nombre reservado con nombre reservado

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO:

En folio 1, comparecen nombre reservado, Run RUT reservado, y nombre reservado, Run RUT reservado, domiciliadas en domicilio reservado, respectivamente, Viña del Mar, quienes recurren de protección por sí y en representación de los demás copropietarios del Edificio nombre reservado, emplazado en dicha dirección, que se individualizan a continuación:

Nombre completo RUT Departamento nombre reservado

RUT reservado

1714 nombre reservado

RUT reservado

1212 nombre reservado

RUT reservado

2103 nombre reservado

RUT reservado

1502 nombre reservado

RUT reservado

501 nombre reservado

RUT reservado

1202 nombre reservado

RUT reservado

1715 nombre reservado

RUT reservado

1704 y 1812 nombre reservado

RUT reservado

1801 nombre reservado

RUT reservado

2206 nombre reservado

RUT reservado

2005 nombre reservado

RUT reservado

1014 nombre reservado

RUT reservado

912 nombre reservado

RUT reservado

Depto. 1709 Torres Auditores y Asociados Ltda.

76.218.064-2 Depto. 1806 nombre reservado

RUT reservado

Depto. 1815 nombre reservado

RUT reservado

Depto. 2202 nombre reservado

RUT reservado

Depto. 902 y 1302 nombre reservado

RUT reservado

Depto. 1106 nombre reservado

RUT reservado

Depto. 2001 nombre reservado

RUT reservado

Depto. 1814 Todos quienes accionan en contra de la comunidad “Edificio nombre reservado”, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su administradora, la sociedad “Smart Urban Gestión Inmobiliaria SpA”, RUT RUT reservado, representada por nombre reservado, RUN RUT reservado, mismo domicilio de los recurrentes.

Fundan su acción constitucional, en que el 28 de julio de 2022 se informó a los copropietarios, mediante la plataforma de software para administración de condominios “Edipro”, la circular N°1/2022, que daba cuenta de haberse celebrado el día anterior la primera reunión del Comité de Administración, donde se analizaron problemáticas que les afectan, principalmente en cuanto a seguridad, acordándose –en lo principal- limitar los arriendos por día tipo “Apart Hotel" a un mínimo de quince días; esto, por considerar que arriendos por menos días contravienen la normativa interna del condominio, como la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución, concluyendo que el incumplimiento de la medida habilitaría a la Administración para efectuar denuncia ante el juzgado de Policía Local competente, y ante el Servicio de Impuestos Internos.

Añaden que, a su turno, el 2 de agosto de 2022 y mediante la misma plataforma referida, se publicitó la circular N° 2/2022 que, en lo medular, restringió el uso de los espacios comunes como la piscina, el sauna, dependencias de consumo de alimentos, además del gimnasio y lavandería al uso exclusivo de los copropietarios y residentes permanentes del edificio nombre reservado. Refieren que ambas medidas fueron además difundidas mediante carteles instalados al interior de los ascensores del edificio.

Sostienen que el 16 de agosto del año en curso enviaron correo electrónico y carta certificada a la administración, pidiendo la revocación de ambas medidas. Además, les requirieron acreditar si la conformación del comité se ajustó a la ley, dado que dicha información no obra en la citada plataforma. Califican el actuar de la recurrida como arbitrario e ilegal, por cuanto las medidas reclamadas pugnarían con disposiciones del propio reglamento de copropiedad vigente que, en lo pertinente, sólo limitan el arriendo con fines diferentes al de habitación o residencia y/o vacaciones y periodos menores a una noche, y que, en caso de arriendos por días o semanas, sólo exigen del propietario del inmueble informarlo con dos días de anticipación al administrador, bastando aquella circunstancia para que el arrendatario de quien se trate pueda utilizar el equipamiento del edificio.

Asimismo, relevan que los acuerdos surgidos de la señalada reunión en su contenido exceden las disposiciones limitativas de uso contempladas en el artículo 8° de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, destinadas a resguardar la calidad de vida de los habitantes permanentes del condominio y el uso que hagan de los bienes y servicios comunes. De igual forma, acusan la omisión de una citación a una asamblea ordinaria o extraordinaria de copropietarios para tratar los puntos materia de controversia ni, por ende, la obtención de los quórums necesarios para modificar el reglamento.

Sostienen infringidas las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución, y piden acoger la acción impetrada, ordenando a la recurrida hacer cesar la prohibición de la actividad que desarrollan los recurrentes, con costas.

Asimismo, recurre de protección en causa acumulada a la presente, nombre reservado, Run RUT reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien –en síntesis- dirige su acción en contra del mismo comité de administración del Edificio “nombre reservado” de Viña del Mar, en razón de los mismos fundamentos de hecho, con la especificidad de que pidió dejar sin efecto la primera medida a través de cuatro correo electrónicos enviados entre el 28 de julio y el 12 de agosto del año en curso, todos sin respuesta. En cuanto al derecho, sólo difiere en que, además de estimar conculcado su derecho de propiedad, considera amagada la garantía constitucional a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, con sujeción a la ley.

Pide, en definitiva, se declaren ilegales y arbitrarias ambas circulares, comunicadas por la recurrida con fechas 27 de julio de 2022 y 2 de agosto de 2022; se dejen sin efecto y ordene hacer cesar su difusión en los espacios comunes, con costas.

Acompañan documentos a sus recursos.

En folio 13, informan como recurridos nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, ambos abogados; nombre reservado, RUN RUT reservado; nombre reservado, RUN RUT reservado; ambos ingenieros, y todos ellos miembros del Comité de Administración de la Comunidad de Copropietarios del Edificio nombre reservado; y nombre reservado, RUN RUT reservado, administrador de empresas y representante Smart Urban Gestión Inmobiliaria SpA, RUT RUT reservado, sociedad administradora del Edificio nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes, tras solicitar desde ya el rechazo de ambas acciones, con condena en costas, exponen:

Sostienen que ambos recursos deben ser desestimados, fundamentando al efecto –en síntesis- que la cautela que se reclame por esta vía debe asentarse en un derecho indubitado, lo que no acontece en la especie, como quiera que en este caso existen dos derechos en controversia; a saber: por una parte, el de los residentes permanentes del condominio, quienes como titulares de dominio tienen derecho a gozar de ellas en forma tranquila y ordenada y para sus fines propios; en tanto que, de otro lado, está el derecho de otros propietarios de departamentos para explotarlos y percibir frutos civiles derivados de su arrendamiento.

Alegan que quienes pretenden arrendar sus unidades por día como “Apart Hotel”, no pueden con ello afectar el derecho de los residentes permanentes de habitarlas, que es su destinación precisa de acuerdo al artículo 4º de la Ley 21.442, cumpliendo con las demás obligaciones legales, como declarar la Dirección de Obras Municipales cambios de destino a “hospedaje” en lugar de “vivienda”; obtener y pagar las patentes municipales; hacer iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y extender los documentos de rigor, pagando los impuestos que correspondan. Relevan que ninguna de esas obligaciones ha sido cumplida por los recurrentes, por lo que el derecho que dicen menoscabado mal puede considerarse indubitado.

En otro sentido, admiten la efectividad de la dictación y difusión de las dos circulares cuestionadas por la contraria, pero relevan que esta omite la causa directa de ambas decisiones, como fue el hecho delictivo debidamente registrado y denunciado, consistente en la “encerrona” que durante el mes de febrero del presente año ejecutaron sujetos en el sector de Reñaca, para luego ingresar el vehículo robado al estacionamiento del edificio, donde habían arrendado un departamento por día mediante la aplicación digital “AirBnb”, incidente que generó un amplio procedimiento policial con allanamientos y detenciones al interior de la comunidad, causando la evidente alarma de los residentes permanentes, quienes exigieron al comité, conformado en julio del presente año, la adopción de medidas para evitar el ingreso y circulación de personas ajenas o extrañas.

Finalmente, resaltan que, tan evidente es la destinación habitacional de las unidades que conforman el edificio, que este se encuentra acogido a al DFL 2, que otorga una serie de beneficios tributarios reservados para las “viviendas”, de los que gozan todos los copropietarios, por lo que los recurrentes, si optan por destinar sus departamentos a la actividad comercial de hospedaje, debieran cesar en aquel disfrute. Cita cláusulas del reglamento que, a su entender, no hacen sino concluir la destinación que sostienen, además de otorgar al comité de administración la facultad de regular horarios de ingreso y requisitos de uso de los espacios comunes.

Citan jurisprudencia que estiman refuerza sus alegaciones y acompañan documentos al informe.

En folio 19, se ordenó traer estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que desde un punto de vista formal, del mérito de la acción impetrada es posible colegir que los recurrentes dirigen su reproche hacia las circulares que informaron a la comunidad la adopción de las medidas prohibitivas y restrictivas cuya ilegalidad o arbitrariedad reclaman, en circunstancias que una circular, en tanto acto meramente comunicacional, es diverso de aquel que se trata de difundir. Así las cosas, la acción no se dirige contra un acto que pueda amenazar o afectar derechos constitucionales.

Segundo: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes aportados en los recursos, informe de la recurrida, y alegaciones vertidas en audiencia, estos sentenciadores concluyen que no existe en la especie un derecho indubitado del que sean titulares los recurrentes y que se encuentre amagado, susceptible de ser cautelado por esta acción constitucional. Más aún, la propia legislación vigente que regula a las comunidades inmobiliarias contempla acciones para dirimir las controversias que se susciten entre los copropietarios, incluyendo –por cierto- aquellas relativas a las distintas interpretaciones que sostengan respecto de los reglamentos y las leyes que los rigen, las que deben ser objeto de un juicio de lato conocimiento, y no de tramitación sumarísima como la que es propia de la acción que nos ocupa.

Tercero: Que, así las cosas, no cabe sino concluir que la acción constitucional enderezada carece de mérito para estimar su procedencia, por lo que será desestimada.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechazan los recursos de protección deducidos por doña nombre reservado y otros, y por don nombre reservado, en contra del Comité de Administración del Edificio nombre reservado y en contra de la Sociedad Smart Urban Gestión Inmobiliaria SpA, sin costas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-129483-2022 (acumulado el Rol 129535-2022).

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por el Ministro señor Patricio Martínez Sandoval, Sr. nombre reservado y la abogada integrante Sra. Sonia Maldonado Calderón. Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil veintidós.

En Valparaíso, a treinta de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.