los requisitos copulativos del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Indica que la jurisprudencia administrativa exige acreditar cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la extensión del vínculo laboral en Chile y "a todo evento", precisando que la cobertura de salud debe ser integral (prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad común).

Analizando la documentación del actor, asevera que el certificado de AFP Crecer S.A. (El Salvador) de fecha 10 de julio de 2024 indica que la cobertura está supeditada al cumplimiento de requisitos legales, lo que implica que no se entrega a todo evento. Añade que el riesgo de enfermedad común no aparece cubierto ni se acreditó el otorgamiento de beneficios médicos o pecuniarios por otra entidad. Sostiene que el documento, al haber sido emitido en julio de 2024, no cubre la totalidad del periodo de prestación de servicios reclamado. Finalmente, cita la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N° 28.299-2025 de 23 de octubre de 2025, que valida el rechazo de solicitudes cuando no se acredita cobertura integral y efectiva, concluyendo que no existen antecedentes que permitan determinar que el recurrente cumple las exigencias legales para el retiro. Pide tener por cumplido lo ordenado.

A folio 11, evacúa informe Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Solicita el rechazo de la acción sosteniendo que el recurrente no es titular de un derecho indubitado y que la AFP ha actuado en estricto apego a la legalidad. En lo fáctico, señala que el 28 de enero de 2026 la mandataria del actor intentó iniciar el trámite, el cual fue reparado en una etapa previa y habilitante: la validación del mandato. Explica que, según el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro I, Título III, Letra A, nombre reservado sobre "Cuentas Personales"), el formulario de solicitud de devolución de fondos Ley N° 18.156 es una excepción que exige obligatoriamente la cédula de identidad para extranjeros vigente, no siendo aplicable el uso del NIC para este trámite específico. Al constatarse que la cédula del afiliado estaba vencida, se produjo un impedimento jurídico para procesar la validación del poder y, por ende, para cursar la solicitud.

En lo jurídico, argumenta que en Chile rige el principio de territorialidad de las leyes previsionales, siendo la Ley N° 18.156 una norma excepcional. Sostiene que, tras revisar los antecedentes acompañados al recurso, estos no satisfacen los requisitos del artículo 1° letra b) de dicha ley. En particular, asevera que el certificado de AFP Crecer S.A. (julio de 2024) es insuficiente por tres razones técnicas: 1) no acredita cobertura continua durante todo el periodo laborado en Chile; 2) no garantiza que las prestaciones se otorguen "a todo evento", sino supeditadas a requisitos legales locales; y 3) solo menciona invalidez por enfermedad, omitiendo la cobertura integral de salud (especialmente por incapacidad temporal), conforme a los criterios del Oficio Ordinario N° 22.702 de la Superintendencia de Pensiones. Cita como precedente el fallo de la C.A. de San Miguel Rol N° 1461-2025, reafirmando que el cumplimiento de instrucciones administrativas de la autoridad técnica excluye la ilegalidad o arbitrariedad. Pide el rechazo del recurso con costas.

A folio 12, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías —preexistentes— protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros —personal técnico— existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1.-Se trata de una persona de nacionalidad salvadoreña, que detenta el título de Licenciado en Economía y Negocios, y que actualmente se encuentra fuera del territorio nacional.

2.-El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado, en primer término, en un impedimento formal consistente en que la cédula de identidad para extranjeros del afiliado se encuentra vencida, lo que obstaculiza la validación del mandato otorgado a su abogada. Asimismo, se fundó en que el certificado de AFP Crecer S.A. no acreditaría en forma suficiente y específica la cobertura previsional requerida, especialmente en lo relativo al riesgo de enfermedad.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho —la devolución de fondos previsionales— del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por periodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero, razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras.

OCTAVO: Que, respecto al reparo formal formulado por la recurrida, debe tenerse presente que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige taxativamente la presentación de la cédula de identidad para extranjeros vigente para la suscripción del formulario de devolución de fondos. En consecuencia, al constar que dicho documento se encuentra vencido, la AFP ha actuado en cumplimiento de instrucciones administrativas obligatorias, lo que excluye la arbitrariedad en la etapa de validación del mandato.

En relación con el fondo, y de acuerdo con el certificado de AFP Crecer S.A. que obra en la carpeta electrónica, este no reviste utilidad suficiente para tener por cumplida la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1 de la Ley N 18.156. En efecto, dicho instrumento se limita a dar cuenta de que el afiliado goza de prestaciones para cubrir los riesgos de invalidez común —como consecuencia de enfermedad, accidente común o debilitamiento—, vejez y muerte, mas no acredita de manera específica que el actor cuente con una cobertura de salud integral, esto es, prestaciones médicas y pecuniarias independientes de la invalidez, durante el período en que prestó servicios en Chile. A ello se suma que el documento supedita los beneficios al cumplimiento de diversos requisitos establecidos en la normativa aplicable en El Salvador, lo que impide calificar la cobertura como garantizada a todo evento, y no permite establecer una coincidencia temporal ininterrumpida con la totalidad del tiempo cotizado en nuestro país, habida cuenta que el documento fue extendido el 10 de julio de 2024. De este modo, no aparece acreditado que el actor haya cumplido suficientemente con el requisito relativo a la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero en los términos exigidos por la normativa aplicable.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1319-2026.