SERVICIOS AGRÍCOLAS DARIO TELLO TORRIJOS SPA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de octubre de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio 1, comparece nombre reservado., abogado, en calidad de representación convencional de la Sociedad de Servicios Agrícolas Dario Tello Torrijos SpA, RUT número 77.278.107-5, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos, Unidad de San Felipe, a cargo de don nombre reservado; y en contra de la Tesorería Provincial de San Felipe, representada legalmente por don nombre reservado.

Funda su arbitrio señalando que de acuerdo a la documentación que se acompaña en un otrosí, su representada en la actualidad se encuentra impedido de emitir documentos tributarios, como facturas electrónicas, lo que ha impedido ejercer de forma normal su giro comercial.

Lo anterior es producto de una fiscalización en donde se detectó por parte del organismo fiscalizador una serie de facturas falsas que habrían sido ingresadas al su contabilidad lo que habría provocado una disminución en el pago del Impuesto Al Valor Agregado. Sin embargo, en el proceso de fiscalización, se pude detectar que la sociedad recurrente a través de su representante legal desconoce la existencia de todas las facturas exhibidas, tal como queda acreditado en la declaración jurada que se acompaña en esta acción constitucional, percatándose que la información de pago que le entregaba su contador no coincidía con las transferencias en dinero que efectuaba; por lo que su contador procedía a indicar que debía pagar un IVA más alto del que realmente declaraba y pagaba, ingresando dichas facturas falsas con el objeto de estafar y apropiarse de dinero de su representada.

A raíz de lo anterior, su representada interpuso una querella criminal por el delito de estafa y apropiación indebida en contra del contador de la empresa y que se acompaña en un otrosí de esta presentación y que actualmente se encuentra siendo conocida por el Tribunal de Garantía de Puente Alto en causa RIT 6187-2022.

Por otro lado, y con la finalidad de que su representada aclarara toda su situación tributaria y sanear las observaciones que mantiene en el Servicio de Impuestos Internos, es que procedió a efectuar una serie de declaraciones rectificatorias por los IVAS que realmente debía declarar (sin que se encuentre obligada a hacerlo), dejando fuera las facturas falsas reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Producto de lo anterior, se generó una deuda tributaria ascendiente a la suma de $ 60.769.995, la que actualmente se encuentra en etapa de cobranza ante el Servicio de Tesorería Provincial San Felipe, tal como se encuentra acreditado en expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de esta presentación, correspondiente al número 10.035-2022-PUTAENDO en donde se efectúa el cobro de la mencionada deuda.

En cuanto al derecho, señala que sobre esta materia, la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia reiteradamente ha señalado que el Servicio de Impuestos Internos, no tiene dentro de la legislación tributaria vigente, atribuciones de bloquear la emisión de emisión de facturas electrónicas, en la medida que dicha sanción no está autorizada en la ley (salvo que la persona se encuentre acusada de delito tributario que no es el caso).

Estima que las garantías vulneradas a aquellas contempladas en el art. 19 N° 21 y 22 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la Tesorería Provincial de San Felipe, en virtud del actuar de los organismos recaudadores, efectuando una mala interpretación del artículo 170 del Código Tributario, “AMENAZA” los derechos consagrados en los números 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de la deuda señalada en el punto anterior y en el Certificado de Deuda Fiscal que se acompaña en un otrosí de esta presentación, si se acoge el desbloqueo en la emisión de documentos electrónicos por parte del servicio de impuestos internos, ello sería infructuoso en la medida que la tesorería provincial de san felipe podría embargar los pagos a dichas facturas autorizadas.

además constante en el tiempo.

Solicita ordenar al Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional de Valparaíso Unidad de San Felipe, que autorice a su representado emitir facturas electrónicas que al efecto lleve dicha sociedad, con prescindencia de cualquier situación distinta a las que ordena la ley y proceder a autorizar la emisión de facturas electrónicas, o bien tomar todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de los derechos, con costas del recurso, como asimismo que la Tesorería Provincial de San Felipe no “amenace” los derechos garantizados individualizados, por ser contrarios a derecho.

A folio 7, informa el Tesorero Provincial de San Felipe.

Sostiene en lo pertinente, que la parte peticionaria habría manifestado que habría amenaza a sus garantías contitucionales, puesto que la Tesorería General de la República eventualmente podría realizar embargo de bienes de su patrimonio dentro del marco del proceso de cobro de obligaciones tributarias que se seguía en Expediente 10035-2022 de PUTAENDO. Sobre el particular, informa que el proceso judicial está en etapa de notificado, y que un embargo supuesto o eventual no se ha realizado.

Destaca que en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales de la Tesorería General de la República, dentro del marco del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias corresponde al ejercicio legítimo de un derecho, que tiene en su calidad jurídica de acreedor de la obligación tributaria y créditos públicos, por lo que en este caso no tiene cabida la existencia de un acto u omisión de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Tesorería Provincial de Villa Alemana.

A folio 12, informa el Director Regional de la Dirección Regional de Valparaíso, del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Hace presente que, según lo expuesto por el recurrente, el supuesto acto arbitrario e ilegal de parte de esta repartición, consistiría en un “bloqueo” en la emisión de documentos tributarios electrónicos, que encontraría su origen en una fiscalización por la detección de facturas falsas.

Sin embargo, esta situación, que no corresponde a un bloqueo, como lo expone el recurrente, sino en un cambio de la vía o forma de autorización de folios electrónicos, la que ha existido desde el mes de diciembre del año 2021, en cuanto con fecha 30.12.2021, la recurrente ingresa la primera solicitud de autorización de folios a través de una petición administrativa (PE folio N° 77321172671 de fecha 31.12.2022). Asimismo, durante todo el año 2022, esta institución ha autorizado las solicitudes de folios efectuadas por la recurrente, lo que consta en el detalle de autorizaciones de folios, (en 5 ocasiones) a que se ha hecho referencia en el numeral séptimo del acápite anterior Así las cosas, en virtud de lo anteriormente mencionado, se desprende que la recurrente tendría conocimiento del supuesto “bloqueo o restricción” de emisión de documentos tributarios electrónicos, desde el 30.12.2021. Conforme lo anterior, se colige que el plazo para interponer la presente acción se encuentra latamente vencido, toda vez que, a la fecha de presentación de este recurso ha transcurrido casi 8 meses, desde la fecha en que el recurrente tuvo conocimiento de la supuesta acción ilegal o arbitraria o ilegal, por lo que debe ser declarada extemporánea.

Explica, que las situaciones que el recurso denuncia como acciones ilegales y arbitrarias, que supuestamente bloquean o impiden la autorización de folios o emisión de documentos tributarios electrónicos, han sido adoptadas por este Servicio con estricta sujeción al ordenamiento tributario y derechos de los contribuyentes.

En el presente caso, la anotación 52 (preventiva del Jefe de Departamento), y la anotación 4112 (contribuyente con antecedentes y/o documentos por justificar) que registra la sociedad, no resultan ser ilegales ni arbitrarias, al efectuarse conforme a las facultades legales otorgadas a este ente fiscalizador, justificándose en la realización respecto de la sociedad, de acciones de fiscalización correspondiente al programa de fiscalización institucional “Antecedentes por justificar OC”, que tiene por objeto verificar que las operaciones comerciales de la recurrente se hayan efectivamente realizado con sus clientes y/o proveedores, a partir del cual, se detectaron irregularidades en relación al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta.

Por otra parte, señala que el uso de estas anotaciones encuentra también su sustento en lo dispuesto en el Nº 16, del artículo 8 bis del Código Tributario, agregado recientemente en virtud de la modificación efectuada con ocasión de la Ley Nº 21.210, de 24.02.2020, que Moderniza la Legislación Tributaria. Efectivamente, el artículo 8 bis contempla los derechos de los contribuyentes en términos generales, y el Nº 16 establece que éstos tienen derecho a ser informados de toda clase de anotaciones que les practique el Servicio; conforme a ello, se reconoce implícitamente la obligación de ese organismo de consignar las referidas anotaciones y se establece su deber de comunicarlas al afectado.

A folio 13, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, sin perjuicio que la acción constitucional no es extemporánea, toda vez que la fiscalización a la fecha se encuentra vigente, la autorización del Servicio de Impuestos Internos para el timbraje y emisión de facturas, es consecuencia de las atribuciones legales, de que está dotado tal servicio, encontrándose además debatida la efectividad de la negativa reclamada por el recurrente.

Segundo: Que respecto de Tesorería, se reclama de un procedimiento de cobranza regulada en la ley, sometido a los controles y recursos propios del procedimiento pertinente, que no puede ser sustituido por esta vía extraordinaria.

A mayor abundamiento, de las alegaciones expuestas por la recurrida, se advierte que a la fecha la empresa recurrente no tiene problemas para operar con los documentos tributarios necesarios para ejercer su giro, motivo por el cual el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de la Sociedad de Servicios Agrícolas Dario Tello Torrijos SpA, en contra de la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos, Unidad de San Felipe, y de la Tesorería Provincial de San Felipe.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-129465-2022.