nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado; quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, con domicilio en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, realizada con fecha del 01 de agosto del año 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo establecido en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Señala que tiene actualmente 31 años de edad, y tras el ingreso a Chile se le otorgó su cédula con una vigencia de 1 año, la cual antes de los 90 días del vencimiento de la temporaria, esto es, el día 01 de agosto de 2021, solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones la permanencia definitiva, quedando registrada bajo el número de solicitud N° 28104168 y hasta la fecha, en varias oportunidades, ha consultado por los canales regulares no obteniendo noticia del estado de su proceso de solicitud.

Indica que actualmente cuenta con un trabajo formal que le permite pagar sus cotizaciones formal y legalmente, pero lamentablemente al no poseer su documentación al día ha provocado perder mejores oportunidades laborales ni me ha permitido poder iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos para desarrollar mi emprendimiento para así afianzarme económicamente.

Pide en definitiva, se le entregue una inmediata respuesta a su solicitud de permanencia definitiva, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, y conceder el remedio solicitado, con expresa condenación en costas.

A folio 8, evacua informe el Dirección Regional de Valparaíso del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y protegidas por la presente acción.

Con fecha 01 de agosto de 2021, el recurrente realizó ante la autoridad una solicitud de permanencia definitiva, y contra la presentación de la solicitud se emitió comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite, el cual está a disposición del recurrente a través del portal de trámites digitales de la autoridad migratoria.

Expresa que se ha dictado la Resolución Exenta N° 21302909, de fecha 06 de diciembre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones, en el que se aprueba el avance de solicitud de permanencia definitiva a la etapa de “estudio preliminar”, que implica verificación de cumplimiento normativo para acceder al beneficio impetrado, junto al estudio en el que se revisa el cumplimiento de plazos de acuerdo a la actual normativa legal vigente y realización del estudio preliminar de toda la documentación en general y particular de las solicitudes.

Señala que, estando en tramitación la solicitud del recurrente, se mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que entiende que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, indica que el mismo no resulta fatal para la administración. Señala además que el presente arbitrio no resulta la vía idónea para la obtención de lo pretendido, sino que ello debe ser arbitrado mediante la figura del silencio administrativo, solicitándose por el actor la certificación de no pronunciamiento, lo que en la especie no ha sucedido. Finalmente, indica que el ejercicio de este arbitrio vulnera la garantía de igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, en atención a que otorga un privilegio al recurrente, en orden a dar urgencia a su solicitud por sobre la del resto de los peticionarios de permisos de residencia.

A folio 6, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la omisión reprochada a través del presente arbitrio es la falta de respuesta de la solicitud de residencia definitiva del recurrente, que lo ha puesto en una situación de incertidumbre, que le ha impedido realizar diversos trámites necesarios para la vida diaria, afectando su derecho al debido proceso administrativo y a la igualdad ante la ley.

Segundo: Que, aun cuando es de competencia exclusiva de la autoridad administrativa resolver las solicitudes de residencia temporal o permanente, ello no implica que pueda tramitarlas de forma arbitraria, puesto que resultan aplicables en la especie las normas de la Ley N° 19.880, que regula la actividad administrativa, estableciendo reglas y principios que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia, puesto que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración.

Tercero: Que, desde que se presentó el requerimiento de permanencia definitiva, el procedimiento ha demorado más de seis meses, en circunstancias que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.” Asimismo, al no resolver las solicitudes, la autoridad recurrida ha incurrido en una omisión ilegal, ya que el inciso 1° del artículo 14 de la Ley N° 19.880 dispone que “la administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.”.

Cuarto: Que, además, el artículo 4° de la Ley N° 19.880 establece los principios que informan el procedimiento administrativo, entre los que se incluyen los de celeridad, el conclusivo y de economía procedimental. Del mérito de los antecedentes queda en evidencia el incumplimiento de los referidos principios, pues la recurrida ha dilatado injustificadamente los procedimientos, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880. Es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado, manteniendo a la interesada en la incertidumbre, al no emitir pronunciamiento sobre su solicitud, pese a la obligación legal que tiene al efecto.

Quinto: Que lo expuesto en el considerando anterior es relevante, porque no existe un acto administrativo formal que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada, cuestión que es obligatoria, ya que sólo a través de la expedición de la respectiva resolución surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo debido a la ilegalidad en que ha incurrido el ente recurrido.

Sexto: Que, la omisión en que incurrió la autoridad migratoria vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, la entidad recurrida deberá pronunciarse conforme a derecho respecto de la solicitud de permanencia definitiva del recurrente dentro del plazo de sesenta días hábiles.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-130766-2022.

.