Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, por la acción arbitraria e ilegal, consistente en el no pago de Licencias médicas ordenadas por Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 24 de junio de 2022 en causa ROL 82.780-2022 y confirmada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 29 de julio de 2022, lo que me ha significado una privación, perturbación y amenaza que atenta gravemente en contra de las garantías constitucionales contempladas en el Articulo 19 N° 1, 2, 3, 9 y 24 de la Constitución de la Política de la República.

Señala que desde septiembre de 2020, se ha visto afectado por enfermedades invalidantes que le han llevado a solicitar a la fecha, más de 16 licencias médicas, todas las cuales han sido rechazadas por COMPIN, situación que fue ventilada en esta Corte de Apelaciones en dos oportunidades (ROL 49.880-2021 y 82.780-2022).

Con fecha 04 de agosto de 2022 se le informó la llegada de la respuesta por parte de la Excelentísima Corte Suprema al recurso de apelación presentado por la Superintendencia de Seguridad Social en causa ROL 82.780-2022, confirmando la Sentencia dictada con fecha 24 de junio de 2022 por la Iltma. Corte de Valparaíso, en la cual se acogía el recurso de apelación presentado por 3 licencias médicas números NUM000, NUM001, NUM002, en la cual tanto esta Corte como la Excelentísima Corte Suprema ordenaron, el pago de las mismas.

Indica además que se le hizo entrega de la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM003 de fecha 03 de agosto del presente año, emitida por la Superintendencia, donde se comunicaba la obligación de pagar las licencias en comento, tanto a la Subcomisión Viña del Mar para autorizar las licencias, como a la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, para disponer el pago del subsidio por incapacidad laboral.

Indica que su cónyuge, Tegualda Rivera se acercó el mismo día 04 de agosto a la Caja de Compensación, debido a sus problemas de movilidad, con la Resolución para que se iniciara el pago de las licencias, a lo cual le respondieron que debía volver en 7 días hábiles para obtener una respuesta. Transcurrido ese plazo, su cónyuge nuevamente se acerca a la sede de la Caja de Compensación, donde recibe como respuesta una rotunda negativa en relación al pago, puesto que arguyen que no pueden dar curso a pagos no correlativos, ya que se trataría de las últimas licencias presentadas, siendo que las 13 primeras debían reevaluarse y aún no le han llamado para realizar un nuevo examen médico para justificar el reposo.

Expresa que habiendo solicitado su cónyuge un documento donde se dejara constancia de esa información, sólo se le entregó un papel escrito a mano por la funcionaria, con las licencias que debían pagarse antes, para disponer el pago del subsidio por incapacidad laboral, incumpliendo con esta actuación arbitraria, orden directa tanto de esta Corte, del tribunal superior de la República, como de la misma Superintendencia de Seguridad Social.

Señala que el rechazo al pago de sus licencias médicas le ha generado un grave perjuicio patrimonial y psicológico, ya que he sido privado de su derecho a percibir su seguridad social, por lo cual ha sumado un grave problema a su vida, el cual es no tener con que mantenerse, lo que ha impedido aún más su recuperación.

Indica que la recurrida, ya que ha incurrido en actos u omisiones arbitrarias al no pagar licencias, ni reconocer los derechos y garantías que le otorga el ordenamiento jurídico chileno: Derecho a la integridad física y psíquica; Igualdad ante la ley, la igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos, el libre e igualitario acceso a las acciones de salud y rehabilitación del individuo, y por último el Derecho de Propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de Bienes corporales e incorporales.

Pide, que se acoja el presente recurso, ordenándole a la recurrida dar curso al pago de las mencionadas licencias médicas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 8, evacúa informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, quien solicita su total rechazo.

Señala que la entidad con las atribuciones para controlar y fiscalizar las Cajas de Compensación es la Superintendencia de Seguridad Social, y corresponde a esta la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley.

A su vez, Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, son entidades de previsión social y corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, para lo cual se regirán por la Ley N° 18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia ya señalada, sin perjuicio de las facultades que le pudieren corresponder a la Contraloría General de la República de acuerdo con su ley orgánica.

La Superintendencia de Seguridad Social, en uso de las atribuciones que le confieren las Leyes números 16.395 y 18.833, impartió instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en su calidad de administradoras del Régimen de Subsidios por Incapacidad Laboral, mediante el Oficio N° NUM004 de 2019, en el cual se estableció un nuevo modelo de gestión, basado en la estimación de los déficits que se generen mensualmente en las cajas, con motivo del pago de los subsidios por incapacidad laboral y sus correspondientes cotizaciones previsionales derivados de licencias médicas de origen común, y para los efectos del pago de las licencias médicas por las Cajas se encuentran regidos por lo indicado en el D.F.L. N° 44, que en sus artículo 4° y 6°, que define los requisitos que deben cumplir los beneficiario de las Cajas de Compensación y FONASA para tener derecho al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral, que en resumen los requisitos habilitantes son: 1.- Tener 06 meses de afiliación a un régimen previsional; 2.- Reunir en ese mismo lapso a lo menos 03 meses de cotizaciones; y 3.-. Tener una licencia médica autorizada por la COMPIN.

Expresa que en cumplimiento de lo establecido en la Circular N° 2358 de la Superintendencia de Seguridad Social, que refunde y actualiza instrucciones a las C.C.A.F. sobre la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral, las Cajas deben velar por la observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios.

Señala respecto de las licencias médicas del recurrente, la recurrida recepcionó y dispuso los procedimientos administrativos habituales, para la tramitación en la COMPIN Regional Metropolitana, Viña del Mar - Quillota, para las licencias médicas tramitadas desde el 03 de julio de 2012 hasta el 21 de agosto de 2022.

Posteriormente, la COMPIN Regional Metropolitana autorizó las licencias médicas tramitadas desde el 03 de julio de 2012 hasta el 31 de agosto de 2020, y la recurrida procedió a generar los comprobantes de egresos correspondientes a los subsidios de esas licencias médicas, los que se encuentran pagados por transferencia bancaria.

Hace presente que las licencias médicas tramitadas desde el 29 de enero hasta el 25 de septiembre de 2021, se encuentran rechazadas por la COMPIN Regional Metropolitana, Viña del Mar - Quillota.

Finalmente se informa que las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, por el periodo que va desde el 26 de septiembre hasta el 24 de diciembre de 2021, se encuentran autorizadas por dicha COMPIN, no obstante, la Caja de Compensación, no ha generado los respectivos subsidios ya que no cumple con lo establecido en el artículo 4° del D.F.L. 44 En consecuencia, no obstante encontrarse autorizadas, las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, por el periodo que va desde el 26 de septiembre hasta el 24 de diciembre de 2021, por parte de la COMPIN Regional Metropolitana, Vila del Mar - Quillota, la recurrida no generó el respectivo comprobante de egreso correspondiente al subsidio de esa licencia médica, debido a que el recurrente, a la fecha no reúne el requisito mínimo de los 90 días de cotizaciones, establecido en el artículo 4º del citado D.F.L. Nº 44 de 1978, por lo que ha dado un sustento normativo a la imposibilidad de poder realizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral del recurrente, por no cumplir con los requisitos que establece la Ley.

Pide, en definitiva, el rechazo de la acción de protección incoada por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 14, informa la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien señala que con el fin de dar cumplimiento al fallo pronunciada en autos sobre recurso de protección Rol N° 82.780-2022, que dispuso la autorización de las licencias médicas reclamadas y disponer el pago del subsidio correspondiente, respectivamente.

Respecto a los requisitos para el pago del subsidio por incapacidad laboral y base de cálculo, señala lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN); 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente, y cita el Art. 4° del DFL N° 44, en relación con los trabajadores dependientes del sector privado.

Por otra parte, el artículo 8°, del D.F.L. N° 44 establece como base de cálculo del subsidio, la remuneración imponible con deducción de las cotizaciones e impuestos correspondientes (remuneración neta). Además, se considera el promedio de la remuneración mensual y/o subsidios devengados en los tres meses anteriores al que se inicie la licencia, sin que se considere ningún tipo de remuneración ocasional.

En caso del trabajador dependiente del sector privado que no cuente con los requisitos señalados no tendrá derecho a SIL y por tanto la C.C.A.F., no podrá pagar subsidio alguno, y que dicho organismo no dispone facultades discrecionales para eximir el cumplimento de los requisitos legal en cuestión.

En cuanto al caso del recurrente, las licencias médicas fueron extendidas a contar del 26 de septiembre de 2021, por lo que el recurrente debía registrar 90 días de cotizaciones continuas o discontinuas entre el 29 de marzo y el 25 de septiembre de 2021, ambas fechas incluidas.

Revisados los antecedentes agregados por la C.C.A.F. y el Certificado de Cotizaciones FONASA, obtenido por el Servicio, es posible advertir que el actor no registra pago de cotizaciones durante el año 2021, y del Listado Maestro de Licencias Médicas FONASA, actualizado al presente mes, el reposo médico otorgado al recurrente, desde el 01 de septiembre de 2020 al 25 de septiembre de 2021, se encuentra rechazado, periodo que incluye las licencias médicas reclamadas, por el propio recurrente, en causa ROL N° 49880-2021, seguida ante esa Iltma. Corte, por lo que el recurrente no ha obtenido remuneración o subsidio por incapacidad laboral, a lo menos, un año antes del inicio de las licencias médicas objeto del presente recurso, y cita el artículo 60° del D.S. N° 3 de 1984, sobre autorización de licencias médicas.

Indica que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Cita el artículo 3º de la Ley N° 16.395, asi como el artículo 27, 38 letra d) y e).

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, debe cumplir las funciones asignadas por ese cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia, por lo que carece de facultades legales para modificar los requisitos establecidos por el legislador, para otorgar el pago del subsidio por incapacidad laboral, teniendo presente, además, que el propio D.S. N° 3, de 1984, plantea la posibilidad que un trabajador o trabajadora, tenga una licencia médica autorizada, pero que no de derecho al subsidio correspondiente.

Por lo anterior, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

Que la parte recurrente, al momento de deducir el recurso, no señaló, a lo menos, cumplir con los requisitos suficiente para tener derecho al pago del subsidio por incapacidad laboral o siquiera para proceder a determinar su base de cálculo.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 16, se ordenó rigiese el decreto autos en relación de folio 10.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección constituye una medida cautelar que protege y ampara el legítimo ejercicio de derechos preestablecidos e indubitados que dicha norma contempla, mediante la adopción de medidas de resguardo o de protección inmediata en caso de advertirse la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace tales derechos.

Segundo: Que el recurrente, alega conculcadas las garantías contempladas en el Articulo 19 N° 1, 2, 3, 9 y 24 de la Constitución de la Política de la República, atendida la negativa de la recurrida de proceder al pago del subsidio laboral por incapacidad, ante el injustificado pago de las licencias médicas números NUM000, NUM001, NUM002.

Tercero: Que de los antecedentes señalados, se debe tener en consideración que la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 20 de julio de 2022, en autos Rol N° 31.974-2022, conociendo del recurso de apelación deducido por la Superintendencia de Seguridad Social, en contra de la sentencia de esta Iltma.

Corte de Apelaciones de Valparaíso en Rol IC N° 82.780-2022, confirmo con declaración dicho fallo, expresando en su parte pertinente "...se confirma la sentencia apelada de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con declaración que la recurrida deberá disponer lo pertinente para que se autoricen las licencias médicas N° NUM000, N° NUM001 y N° NUM002 del actor y, se proceda a su pago".

Cuarto: Que de conformidad a las facultades previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a través del recurso de protección esta Corte debe tomar todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, y en este caso, para hacer cumplir lo ordenado por el máximo tribunal de la República.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida pagar las licencias indicadas en el considerando Tercero que antecede.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Sujeta a anonimización.

N° Protección-129468-2022.

En Valparaíso, cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.